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La juventud en pausa: por qué cada vez cuesta más construir un futuro propio

Foto de Chang Duong en Unsplash

Youth Pulse 2026 reúne respuestas de más de cuatro mil jóvenes de entre 18 y 30 años en 144 países y territorios. En lugar de buscar una “foto de generación” fácil, el informe dibuja un paisaje más incómodo y, por eso mismo, más útil: una juventud que no se explica con un solo titular, pero que sí comparte una sensación reconocible de estar haciendo cuentas todo el rato.

En el debate público, la juventud suele acabar atrapada entre dos caricaturas. A veces se la presenta como una generación perdida, condenada a encadenar crisis sin margen de maniobra; otras, como un bloque homogéneo que trae el cambio por simple efecto de edad. Los datos del informe, elaborado por el World Economic Forum (WEF) y publicado en enero, apuntan hacia un punto intermedio que se parece más a la vida real. 

Lo que aparece es una generación que, esté donde esté, se hace preguntas muy parecidas, como cuánto cuesta vivir, qué margen existe para independizarse, qué oportunidades reales hay al salir del sistema educativo, qué parte de la vida se desplaza a lo digital y qué se pierde por el camino.

La sensación de presión no nace de una única preocupación, sino del encaje de varias piezas que se refuerzan entre sí. En primer lugar, pesa lo material. El coste de vida, la vivienda y la desigualdad aparecen como una especie de suelo inestable sobre el que es difícil construir planes. 

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La nueva contabilidad del salario digno: inversores y la ONU mueven ficha

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash

El año 2025 se perfilaba como el “año del salario digno” en las agendas globales, pero irónicamente aún no existe un consenso sobre cómo medirlo de forma unificada. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordó en 2024 una definición formal de salario digno y subrayó que es fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad, y grandes empresas multinacionales téxtiles, desde Inditex hasta Kering, proclamaron su compromiso con pagar un salario digno a los trabajadores. 

Sin embargo, un reciente informe realizado por la Platform Living Wage Financials (PLWF) que evaluó a 33 compañías de moda reveló una “evidencia limitada de impacto en el mundo real” pese a todos esos compromisos. 

A solo cinco años de la meta 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la distancia entre la retórica y la realidad persiste, en buena parte por la ausencia de indicadores comunes y datos comparables sobre salarios dignos.

Esta falta de métricas estandarizadas no ha pasado desapercibida. Durante años, los factores sociales del ASG se consideraban asuntos cualitativos o de reputación difíciles de cuantificar. No existían datos auditables ni homogéneos sobre algo tan básico como si una empresa paga lo suficiente a sus trabajadores para vivir con dignidad. 

Eso está empezando a cambiar drásticamente en 2025: la PLWF (plataforma de inversores con activos superiores a 7 billones de dólares bajo gestión) ha adoptado una política que exige a todas las empresas en su cartera divulgar y gestionar la “brecha de salario digno” entre lo que ganan sus empleados (directos y en la cadena de suministro) y un estándar de salario digno reconocido. 

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¿Quién vigila a los ratings ASG? Así va a cambiar su gobernanza en Europa

Foto de Brett Jordan en Unsplash

Las calificaciones de sostenibilidad han ido ganando poder en silencio en los últimos años. Influyen en qué empresas entran en índices, en cómo se percibe el riesgo de un bono o en qué productos se venden como sostenibles a clientes minoristas. Sin embargo, quienes ponen la nota han operado en un terreno poco regulado, con metodologías opacas y reglas dispares según el proveedor. 

Con el Reglamento (UE) 2024/3005 sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación ASG (por ambiental, social y de gobernanza), la Unión Europea ha dejado claro que ya no vale seguir funcionando sin reglas comunes: define qué es una calificación ASG, establece requisitos comunes y traslada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) la supervisión directa de los proveedores.

En el actual mercado apenas había supervisión nacional, con importantes divergencias entre Estados miembros, falta de transparencia metodológica, conflictos de interés y dificultades para comparar calificaciones. Todo ello, según el texto de del Reglamento, creaba obstáculos al funcionamiento del mercado interior y podía distorsionar decisiones de inversión.

Esta nueva norma entró en vigor el 1 de enero de 2025, pero su aplicación efectiva se retrasa hasta el 2 de julio de 2026, fecha a partir de la cual los proveedores que operen en la Unión deberán estar autorizados o reconocidos por ESMA o, como mínimo, haber notificado su intención de seguir operando y estar en proceso de autorización.

Además, el Reglamento impone a ESMA la elaboración de varias normas técnicas de desarrollo, conocidas como normas técnicas de regulación, que concretan cómo deben solicitar la autorización los proveedores, qué información deben divulgar, de qué manera deben separar actividades potencialmente conflictivas y cómo deben organizar su gobernanza interna. 

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Gobernar en terreno inestable: cómo navegar el nuevo mapa de riesgos de 2026

Foto de GR Stocks en Unsplash

La gobernanza corporativa, la “G” de ASG (ambiental, social y gobernanza, también conocido como ESG), se asocia con frecuencia a buen gobierno interno (cumplimiento, anticorrupción, transparencia y controles), pero en 2026 ese marco puede quedarse corto si se mira el contexto de riesgos. 

El Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) sitúa la confrontación geoeconómica como el riesgo principal para 2026 y coloca la desinformación y la polarización social dentro de los cinco riesgos principales para ese año.

El informe no solo enumera riesgos, también ayuda a entender cómo se conectan. Entre los cinco principales riesgos de 2026 aparecen, junto a la confrontación geoeconómica, el conflicto armado entre estados y los fenómenos meteorológicos extremos, lo que es coherente con un entorno donde se mezclan tensiones entre países, impactos físicos y fractura social. Y cuando el WEF mira a dos años, sitúa la desinformación en segunda posición por severidad, una señal de que el riesgo no es puntual y puede agravarse.

Con esa lectura, el Foro describe una “era de la competencia” marcada por fragmentación, en la que el comercio, la tecnología y las finanzas se usan cada vez más como instrumentos en la rivalidad entre bloques, en un contexto que dificulta la cooperación multilateral. En ese escenario, decisiones que antes parecían relativamente estables (dónde producir, a qué mercados vender, qué proveedores son críticos y por qué rutas se mueve el valor) pueden verse afectadas por tensiones geopolíticas, restricciones y cambios regulatorios.

Eso obliga a que la gobernanza se traduzca en decisiones operativas, no solo en políticas. Definir límites de exposición, acordar qué señales activan planes alternativos y, al mismo tiempo, poner orden en lo que la empresa comunica, de forma que cualquier mensaje relevante pueda sostenerse con datos, método y un rastro interno claro para defenderlo si se cuestiona.

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Los mercados privados prueban que la sostenibilidad crea valor real

Foto de Tech Daily en Unsplash

Los fondos de capital privado están demostrando que la sostenibilidad puede medirse en beneficios económicos, no solo en intenciones. El seguimiento de miles de empresas participadas muestra mejoras tangibles en eficiencia, clima y gestión de personas. Todo esto tiene un resultado claro: negocios más rentables y preparados para competir a largo plazo.

Durante años se ha hablado de sostenibilidad en los mercados financieros como un compromiso moral o una cuestión reputacional, pero, hoy en día, los datos dicen otra cosa. En los mercados privados (donde los fondos de inversión adquieren compañías, las gestionan durante varios años y luego las venden o sacan a bolsa) la sostenibilidad se está convirtiendo en una fuente medible de creación de valor.

El estudio Sustainability in Private Markets elaborado por Boston Consulting Group y la ESG Data Convergence Initiative (EDCI) en octubre de 2025 es una de las bases más sólidas que existen para afirmarlo. Reúne información real de más de 9.000 empresas de cartera gestionadas por 320 fondos de capital privado en todo el mundo. Su objetivo es comprobar qué impacto tienen las medidas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los resultados empresariales.

Los datos son concluyentes: las gestoras que integran la sostenibilidad en sus planes de negocio obtienen un aumento medio del 4 % al 7 % en el EBITDA durante el tiempo que mantienen las empresas en su cartera. El EBITDA es un indicador que refleja la rentabilidad operativa de un negocio, es decir, cuánto gana antes de descontar impuestos, intereses y amortizaciones. En otras palabras, muestra si las mejoras en eficiencia o productividad se traducen en resultados reales.

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Europa reordena la sostenibilidad en 2026: cuatro frentes que cambian la agenda

Foto de Brett Jordan en Unsplash

El arranque de 2026 obliga a revisar planes que muchas empresas ya habían dado por cerrados. El paquete Ómnibus de simplificación, impulsado por la Comisión Europea, ha reordenado parte del calendario y ha abierto cambios de contenido en el núcleo del reporting y la diligencia debida.  A la vez, el año trae fechas que sí se cumplen y que se notan en operaciones, producto y comunicación, con implicaciones directas en importaciones, envases y mensajes ambientales al mercado.

En muchas compañías, los cambios regulatorios en sostenibilidad ya no se gestionan como un apéndice. Por eso, cuando Bruselas mueve fechas o revisa requisitos, el efecto se nota rápido en proyectos que ya estaban en marcha, sobre todo en sistemas de datos, en circuitos de evidencia y en la coordinación entre áreas.

El paquete Ómnibus ha introducido precisamente ese tipo de ajuste. La Comisión Europea presentó el paquete como un conjunto de medidas para simplificar y, de forma explícita, incluyó una propuesta para aplazar dos años requisitos de reporte que estaban previstos para 2026 o 2027, con el argumento de ganar tiempo para acordar cambios sustantivos.  

El Consejo confirmó la aprobación de esa medida de aplazamiento en abril de 2025, subrayando la búsqueda de seguridad jurídica y competitividad. Ese cambio de ritmo está obligando a muchas organizaciones a revisar su hoja de ruta. Algunas líneas de trabajo se recalibran, otras se consolidan y otras conviene no cerrarlas todavía mientras el marco siga en revisión.

Por otra parte, 2026 no se va a vivir solo en clave corporativa. Hay frentes que entran en fase operativa dentro del propio año y que obligan a actuar, e incluso si parte del reporting se reprograma, generando una agenda más exigente.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

Foto de Fotos en Unsplash

La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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Directiva Whistleblowing: seis años de avances… y asignaturas pendientes

Foto de Iqro Rinaldi en Unsplash

Cinco años después de que la Unión Europea aprobara la Directiva sobre protección de denunciantes, todos los Estados miembros han incorporado la norma a su legislación, pero muy pocos la aplican con pleno alcance. Mientras la justicia europea sanciona a los gobiernos que siguen sin cumplir, las empresas descubren que proteger a quienes se atreven a hablar no es solo un imperativo legal, sino una estrategia clave para su futuro.

En diciembre de 2019, la UE dio un paso decisivo en su apuesta por la transparencia y la integridad. Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas quiso garantizar que cualquier persona (empleado, proveedor, cliente o colaborador) pudiera informar sobre infracciones del Derecho europeo sin miedo a sufrir represalias.

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

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La circularidad retrocede en un mundo cada vez más consumista

Foto de Katie Rodriguez en Unsplash

La economía mundial consume ya más de 106.000 millones de toneladas de materiales al año, pero solo el 6,9% vuelve a los ciclos productivos. El Circularity Gap Report 2025 certifica que la brecha de circularidad no deja de ensancharse y que la extracción virgen crece más rápido que cualquier esfuerzo de recuperación.

Hace apenas cinco décadas el mundo utilizaba unos 28.000 millones de toneladas de recursos al año; hoy esa cifra se ha cuadruplicado y la mayor parte sigue un trayecto lineal: se extrae, se fabrica, se descarta. El Circularity Gap Report 2025 de Circle Economy detalla que, de cada cien toneladas movilizadas en 2021, más de 93 eran vírgenes y apenas sieteprocedían de circuitos de recuperación. Esa proporción confirma una tendencia descendente iniciada en 2018 y revela que los esfuerzos de reciclaje no consiguen compensar la voracidad con la que el sistema económico incorpora materiales nuevos.

Detrás del retroceso no hay un colapso de la separación de residuos (la masa recuperada incluso sube de 7,1 a 7,3 Gt entre 2018 y 2021), sino un crecimiento de la demanda que desborda cualquier mejora en circularidad. El informe subraya que 38% de los recursos queda inmovilizado en edificios e infraestructuras de larga vida, lo que aplaza durante décadas su retorno al ciclo productivo y tensiona los mercados de chatarra y áridos reciclados.

Las proyecciones tampoco ofrecen respiro: si el modelo lineal persiste, la extracción anual podría aumentar otro 60% para 2060, superando los 160.000 millones de toneladas y alejando los objetivos climáticos y de biodiversidad. 

En respuesta, el informe insta a pasar de las mejoras puntuales a estrategias sistémicas que combinen reducción, prolongación de vida útil y diseño regenerativo. Sin abordar a la vez el volumen total de materiales y la proporción que realmente se recircula, la transición climática carecerá de la base física necesaria.

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