El año 2023 se va a iniciar con un situación mundial sin grandes cambios respecto a cómo acabó 2022. Ello conlleva continuar en una situación de agitación de los mercados energéticos causada principalmente por la guerra de Ucrania, con inflación, subidas de tipos de interés e incertidumbre política, y con un telón de fondo de fatiga pandémica y sucesión de catástrofes climáticas.
Ante esto, los reguladores de todo el mundo están subiendo su apuesta en todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), lo cual genera mucha influencia tanto sobre el entorno de inversión como en los retos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas.
Las principales tendencias a gran escala que configuran el mundo de la inversión ASG son ya conocidas a estas alturas: el riesgo del cambio climático y el camino hacia la reducción a emisiones cero de CO2, la creciente amenaza de la pérdida de biodiversidad, las desigualdades sociales, la regulación y, más últimamente, el debate y la controversia sobre qué debería ser exactamente la ASG.
La divulgación de información sobre biodiversidad en las empresas es actualmente mucho menos frecuente que otros temas medioambientales como, por ejemplo, los relacionados con el cambio climático.
Según datos del Climate Disclosure Standards Board (CDSB), en un estudio sobre informes no financieros del año 2020, sólo un 10% de las cincuenta principales empresas europeas que cotizan en bolsa informaron sobre métricas e indicadores relativos a biodiversidad.
También, sólo un 46% de esas empresas informaron sobre biodiversidad en sus informes y un 22% lo hicieron sobre deforestación. Y en los casos en los que se facilitó información, a menudo carecía de la relativa especificidad y madurez de la información relacionada con el clima, y contenía enfoques de gestión genéricos y compromisos de alto nivel.
Con el objetivo de apoyar a las organizaciones en la preparación de información en el ámbito de la biodiversidad, el CDSB ha puesto a disposición de las organizaciones su Guía de Aplicación de la Biodiversidad.
El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG), por encomendación de la Comisión Europea, acaba de sacar a consulta pública el borrador de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) que establecerán docenas de requisitos de divulgación relacionados con la sostenibilidad y obligatorios para unas 50.000 empresas de la Unión Europea, como parte de la propuesta de Directiva sobre Información de Sostenibilidad Empresarial (CSRD).
La propuesta legislativa para desarrollar la CSRD que relevará a la actual Directiva de Informes No Financieros (NFRD) fue adoptada por la Comisión Europea en abril de 2021.
Concretamente, esta nueva normativa de divulgación afectará en 2023 a todas las empresas cotizadas de la UE, a todas las empresas de seguros y entidades de crédito, y a aquellas otras empresas que cumplan al menos dos de los tres criterios siguientes: tener un volumen neto de negocio de más de 40M€, un activos por más de 20M€ o una plantilla superior a 250 trabajadores.
En los últimos tiempos, se ha incrementado la atención sobre la utilidad de la información financiera relacionada con el clima para la toma de decisiones, en gran parte gracias al Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).
En 2017, el TCFD publicó recomendaciones de divulgación en los elementos básicos de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos diseñados para solicitar la utilidad de las decisiones para que los usuarios comprendan los impactos del cambio climático en las organizaciones.
La presentación de las recomendaciones del TCFD ha incrementado, sin duda, la adopción de informes relacionados con el clima por parte de las empresas en los últimos años. Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre si dicha información es realmente útil para la toma de decisiones de los inversores.
Una encuesta realizada en 2019 por la Alianza Mundial de Inversiones Sostenibles reveló que el 59% de los inversores encuestados no estaban satisfechos, en general, con la información relacionada con el clima de las empresas que cotizan en bolsa.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es «verde» o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía «es un documento vivo» que «evolucionará con la ciencia y la tecnología», y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
En el campo de la sostenibilidad vivimos en un continuo cambio, se proponen nuevas iniciativas y en poco tiempo se van cambiando y transformando para que se adapten mejor a la realidad en la que vivimos.
Un ejemplo de ello es la propuesta de Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD), que modificaría los actuales requisitos de información en virtud de la Directiva sobre información no financiera (NFRD) y trataría de garantizar que las empresas proporcionen información coherente y comparable sobre sostenibilidad.
Otros ejemplos muy recientes de cambios e iniciativas han sido el Acto Delegado de la UE sobre la taxonomía del clima, cuyo objetivo es identificar las actividades económicas que mejor contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, y los seis actos delegados sobre deberes fiduciarios, inversiones y asesoramiento en materia de seguros, que persiguen garantizar que las empresas financieras incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y en el asesoramiento sobre inversiones a sus clientes
La taxonomía climática tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles mediante la definición de criterios técnicos de selección para la información exigida por el Reglamento sobre la taxonomía de la UE y, a día de hoy, todavía supone una gran confusión para muchas empresas, pero en este artículo no vamos a entrar en ella y nos vamos a centrar en la Directiva sobre informes de sostenibilidad.
La gestión de riesgos es quizá una de las facetas de la responsabilidad social corporativa menos desarrolladas, convirtiéndose en un tema a solucionar con premura en de organizaciones de todos los sectores.
Como cada comienzo de año, el Foro Económico Mundial ha publicado su informe anual sobre riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad. Sólo la irrupción en 2020 de la Covid-19, en el puesto nº 4, ha provocado que los riesgos relacionados con el medioambiente no copen el top 5 de riesgos por probabilidad de ocurrencia.
Concretamente, los cinco primeros riesgos a los que se otorga más probabilidad de que ocurran en 2021 son: clima extremo, fracaso de la acción climática, daño ambiental causado por los humanos, enfermedades infecciosas y pérdida de la biodiversidad.
En cuanto a riesgos por severidad de impacto, en el segundo lugar nos encontramos con el fracaso de la acción climática, en el cuarto la pérdida de biodiversidad, y en el quinto las crisis de recursos naturales.
En los últimos años, el reporte de información no financiera se ha desarrollado de manera positiva y en el futuro próximo es probable que se produzca una mayor aceleración en su uso debido al surgimiento de varias iniciativas internacionales encaminadas a la convergencia de las normas de presentación de informes.
En la actual coyuntura, ha aumentado el impulso de la fusión de las principales normas de presentación de información no financiera y los inversores también han comenzado a sumarse al debate, mientras que las empresas que presentan informes están expresando su frustración por la falta de normas armonizadaspara la presentación de informes no financieros.
Además, hay otras situaciones que empujan al reporte no financiero a alcanzar mayores cotas de importancia y utilización. Por ejemplo, la Unión Europea está actualizando la Directiva de la UE sobre informes no financieros y está considerando la posibilidad de elaborar normas de información no financiera.
Por su parte, el Foro Económico Mundial ha publicado su documento sobre métricas comunes y presentación de informes coherentes para la creación de valor sostenible, en el que se definen 21 métricas básicas, y las cinco principales organizaciones de informes no financieros (GRI, SASB, IIRC, CDSB y CDP) han publicado una declaración de intenciones, comprometiéndose a trabajar conjuntamente para lograr una información corporativa completa.
La creciente preocupación por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos y el bienestar general de la sociedad hace que los consumidores se planteen serias preguntas sobre la sostenibilidad de las organizaciones de productos de consumo y de venta al por menor.
Esos comportamientos y valores cambiantes de los consumidores con respecto a la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y la inclusión económica se traducen, además, en una demanda de cambio corporativo.
Más allá de los consumidores, los gobiernos, los grupos de interés público, los inversores, los competidores y los empleados también están presionando a estas organizaciones para que cambien sus formas de trabajo, sus culturas y sus productos.
Estos cambios tienen implicaciones de gran alcance para el sector de productos de consumo y de retail y exigen que los productos, servicios, operaciones y ecosistemas en los que operan estas empresas sean sostenibles.
El pasado 1 de junio se llevó a cabo un interesante webinar promocionado por la Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI) titulado “SASB and ESG Disclosure. Why is BlackRock actively recommending to use it?”. En él, por parte de AERI participaron Manuel Enrich, Presidente, y Tomás Conde, Asesor, participaron un peso pesado de BlackRock, Michelle Edkins, Jefa de Administración de Inversiones, y el Director de Extensión Corporativa de SASB, Neil Stewart.
La administración de inversiones es uno de los componentes esenciales de la responsabilidad fiduciaria de BlackRock con sus clientes. Los clientes que invierten en estrategias de índices son esencialmente accionistas permanentes y proporcionan capital a largo plazo a las empresas.
El blog de Albert Vilariño 