
La crisis climática, la pérdida de la biodiversidad o la contaminación no son exclusivas de países o regiones, sino que golpean en todos los lugares aunque de desigual manera. Sus efectos se ceban con aquellos lugares que ya son vulnerables por sí mismos y en los que las economías y las sociedades están más castigadas.
Ese es el caso de los países de América Latina y el Caribe en los que se espera que para 2030 los impactos socioeconómicos del cambio climático sean iguales o peores a los que causó la pandemia de la Covid-19 en 2020, con un aumento en la pobreza extrema hasta un total de 86 millones de personas.
Ante este horizonte, once países de la región se han comprometido a lograr cero emisiones netas, la mayoría de ellas para mediados de siglo. Esa transición a una economía neutral en carbono puede beneficiar a la región con 15 millones de empleos nuevos netos y un 1 % de crecimiento adicional del PIB para 2030.
Estas economías deberán redirigir entre el 7 % y el 19 % del PIB (hasta 1,3 billones de dólares) al año de su gasto público y privado hacia soluciones climáticas. Para ello, el financiamiento internacional jugará un rol fundamental, aunque se considera que será insuficiente.
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