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Más empleo no significa igualdad: la brecha de las personas con discapacidad persiste

Foto de Jon Tyson en Unsplash

Los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apuntan a una evolución positiva del empleo de las personas con discapacidad. En 2025 aumentaron la afiliación y la contratación, mientras el paro registrado descendió. Pero esa mejora convive con una brecha muy amplia respecto a la población sin discapacidad y con un patrón de inserción laboral que sigue concentrado en pocos sectores.

El “Informe del mercado de trabajo de las Personas con discapacidad. Estatal. Datos 2025”, elaborado por el SEPE, permite seguir con detalle esa evolución. Los principales indicadores mejoran: la afiliación a la Seguridad Social alcanzó las 345.854 personas, la contratación llegó a 275.890 contratos y el paro registrado bajó hasta 131.219 personas, el nivel más bajo de la última década. 

En conjunto, la serie refleja una evolución favorable: más presencia en el empleo, más contratación y menos desempleo registrado.

Ese avance no basta, sin embargo, para describir la posición real de las personas con discapacidad en el mercado laboral. El informe sitúa a este grupo en el 6,13% de la población en edad de trabajar, pero su peso en la afiliación se queda en el 1,60%. La diferencia entre ambas cifras apunta ya a una presencia laboral muy inferior a su peso demográfico.

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Registro de algoritmos: el reto de iluminar la IA pública en Europa

Foto de Juanjo Jaramillo en Unsplash

Una ayuda social denegada, una explicación confusa y una pregunta sin respuesta clara: quién ha decidido realmente. Cuando en ese proceso interviene un algoritmo, averiguarlo no siempre es fácil. Europa contaba en 2025 con 34 registros de algoritmos en activo, aunque su alcance sigue siendo limitado para conocer con detalle qué sistemas utilizan las administraciones y con qué efectos.

Desde que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno abrió las arcas administrativas en España, cualquier ciudadano puede exigir cuentas de presupuestos, adjudicaciones o estadísticas oficiales con plazos estrictos de respuesta. Sin embargo, ese derecho se nubla cuando un algoritmo toma la decisión final como, por ejemplo, en la concesión de un bono social, la priorización de una inspección fiscal o el acceso a una plaza en servicios esenciales. Ahí la máquina decide y la explicación se vuelve mucho más difícil de obtener.

El Informe 6/2025 de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción de Madrid marcó un hito al recoger cómo resoluciones judiciales recientes han ido abriendo la puerta al examen del código fuente en sistemas que afectan derechos directos de los ciudadanos, dejando atrás excusas como la propiedad intelectual o la seguridad técnica cuando el interés público entra en juego con fuerza.

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Trabajar y seguir siendo pobre: la grieta social que no tapa el empleo

Foto de Nik Shuliahin 💛💙 en Unsplash

Tener un contrato ya no garantiza salir de la pobreza. El empleo, para demasiados hogares españoles, se ha convertido en una condición necesaria pero insuficiente.

España cerró 2024 con la tasa de paro más baja en casi dos décadas. Los titulares celebraban cifras de afiliación a la Seguridad Social en máximos históricos, y la narrativa oficial presentaba un mercado laboral que, por fin, funcionaba.

Sin embargo, Eurostat publicó ese mismo año un dato que pone en entredicho toda esa lectura. Uno de cada nueve ocupados no gana lo suficiente para superar el umbral de la pobreza fijado en el 60% de la renta mediana nacional, una cifra que sitúa a España entre los países con peores resultados de toda la Unión Europea, junto a Luxemburgo y Bulgaria, y muy por encima de la media comunitaria del 8,2%.

Lo llamativo es que ese porcentaje lleva años instalado ahí, resistiendo el crecimiento económico y la creación de empleo sin moverse de forma significativa. El dato de 2024 apenas mejora una décima respecto al año anterior, mientras que Finlandia, en el extremo opuesto, está en el 2,8%. La diferencia va más allá de los salarios y apunta a factores más estructurales, como el tipo de mercado laboral que cada sociedad ha construido, la protección que ofrece y las personas que quedan fuera.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya edición de 2025 se publicó en febrero de 2026 con datos de renta de 2024, sitúa el riesgo de pobreza o exclusión social en el 25,7% de la población española. Los hogares monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres, registran una tasa de riesgo del 50,6%, la más alta de todas las tipologías analizadas. El 8,5% declaró llegar a fin de mes con mucha dificultad y el 36,4% no pudo afrontar gastos imprevistos.

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Quién responde cuando falla un producto digital

Foto de Alexandre Debiève en Unsplash

El Cyber Resilience Act (CRA), Reglamento (UE) 2024/2847, fija requisitos de ciberseguridad para productos con elementos digitales que se comercializan en la Unión Europea y exige requisitos y obligaciones a lo largo del periodo de soporte del producto. El marco define cómo deben notificarse las vulnerabilidades explotadas y los incidentes graves que afecten a la seguridad del producto, con un procedimiento de notificación definido.

Cuando un producto digital llega al mercado, lo que se compra no es solo que funcione en el momento de la venta, sino también que pueda seguir funcionando de forma segura con el paso del tiempo, sin abrir grietas cuando aparecen fallos, se publican vulnerabilidades o cambian las condiciones de uso.

No hace falta un incidente espectacular para que el riesgo se materialice. Bastan retrasos en parches de seguridad, configuraciones poco seguras que se acaban aceptando como normales, dependencias externas que cambian sin que el usuario tenga forma realista de seguirlas o un soporte que pierde intensidad cuando el producto ya está desplegado.

La Unión Europea resume el problema con dos ideas principales. Muchos productos muestran un nivel insuficiente de ciberseguridad y no siempre reciben correcciones de seguridad a tiempo. A la vez, compradores y usuarios no siempre pueden saber qué productos son realmente ciberseguros ni configurarlos bien sin conocimientos especializados. Con esa combinación, incluso organizaciones que quieren hacerlo bien se encuentran con una dificultad práctica, porque evaluar y exigir seguridad de forma consistente no es sencillo.

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La nueva contabilidad del salario digno: inversores y la ONU mueven ficha

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash

El año 2025 se perfilaba como el “año del salario digno” en las agendas globales, pero irónicamente aún no existe un consenso sobre cómo medirlo de forma unificada. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordó en 2024 una definición formal de salario digno y subrayó que es fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad, y grandes empresas multinacionales téxtiles, desde Inditex hasta Kering, proclamaron su compromiso con pagar un salario digno a los trabajadores. 

Sin embargo, un reciente informe realizado por la Platform Living Wage Financials (PLWF) que evaluó a 33 compañías de moda reveló una “evidencia limitada de impacto en el mundo real” pese a todos esos compromisos. 

A solo cinco años de la meta 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la distancia entre la retórica y la realidad persiste, en buena parte por la ausencia de indicadores comunes y datos comparables sobre salarios dignos.

Esta falta de métricas estandarizadas no ha pasado desapercibida. Durante años, los factores sociales del ASG se consideraban asuntos cualitativos o de reputación difíciles de cuantificar. No existían datos auditables ni homogéneos sobre algo tan básico como si una empresa paga lo suficiente a sus trabajadores para vivir con dignidad. 

Eso está empezando a cambiar drásticamente en 2025: la PLWF (plataforma de inversores con activos superiores a 7 billones de dólares bajo gestión) ha adoptado una política que exige a todas las empresas en su cartera divulgar y gestionar la “brecha de salario digno” entre lo que ganan sus empleados (directos y en la cadena de suministro) y un estándar de salario digno reconocido. 

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El talón de Aquiles del pilar social europeo: cómo hacer atractivo el trabajo en cuidados

Foto de Dominik Lange en Unsplash

Europa cuenta con un marco social ambicioso, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado y firmado en 2017, y un Plan de Acción publicado en 2021. Pero buena parte de esa promesa se apoya en un sector donde la realidad laboral sigue siendo frágil: el de los cuidados y los servicios sociales. 

Por eso, la Comisión Europea abrió en junio de 2025 una consulta pública y una convocatoria para aportar evidencias con vistas a preparar un nuevo Plan de Acción, y el propio sector ha respondido con diagnósticos muy concretos, como el de la organización europea de empleadores sociales Social Employers. 

Los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales incluyen derechos que dependen de que los cuidados y los servicios sociales funcionen cada día, como los cuidados de larga duración, la vivienda y la asistencia a personas sin hogar, y el acceso a servicios esenciales (incluida energía y transporte). Dicho de forma sencilla, el “contrato social” europeo no se entiende sin una red de servicios que funcione en el día a día.  

El problema aparece cuando se mira quién sostiene esa red. En su contribución al nuevo Plan de Acción, Social Employers estima que el sector de los servicios sociales emplea alrededor de 10 millones de personas en la UE y advierte de dificultades persistentes para cubrir puestos y retener profesionales.

Por su parte, Eurofound, una agencia de la UE especializada en condiciones de vida y de trabajo, analizó datos de la Encuesta sobre la Estructura de los Salarios (una estadística armonizada que permite comparar remuneraciones entre países) y concluyó que, de media, los salarios en cuidados de larga duración y otros servicios sociales se situaban en torno a un 21% por debajo del salario horario medio nacional.

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Europa reordena la sostenibilidad en 2026: cuatro frentes que cambian la agenda

Foto de Brett Jordan en Unsplash

El arranque de 2026 obliga a revisar planes que muchas empresas ya habían dado por cerrados. El paquete Ómnibus de simplificación, impulsado por la Comisión Europea, ha reordenado parte del calendario y ha abierto cambios de contenido en el núcleo del reporting y la diligencia debida.  A la vez, el año trae fechas que sí se cumplen y que se notan en operaciones, producto y comunicación, con implicaciones directas en importaciones, envases y mensajes ambientales al mercado.

En muchas compañías, los cambios regulatorios en sostenibilidad ya no se gestionan como un apéndice. Por eso, cuando Bruselas mueve fechas o revisa requisitos, el efecto se nota rápido en proyectos que ya estaban en marcha, sobre todo en sistemas de datos, en circuitos de evidencia y en la coordinación entre áreas.

El paquete Ómnibus ha introducido precisamente ese tipo de ajuste. La Comisión Europea presentó el paquete como un conjunto de medidas para simplificar y, de forma explícita, incluyó una propuesta para aplazar dos años requisitos de reporte que estaban previstos para 2026 o 2027, con el argumento de ganar tiempo para acordar cambios sustantivos.  

El Consejo confirmó la aprobación de esa medida de aplazamiento en abril de 2025, subrayando la búsqueda de seguridad jurídica y competitividad. Ese cambio de ritmo está obligando a muchas organizaciones a revisar su hoja de ruta. Algunas líneas de trabajo se recalibran, otras se consolidan y otras conviene no cerrarlas todavía mientras el marco siga en revisión.

Por otra parte, 2026 no se va a vivir solo en clave corporativa. Hay frentes que entran en fase operativa dentro del propio año y que obligan a actuar, e incluso si parte del reporting se reprograma, generando una agenda más exigente.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

Foto de Fotos en Unsplash

La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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Directiva Whistleblowing: seis años de avances… y asignaturas pendientes

Foto de Iqro Rinaldi en Unsplash

Cinco años después de que la Unión Europea aprobara la Directiva sobre protección de denunciantes, todos los Estados miembros han incorporado la norma a su legislación, pero muy pocos la aplican con pleno alcance. Mientras la justicia europea sanciona a los gobiernos que siguen sin cumplir, las empresas descubren que proteger a quienes se atreven a hablar no es solo un imperativo legal, sino una estrategia clave para su futuro.

En diciembre de 2019, la UE dio un paso decisivo en su apuesta por la transparencia y la integridad. Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas quiso garantizar que cualquier persona (empleado, proveedor, cliente o colaborador) pudiera informar sobre infracciones del Derecho europeo sin miedo a sufrir represalias.

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

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