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Más empleo no significa igualdad: la brecha de las personas con discapacidad persiste

Foto de Jon Tyson en Unsplash

Los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apuntan a una evolución positiva del empleo de las personas con discapacidad. En 2025 aumentaron la afiliación y la contratación, mientras el paro registrado descendió. Pero esa mejora convive con una brecha muy amplia respecto a la población sin discapacidad y con un patrón de inserción laboral que sigue concentrado en pocos sectores.

El “Informe del mercado de trabajo de las Personas con discapacidad. Estatal. Datos 2025”, elaborado por el SEPE, permite seguir con detalle esa evolución. Los principales indicadores mejoran: la afiliación a la Seguridad Social alcanzó las 345.854 personas, la contratación llegó a 275.890 contratos y el paro registrado bajó hasta 131.219 personas, el nivel más bajo de la última década. 

En conjunto, la serie refleja una evolución favorable: más presencia en el empleo, más contratación y menos desempleo registrado.

Ese avance no basta, sin embargo, para describir la posición real de las personas con discapacidad en el mercado laboral. El informe sitúa a este grupo en el 6,13% de la población en edad de trabajar, pero su peso en la afiliación se queda en el 1,60%. La diferencia entre ambas cifras apunta ya a una presencia laboral muy inferior a su peso demográfico.

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Registro de algoritmos: el reto de iluminar la IA pública en Europa

Foto de Juanjo Jaramillo en Unsplash

Una ayuda social denegada, una explicación confusa y una pregunta sin respuesta clara: quién ha decidido realmente. Cuando en ese proceso interviene un algoritmo, averiguarlo no siempre es fácil. Europa contaba en 2025 con 34 registros de algoritmos en activo, aunque su alcance sigue siendo limitado para conocer con detalle qué sistemas utilizan las administraciones y con qué efectos.

Desde que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno abrió las arcas administrativas en España, cualquier ciudadano puede exigir cuentas de presupuestos, adjudicaciones o estadísticas oficiales con plazos estrictos de respuesta. Sin embargo, ese derecho se nubla cuando un algoritmo toma la decisión final como, por ejemplo, en la concesión de un bono social, la priorización de una inspección fiscal o el acceso a una plaza en servicios esenciales. Ahí la máquina decide y la explicación se vuelve mucho más difícil de obtener.

El Informe 6/2025 de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción de Madrid marcó un hito al recoger cómo resoluciones judiciales recientes han ido abriendo la puerta al examen del código fuente en sistemas que afectan derechos directos de los ciudadanos, dejando atrás excusas como la propiedad intelectual o la seguridad técnica cuando el interés público entra en juego con fuerza.

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