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Gobernar en terreno inestable: cómo navegar el nuevo mapa de riesgos de 2026

Foto de GR Stocks en Unsplash

La gobernanza corporativa, la “G” de ASG (ambiental, social y gobernanza, también conocido como ESG), se asocia con frecuencia a buen gobierno interno (cumplimiento, anticorrupción, transparencia y controles), pero en 2026 ese marco puede quedarse corto si se mira el contexto de riesgos. 

El Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) sitúa la confrontación geoeconómica como el riesgo principal para 2026 y coloca la desinformación y la polarización social dentro de los cinco riesgos principales para ese año.

El informe no solo enumera riesgos, también ayuda a entender cómo se conectan. Entre los cinco principales riesgos de 2026 aparecen, junto a la confrontación geoeconómica, el conflicto armado entre estados y los fenómenos meteorológicos extremos, lo que es coherente con un entorno donde se mezclan tensiones entre países, impactos físicos y fractura social. Y cuando el WEF mira a dos años, sitúa la desinformación en segunda posición por severidad, una señal de que el riesgo no es puntual y puede agravarse.

Con esa lectura, el Foro describe una “era de la competencia” marcada por fragmentación, en la que el comercio, la tecnología y las finanzas se usan cada vez más como instrumentos en la rivalidad entre bloques, en un contexto que dificulta la cooperación multilateral. En ese escenario, decisiones que antes parecían relativamente estables (dónde producir, a qué mercados vender, qué proveedores son críticos y por qué rutas se mueve el valor) pueden verse afectadas por tensiones geopolíticas, restricciones y cambios regulatorios.

Eso obliga a que la gobernanza se traduzca en decisiones operativas, no solo en políticas. Definir límites de exposición, acordar qué señales activan planes alternativos y, al mismo tiempo, poner orden en lo que la empresa comunica, de forma que cualquier mensaje relevante pueda sostenerse con datos, método y un rastro interno claro para defenderlo si se cuestiona.

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Los mercados privados prueban que la sostenibilidad crea valor real

Foto de Tech Daily en Unsplash

Los fondos de capital privado están demostrando que la sostenibilidad puede medirse en beneficios económicos, no solo en intenciones. El seguimiento de miles de empresas participadas muestra mejoras tangibles en eficiencia, clima y gestión de personas. Todo esto tiene un resultado claro: negocios más rentables y preparados para competir a largo plazo.

Durante años se ha hablado de sostenibilidad en los mercados financieros como un compromiso moral o una cuestión reputacional, pero, hoy en día, los datos dicen otra cosa. En los mercados privados (donde los fondos de inversión adquieren compañías, las gestionan durante varios años y luego las venden o sacan a bolsa) la sostenibilidad se está convirtiendo en una fuente medible de creación de valor.

El estudio Sustainability in Private Markets elaborado por Boston Consulting Group y la ESG Data Convergence Initiative (EDCI) en octubre de 2025 es una de las bases más sólidas que existen para afirmarlo. Reúne información real de más de 9.000 empresas de cartera gestionadas por 320 fondos de capital privado en todo el mundo. Su objetivo es comprobar qué impacto tienen las medidas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los resultados empresariales.

Los datos son concluyentes: las gestoras que integran la sostenibilidad en sus planes de negocio obtienen un aumento medio del 4 % al 7 % en el EBITDA durante el tiempo que mantienen las empresas en su cartera. El EBITDA es un indicador que refleja la rentabilidad operativa de un negocio, es decir, cuánto gana antes de descontar impuestos, intereses y amortizaciones. En otras palabras, muestra si las mejoras en eficiencia o productividad se traducen en resultados reales.

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Europa reordena la sostenibilidad en 2026: cuatro frentes que cambian la agenda

Foto de Brett Jordan en Unsplash

El arranque de 2026 obliga a revisar planes que muchas empresas ya habían dado por cerrados. El paquete Ómnibus de simplificación, impulsado por la Comisión Europea, ha reordenado parte del calendario y ha abierto cambios de contenido en el núcleo del reporting y la diligencia debida.  A la vez, el año trae fechas que sí se cumplen y que se notan en operaciones, producto y comunicación, con implicaciones directas en importaciones, envases y mensajes ambientales al mercado.

En muchas compañías, los cambios regulatorios en sostenibilidad ya no se gestionan como un apéndice. Por eso, cuando Bruselas mueve fechas o revisa requisitos, el efecto se nota rápido en proyectos que ya estaban en marcha, sobre todo en sistemas de datos, en circuitos de evidencia y en la coordinación entre áreas.

El paquete Ómnibus ha introducido precisamente ese tipo de ajuste. La Comisión Europea presentó el paquete como un conjunto de medidas para simplificar y, de forma explícita, incluyó una propuesta para aplazar dos años requisitos de reporte que estaban previstos para 2026 o 2027, con el argumento de ganar tiempo para acordar cambios sustantivos.  

El Consejo confirmó la aprobación de esa medida de aplazamiento en abril de 2025, subrayando la búsqueda de seguridad jurídica y competitividad. Ese cambio de ritmo está obligando a muchas organizaciones a revisar su hoja de ruta. Algunas líneas de trabajo se recalibran, otras se consolidan y otras conviene no cerrarlas todavía mientras el marco siga en revisión.

Por otra parte, 2026 no se va a vivir solo en clave corporativa. Hay frentes que entran en fase operativa dentro del propio año y que obligan a actuar, e incluso si parte del reporting se reprograma, generando una agenda más exigente.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

Foto de Fotos en Unsplash

La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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Directiva Whistleblowing: seis años de avances… y asignaturas pendientes

Foto de Iqro Rinaldi en Unsplash

Cinco años después de que la Unión Europea aprobara la Directiva sobre protección de denunciantes, todos los Estados miembros han incorporado la norma a su legislación, pero muy pocos la aplican con pleno alcance. Mientras la justicia europea sanciona a los gobiernos que siguen sin cumplir, las empresas descubren que proteger a quienes se atreven a hablar no es solo un imperativo legal, sino una estrategia clave para su futuro.

En diciembre de 2019, la UE dio un paso decisivo en su apuesta por la transparencia y la integridad. Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas quiso garantizar que cualquier persona (empleado, proveedor, cliente o colaborador) pudiera informar sobre infracciones del Derecho europeo sin miedo a sufrir represalias.

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

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La circularidad retrocede en un mundo cada vez más consumista

Foto de Katie Rodriguez en Unsplash

La economía mundial consume ya más de 106.000 millones de toneladas de materiales al año, pero solo el 6,9% vuelve a los ciclos productivos. El Circularity Gap Report 2025 certifica que la brecha de circularidad no deja de ensancharse y que la extracción virgen crece más rápido que cualquier esfuerzo de recuperación.

Hace apenas cinco décadas el mundo utilizaba unos 28.000 millones de toneladas de recursos al año; hoy esa cifra se ha cuadruplicado y la mayor parte sigue un trayecto lineal: se extrae, se fabrica, se descarta. El Circularity Gap Report 2025 de Circle Economy detalla que, de cada cien toneladas movilizadas en 2021, más de 93 eran vírgenes y apenas sieteprocedían de circuitos de recuperación. Esa proporción confirma una tendencia descendente iniciada en 2018 y revela que los esfuerzos de reciclaje no consiguen compensar la voracidad con la que el sistema económico incorpora materiales nuevos.

Detrás del retroceso no hay un colapso de la separación de residuos (la masa recuperada incluso sube de 7,1 a 7,3 Gt entre 2018 y 2021), sino un crecimiento de la demanda que desborda cualquier mejora en circularidad. El informe subraya que 38% de los recursos queda inmovilizado en edificios e infraestructuras de larga vida, lo que aplaza durante décadas su retorno al ciclo productivo y tensiona los mercados de chatarra y áridos reciclados.

Las proyecciones tampoco ofrecen respiro: si el modelo lineal persiste, la extracción anual podría aumentar otro 60% para 2060, superando los 160.000 millones de toneladas y alejando los objetivos climáticos y de biodiversidad. 

En respuesta, el informe insta a pasar de las mejoras puntuales a estrategias sistémicas que combinen reducción, prolongación de vida útil y diseño regenerativo. Sin abordar a la vez el volumen total de materiales y la proporción que realmente se recircula, la transición climática carecerá de la base física necesaria.

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Greenwashing: los reclamos publicitarios bajo la lupa de la OCDE

Foto de Saffu en Unsplash

Más del 40% de los comercios electrónicos estudiados por la OCDE emplean tácticas posiblemente engañosas al describir las credenciales ambientales de sus productos. Esa estadística, que afecta casi a la mitad del escaparate digital mundial, sirve de indicador de un problema más profundo: el greenwashing deja al consumidor sin referencias fiables, distorsiona los incentivos de inversión y retrasa la adopción de innovaciones verdaderamente limpias.

Ese problema se agrava porque el interés por lo “verde” es claro: 48% de los consumidores europeos afirma preferir artículos con alguna etiqueta ambiental y 45% de los australianos declara que la sostenibilidad influye a menudo en su compra.

Según el informe Digital Economy Paper n.º 375, “Protecting and Empowering Consumers in the Green Transition: Misleading Green Claims”, publicado en mayo por la OCDE, al falsear la información ambiental de los productos, los comercios inducen decisiones de compra subóptimas y desplazan inversión lejos de compañías que sí innovan en ecodiseño o descarbonización. 

Mientras que estas prácticas erosionan el poder adquisitivo de los consumidores, el deterioro reputacional para las empresas tampoco se queda atrás: en un mercado gobernado por las redes sociales, una sola publicación que desenmascare un reclamo publicitario exagerado puede desencadenar una crisis que desplome en días el valor bursátil o la demanda de una marca.

A este escenario se suma el greenhushing, tendencia por la que muchas firmas optan por silenciar sus avances ambientales para evitar el escrutinio público o posibles sanciones. Esa autocensura bloquea la difusión de mejores prácticas y, paradójicamente, priva al consumidor de señales claras sobre soluciones más sostenibles. 

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Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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