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Informes de sostenibilidad: avances con grietas bajo la lupa de la CNMV

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revisó la información de sostenibilidad del ejercicio 2024 de las cotizadas españolas y publicó sus conclusiones en marzo de 2026. El documento recoge avances en la adaptación al nuevo marco europeo, pero también detecta carencias en la preparación y presentación de parte del contenido publicado.

De los 123 emisores con informe financiero anual consolidado del ejercicio 2024 cuya supervisión corresponde al organismo, 99 incluyeron en el informe de gestión su estado de información no financiera o reporte de sostenibilidad, y 87 presentaron además desgloses de taxonomía medioambiental.

A partir de ese material, la CNMV hizo una revisión formal general y, en una parte de las entidades, un análisis más profundo que dio lugar a requerimientos adicionales y a recomendaciones para próximos ejercicios.

La revisión se mueve en un terreno muy concreto: comprueba cómo explican las entidades sus asuntos materiales, qué perímetro cubren y con qué precisión presentan algunos de los desgloses exigidos por el nuevo marco europeo. 

El informe presta atención a la preparación de la información, a los criterios de materialidad y a los controles internos que intervienen en su elaboración y revisión. Ese enfoque desplaza el centro del análisis hacia la organización de la empresa y hacia la calidad del proceso que sostiene el informe, traspasando el terreno técnico del reporte y entrando en un espacio mucho más cercano al gobierno corporativo.

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Quién responde cuando falla un producto digital

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El Cyber Resilience Act (CRA), Reglamento (UE) 2024/2847, fija requisitos de ciberseguridad para productos con elementos digitales que se comercializan en la Unión Europea y exige requisitos y obligaciones a lo largo del periodo de soporte del producto. El marco define cómo deben notificarse las vulnerabilidades explotadas y los incidentes graves que afecten a la seguridad del producto, con un procedimiento de notificación definido.

Cuando un producto digital llega al mercado, lo que se compra no es solo que funcione en el momento de la venta, sino también que pueda seguir funcionando de forma segura con el paso del tiempo, sin abrir grietas cuando aparecen fallos, se publican vulnerabilidades o cambian las condiciones de uso.

No hace falta un incidente espectacular para que el riesgo se materialice. Bastan retrasos en parches de seguridad, configuraciones poco seguras que se acaban aceptando como normales, dependencias externas que cambian sin que el usuario tenga forma realista de seguirlas o un soporte que pierde intensidad cuando el producto ya está desplegado.

La Unión Europea resume el problema con dos ideas principales. Muchos productos muestran un nivel insuficiente de ciberseguridad y no siempre reciben correcciones de seguridad a tiempo. A la vez, compradores y usuarios no siempre pueden saber qué productos son realmente ciberseguros ni configurarlos bien sin conocimientos especializados. Con esa combinación, incluso organizaciones que quieren hacerlo bien se encuentran con una dificultad práctica, porque evaluar y exigir seguridad de forma consistente no es sencillo.

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La nueva contabilidad del salario digno: inversores y la ONU mueven ficha

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash

El año 2025 se perfilaba como el “año del salario digno” en las agendas globales, pero irónicamente aún no existe un consenso sobre cómo medirlo de forma unificada. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordó en 2024 una definición formal de salario digno y subrayó que es fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad, y grandes empresas multinacionales téxtiles, desde Inditex hasta Kering, proclamaron su compromiso con pagar un salario digno a los trabajadores. 

Sin embargo, un reciente informe realizado por la Platform Living Wage Financials (PLWF) que evaluó a 33 compañías de moda reveló una “evidencia limitada de impacto en el mundo real” pese a todos esos compromisos. 

A solo cinco años de la meta 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la distancia entre la retórica y la realidad persiste, en buena parte por la ausencia de indicadores comunes y datos comparables sobre salarios dignos.

Esta falta de métricas estandarizadas no ha pasado desapercibida. Durante años, los factores sociales del ASG se consideraban asuntos cualitativos o de reputación difíciles de cuantificar. No existían datos auditables ni homogéneos sobre algo tan básico como si una empresa paga lo suficiente a sus trabajadores para vivir con dignidad. 

Eso está empezando a cambiar drásticamente en 2025: la PLWF (plataforma de inversores con activos superiores a 7 billones de dólares bajo gestión) ha adoptado una política que exige a todas las empresas en su cartera divulgar y gestionar la “brecha de salario digno” entre lo que ganan sus empleados (directos y en la cadena de suministro) y un estándar de salario digno reconocido. 

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¿Quién vigila a los ratings ASG? Así va a cambiar su gobernanza en Europa

Foto de Brett Jordan en Unsplash

Las calificaciones de sostenibilidad han ido ganando poder en silencio en los últimos años. Influyen en qué empresas entran en índices, en cómo se percibe el riesgo de un bono o en qué productos se venden como sostenibles a clientes minoristas. Sin embargo, quienes ponen la nota han operado en un terreno poco regulado, con metodologías opacas y reglas dispares según el proveedor. 

Con el Reglamento (UE) 2024/3005 sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación ASG (por ambiental, social y de gobernanza), la Unión Europea ha dejado claro que ya no vale seguir funcionando sin reglas comunes: define qué es una calificación ASG, establece requisitos comunes y traslada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) la supervisión directa de los proveedores.

En el actual mercado apenas había supervisión nacional, con importantes divergencias entre Estados miembros, falta de transparencia metodológica, conflictos de interés y dificultades para comparar calificaciones. Todo ello, según el texto de del Reglamento, creaba obstáculos al funcionamiento del mercado interior y podía distorsionar decisiones de inversión.

Esta nueva norma entró en vigor el 1 de enero de 2025, pero su aplicación efectiva se retrasa hasta el 2 de julio de 2026, fecha a partir de la cual los proveedores que operen en la Unión deberán estar autorizados o reconocidos por ESMA o, como mínimo, haber notificado su intención de seguir operando y estar en proceso de autorización.

Además, el Reglamento impone a ESMA la elaboración de varias normas técnicas de desarrollo, conocidas como normas técnicas de regulación, que concretan cómo deben solicitar la autorización los proveedores, qué información deben divulgar, de qué manera deben separar actividades potencialmente conflictivas y cómo deben organizar su gobernanza interna. 

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Europa reordena la sostenibilidad en 2026: cuatro frentes que cambian la agenda

Foto de Brett Jordan en Unsplash

El arranque de 2026 obliga a revisar planes que muchas empresas ya habían dado por cerrados. El paquete Ómnibus de simplificación, impulsado por la Comisión Europea, ha reordenado parte del calendario y ha abierto cambios de contenido en el núcleo del reporting y la diligencia debida.  A la vez, el año trae fechas que sí se cumplen y que se notan en operaciones, producto y comunicación, con implicaciones directas en importaciones, envases y mensajes ambientales al mercado.

En muchas compañías, los cambios regulatorios en sostenibilidad ya no se gestionan como un apéndice. Por eso, cuando Bruselas mueve fechas o revisa requisitos, el efecto se nota rápido en proyectos que ya estaban en marcha, sobre todo en sistemas de datos, en circuitos de evidencia y en la coordinación entre áreas.

El paquete Ómnibus ha introducido precisamente ese tipo de ajuste. La Comisión Europea presentó el paquete como un conjunto de medidas para simplificar y, de forma explícita, incluyó una propuesta para aplazar dos años requisitos de reporte que estaban previstos para 2026 o 2027, con el argumento de ganar tiempo para acordar cambios sustantivos.  

El Consejo confirmó la aprobación de esa medida de aplazamiento en abril de 2025, subrayando la búsqueda de seguridad jurídica y competitividad. Ese cambio de ritmo está obligando a muchas organizaciones a revisar su hoja de ruta. Algunas líneas de trabajo se recalibran, otras se consolidan y otras conviene no cerrarlas todavía mientras el marco siga en revisión.

Por otra parte, 2026 no se va a vivir solo en clave corporativa. Hay frentes que entran en fase operativa dentro del propio año y que obligan a actuar, e incluso si parte del reporting se reprograma, generando una agenda más exigente.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

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La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

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La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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De principio a obligación: la sostenibilidad pasa a ser eje de la gobernanza bancaria

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El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó a consulta pública una versión profundamente revisada de sus Guidelines on Internal Governance. El texto obliga a los bancos a demostrar que la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) está tan integrada en la cultura corporativa como el seguimiento de la solvencia o la liquidez. 

La consulta de la EBA se cierra el 7 de noviembre, pero su efecto ya se deja sentir en los bancos: departamentos de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna trabajan contrarreloj para reescribir estructuras, métricas y procesos que hasta ahora trataban la sostenibilidad como un apéndice voluntario. 

La reforma propuesta no es un mero retoque semántico. Se trata de la primera vez que un supervisor prudencial de ámbito europeo exige que la identificación, medición y seguimiento de los riesgos ASG figure explícitamente en la declaración de apetito de riesgo y, por extensión, en las obligaciones fiduciarias de los consejos de administración. 

El borrador EBA/CP/2025/20, parte de una constatación contundente: los riesgos ASG pueden activar, amplificar o desencadenar los riesgos tradicionales, desde el crédito hasta el operativo, por tanto, deben formar parte indisoluble de la estrategia de negocio y del control interno. 

Todo esto anticipa un nuevo paradigma. Si en 2021 las directrices de la EBA introducían la sostenibilidad como principio orientador, la versión de 2025 la convierte en requisito operativo y prueba de fuego de la cultura de riesgos. 

A partir de ahora, hablar de solidez bancaria en Europa significará también demostrar que la institución está preparada para los choques reputacionales, regulatorios y financieros que se derivan de ignorar (o subestimar) los factores ASG.

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La circularidad retrocede en un mundo cada vez más consumista

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La economía mundial consume ya más de 106.000 millones de toneladas de materiales al año, pero solo el 6,9% vuelve a los ciclos productivos. El Circularity Gap Report 2025 certifica que la brecha de circularidad no deja de ensancharse y que la extracción virgen crece más rápido que cualquier esfuerzo de recuperación.

Hace apenas cinco décadas el mundo utilizaba unos 28.000 millones de toneladas de recursos al año; hoy esa cifra se ha cuadruplicado y la mayor parte sigue un trayecto lineal: se extrae, se fabrica, se descarta. El Circularity Gap Report 2025 de Circle Economy detalla que, de cada cien toneladas movilizadas en 2021, más de 93 eran vírgenes y apenas sieteprocedían de circuitos de recuperación. Esa proporción confirma una tendencia descendente iniciada en 2018 y revela que los esfuerzos de reciclaje no consiguen compensar la voracidad con la que el sistema económico incorpora materiales nuevos.

Detrás del retroceso no hay un colapso de la separación de residuos (la masa recuperada incluso sube de 7,1 a 7,3 Gt entre 2018 y 2021), sino un crecimiento de la demanda que desborda cualquier mejora en circularidad. El informe subraya que 38% de los recursos queda inmovilizado en edificios e infraestructuras de larga vida, lo que aplaza durante décadas su retorno al ciclo productivo y tensiona los mercados de chatarra y áridos reciclados.

Las proyecciones tampoco ofrecen respiro: si el modelo lineal persiste, la extracción anual podría aumentar otro 60% para 2060, superando los 160.000 millones de toneladas y alejando los objetivos climáticos y de biodiversidad. 

En respuesta, el informe insta a pasar de las mejoras puntuales a estrategias sistémicas que combinen reducción, prolongación de vida útil y diseño regenerativo. Sin abordar a la vez el volumen total de materiales y la proporción que realmente se recircula, la transición climática carecerá de la base física necesaria.

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Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

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Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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