Uno de los términos, modas o tendencias derivadas de la ecoansiedad (véase “Ecoansiedad: otra de las consecuencias del cambio climático” es la vergüenza a volar, o flygskam en sueco, país de donde es originario tanto este neologismo como esta tendencia.

El flygskam se podría definir como un sentimiento de culpabilidad climática asociado a los viajes en avión y altas emisiones de CO2, lo cual lo asemeja a otras acciones que la gente deja de hacer por, llamémosle, el bien común climático.

Aunque el término no es nuevo, ya que algunas fuentes lo datan de 2017, se puso realmente de moda a raíz del viaje que, la venerada por unos y vilipendiada por otros, Greta Thunberg hizo ya hace años a la Conferencia de las Partes que se celebró en Madrid. 

Greta se desplazó desde Estados Unidos a Madrid en diferentes medios de transporte, incluyendo el barco y el tren, pero obviando usar el avión y tardando muchos días en realizar un trayecto que en avión le hubiera costado unas siete horas aproximadamente, una decisión que la puso todavía más en el foco de atención de la COP 25.

La crisis climática, la pérdida de la biodiversidad o la contaminación no son exclusivas de países o regiones, sino que golpean en todos los lugares aunque de desigual manera. Sus efectos se ceban con aquellos lugares que ya son vulnerables por sí mismos y en los que las economías y las sociedades están más castigadas.

Ese es el caso de los países de América Latina y el Caribe en los que se espera que para 2030 los impactos socioeconómicos del cambio climático sean iguales o peores a los  que causó la pandemia de la Covid-19 en 2020, con un aumento en la pobreza extrema hasta un total de 86 millones de personas.

Ante este horizonte, once países de la región se han comprometido a lograr cero emisiones netas, la mayoría de ellas para mediados de siglo. Esa transición a una economía neutral en carbono puede beneficiar a la región con 15 millones de empleos nuevos netos y un 1 % de crecimiento adicional del PIB para 2030.

Estas economías deberán redirigir entre el 7 % y el 19 % del PIB (hasta 1,3 billones de dólares) al año de su gasto público y privado hacia soluciones climáticas. Para ello, el financiamiento internacional jugará un rol fundamental, aunque se considera que será insuficiente.

Una vez más, ya casi como una cita ineludible en el calendario, volvemos a quedarnos con el regusto amargo que sigue a todas las Conferencias de las Partes, con esa sensación de que volvemos a quedarnos cortos en los resultados mientras el reloj nos indica que nos queda menos tiempo para actuar.

De la COP de Sharm El-Sheij de estos pasados días hemos salido con un acuerdo de mínimos tras bordear el precipicio de un fracaso todavía más profundo. Lo más destacable de ese acuerdo ha sido el establecimiento de un fondo para proporcionar financiación por «pérdidas y daños» a los países vulnerables afectados por las catástrofes climáticas.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea señalaba que el Plan de Implementación aprobado en la COP 27 incluye peticiones que ya se habían hecho en la COP 26 como las de  reducir progresivamente la generación de energía a partir del carbón o abandonar gradualmente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles.

También recalcaba que desde la COP de Glasgow del año pasado, se ha perdido fuerza y tiempo, justo en el momento en que se deberían estar haciendo compromisos y tomando acciones más ambiciosas.