Aunque la escala de las futuras necesidades de adaptación dependerá del éxito de los actuales esfuerzos de mitigación, nos encontramos en la actualidad ante un enorme déficit de inversión para hacer frente a los impactos climáticos que ya se han producido, por lo que es necesaria la utilización de instrumentos que cambien esa situación.
Se estima que los costes anuales de adaptación para los países en desarrollo estarán en una horquilla que va entre los 140.000 y los 300.000 millones de dólares anuales de aquí a 2030, y entre los 280.000 y los 500.000 millones de dólares anuales para 2050, todo ello para adaptarse a un futuro con un aumento de 2 °C sobre niveles preindustriales.
Sin embargo, estas estimaciones probablemente subestiman la necesidad real si se tienen en cuenta las necesidades de capital para realizar las inversiones en infraestructuras existentes y futuras que sean resilientes al cambio climático.
En los últimos tiempos, se ha incrementado la atención sobre la utilidad de la información financiera relacionada con el clima para la toma de decisiones, en gran parte gracias al Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD).
En 2017, el TCFD publicó recomendaciones de divulgación en los elementos básicos de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos diseñados para solicitar la utilidad de las decisiones para que los usuarios comprendan los impactos del cambio climático en las organizaciones.
La presentación de las recomendaciones del TCFD ha incrementado, sin duda, la adopción de informes relacionados con el clima por parte de las empresas en los últimos años. Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre si dicha información es realmente útil para la toma de decisiones de los inversores.
Una encuesta realizada en 2019 por la Alianza Mundial de Inversiones Sostenibles reveló que el 59% de los inversores encuestados no estaban satisfechos, en general, con la información relacionada con el clima de las empresas que cotizan en bolsa.
En 2019, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) lanzó los Principios para una Banca Responsable (PRB por sus siglas en inglés) con el objetivo de marcar el camino para que el sector bancario mundial responda, impulse y se beneficie de una economía de desarrollo sostenible.
Desde entonces, bancos de todo el mundo, representando a más del 40% del sistema bancario mundial, han colaborado en la aplicación de las acciones para lograr un cambio significativo a la hora de abordar los problemas medioambientales, económicos y sociales más acuciantes, así como para poner en marcha estructuras de gobierno que apoyen la aplicación y la rendición de cuentas.
El informe “Responsible Banking: Building Foundations” publicado por el United Nations Environment Programme, sintetiza los informes individuales de 203 signatarios de la iniciativa, proporcionando una actualización del estado de sus progresos en la aplicación del marco del PRB, y de las medidas tomadas para alinear sus estrategias empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo Climático de París.
A comienzos de septiembre, y tras ser respaldado anteriormente por los países del G-7 y el G-20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado por aprobado un pacto global para aplicar un impuesto global del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas internacionales a partir de 2023.
Un acuerdo internacional histórico que nos acercará a una recaudación de impuestos más justa y garantizará que estas empresas paguen una parte de impuestos allí donde operen y generen beneficios, suponiendo la reasignación a países de todo el mundo de los beneficios de unas 100 de las empresas multinacionales más grandes y rentables del planeta.
Llegar a este pacto ha sido de todo menos sencillo y ha costado años de complicadas negociaciones para que finalmente 136 países (que representan más del 90% del PIB mundial) de los 140 de la OCDE se pusieran de acuerdo para implementar este nuevo sistema de impuestos. Tras las últimas incorporaciones de Estonia, Hungría e Irlanda, aún quedan por unirse a él países como Pakistán, Nigeria, Kenia y Sri Lanka.
La integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el análisis de las inversiones en acciones cotizadas es la práctica de inversión responsable más extendida en el mercado actual.
Varios factores, entre ellos la afluencia de capital a los fondos que integran factores ASG y el creciente conocimiento de las investigaciones académicas que respaldan los beneficios, están animando a cada vez más inversores a practicar la integración de los ASG.
La inversión socialmente responsable (ISR) surgió en la década de 1970, principalmente debido a que las organizaciones religiosas creían que sus actividades de inversión debían reflejar sus valores y que su presencia como inversores podía cambiar las prácticas de las empresas.
La ISR se consideraba en gran medida una actividad marginal, pero a medida que los inversores han explorado los beneficios financieros de los enfoques de inversión responsable y los gestores de inversiones han ido respondiendo a las demandas de los propietarios de activos, la cantidad de activos gestionados por la ISR y las estrategias ESG ha crecido drásticamente.
A pesar de los importantes avances hasta la fecha, los mercados de capitales siguen operando más allá de los límites de la sostenibilidad y el business as usual está teniendo un impacto devastador al impulsar el cambio climático, la destrucción de la naturaleza y el aumento de los niveles de contaminación.
Los mercados de capitales deben tratar todos estos riesgos como los graves y sistémicos que son, por lo que invertir y colaborar para lograr un impacto sostenible ya no es opcional.
Con el objetivo de ofrecer un plan para alinear mejor la provisión de financiación con los objetivos de sostenibilidad, analizando las oportunidades y los obstáculos existentes, The Generation Foundation, Principles for Responsible Investment y United Nations Environment Programme han publicado el informe “A legal framework for impact: Sustainability impact in investor decision-making”.
Vivimos en una vorágine de reglamentaciones en el ámbito de la sostenibilidad a la que se suman continuamente nuevas aportaciones, todas con el objetivo de lograr cambios significativos en cómo se reporta la información no financiera y en hacer que las empresas alineen su gestión y actividades con dicha sostenibilidad.
Dada la limitada inclusión actual de los aspectos de sostenibilidad social en la Taxonomía financiera, la Comisión Europea encargó a la Plataforma para las Finanzas Sostenibles trabajar también en su ampliación a los objetivos sociales y creó un subgrupo dedicado a esta tarea, que ha resumido sus principales observaciones y recomendaciones en ese borrador.
El movimiento globalizador ocurrido en las últimas décadas no ha funcionado en beneficio de todos, haciendo que algunos actores económicos hayan acumulado un gran poder y generando una desigual distribución de la riqueza que se ha visto, además, agravada por la pandemia de la Covid-19.
Algunas de las acciones de inversión llevadas a cabo por esos actores financieros se han venido relacionando con el abuso de los derechos humanos, haciéndose muy patente la necesidad de que estos actores cumplan con su responsabilidad internacional en ese ámbito.
La anterior es una de las conclusiones a la que llega la International Federation for Human Rights (FIDH) en su informe “From Policies to Impacts:Analysing Modern Slavery Risks in Portfolio Companies”, y en el que también ofrece a los inversores herramientas para identificar y abordar los riesgos de los derechos humanos, incluidos los riesgos de la esclavitud moderna en sus carteras de inversión.
Tras la progresiva legalización de las normas internacionales de «soft law» sobre empresas y derechos humanos, para la FIDH la «S» de «ESG» (siglas en inglés de Medio ambiente, Social y Gobernanza) ya no es un criterio opcional que los inversores pueden incluir en su proceso de toma de decisiones, sino que se está convirtiendo en parte de su deber normativo de respetar esos derechos.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es «verde» o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía «es un documento vivo» que «evolucionará con la ciencia y la tecnología», y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
El Congreso de Responsabilidad Social, referente obligado para los interesados en la responsabilidad social, se ha desarrollado los días 10, 11 y 12 de febrero, tanto de manera presencial como virtual a través de una plataforma que además de permitir seguir las ponencias facilitaba el contacto en línea entre los asistentes, reemplazando así al clásico networking que se desarrolla paralelamente en este tipo de eventos.
En la séptima edición de esta cita bienal, el Congreso ha dejado de lado su denominación nacional para pasar a ser internacional, al abrirse la participación tanto a ponentes como a asistentes internacionales.
En esta ocasión, el título elegido por el Comité Científico del Congreso ha sido “Responsabilidad Social: Medir para transformar”, resaltando que no es posible hablar de gestión de responsabilidad social si las organizaciones y las empresas no son capaces de rendir cuentas de manera transparente sobre las iniciativas que llevan a cabo.
Durante los tres días del evento se realizaron diversas ponencias y mesas de diálogo que trataron, entre otros temas, sobre propósito, comunicación, sostenibilidad, formación, fiscalidad, empleo o medio ambiente, siempre desde la perspectiva de cómo medir el progreso en dichos ámbitos.
El blog de Albert Vilariño 