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Gobernar en terreno inestable: cómo navegar el nuevo mapa de riesgos de 2026

Foto de GR Stocks en Unsplash

La gobernanza corporativa, la “G” de ASG (ambiental, social y gobernanza, también conocido como ESG), se asocia con frecuencia a buen gobierno interno (cumplimiento, anticorrupción, transparencia y controles), pero en 2026 ese marco puede quedarse corto si se mira el contexto de riesgos. 

El Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) sitúa la confrontación geoeconómica como el riesgo principal para 2026 y coloca la desinformación y la polarización social dentro de los cinco riesgos principales para ese año.

El informe no solo enumera riesgos, también ayuda a entender cómo se conectan. Entre los cinco principales riesgos de 2026 aparecen, junto a la confrontación geoeconómica, el conflicto armado entre estados y los fenómenos meteorológicos extremos, lo que es coherente con un entorno donde se mezclan tensiones entre países, impactos físicos y fractura social. Y cuando el WEF mira a dos años, sitúa la desinformación en segunda posición por severidad, una señal de que el riesgo no es puntual y puede agravarse.

Con esa lectura, el Foro describe una “era de la competencia” marcada por fragmentación, en la que el comercio, la tecnología y las finanzas se usan cada vez más como instrumentos en la rivalidad entre bloques, en un contexto que dificulta la cooperación multilateral. En ese escenario, decisiones que antes parecían relativamente estables (dónde producir, a qué mercados vender, qué proveedores son críticos y por qué rutas se mueve el valor) pueden verse afectadas por tensiones geopolíticas, restricciones y cambios regulatorios.

Eso obliga a que la gobernanza se traduzca en decisiones operativas, no solo en políticas. Definir límites de exposición, acordar qué señales activan planes alternativos y, al mismo tiempo, poner orden en lo que la empresa comunica, de forma que cualquier mensaje relevante pueda sostenerse con datos, método y un rastro interno claro para defenderlo si se cuestiona.

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Los mercados privados prueban que la sostenibilidad crea valor real

Foto de Tech Daily en Unsplash

Los fondos de capital privado están demostrando que la sostenibilidad puede medirse en beneficios económicos, no solo en intenciones. El seguimiento de miles de empresas participadas muestra mejoras tangibles en eficiencia, clima y gestión de personas. Todo esto tiene un resultado claro: negocios más rentables y preparados para competir a largo plazo.

Durante años se ha hablado de sostenibilidad en los mercados financieros como un compromiso moral o una cuestión reputacional, pero, hoy en día, los datos dicen otra cosa. En los mercados privados (donde los fondos de inversión adquieren compañías, las gestionan durante varios años y luego las venden o sacan a bolsa) la sostenibilidad se está convirtiendo en una fuente medible de creación de valor.

El estudio Sustainability in Private Markets elaborado por Boston Consulting Group y la ESG Data Convergence Initiative (EDCI) en octubre de 2025 es una de las bases más sólidas que existen para afirmarlo. Reúne información real de más de 9.000 empresas de cartera gestionadas por 320 fondos de capital privado en todo el mundo. Su objetivo es comprobar qué impacto tienen las medidas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los resultados empresariales.

Los datos son concluyentes: las gestoras que integran la sostenibilidad en sus planes de negocio obtienen un aumento medio del 4 % al 7 % en el EBITDA durante el tiempo que mantienen las empresas en su cartera. El EBITDA es un indicador que refleja la rentabilidad operativa de un negocio, es decir, cuánto gana antes de descontar impuestos, intereses y amortizaciones. En otras palabras, muestra si las mejoras en eficiencia o productividad se traducen en resultados reales.

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Europa reordena la sostenibilidad en 2026: cuatro frentes que cambian la agenda

Foto de Brett Jordan en Unsplash

El arranque de 2026 obliga a revisar planes que muchas empresas ya habían dado por cerrados. El paquete Ómnibus de simplificación, impulsado por la Comisión Europea, ha reordenado parte del calendario y ha abierto cambios de contenido en el núcleo del reporting y la diligencia debida.  A la vez, el año trae fechas que sí se cumplen y que se notan en operaciones, producto y comunicación, con implicaciones directas en importaciones, envases y mensajes ambientales al mercado.

En muchas compañías, los cambios regulatorios en sostenibilidad ya no se gestionan como un apéndice. Por eso, cuando Bruselas mueve fechas o revisa requisitos, el efecto se nota rápido en proyectos que ya estaban en marcha, sobre todo en sistemas de datos, en circuitos de evidencia y en la coordinación entre áreas.

El paquete Ómnibus ha introducido precisamente ese tipo de ajuste. La Comisión Europea presentó el paquete como un conjunto de medidas para simplificar y, de forma explícita, incluyó una propuesta para aplazar dos años requisitos de reporte que estaban previstos para 2026 o 2027, con el argumento de ganar tiempo para acordar cambios sustantivos.  

El Consejo confirmó la aprobación de esa medida de aplazamiento en abril de 2025, subrayando la búsqueda de seguridad jurídica y competitividad. Ese cambio de ritmo está obligando a muchas organizaciones a revisar su hoja de ruta. Algunas líneas de trabajo se recalibran, otras se consolidan y otras conviene no cerrarlas todavía mientras el marco siga en revisión.

Por otra parte, 2026 no se va a vivir solo en clave corporativa. Hay frentes que entran en fase operativa dentro del propio año y que obligan a actuar, e incluso si parte del reporting se reprograma, generando una agenda más exigente.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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De principio a obligación: la sostenibilidad pasa a ser eje de la gobernanza bancaria

Foto de Etienne Martin en Unsplash

El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó a consulta pública una versión profundamente revisada de sus Guidelines on Internal Governance. El texto obliga a los bancos a demostrar que la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) está tan integrada en la cultura corporativa como el seguimiento de la solvencia o la liquidez. 

La consulta de la EBA se cierra el 7 de noviembre, pero su efecto ya se deja sentir en los bancos: departamentos de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna trabajan contrarreloj para reescribir estructuras, métricas y procesos que hasta ahora trataban la sostenibilidad como un apéndice voluntario. 

La reforma propuesta no es un mero retoque semántico. Se trata de la primera vez que un supervisor prudencial de ámbito europeo exige que la identificación, medición y seguimiento de los riesgos ASG figure explícitamente en la declaración de apetito de riesgo y, por extensión, en las obligaciones fiduciarias de los consejos de administración. 

El borrador EBA/CP/2025/20, parte de una constatación contundente: los riesgos ASG pueden activar, amplificar o desencadenar los riesgos tradicionales, desde el crédito hasta el operativo, por tanto, deben formar parte indisoluble de la estrategia de negocio y del control interno. 

Todo esto anticipa un nuevo paradigma. Si en 2021 las directrices de la EBA introducían la sostenibilidad como principio orientador, la versión de 2025 la convierte en requisito operativo y prueba de fuego de la cultura de riesgos. 

A partir de ahora, hablar de solidez bancaria en Europa significará también demostrar que la institución está preparada para los choques reputacionales, regulatorios y financieros que se derivan de ignorar (o subestimar) los factores ASG.

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Greenwashing: los reclamos publicitarios bajo la lupa de la OCDE

Foto de Saffu en Unsplash

Más del 40% de los comercios electrónicos estudiados por la OCDE emplean tácticas posiblemente engañosas al describir las credenciales ambientales de sus productos. Esa estadística, que afecta casi a la mitad del escaparate digital mundial, sirve de indicador de un problema más profundo: el greenwashing deja al consumidor sin referencias fiables, distorsiona los incentivos de inversión y retrasa la adopción de innovaciones verdaderamente limpias.

Ese problema se agrava porque el interés por lo “verde” es claro: 48% de los consumidores europeos afirma preferir artículos con alguna etiqueta ambiental y 45% de los australianos declara que la sostenibilidad influye a menudo en su compra.

Según el informe Digital Economy Paper n.º 375, “Protecting and Empowering Consumers in the Green Transition: Misleading Green Claims”, publicado en mayo por la OCDE, al falsear la información ambiental de los productos, los comercios inducen decisiones de compra subóptimas y desplazan inversión lejos de compañías que sí innovan en ecodiseño o descarbonización. 

Mientras que estas prácticas erosionan el poder adquisitivo de los consumidores, el deterioro reputacional para las empresas tampoco se queda atrás: en un mercado gobernado por las redes sociales, una sola publicación que desenmascare un reclamo publicitario exagerado puede desencadenar una crisis que desplome en días el valor bursátil o la demanda de una marca.

A este escenario se suma el greenhushing, tendencia por la que muchas firmas optan por silenciar sus avances ambientales para evitar el escrutinio público o posibles sanciones. Esa autocensura bloquea la difusión de mejores prácticas y, paradójicamente, priva al consumidor de señales claras sobre soluciones más sostenibles. 

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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La OCDE evalúa los ‘ratings’ ASG: ¿es oro todo lo que reluce en sostenibilidad?

En su informe Behind ESG Ratings, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa una reflexión crítica sobre el funcionamiento y la eficacia real de las métricas ASG, herramientas clave en la toma de decisiones estratégicas de empresas e inversores de todo el mundo. 

Las métricas ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) forman la base de los llamados ratings ASG, habitualmente presentados en forma de puntuaciones o rankings y se han convertido en instrumentos esenciales para dirigir grandes flujos de capital hacia actividades más sostenibles y socialmente responsables. Sin embargo, tal como revela el informe de la OCDE, la transparencia, la coherencia y la solidez de estas valoraciones no son siempre tan altas como se podría esperar.

Aunque su influencia en el mercado es indudable, el análisis advierte sobre la existencia de ciertas áreas críticas que aún no reciben suficiente atención o que se evalúan de forma desigual. Asimismo, cuestiona si las métricas actuales están realmente diseñadas para reflejar con precisión los resultados concretos en sostenibilidad.

En este contexto, es importante preguntarse cómo funcionan realmente estas herramientas, cuál es su grado de efectividad y hasta qué punto están alineadas con estándares internacionales de conducta empresarial responsable. Sólo desde una comprensión más profunda es posible evaluar correctamente qué hay detrás de los ratings ASG y cómo mejorar su utilidad real para empresas e inversores.

Cabe destacar que el informe analiza ocho productos destacados de ratings ASG, seleccionados por su representatividad y diversidad metodológica, pero no identifica explícitamente a los proveedores analizados.

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TISFD: hacia una mayor transparencia social en el ámbito corporativo

Foto de Bud Helisson en Unsplash

El 10% más rico de la población global acumula más de la mitad de los ingresos mundiales y tres cuartas partes de la riqueza total. Mientras esa pequeña fracción dispone de la mayoría de los ingresos mundiales, millones de personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas, una situación agravada por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

La desigualdad, si no se aborda adecuadamente, genera riesgos significativos tanto para la estabilidad económica como para el bienestar social. Los niveles extremos de desigualdad erosionan la cohesión social, inhiben la formación de capital humano y amenazan la estabilidad financiera. 

Estos problemas no solo afectan a las personas y comunidades, sino también a las empresas, que se ven afectadas por un entorno más inestable y complejo para operar. Estas tienen la responsabilidad de contribuir a una sociedad más justa y sostenible, abordando la desigualdad y fortaleciendo sus relaciones con las comunidades, fomentando la innovación y asegurando un futuro sostenible.

Con la idea de contribuir a esa responsabilidad corporativa nace la nueva iniciativa del Grupo de trabajo sobre desigualdad e información financiera de carácter social (Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures (TISFD)).

Este grupo de trabajo es una coalición formada por líderes de empresas globales, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, apoyada por el Foro Económico Mundial y otras entidades comprometidas con un sistema financiero más justo e inclusivo. 

La visión de TISFD no es solo cumplir con regulaciones, sino inspirar un cambio profundo en el papel de las empresas en la sociedad. Se trata de transformar la manera en que operan para que se conviertan en líderes en la lucha contra la desigualdad, no solo alineando sus estrategias con las expectativas de inversores y consumidores, sino también actuando como agentes de cambio positivo.

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Desinformación, clima y guerras, los grandes riesgos que enfrenta el mundo

Foto de Edge2Edge Media en Unsplash

El mundo atraviesa un momento de profunda incertidumbre y complejidad, según el Informe Anual de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En su vigésima edición, este informe se consolida como una brújula crítica para entender las amenazas más apremiantes que enfrenta la humanidad en el corto y largo plazo, y para ayudar a líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil a prepararse ante un panorama de riesgos interconectados.

El informe, basado en las percepciones de más de 900 expertos y líderes globales, dibuja un cuadro alarmante: desde conflictos geopolíticos que amenazan la estabilidad mundial hasta los impactos inmediatos y devastadores del cambio climático. Los eventos climáticos extremos, la desinformación masiva y el conflicto armado basado en Estados son solo algunos de los riesgos que destacan como los más probables y severos en los próximos años.

Sin embargo, este diagnóstico no solo advierte sobre los peligros, sino que también llama a la acción. En un mundo fragmentado por tensiones geopolíticas, desigualdad creciente y un ritmo tecnológico vertiginoso, el informe subraya la importancia de una gobernanza más resiliente, una colaboración multilateral renovada y un liderazgo visionario. Para el sector empresarial, estas amenazas no son abstractas y representan desafíos concretos que demandan estrategias innovadoras y un compromiso renovado con la sostenibilidad y la adaptación.

La capacidad de anticipación y adaptación se convertirá en esencial para mitigar los desafíos y asegurar una gestión más eficaz en un entorno de riesgos en constante evolución.

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