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La juventud en pausa: por qué cada vez cuesta más construir un futuro propio

Foto de Chang Duong en Unsplash

Youth Pulse 2026 reúne respuestas de más de cuatro mil jóvenes de entre 18 y 30 años en 144 países y territorios. En lugar de buscar una “foto de generación” fácil, el informe dibuja un paisaje más incómodo y, por eso mismo, más útil: una juventud que no se explica con un solo titular, pero que sí comparte una sensación reconocible de estar haciendo cuentas todo el rato.

En el debate público, la juventud suele acabar atrapada entre dos caricaturas. A veces se la presenta como una generación perdida, condenada a encadenar crisis sin margen de maniobra; otras, como un bloque homogéneo que trae el cambio por simple efecto de edad. Los datos del informe, elaborado por el World Economic Forum (WEF) y publicado en enero, apuntan hacia un punto intermedio que se parece más a la vida real. 

Lo que aparece es una generación que, esté donde esté, se hace preguntas muy parecidas, como cuánto cuesta vivir, qué margen existe para independizarse, qué oportunidades reales hay al salir del sistema educativo, qué parte de la vida se desplaza a lo digital y qué se pierde por el camino.

La sensación de presión no nace de una única preocupación, sino del encaje de varias piezas que se refuerzan entre sí. En primer lugar, pesa lo material. El coste de vida, la vivienda y la desigualdad aparecen como una especie de suelo inestable sobre el que es difícil construir planes. 

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La nueva contabilidad del salario digno: inversores y la ONU mueven ficha

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash

El año 2025 se perfilaba como el “año del salario digno” en las agendas globales, pero irónicamente aún no existe un consenso sobre cómo medirlo de forma unificada. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordó en 2024 una definición formal de salario digno y subrayó que es fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad, y grandes empresas multinacionales téxtiles, desde Inditex hasta Kering, proclamaron su compromiso con pagar un salario digno a los trabajadores. 

Sin embargo, un reciente informe realizado por la Platform Living Wage Financials (PLWF) que evaluó a 33 compañías de moda reveló una “evidencia limitada de impacto en el mundo real” pese a todos esos compromisos. 

A solo cinco años de la meta 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la distancia entre la retórica y la realidad persiste, en buena parte por la ausencia de indicadores comunes y datos comparables sobre salarios dignos.

Esta falta de métricas estandarizadas no ha pasado desapercibida. Durante años, los factores sociales del ASG se consideraban asuntos cualitativos o de reputación difíciles de cuantificar. No existían datos auditables ni homogéneos sobre algo tan básico como si una empresa paga lo suficiente a sus trabajadores para vivir con dignidad. 

Eso está empezando a cambiar drásticamente en 2025: la PLWF (plataforma de inversores con activos superiores a 7 billones de dólares bajo gestión) ha adoptado una política que exige a todas las empresas en su cartera divulgar y gestionar la “brecha de salario digno” entre lo que ganan sus empleados (directos y en la cadena de suministro) y un estándar de salario digno reconocido. 

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El talón de Aquiles del pilar social europeo: cómo hacer atractivo el trabajo en cuidados

Foto de Dominik Lange en Unsplash

Europa cuenta con un marco social ambicioso, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado y firmado en 2017, y un Plan de Acción publicado en 2021. Pero buena parte de esa promesa se apoya en un sector donde la realidad laboral sigue siendo frágil: el de los cuidados y los servicios sociales. 

Por eso, la Comisión Europea abrió en junio de 2025 una consulta pública y una convocatoria para aportar evidencias con vistas a preparar un nuevo Plan de Acción, y el propio sector ha respondido con diagnósticos muy concretos, como el de la organización europea de empleadores sociales Social Employers. 

Los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales incluyen derechos que dependen de que los cuidados y los servicios sociales funcionen cada díacomo los cuidados de larga duración, la vivienda y la asistencia a personas sin hogar, y el acceso a servicios esenciales (incluida energía y transporte). Dicho de forma sencilla, el “contrato social” europeo no se entiende sin una red de servicios que funcione en el día a día.  

El problema aparece cuando se mira quién sostiene esa red. En su contribución al nuevo Plan de Acción, Social Employers estima que el sector de los servicios sociales emplea alrededor de 10 millones de personas en la UE y advierte de dificultades persistentes para cubrir puestos y retener profesionales.

Por su parte, Eurofound, una agencia de la UE especializada en condiciones de vida y de trabajo, analizó datos de la Encuesta sobre la Estructura de los Salarios (una estadística armonizada que permite comparar remuneraciones entre países) y concluyó que, de media, los salarios en cuidados de larga duración y otros servicios sociales se situaban en torno a un 21% por debajo del salario horario medio nacional.

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

Foto de Fotos en Unsplash

La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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Inclusión financiera global: entre victorias y asignaturas pendientes

Foto de Mathieu Stern en Unsplash

Disponer de un teléfono en el bolsillo y acceso a datos en casi cualquier rincón del planeta no basta para que las personas aprovechen de verdad los servicios financieros formales. Esa es la evidencia incómoda que atraviesa el Global Findex 2025, el examen cuatrienal con el que el Banco Mundial toma el pulso a la inclusión económica mundial.

Cuando el Banco Mundial presentó el Global Findex 2025 el pasado mes de julio, la cifra que acaparó los titulares fue el79 % de adultos que hoy poseen una cuenta en un banco, una fintech o un servicio de dinero móvil. El dato suena rotundo: hace apenas una década esa proporción era poco más de la mitad. Sin embargo, tras la euforia se esconde un número igual de elocuente: millones de personas siguen fuera del sistema, a pesar de que la gran penetración de los teléfonos inteligentes y la existencia de una cobertura digital que, sobre el papel, debería bastar para abrir y gestionar una cuenta.

El Findex nació en 2011 como un censo cuatrienal sobre acceso a servicios financieros. En su edición 2025 ha ampliado la muestra a más de 140.000 encuestados de 141 países y puesto el foco en la economía digitalPor primera vez incorpora un “Digital Connectivity Tracker” que superpone posesión de móvil, uso de internet y calidad de la conectividad con los clásicos indicadores de cuentas, pagos, ahorro y crédito. 

La fotografía resultante es, a partes iguales, alentadora e incómoda: allí donde la banda ancha se masifica crece el dinero móvil y se disparan los pagos digitales, pero en esos mismos territorios afloran nuevos miedos (fraude, suplantación, robo de identidad) que a menudo bastan para mantener inactiva una cuenta recién abierta.

A la luz de esos hallazgos el debate ya no gira solo en torno al acceso, sino a la calidad del uso. En algunos mercados, una de cada cuatro cuentas permanece inactiva, lo que subraya que el acceso no siempre se traduce en uso efectivo. Esos titulares mueven dinero con tanta poca frecuencia que, en la práctica, siguen fuera del circuito formal. También se identifica una brecha de género que persiste (cinco puntos porcentuales en los países de renta media-baja) y apunta a la desconfianza como freno transversal. 

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Greenwashing: los reclamos publicitarios bajo la lupa de la OCDE

Foto de Saffu en Unsplash

Más del 40% de los comercios electrónicos estudiados por la OCDE emplean tácticas posiblemente engañosas al describir las credenciales ambientales de sus productos. Esa estadística, que afecta casi a la mitad del escaparate digital mundial, sirve de indicador de un problema más profundo: el greenwashing deja al consumidor sin referencias fiables, distorsiona los incentivos de inversión y retrasa la adopción de innovaciones verdaderamente limpias.

Ese problema se agrava porque el interés por lo “verde” es claro: 48% de los consumidores europeos afirma preferir artículos con alguna etiqueta ambiental y 45% de los australianos declara que la sostenibilidad influye a menudo en su compra.

Según el informe Digital Economy Paper n.º 375, “Protecting and Empowering Consumers in the Green Transition: Misleading Green Claims”, publicado en mayo por la OCDE, al falsear la información ambiental de los productos, los comercios inducen decisiones de compra subóptimas y desplazan inversión lejos de compañías que sí innovan en ecodiseño o descarbonización. 

Mientras que estas prácticas erosionan el poder adquisitivo de los consumidores, el deterioro reputacional para las empresas tampoco se queda atrás: en un mercado gobernado por las redes sociales, una sola publicación que desenmascare un reclamo publicitario exagerado puede desencadenar una crisis que desplome en días el valor bursátil o la demanda de una marca.

A este escenario se suma el greenhushing, tendencia por la que muchas firmas optan por silenciar sus avances ambientales para evitar el escrutinio público o posibles sanciones. Esa autocensura bloquea la difusión de mejores prácticas y, paradójicamente, priva al consumidor de señales claras sobre soluciones más sostenibles. 

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Arquitectura hostil: ciudades que no acogen

Cada vez más ciudades adoptan estrategias de diseño que desalientan el descanso, la permanencia y la interacción. Bancos divididos, aspersores nocturnos o barreras invisibles son parte de una arquitectura hostil que no solo incomoda, sino que define quién merece estar y quién debe desaparecer del espacio público.

La arquitectura hostil, también conocida como diseño defensivo, exclusionary design o anti-homeless, es una estrategia de diseño urbano que altera el mobiliario y las superficies públicas para desalentar conductas como sentarse, tumbarse, patinar o improvisar refugios, y con ello aleja de la escena a colectivos concretos, sobre todo personas sin hogar, jóvenes y usuarios con movilidad reducida. 

Sus formas van desde pinchos en repisas y bancos segmentados hasta riego nocturno automático disuasorio. Aunque sus precedentes se remontan al higienismo del siglo XIX, en la última década estas tácticas han ganado visibilidad y controversia porque transforman el espacio público en una herramienta de control más que de convivencia

Este tipo de arquitectura ha pasado de meras anécdotas aisladas a un patrón visible en las ciudades españolas. En marzo, la Puerta del Sol de Madrid se quedó sin asientos: el Ayuntamiento retiró los bancos durante las obras que preparan la instalación de toldos y anunció que, cuando vuelvan, serán piezas de granito que harán de anclaje para las velas de sombra. En Zaragoza, unos triángulos metálicos fijados al alféizar exterior de un McDonald’s del Coso obligaron a los repartidores a llevar sus propias sillas y reavivaron el debate sobre la proliferación de arquitectura hostil en la ciudad.

Mientras tanto, la Fundació Arrels ha cartografiado casi 950 elementos de mobiliario excluyente en el área metropolitana de Barcelona e invita a la ciudadanía a seguir documentándolos. 

Estos datos bastan para encuadrar el tema: el diseño urbano se está utilizando como herramienta de control sobre quién puede permanecer, descansar o simplemente ocupar el espacio público, abriendo un debate inevitable sobre la responsabilidad social de la arquitectura y el derecho a la ciudad.

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La Corte Internacional de Justicia prepara el terreno para sancionar la inacción climática

El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas) emitió una opinión consultiva que sostiene que la inacción frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional. 

El tribunal afirmó que los Estados están obligados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger un ambiente limpio, saludable y sostenible, y que el incumplimiento puede acarrear responsabilidad y reparaciones económicas o ecológicas.

El texto, adoptado por unanimidad, se extiende más allá del Acuerdo de París y ancla esas obligaciones en tratados ambientales existentes, en normas consuetudinarias (basadas en la costumbre) y en el marco de los derechos humanos. La CIJ subraya un deber de diligencia para prevenir daños significativos al sistema climático e incluye la necesidad de regular y supervisar a los actores privados sometidos a la jurisdicción estatal.

La opinión responde a una solicitud aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2023, impulsada por Vanuatu y otros pequeños Estados insulares que buscaban claridad jurídica para exigir responsabilidades a los grandes emisores. 

Además de reafirmar y aplicar el estándar de “daño significativo” (entendido como la combinación de probabilidad y magnitud del perjuicio, sin un umbral numérico cerrado), la CIJ insiste en que las obligaciones deben ejecutarse con base en la mejor ciencia disponible y mediante cooperación internacional efectiva. Esta lectura aporta un marco común para políticas climáticas más estrictas y reduce el margen de ambigüedad normativa.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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TISFD: hacia una mayor transparencia social en el ámbito corporativo

Foto de Bud Helisson en Unsplash

El 10% más rico de la población global acumula más de la mitad de los ingresos mundiales y tres cuartas partes de la riqueza total. Mientras esa pequeña fracción dispone de la mayoría de los ingresos mundiales, millones de personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas, una situación agravada por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

La desigualdad, si no se aborda adecuadamente, genera riesgos significativos tanto para la estabilidad económica como para el bienestar social. Los niveles extremos de desigualdad erosionan la cohesión social, inhiben la formación de capital humano y amenazan la estabilidad financiera. 

Estos problemas no solo afectan a las personas y comunidades, sino también a las empresas, que se ven afectadas por un entorno más inestable y complejo para operar. Estas tienen la responsabilidad de contribuir a una sociedad más justa y sostenible, abordando la desigualdad y fortaleciendo sus relaciones con las comunidades, fomentando la innovación y asegurando un futuro sostenible.

Con la idea de contribuir a esa responsabilidad corporativa nace la nueva iniciativa del Grupo de trabajo sobre desigualdad e información financiera de carácter social (Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures (TISFD)).

Este grupo de trabajo es una coalición formada por líderes de empresas globales, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, apoyada por el Foro Económico Mundial y otras entidades comprometidas con un sistema financiero más justo e inclusivo. 

La visión de TISFD no es solo cumplir con regulaciones, sino inspirar un cambio profundo en el papel de las empresas en la sociedad. Se trata de transformar la manera en que operan para que se conviertan en líderes en la lucha contra la desigualdad, no solo alineando sus estrategias con las expectativas de inversores y consumidores, sino también actuando como agentes de cambio positivo.

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