Tener un contrato ya no garantiza salir de la pobreza. El empleo, para demasiados hogares españoles, se ha convertido en una condición necesaria pero insuficiente.
España cerró 2024 con la tasa de paro más baja en casi dos décadas. Los titulares celebraban cifras de afiliación a la Seguridad Social en máximos históricos, y la narrativa oficial presentaba un mercado laboral que, por fin, funcionaba.
Sin embargo, Eurostat publicó ese mismo año un dato que pone en entredicho toda esa lectura. Uno de cada nueve ocupados no gana lo suficiente para superar el umbral de la pobreza fijado en el 60% de la renta mediana nacional, una cifra que sitúa a España entre los países con peores resultados de toda la Unión Europea, junto a Luxemburgo y Bulgaria, y muy por encima de la media comunitaria del 8,2%.
Lo llamativo es que ese porcentaje lleva años instalado ahí, resistiendo el crecimiento económico y la creación de empleo sin moverse de forma significativa. El dato de 2024 apenas mejora una décima respecto al año anterior, mientras que Finlandia, en el extremo opuesto, está en el 2,8%. La diferencia va más allá de los salarios y apunta a factores más estructurales, como el tipo de mercado laboral que cada sociedad ha construido, la protección que ofrece y las personas que quedan fuera.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya edición de 2025 se publicó en febrero de 2026 con datos de renta de 2024, sitúa el riesgo de pobreza o exclusión social en el 25,7% de la población española. Los hogares monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres, registran una tasa de riesgo del 50,6%, la más alta de todas las tipologías analizadas. El 8,5% declaró llegar a fin de mes con mucha dificultad y el 36,4% no pudo afrontar gastos imprevistos.
