Una ayuda social denegada, una explicación confusa y una pregunta sin respuesta clara: quién ha decidido realmente. Cuando en ese proceso interviene un algoritmo, averiguarlo no siempre es fácil. Europa contaba en 2025 con 34 registros de algoritmos en activo, aunque su alcance sigue siendo limitado para conocer con detalle qué sistemas utilizan las administraciones y con qué efectos.

Desde que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno abrió las arcas administrativas en España, cualquier ciudadano puede exigir cuentas de presupuestos, adjudicaciones o estadísticas oficiales con plazos estrictos de respuesta. Sin embargo, ese derecho se nubla cuando un algoritmo toma la decisión final como, por ejemplo, en la concesión de un bono social, la priorización de una inspección fiscal o el acceso a una plaza en servicios esenciales. Ahí la máquina decide y la explicación se vuelve mucho más difícil de obtener.

El Informe 6/2025 de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción de Madrid marcó un hito al recoger cómo resoluciones judiciales recientes han ido abriendo la puerta al examen del código fuente en sistemas que afectan derechos directos de los ciudadanos, dejando atrás excusas como la propiedad intelectual o la seguridad técnica cuando el interés público entra en juego con fuerza.

Seguir leyendo –>