El año 2025 marcará un punto de inflexión en la transición hacia modelos empresariales más sostenibles. Las empresas enfrentan una confluencia de factores que están redefiniendo las reglas del juego, desde regulaciones más estrictas hasta la intensificación de eventos climáticos extremos y el cambio en las expectativas sociales y de mercado. Sin embargo, esta transformación se desarrolla en un clima de inseguridad evidente, donde los retos y las oportunidades se entrelazan de manera compleja.

La sostenibilidad empresarial lleva tiempo experimentando un cambio de paradigma. Ya no se trata únicamente de cumplir con normativas, sino de integrar estrategias que generen valor a largo plazo. Los nuevos marcos regulatorios más estrictos buscan garantizar la transparencia y fomentar una mayor responsabilidad corporativa, pero también ponen a prueba la capacidad de las organizaciones para adaptarse a estándares más altos en un corto período de tiempo.

El 2024 ha dejado un panorama climático alarmante, con eventos extremos como olas de calor récord, incendios forestales y desastres naturales que afectaron infraestructuras, economías y comunidades. Estas experiencias han subrayado la urgencia de actuar frente al cambio climático. En este contexto, el 2025 será el año en que las empresas deberán reforzar sus estrategias de mitigación y adaptación, no solo como una respuesta a los riesgos, sino como una ventaja competitiva en un mercado cada vez más consciente y exigente.

Por otro lado, las expectativas sociales y de los inversores están transformando las dinámicas del mercado. Los consumidores exigen productos más sostenibles, mientras que los inversores priorizan empresas que demuestran un compromiso real con la sostenibilidad. Esta situación obliga a las organizaciones a ser más transparentes, a comprometerse con sus grupos de interés y a liderar con el ejemplo. 

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Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que la voluntariedad en la implementación de prácticas sostenibles en las empresas ha demostrado ser, en el mejor de los casos, un ejercicio de buena fe que ha necesitado de rectificaciones legislativas en la búsqueda de un impacto real que aún dista de lo que podría llegar a ser.

Hace ya unos años, el debate acerca de si la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) debía ser algo meramente voluntario y sin ningún tipo de incentivo por parte de terceros para las empresas o si, por el contrario, tenía que ser algo obligatorio, se convirtió en uno de los más citados por parte de un espectro de público relacionado, de una forma u otra, con ese ámbito de la gestión empresarial.

Parecía idílico que las propias empresas, convencidas por sus potenciales efectos positivos, tomaran por sí solas decisiones como implantar estrategias de RSC. Sin embargo, en un mundo guiado en muchos casos por el idealismo, sería bastante ingenuo pensar que un gran número de empresas gastaría dinero en algo que, a priori, no les reportaría un beneficio económico directo.

En el actual entorno empresarial, la transparencia en la divulgación de la huella de carbono se ha vuelto un factor crítico y se ha consolidado como una herramienta esencial para evaluar si las empresas están alineadas con una trayectoria climática sostenible que es cada vez más reclamada y valorada por los inversores.

Según el informe MSCI Net-Zero Tracker, hasta el 31 de marzo de 2023, el 35% de las empresas cotizadas en bolsa han revelado parte de sus emisiones de Alcance 3 (es decir, aquellas emisiones indirectas que ocurren en la cadena de valor de una organización), lo que representa un incremento del 4% en comparación con siete meses anteriores. 

Además, el 44% de las empresas cotizadas han establecido metas de descarbonización, lo cual representa un aumento del 8% en comparación con el citado periodo. 

En el lado menos positivo y basándose en un análisis de sus futuras trayectorias de emisiones y compromisos climáticos actuales, las empresas cotizadas están en un camino que calentaría el planeta en 2,7°C este siglo.