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El retorno de Trump: ¿un freno para para la sostenibilidad?

Foto de Darren Halstead en Unsplash

La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos supone un punto de inflexión para los esfuerzos globales en sostenibilidad. Conocido por su escepticismo frente al cambio climático y su enfoque en priorizar intereses económicos tradicionales, su retorno al poder reabre debates cruciales sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática.

 Durante su primer mandato, Trump tomó decisiones que marcaron un antes y un después en la política ambiental del país, debilitando normativas clave y redefiniendo el rol de liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional.

El impacto de este liderazgo no se limita a sus fronteras. Como una de las economías más grandes del mundo y un importante emisor de gases de efecto invernadero, las políticas estadounidenses tienen una influencia directa en la dirección que toman los esfuerzos globales para enfrentar la crisis climática. 

La postura de Trump puede fortalecer o erosionar el impulso hacia la sostenibilidad, afectando tanto los compromisos internacionales como las dinámicas económicas en sectores clave, como las energías renovables y las tecnologías limpias.

En un momento crítico para la acción climática, el regreso de Trump plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo afectará su visión a los avances logrados hasta ahora? ¿Qué implicará su liderazgo para las comunidades, empresas y gobiernos que buscan acelerar la transición hacia un futuro más sostenible? 

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Los ocho cambios críticos que están moldeando el futuro del planeta y la salud humana

Foto de Ross Findon en Unsplash

El informe “Navigating New Horizons: A global foresight report on planetary health and human wellbeing” se ha convertido en una referencia esencial para entender y prever los posibles cambios y disrupciones futuras que podrían afectar la salud del planeta y el bienestar humano.

Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en colaboración con el Consejo Internacional de Ciencia (ISC), el informe tiene como misión empoderar a la comunidad global, incluidos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los individuos, para identificar y responder a cuestiones críticas con anticipación. 

No se trata de predecir el futuro de manera estática, sino de imaginar diversos escenarios futuros y explorar cómo podemos influir positivamente en ellos. Este enfoque fomenta la flexibilidad y la capacidad de adaptación, esenciales para enfrentar los desafíos emergentes de manera eficaz.

En el contexto global actual, nos enfrentamos a lo que se denomina “policrisis”: múltiples crisis interconectadas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que se amplifican mutuamente. Esta realidad resalta la necesidad de respuestas coordinadas y multifacéticas que aborden las causas profundas de estos problemas. La urgencia de actuar proactivamente es clara, no solo para evitar la exacerbación de estas crisis, sino también para aprovechar las oportunidades que puedan surgir en medio de estos desafíos.

Este enfoque holístico no solo abarca problemas ambientales tradicionales, sino que también considera factores sociales, demográficos, tecnológicos, geopolíticos y de gobernanza que podrían influir en la trayectoria futura de la salud planetaria y el bienestar humano. La colaboración interdisciplinaria y entre diferentes sectores es esencial para desarrollar soluciones integradas que aborden las múltiples dimensiones de estos problemas. 

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Debida diligencia ASG: el nuevo marco en fusiones y adquisiciones

La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en las transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A) ha cobrado una relevancia sin precedentes debido a diversos factores de gran importancia que han confluido en el tiempo. 

Según el estudio global de KPMG “Global ESG Due Diligence Study 2024: Moving from Risk to Value Creation” sobre la debida diligencia ASG en M&A (basado en 600 encuestas a especialistas), la mayoría de los inversores consideran que los factores ASG son críticos en sus decisiones de inversión, con un incremento notable en su prioridad en los últimos 12 a 18 meses.

A pesar de la desaceleración de los mercados de M&A debido a las tasas de interés más altas y la incertidumbre económica, la importancia de la debida diligencia ASG no ha disminuido. 

Esa importancia creciente refleja un cambio significativo en cómo las empresas y los inversores perciben el valor y el riesgo. Anteriormente, los aspectos ASG eran vistos principalmente como componentes de cumplimiento o “nice-to-have” (agradables de tener), pero en la actualidad se entienden como elementos fundamentales que pueden influir en la viabilidad a largo plazo y en el éxito financiero de las transacciones. 

Los estudios de mercado demuestran que las empresas con sólidas prácticas ASG tienden a tener un mejor desempeño financiero, menor riesgo de litigios y una mayor lealtad por parte de los clientes, lo cual refuerza aún más la importancia de estos factores en la toma de decisiones de adquisición.

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¿Cuál es el desempeño medioambiental de España en comparación con otros países?

El recientemente publicado Índice de Desempeño Medioambiental 2024 pone de relieve una serie de retos críticos para la sostenibilidad, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad, y revela tendencias que sugieren que los países de todo el mundo deben redoblar sus esfuerzos para proteger los ecosistemas cruciales y la vitalidad de nuestro planeta.

En 2022, en la COP 15 de Montreal, más de 190 países asumieron lo que se ha llamado «el mayor compromiso de conservación que el mundo haya visto jamás». El Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal pedía la protección y gestión efectivas del 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas del mundo para el año 2030, lo que se conoce comúnmente como el objetivo 30×30. 

Aunque sobre el papel se ha avanzado hacia la consecución de este ambicioso objetivo de proteger el 30% de la tierra y los mares, el último Índice de Desempeño Medioambiental (EPI por sus siglas en inglés) muestra que en muchos casos estas protecciones no han conseguido detener la pérdida de ecosistemas ni frenar las prácticas destructivas para el medio ambiente.

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Migraciones climáticas: un desafío global en busca de soluciones

Las migraciones climáticas, provocadas por cambios ambientales drásticos e impredecibles, transforman la vida de millones de personas en todo el mundo, que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y nuevas oportunidades.

Dos informes recientes ayudan a entender los impactos del cambio climático en las poblaciones vulnerables. El primero, titulado «Explicador sobre migración por motivos climáticos» del Consejo de Migración Climática (CMC), busca profundizar en los conceptos y cifras clave que definen la relación entre la crisis climática y el movimiento de personas. El segundo, “World Migration Report” de la Organización Mundial para la Migración (IOM), expone los cambios en la migración y movilidad a nivel mundial.

Para entender mejor las migraciones climáticas, es esencial considerar algunas definiciones básicas. La migración climática se refiere al movimiento de personas que, debido a cambios ambientales causados por el cambio climático, se ven obligadas a dejar sus hogares, ya sea temporal o permanentemente, dentro de sus países o a nivel internacional.

El desplazamiento por desastres implica que las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a fenómenos naturales inmediatos y predecibles, como huracanes o inundaciones. 

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Combatiendo el ‘greenwashing’: del riesgo reputacional a su regulación

Foto de Brian Yurasits en Unsplash

La denuncia de Iberdrola contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa ha desatado un debate significativo sobre las prácticas de lavado verde o greenwashing. Este conflicto ha resaltado la necesidad de analizar las repercusiones legales y éticas de tales acusaciones en el ámbito empresarial.

Para abordar estas cuestiones, la Fundación Haz ha organizado el webinar titulado «La batalla del greenwashing: claves e implicaciones» donde diversos expertos discutieron diversos aspectos cruciales del greenwashing y las estrategias ASG (ambientales, sociales, y de gobernanza). 

Los expertos que intervinieron en el webinar moderado por Javier Martín Cavanna, director de Fundación Haz, fueron Ana Barrera, fundadora y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Tomás Conde, director de ASG y Finanzas Sostenibles en NWorld, Sandra Pina, directora general de Quiero & Sustainable Brands, y Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto.

A continuación, se resumen las ideas y opiniones más destacadas que surgieron del debate.

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La evaluación de los riesgos climáticos: desafíos y soluciones

Foto de Cristofer Maximilian en Unsplash

La evaluación de riesgos climáticos se ha convertido en un componente esencial de la gestión financiera y empresarial moderna, no exento de desafíos, pero también ofrece posibles soluciones, tal y como señala el informe “2024 Climate Risk Landscape Report» del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas.

Evaluar esos riesgos es un complejo proceso consistente en identificar, analizar y gestionar los potenciales impactos negativos del cambio climático en las operaciones y activos financieros de una organización, con el objetivo de desarrollar estrategias que mitiguen estos efectos adversos.

Uno de los desafíos más prominentes en este proceso es la evaluación sectorial específica. En sectores como el agrícola y el inmobiliario, se presentan desafíos particulares debido a su alta sensibilidad a las variables climáticas y su dependencia de ubicaciones geoespaciales específicas. 

En el sector agrícola, por ejemplo, la tarea de identificar y evaluar el riesgo de cada granja, fábrica o infraestructura se convierte en un trabajo titánico. La dificultad no solo reside en mapear estas locaciones, sino también en traducir los riesgos locales de los activos individuales a métricas financieras que reflejen las implicaciones a nivel de contraparte y sistema.

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La credibilidad de las estrategias de carbono cero se pone en cuestión

Foto de Mark Fletcher-Brown en Unsplash

La reciente retirada de compromisos de carbono cero por parte de la Science-Based Targets Initiative (SBTi) ha generado debate sobre el compromiso real de las empresas con la sostenibilidad y el riesgo de caer en prácticas de greenwashing.

La SBTi, nació en 2015 como una colaboración entre el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y el World Wide Fund for Nature (WWF) con el objetivo de cambiar el rumbo de las empresas globales hacia un futuro más sostenible. 

Desde su creación ha estado en la vanguardia de la integración de la ciencia del clima en la estrategia corporativa, exigiendo que las empresas adopten metas de reducción de emisiones alineadas con los requerimientos científicos más estrictos del Acuerdo de París. 

La iniciativa ha ganado reconocimiento y apoyo global, con miles de empresas comprometiéndose a establecer y alcanzar objetivos basados en la ciencia, y  su enfoque único no solo aborda la reducción directa de las emisiones de gases de efecto invernadero sino que también se enfoca en la innovación, la eficiencia energética, y la transición hacia energías renovables, reconociendo la variedad de caminos que las empresas pueden tomar para alcanzar sus objetivos. 

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Los tres pilares del ‘compliance’ en la universidad española

Foto de Michael Marsh en Unsplash

La transparencia y el compliance están emergiendo como aspectos fundamentales en las universidades, fomentando no solo la confianza sino también promoviendo prácticas de gestión equitativas y efectivas, lo que resulta en un impacto positivo y en el mejoramiento de la educación superior.

El pasado 20 de marzo, Fundación Haz, en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales y la Asociación Española de Compliance (ASCOM), organizó el webinar “Informe de transparencia de universidades. El área de compliance”, en el que se debatió sobre las nuevas responsabilidades de compliance que asumen los consejos sociales de las universidades desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y se presentaron los nuevos indicadores sobre cumplimiento que serán incluidos en el informe de la Fundación Haz sobre transparencia y buen gobierno.

El debate fue moderado por Javier Martín Cavanna, director de Fundación Haz, y contó como ponentes con Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, y José Zamarriego, presidente de ASCOM.

Este artículo resume las conclusiones clave del webinar.

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Las claves de la nueva (y descafeinada) Directiva de diligencia debida

Foto de S O C I A L . C U T en Unsplash

La aprobación de la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, o también CS3D, por sus siglas en inglés) ha sido el resultado de un proceso complejo, marcado por intensas negociaciones que reflejan el panorama dividido entre los miembros de la Unión Europea y los intereses en conflicto. Este proceso ha puesto de manifiesto las diferentes posturas de los Estados miembros, así como la influencia de grupos de presión empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

La CSDDD, es una iniciativa legislativa europea diseñada para fomentar un comportamiento empresarial responsable y sostenible, obligando a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro y operaciones. Esta directiva representa un esfuerzo significativo para integrar consideraciones de sostenibilidad en las prácticas corporativas, promoviendo así la transparencia y la responsabilidad en el ámbito empresarial con respecto a los desafíos globales en materia de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

Aunque el esbozo final de la CSDDD, desvelado a finales de enero, parecía destinado a ser aprobado sin mayores obstáculos, Alemania anunció que no votaría a favor debido a la oposición del Partido Democrático Libre (FDP), que argumentó que la directiva sobrecargaría a las empresas. 

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