Vivimos en una vorágine de reglamentaciones en el ámbito de la sostenibilidad a la que se suman continuamente nuevas aportaciones, todas con el objetivo de lograr cambios significativos en cómo se reporta la información no financiera y en hacer que las empresas alineen su gestión y actividades con dicha sostenibilidad.
Dada la limitada inclusión actual de los aspectos de sostenibilidad social en la Taxonomía financiera, la Comisión Europea encargó a la Plataforma para las Finanzas Sostenibles trabajar también en su ampliación a los objetivos sociales y creó un subgrupo dedicado a esta tarea, que ha resumido sus principales observaciones y recomendaciones en ese borrador.
El movimiento globalizador ocurrido en las últimas décadas no ha funcionado en beneficio de todos, haciendo que algunos actores económicos hayan acumulado un gran poder y generando una desigual distribución de la riqueza que se ha visto, además, agravada por la pandemia de la Covid-19.
Algunas de las acciones de inversión llevadas a cabo por esos actores financieros se han venido relacionando con el abuso de los derechos humanos, haciéndose muy patente la necesidad de que estos actores cumplan con su responsabilidad internacional en ese ámbito.
La anterior es una de las conclusiones a la que llega la International Federation for Human Rights (FIDH) en su informe “From Policies to Impacts:Analysing Modern Slavery Risks in Portfolio Companies”, y en el que también ofrece a los inversores herramientas para identificar y abordar los riesgos de los derechos humanos, incluidos los riesgos de la esclavitud moderna en sus carteras de inversión.
Tras la progresiva legalización de las normas internacionales de “soft law” sobre empresas y derechos humanos, para la FIDH la “S” de “ESG” (siglas en inglés de Medio ambiente, Social y Gobernanza) ya no es un criterio opcional que los inversores pueden incluir en su proceso de toma de decisiones, sino que se está convirtiendo en parte de su deber normativo de respetar esos derechos.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es “verde” o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía “es un documento vivo” que “evolucionará con la ciencia y la tecnología”, y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
El Congreso de Responsabilidad Social, referente obligado para los interesados en la responsabilidad social, se ha desarrollado los días 10, 11 y 12 de febrero, tanto de manera presencial como virtual a través de una plataforma que además de permitir seguir las ponencias facilitaba el contacto en línea entre los asistentes, reemplazando así al clásico networking que se desarrolla paralelamente en este tipo de eventos.
En la séptima edición de esta cita bienal, el Congreso ha dejado de lado su denominación nacional para pasar a ser internacional, al abrirse la participación tanto a ponentes como a asistentes internacionales.
En esta ocasión, el título elegido por el Comité Científico del Congreso ha sido “Responsabilidad Social: Medir para transformar”, resaltando que no es posible hablar de gestión de responsabilidad social si las organizaciones y las empresas no son capaces de rendir cuentas de manera transparente sobre las iniciativas que llevan a cabo.
Durante los tres días del evento se realizaron diversas ponencias y mesas de diálogo que trataron, entre otros temas, sobre propósito, comunicación, sostenibilidad, formación, fiscalidad, empleo o medio ambiente, siempre desde la perspectiva de cómo medir el progreso en dichos ámbitos.
El mercado de la inversión socialmente responsable (ISR), es decir, aquella que incorpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG, o ESG por sus siglas en inglés) en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión, se encuentra en nuestro país en una etapa de progresiva madurez, tanto por lo que respecta al volumen creciente de activos como a la mayor sofisticación de las estrategias de inversión.
Así lo constata el estudio Spainsif 2020 sobre La inversión sostenible y responsable en España que la entidad ha publicado el pasado mes de octubre y que se basa en las 33 respuestas recibidas al cuestionario realizado, de las cuales 21 respuestas provenían de entidades nacionales (un 17% más que el año anterior), y 12 de gestores y propietarios de activos internacionales (que representan el doble de las recibidas en la edición previa).
Para realizar el estudio, se han utilizado cifras al cierre del ejercicio 2019, y se ha seguido la metodología europea de clasificación de la ISR, en función de las estrategias seguidas, que se comparten con los estudios de Eurosif y de Global Sustainable Alliance GSIA. Y, por segundo año consecutivo se ha incluido información de los activos ASG gestionados por las gestoras internacionales.
A la vista de los datos observados en el informe, la inversión sostenible continúa mejorando en el volumen de activos gestionado, tendencia general del mercado, y en la calidad de las estrategias aplicadas para la selección de activos ASG.
Los índices de bonos ESG(basados en factores ambientales, sociales y de gobernanza) están creando sólidos cimientos que los inversores pueden utilizar ahora para crear carteras sostenibles de múltiples activos.
Muchos inversores han empezado ya a evaluar su exposición al clima y a otros riesgos relacionados con la sostenibilidad, y los reguladores de todo el mundo se están sumando a este impulso. Los riesgos pueden tener un impacto material en el rendimiento de las empresas, e incluso pueden dar lugar a inestabilidad financiera a medida que el cambio climático afecta a los bancos y las aseguradoras, tal y como sostiene el Fondo Monetario Internacional en su más reciente Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial.
A estos bonos ESG se han unido recientemente los bonos sociales centrados en combatir la pandemia de la Covid-19, como por ejemplo el lanzado por BlackRock, la empresa de gestión de inversiones considerada como la más grande del mundo en gestión de activos.
A medida que la integración de los factores ESG se va generalizando en el sector financiero, es muy probable que los bonos Covid generen un interés significativo, lo cual se traducirá en un bajo costo de financiación de las medidas de respuesta mientras disminuye la dependencia de los recursos públicos.
El pasado 1 de junio se llevó a cabo un interesante webinar promocionado por la Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI) titulado “SASB and ESG Disclosure. Why is BlackRock actively recommending to use it?”. En él, por parte de AERI participaron Manuel Enrich, Presidente, y Tomás Conde, Asesor, participaron un peso pesado de BlackRock, Michelle Edkins, Jefa de Administración de Inversiones, y el Director de Extensión Corporativa de SASB, Neil Stewart.
La administración de inversiones es uno de los componentes esenciales de la responsabilidad fiduciaria de BlackRock con sus clientes. Los clientes que invierten en estrategias de índices son esencialmente accionistas permanentes y proporcionan capital a largo plazo a las empresas.
No es ningún misterio que la inversión socialmente responsable (ISR) está experimentando un importante crecimiento en los últimos años. Los llamados criterios ESG (por las siglas de Environmental, Social y Governance) están siendo tenidos en cuenta para valorar el desempeño de RSC de las empresas y su sostenibilidad presente y futura, y, por tanto, para que los inversores tomen sus decisiones sobre en qué organizaciones poner su dinero y en cuáles no.
BlackRock, la empresa de gestión de inversiones estadounidense considerada como la más grande del mundo en gestión de activos, lleve tiempo destacando que, como inversionistas a largo plazo que son, la consideración de los riesgos ESG les ayuda a proporcionar un valor sostenible a sus clientes.
En línea con lo anterior, en su última carta abierta a los CEO publicada a inicios de año, el fundador, presidente y director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, explicaba que la concienciación de la sociedad al respecto del cambio climático está cambiando muy rápido, lo cual nos pone al borde de un cambio estructural de las finanzas, convenciendo a inversores a reevaluar los supuestos básicos sobre las finanzas actuales y haciéndoles reconocer que el riesgo climático es también un riesgo de inversión.
Los inversores desempeñan, cada vez más, un papel activo al influir en las organizaciones para abordar los riesgos materiales relacionados con la sostenibilidad o ESG.
Sin embargo, todavía hay una falta de información exhaustiva sobre los resultados que se pueden esperar de diversas estrategias de influencia de los inversores, como los diálogos con la administración de la empresa, las propuestas de los accionistas y el voto por poder, la desinversión y el compromiso de las políticas públicas.
Para contestar qué interacciones con los inversores tienen un impacto tangible en el desempeño corporativo financiero y de sostenibilidad, qué estrategias son más efectivas y cuáles son los principales impulsores del éxito, Ceres y el Environmental Defense Fund (EDF) publicaron hace unos meses el informe “The Role of Investors in Supporting Better Corporate ESG Performance”.
A través de una revisión exhaustiva de la literatura y una serie de entrevistas en profundidad con inversores y profesionales de la sostenibilidad, el informe identifica los impactos clave de las estrategias de influencia de los inversores y propone un marco para comprender los impulsores de los esfuerzos exitosos de participación de los inversores.
El mercado de inversión sostenible ha seguido creciendo y evolucionando a nivel mundial, tal y como indican los hallazgos presentados en el informe “Global Sustainable Investment Review 2018” publicado recientemente por la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).
La GSIA es una colaboración internacional de organizaciones de inversión sostenible cuya misión es profundizar y ampliar la práctica de ese tipo inversión en todo el mundo.
Por inversión sostenible ISR (también conocida como inversión socialmente responsable o ISR) se entiende el enfoque de inversión que considera los factores ambientales, sociales y de gobernabilidad (ASG) en la selección y gestión de la cartera.
La GSIA edita desde 2012 este informe bianual con el estado y evolución de la ISR, pero con especial atención a las zonas geográficas de Australia y Nueva Zelanda, Canadá, Europa, Japón y los Estados Unidos.
Si bien el punto de vista de cada región para la ISR es ligeramente diferente, algunas tendencias han tenido un alcance global, y cada región registró un aumento de la integración de los factores ASG y las inversiones basadas en la sostenibilidad.
