Para los científicos, la mortífera ola de calor que batió récords hace unos días en algunas zonas del oeste de Estados Unidos y Canadá habría sido prácticamente imposible sin la influencia del cambio climático que ha hecho que las temperaturas extremas sean al menos 150 veces más probables.
Según la agencia estadounidense NOAA Climate.gov, siempre es difícil cuantificar de inmediato el impacto del cambio climático en un los eventos climático extremos, pero hay muchas pruebas que demuestran que las altas temperaturas y las olas de calor han empeorado debido al cambio climático.
De hecho, las olas de calor en los Estados Unidos se han producido con más frecuencia y han durado más tiempo desde la década de 1960, lo que es coherente con un calentamiento del clima debido al cambio climático. Y según el Índice de Extremos Climáticos de la NOAA, el suroeste de ese país ha experimentado un agrandamiento de la zona que sufre temperaturas altas extremas en verano durante los últimos veinte años, con muy poco alivio en los últimos seis años.
Y no sólo han aumentado las temperaturas en el pasado, sino que se prevé que sigan aumentandodebido a la liberación de gases de efecto invernadero. Concretamente, como se señala en el Informe Especial sobre la Ciencia del Clima, se espera que las temperaturas extremas aumenten aún más que las temperaturas medias en los Estados Unidos continentales. Eventos como esta ola de calor pueden ser raros todavía, pero serán más comunes a finales de siglo.
Las iniciativas tanto para mejorar el reciclaje de los desperdicios que generamos como para lograr una movilidad más sostenible son del todo necesarias, pero no a cualquier precio ni tampoco haciéndolo como si un elefante entrara en una cacharrería.
En la ciudad de Barcelona, la ciudadanía estamos sufriendo los efectos de experimentos del Ayuntamiento que nos acaban transportando a épocas medievales o que directamente en lugar de ofrecer una seguridad extra acaban suponiendo justamente lo contrario.
Me refiero, en primer lugar, a la implantación de un sistema que, sobre el papel, debería promocionar la recogida selectiva de residuos tanto de negocios como de particulares y basado en la realización de una selección de dichos residuos en base a si son (a grandes rasgos) orgánicos, de vidrio, de papel o cartón, plástico o de otro tipo.
¿A priori suena bien, no? ¿Quién, mínimamente concienciado por la sostenibilidad, no querría una mejora del reciclaje de sus desperdicios?
Probablemente todos diríamos que adelante con la idea ya que muchos de nosotros ya hacíamos esa selección de los residuos con anterioridad, y un buen sistema haría que otros se animaran. Pero lo que están empezando a hacer en el barrio de Sant Andreu, tras haberlo implementado anteriormente en el de Sarrià Vell, en lugar de promocionar el reciclaje está consiguiendo no solo el enfado de los vecinos sino también un sentimiento anti reciclaje entre muchos de ellos.
A pesar de la reducción temporal de las emisiones en 2020 relacionada con las medidas adoptadas en respuesta a la COVID-19, las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero, CO2, CH4 y N2O, han seguido aumentando.
Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el informe “State of the Global Climate 2020” recientemente publicado por la Organización Meteorológica Mundial (WMO).
Han pasado 28 años desde que esta organización publicó su primer informe sobre el estado del clima en 1993 a raíz de la preocupación que suscitó en aquel momento el cambio climático previsto. Aunque la comprensión del sistema climático y la potencia de cálculo han aumentado desde entonces, el mensaje básico sigue siendo el mismo, y ahora tenemos muchos más años de datos que muestran aumentos significativos de la temperatura en la tierra y el mar, así como otros cambios, como el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo marino y los glaciares y los cambios en los patrones de precipitación.
Todos los indicadores climáticos clave y la información sobre el impacto proporcionada en el informe muestran un cambio climático implacable y continuo, una creciente ocurrencia e intensificación de eventos de alto impacto y graves pérdidas y daños.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es “verde” o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía “es un documento vivo” que “evolucionará con la ciencia y la tecnología”, y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
En la actualidad, se calcula que más de 3.000 millones de personas en ciudades, pueblos y aldeas de todas las regiones del mundo carecen de acceso al agua potable y que la cantidad de agua dulce disponible por persona se ha reducido en una quinta parte en dos décadas.
Cada año, cerca de 300.000 niños menores de cinco años mueren por causas relacionadas con el agua sucia y el saneamiento deficiente.
Como resultado del incumplimiento del derecho humano básico de acceso al agua, se generan importantes consecuencias para la salud pública que además impiden el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza.
También, el cambio climático juega un papel muy importante en la escasez de agua y las proyecciones indican que, si no mantenemos el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados, habrá graves consecuencias en la disponibilidad de agua suficiente y limpia para las necesidades humanas básicas y para la producción de alimentos y energía.
Por su parte, los ecosistemas acuáticos también se resienten, habiéndose producido desde 1970 un descenso del 84% en el tamaño de las poblaciones de especies de agua dulce, en comparación con un descenso del 68% en todas las especies. Estamos perdiendo humedales tres veces más rápido que bosques naturales, nada menos que el 87% de los humedales del mundo desde 1700.
El blockchain, ese palabro relativamente reciente y mayormente desconocido para la mayoría de todos nosotros, empieza a ser en la actualidad y lo será más en un futuro, protagonista de debate en cuanto a los pros y los contras que tiene respecto a la sostenibilidad.
Detrás de esa denominación, que traducida al español sería cadena de bloques, se encuentra una tecnología sobre todo conocida por ser la que está detrás del funcionamiento de las llamadas criptomonedas, entre las cuales la más famosa es el Bitcoin.
Pero dicha tecnología va más allá de las criptomonedas y puede hacerse servir en diferentes campos, muchos de los cuales relacionados con la mejora de la sostenibilidad, tal y como ya comentamos en esta revista en el artículo “‘Blockchain’: un mundo de utilidades para la sostenibilidad”.
Entre los beneficios de la cadena de bloques estaba, por ejemplo, la transparencia e inmutabilidad de los datos, la desintermediación en los procesos llevados a cabo, o los costes más bajos y transacciones más rápidas.
Esos beneficios se traducirían en utilidades como el tener un reporting de sostenibilidad y cadena de suministros más controlados, mayor transparencia en las donaciones a ONG’s, su aplicación a los créditos de carbono para crear una «moneda de carbono», u otras grandes posibilidades de la tecnología en la creación de nuevas iniciativas en materia de sostenibilidad.
A medida que el mundo se enfrenta a reveses económicos, sanitarios y sociales debido a la pandemia de la Covid-19, las soluciones que resuelven múltiples problemas son más importantes que nunca y pueden maximizar los recursos limitados.
Un caso en el que se puede aplicar la máxima anterior es en el de la reducción de emisiones de CO2 de nuestras ciudades. Aunque las ciudades cubren solo el 3% de la superficie terrestre, consumen el 78% de la energía primaria del mundo y generan más del 70% de las emisiones de carbono, principalmente a través de los edificios, la energía y el transporte.
En la actualidad, el 54% de la población mundial vive en ciudades, un porcentaje que se prevé que aumente hasta el 68% en 2050. Para mantener el aumento de la temperatura global en 1,5 º C o menos, las ciudades tienen que conseguir que sus emisiones sean nulas a mediados de siglo.
Publicado días antes de la cumbre de Davos del pasado mes de enero, el informe del World Economic Forum (WEF) titulado “Net Zero Carbon Cities: An Integrated Approach” proporciona un marco global para lograr ciudades bajas en emisiones de carbono y recomienda un enfoque energético integrado, definido como “eficiencia sistémica”, como solución a la actual crisis medioambiental, económica, sanitaria y social.
El turbulento año 2020 ha puesto de manifiesto los muchos retos a los que se enfrenta la industria de la moda, incluyendo entre ellos las relaciones con los proveedores, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las estructuras de empleo, la sobreproducción y el despilfarro.
Estos problemas sistémicos también son también evidentes en la amenaza inminente del cambio climático, la cual se prevé que cree impactos socioeconómicos crecientes en los próximos años.
Para realizar un análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la moda y esbozar las áreas en las que sus diferentes actores pueden centrar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos climáticos, McKinsey & Company en asociación con Global Fashion Agenda (GFA) ha realizado el informe “Fashion on climate. How the fashion industry can urgently act to reduce its greenhouse gas emissions”.
Este documento está dirigido a los grupos de interés, entre ellos marcas, minoristas, fabricantes, ciudadanos, inversores y encargados de la formulación de políticas, con el objetivo de colocar a la industria de la moda en la senda de los 1,5 oCde incremento máximo de la temperatura media de nuestro planeta.
El Congreso de Responsabilidad Social, referente obligado para los interesados en la responsabilidad social, se ha desarrollado los días 10, 11 y 12 de febrero, tanto de manera presencial como virtual a través de una plataforma que además de permitir seguir las ponencias facilitaba el contacto en línea entre los asistentes, reemplazando así al clásico networking que se desarrolla paralelamente en este tipo de eventos.
En la séptima edición de esta cita bienal, el Congreso ha dejado de lado su denominación nacional para pasar a ser internacional, al abrirse la participación tanto a ponentes como a asistentes internacionales.
En esta ocasión, el título elegido por el Comité Científico del Congreso ha sido “Responsabilidad Social: Medir para transformar”, resaltando que no es posible hablar de gestión de responsabilidad social si las organizaciones y las empresas no son capaces de rendir cuentas de manera transparente sobre las iniciativas que llevan a cabo.
Durante los tres días del evento se realizaron diversas ponencias y mesas de diálogo que trataron, entre otros temas, sobre propósito, comunicación, sostenibilidad, formación, fiscalidad, empleo o medio ambiente, siempre desde la perspectiva de cómo medir el progreso en dichos ámbitos.
En los últimos años, el reporte de información no financiera se ha desarrollado de manera positiva y en el futuro próximo es probable que se produzca una mayor aceleración en su uso debido al surgimiento de varias iniciativas internacionales encaminadas a la convergencia de las normas de presentación de informes.
En la actual coyuntura, ha aumentado el impulso de la fusión de las principales normas de presentación de información no financiera y los inversores también han comenzado a sumarse al debate, mientras que las empresas que presentan informes están expresando su frustración por la falta de normas armonizadaspara la presentación de informes no financieros.
Además, hay otras situaciones que empujan al reporte no financiero a alcanzar mayores cotas de importancia y utilización. Por ejemplo, la Unión Europea está actualizando la Directiva de la UE sobre informes no financieros y está considerando la posibilidad de elaborar normas de información no financiera.
Por su parte, el Foro Económico Mundial ha publicado su documento sobre métricas comunes y presentación de informes coherentes para la creación de valor sostenible, en el que se definen 21 métricas básicas, y las cinco principales organizaciones de informes no financieros (GRI, SASB, IIRC, CDSB y CDP) han publicado una declaración de intenciones, comprometiéndose a trabajar conjuntamente para lograr una información corporativa completa.
