En 2019, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) lanzó los Principios para una Banca Responsable (PRB por sus siglas en inglés) con el objetivo de marcar el camino para que el sector bancario mundial responda, impulse y se beneficie de una economía de desarrollo sostenible.
Desde entonces, bancos de todo el mundo, representando a más del 40% del sistema bancario mundial, han colaborado en la aplicación de las acciones para lograr un cambio significativo a la hora de abordar los problemas medioambientales, económicos y sociales más acuciantes, así como para poner en marcha estructuras de gobierno que apoyen la aplicación y la rendición de cuentas.
El informe “Responsible Banking: Building Foundations” publicado por el United Nations Environment Programme, sintetiza los informes individuales de 203 signatarios de la iniciativa, proporcionando una actualización del estado de sus progresos en la aplicación del marco del PRB, y de las medidas tomadas para alinear sus estrategias empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo Climático de París.
La economía circular se ha convertido en un marco poderoso para detener la pérdida de biodiversidad mediante un cambio transformador en nuestra actual economía extractiva, derrochadora y contaminante.
Mientras el planeta se enfrenta a proyecciones de pérdida de más de un millón de especies en la próxima década, la biodiversidad ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda mundial.
Más del 90% de la pérdida de esa biodiversidad se debe a la extracción y el procesamiento de los recursos naturales, tal y como indica el informe “The Nature Imperative: How the circular economy tackles biodiversity loss” de la Ellen MacArthur Foundation.
Ese documento se basa en las ideas sobre los beneficios medioambientales de la economía circular expuestas en anteriores informes de investigación publicados y tiene como objetivo detallar el papel específico de cada principio de la economía circular y su aplicabilidad en todos los sectores a la hora de mejorar esa maltrecha biodiversidad.
A comienzos de septiembre, y tras ser respaldado anteriormente por los países del G-7 y el G-20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado por aprobado un pacto global para aplicar un impuesto global del 15% sobre los beneficios de las grandes empresas internacionales a partir de 2023.
Un acuerdo internacional histórico que nos acercará a una recaudación de impuestos más justa y garantizará que estas empresas paguen una parte de impuestos allí donde operen y generen beneficios, suponiendo la reasignación a países de todo el mundo de los beneficios de unas 100 de las empresas multinacionales más grandes y rentables del planeta.
Llegar a este pacto ha sido de todo menos sencillo y ha costado años de complicadas negociaciones para que finalmente 136 países (que representan más del 90% del PIB mundial) de los 140 de la OCDE se pusieran de acuerdo para implementar este nuevo sistema de impuestos. Tras las últimas incorporaciones de Estonia, Hungría e Irlanda, aún quedan por unirse a él países como Pakistán, Nigeria, Kenia y Sri Lanka.
La integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el análisis de las inversiones en acciones cotizadas es la práctica de inversión responsable más extendida en el mercado actual.
Varios factores, entre ellos la afluencia de capital a los fondos que integran factores ASG y el creciente conocimiento de las investigaciones académicas que respaldan los beneficios, están animando a cada vez más inversores a practicar la integración de los ASG.
La inversión socialmente responsable (ISR) surgió en la década de 1970, principalmente debido a que las organizaciones religiosas creían que sus actividades de inversión debían reflejar sus valores y que su presencia como inversores podía cambiar las prácticas de las empresas.
La ISR se consideraba en gran medida una actividad marginal, pero a medida que los inversores han explorado los beneficios financieros de los enfoques de inversión responsable y los gestores de inversiones han ido respondiendo a las demandas de los propietarios de activos, la cantidad de activos gestionados por la ISR y las estrategias ESG ha crecido drásticamente.
El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha sido demoledor en cuanto a sus resultados. Por si quedaba alguna duda, el estudio deja claro que el papel dominante del ser humano en el cambio climático reciente es evidente.
Esta conclusión se basa en una síntesis de la información procedente de múltiples líneas de evidencia, incluidas las observaciones directas de los cambios recientes en el clima de la Tierra, los análisis de los anillos de los árboles, los núcleos de hielo y otros registros a largo plazo que documentan cómo ha cambiado el clima en el pasado, así como las simulaciones por ordenador basadas en la física fundamental que rige el sistema climático.
El cambio climático ya ha aumentado lamagnitud y la frecuencia de los eventos extremos de calor y ha disminuido la magnitud y la frecuencia de los eventos extremos de frío y, en algunas regiones, ha intensificado los eventos extremos de precipitación.
A pesar de los importantes avances hasta la fecha, los mercados de capitales siguen operando más allá de los límites de la sostenibilidad y el business as usual está teniendo un impacto devastador al impulsar el cambio climático, la destrucción de la naturaleza y el aumento de los niveles de contaminación.
Los mercados de capitales deben tratar todos estos riesgos como los graves y sistémicos que son, por lo que invertir y colaborar para lograr un impacto sostenible ya no es opcional.
Con el objetivo de ofrecer un plan para alinear mejor la provisión de financiación con los objetivos de sostenibilidad, analizando las oportunidades y los obstáculos existentes, The Generation Foundation, Principles for Responsible Investment y United Nations Environment Programme han publicado el informe “A legal framework for impact: Sustainability impact in investor decision-making”.
Un estudio realizado por el World Benchmarking Alliance (WBA), el más exhaustivo sobre el rendimiento de la industria del petróleo y el gas con respecto a los objetivos climáticos de París, muestra que, sin una acción inmediata y decisiva, ese sector impediría al planeta cumplir el escenario de calentamiento global de 1,5 °C del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) para 2050.
El Índice de referencia de clima y energía del WBA es un mecanismo de rendición de cuentas que evalúa, en colaboración con el Carbon Disclosure Project (CDP) y la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (AEDEME), el progreso de las 100 empresas de petróleo y gas más influyentes del mundo con respecto al Acuerdo de París y si éstas están contribuyendo a una transición justa hacia un futuro de cero emisiones.
En esta nueva era para la producción de energía, las empresas de petróleo y gas se encuentran en la encrucijada de transformarse o volverse redundantes, y ya no pueden alegar ignorancia sobre la urgencia del cambio. Para sobrevivir, el sector debe reconocer la necesidad urgente de una transformación total y trabajar en la dirección correcta para poder afrontar este reto.
La primera edición de BforPlanet, el salón organizado por Fira de Barcelona para promover la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, se ha celebrado los días 7 y 8 de julio en el Palau de Congressos del recinto de Montjuïc, reuniendo a 83 expertos internacionales y 40 empresas, y registrando unos 1.000 asistentes presenciales, y otros 4.000 digitales, procedentes de 38 países, que siguieron las conferencias a través de la plataforma online.
El evento pretende crear una plataforma para el avance de las alianzas de los ODS en el espíritu del Objetivo 17: «fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible».
Debido a la pandemia de la COVID-19, esta primera edición del BforPlanet ha sido concebida como un evento híbrido físico-virtual, y ha reunido a un amplio plantel de participantes entre expertos, altos cargos políticos, directivos de empresas y representantes de instituciones y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, la ONU, la UE, el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña o el World Wildlife Fund, y empresas como Amazon, Agbar, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Renfe o BBVA, entre otras.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es «verde» o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía «es un documento vivo» que «evolucionará con la ciencia y la tecnología», y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
En el campo de la sostenibilidad vivimos en un continuo cambio, se proponen nuevas iniciativas y en poco tiempo se van cambiando y transformando para que se adapten mejor a la realidad en la que vivimos.
Un ejemplo de ello es la propuesta de Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD), que modificaría los actuales requisitos de información en virtud de la Directiva sobre información no financiera (NFRD) y trataría de garantizar que las empresas proporcionen información coherente y comparable sobre sostenibilidad.
Otros ejemplos muy recientes de cambios e iniciativas han sido el Acto Delegado de la UE sobre la taxonomía del clima, cuyo objetivo es identificar las actividades económicas que mejor contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, y los seis actos delegados sobre deberes fiduciarios, inversiones y asesoramiento en materia de seguros, que persiguen garantizar que las empresas financieras incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y en el asesoramiento sobre inversiones a sus clientes
La taxonomía climática tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles mediante la definición de criterios técnicos de selección para la información exigida por el Reglamento sobre la taxonomía de la UE y, a día de hoy, todavía supone una gran confusión para muchas empresas, pero en este artículo no vamos a entrar en ella y nos vamos a centrar en la Directiva sobre informes de sostenibilidad.
El blog de Albert Vilariño 