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82.000 millones: lo que le falta a Europa para ser circular

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La Agencia Europea de Medio Ambiente cifra en unos 82.000 millones de euros anuales la inversión adicional que necesita la Unión Europea para cumplir sus propios objetivos de circularidad. Esta estimación sitúa la financiación, la política industrial y la competitividad en el centro del debate sobre el modelo circular europeo.

El pasado mes de mayo, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó el informe “Unlocking the circular economy: investment needs, barriers and enabling conditions”, un documento que cuantifica con detalle la distancia entre lo que Europa invierte en economía circular y lo que necesitaría movilizar hasta 2040 para cumplir las políticas que ya ha aprobado. El cálculo se ciñe a esos compromisos vigentes y no incorpora escenarios de mayor ambición.

La estimación se apoya en un estudio conjunto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado en abril con el título “Transitioning to a circular economy: Closing the investment gap in Europe”, según el cual la inversión anual en actividades circulares en la Unión Europea ronda ya los 120.000 millones de euros, impulsada sobre todo por el sector privado. Cerrar ese desfase respecto a los objetivos aprobados exigiría elevar esa cantidad un 68%, hasta unos 202.000 millones anuales entre 2025 y 2040.

Ambos documentos aparecen en un momento en el que la Comisión Europea ha situado la circularidad dentro del Clean Industrial Deal, su plan de política industrial presentado en febrero de 2025, que incluye el objetivo de duplicar la tasa de uso circular de materiales de la UE hasta el 24% en 2030. 

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Más allá del clima: las emisiones, termómetro de competitividad empresarial

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) deja una idea bastante clara sobre 2025 en su nueva edición del informe State of the Global Climate. Aunque el año no superó el récord de 2024, volvió a situarse entre los más cálidos jamás registrados, con el CO2 en máximos y el océano acumulando más calor que nunca. La cuestión no está solo en la temperatura media, sino en la forma en que ese exceso de energía se reparte ya por todo el sistema climático.

Establecer una comparación respecto a 2024 sirve, pero se queda corto. La temperatura media global quedó 1,43 °C por encima del promedio de 1850–1900, lo que sitúa al año en el segundo o tercer puesto del registro observacional, según la serie utilizada. Más importante aún es la secuencia completa. Los años transcurridos entre 2015 y 2025 son los once más cálidos desde que existen registros globales.  

Esa progresión da la medida real del momento. La cuestión ya no pasa por saber si un año concreto rebasa por unas décimas al anterior, sino por el hecho de que las temperaturas excepcionalmente altas se repiten sin interrupción. 2024 sigue siendo el año más cálido de la serie, con 1,55 °C sobre el nivel preindustrial, pero la secuencia reciente pesa más que la distancia entre ambos años.

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Más allá del calor: el clima acumula energía y amplifica los extremos

Foto de Jarosław Kwoczała en Unsplash

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) deja una idea bastante clara sobre 2025 en su nueva edición del informe State of the Global Climate. Aunque el año no superó el récord de 2024, volvió a situarse entre los más cálidos jamás registrados, con el CO2 en máximos y el océano acumulando más calor que nunca. La cuestión no está solo en la temperatura media, sino en la forma en que ese exceso de energía se reparte ya por todo el sistema climático.

Establecer una comparación respecto a 2024 sirve, pero se queda corto. La temperatura media global quedó 1,43 °C por encima del promedio de 1850–1900, lo que sitúa al año en el segundo o tercer puesto del registro observacional, según la serie utilizada. Más importante aún es la secuencia completa. Los años transcurridos entre 2015 y 2025 son los once más cálidos desde que existen registros globales.  

Esa progresión da la medida real del momento. La cuestión ya no pasa por saber si un año concreto rebasa por unas décimas al anterior, sino por el hecho de que las temperaturas excepcionalmente altas se repiten sin interrupción. 2024 sigue siendo el año más cálido de la serie, con 1,55 °C sobre el nivel preindustrial, pero la secuencia reciente pesa más que la distancia entre ambos años.

Una de las claves para entender esto mejor está en el nuevo indicador incorporado en esta edición del informe: el desequilibrio energético de la Tierra. La diferencia entre la energía que entra y la que sale del planeta ayuda a explicar por qué el sistema climático sigue acumulando calor aunque un año concreto no bata todos los récords del anterior.  

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Informes de sostenibilidad: avances con grietas bajo la lupa de la CNMV

Foto de Xiangkun ZHU en Unsplash

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revisó la información de sostenibilidad del ejercicio 2024 de las cotizadas españolas y publicó sus conclusiones en marzo de 2026. El documento recoge avances en la adaptación al nuevo marco europeo, pero también detecta carencias en la preparación y presentación de parte del contenido publicado.

De los 123 emisores con informe financiero anual consolidado del ejercicio 2024 cuya supervisión corresponde al organismo, 99 incluyeron en el informe de gestión su estado de información no financiera o reporte de sostenibilidad, y 87 presentaron además desgloses de taxonomía medioambiental.

A partir de ese material, la CNMV hizo una revisión formal general y, en una parte de las entidades, un análisis más profundo que dio lugar a requerimientos adicionales y a recomendaciones para próximos ejercicios.

La revisión se mueve en un terreno muy concreto: comprueba cómo explican las entidades sus asuntos materiales, qué perímetro cubren y con qué precisión presentan algunos de los desgloses exigidos por el nuevo marco europeo. 

El informe presta atención a la preparación de la información, a los criterios de materialidad y a los controles internos que intervienen en su elaboración y revisión. Ese enfoque desplaza el centro del análisis hacia la organización de la empresa y hacia la calidad del proceso que sostiene el informe, traspasando el terreno técnico del reporte y entrando en un espacio mucho más cercano al gobierno corporativo.

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La nueva contabilidad del salario digno: inversores y la ONU mueven ficha

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash

El año 2025 se perfilaba como el “año del salario digno” en las agendas globales, pero irónicamente aún no existe un consenso sobre cómo medirlo de forma unificada. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordó en 2024 una definición formal de salario digno y subrayó que es fundamental para reducir la pobreza y la desigualdad, y grandes empresas multinacionales téxtiles, desde Inditex hasta Kering, proclamaron su compromiso con pagar un salario digno a los trabajadores. 

Sin embargo, un reciente informe realizado por la Platform Living Wage Financials (PLWF) que evaluó a 33 compañías de moda reveló una “evidencia limitada de impacto en el mundo real” pese a todos esos compromisos. 

A solo cinco años de la meta 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la distancia entre la retórica y la realidad persiste, en buena parte por la ausencia de indicadores comunes y datos comparables sobre salarios dignos.

Esta falta de métricas estandarizadas no ha pasado desapercibida. Durante años, los factores sociales del ASG se consideraban asuntos cualitativos o de reputación difíciles de cuantificar. No existían datos auditables ni homogéneos sobre algo tan básico como si una empresa paga lo suficiente a sus trabajadores para vivir con dignidad. 

Eso está empezando a cambiar drásticamente en 2025: la PLWF (plataforma de inversores con activos superiores a 7 billones de dólares bajo gestión) ha adoptado una política que exige a todas las empresas en su cartera divulgar y gestionar la “brecha de salario digno” entre lo que ganan sus empleados (directos y en la cadena de suministro) y un estándar de salario digno reconocido. 

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Crisis climática, cuando las cifras del pasado obligan a replantear el futuro

Foto de Giorgio Parravicini en Unsplash

La organización alemana Germanwatch ha publicado el Índice de Riesgo Climático 2026 (Climate Risk Index, CRI), un análisis que mira casi tres décadas de eventos meteorológicos extremos y los convierte en un mapa del impacto real de la crisis climática. Entre 1995 y 2024 se han registrado más de 9.700 episodios de este tipo, con más de 832.000 personas fallecidas, casi 5.700 millones de personas afectadas y pérdidas económicas directas que rozan los 4,5 billones de dólares estadounidenses, una vez ajustadas por inflación. 

El CRI es una herramienta que clasifica a los países según los efectos que han sufrido por fenómenos meteorológicos extremos. Utiliza datos de la base internacional EM-DAT, mantenida por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, y combina para cada país seis indicadores: número de fallecidos, fallecidos por cada cien mil habitantes, personas afectadas, personas afectadas por cada cien mil habitantes, pérdidas económicas absolutas y pérdidas económicas relativas al producto interior bruto. 

El resultado es una puntuación que permite comparar la gravedad de los impactos entre países en dos escalas temporales: el periodo largo de 1995 a 2024 y el año concreto de 2024.

Germanwatch recuerda que no se trata de un indicador de futuro, sino de una forma de ordenar episodios que ya se han producido. Aun así, ese pasado reciente está directamente vinculado a la dinámica de la crisis climática. El propio documento abre la sección de resultados con una idea clara: las consecuencias del cambio climático son visibles en todo el mundo, con una intensidad creciente de muchos fenómenos extremos. 

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¿Quién vigila a los ratings ASG? Así va a cambiar su gobernanza en Europa

Foto de Brett Jordan en Unsplash

Las calificaciones de sostenibilidad han ido ganando poder en silencio en los últimos años. Influyen en qué empresas entran en índices, en cómo se percibe el riesgo de un bono o en qué productos se venden como sostenibles a clientes minoristas. Sin embargo, quienes ponen la nota han operado en un terreno poco regulado, con metodologías opacas y reglas dispares según el proveedor. 

Con el Reglamento (UE) 2024/3005 sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación ASG (por ambiental, social y de gobernanza), la Unión Europea ha dejado claro que ya no vale seguir funcionando sin reglas comunes: define qué es una calificación ASG, establece requisitos comunes y traslada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) la supervisión directa de los proveedores.

En el actual mercado apenas había supervisión nacional, con importantes divergencias entre Estados miembros, falta de transparencia metodológica, conflictos de interés y dificultades para comparar calificaciones. Todo ello, según el texto de del Reglamento, creaba obstáculos al funcionamiento del mercado interior y podía distorsionar decisiones de inversión.

Esta nueva norma entró en vigor el 1 de enero de 2025, pero su aplicación efectiva se retrasa hasta el 2 de julio de 2026, fecha a partir de la cual los proveedores que operen en la Unión deberán estar autorizados o reconocidos por ESMA o, como mínimo, haber notificado su intención de seguir operando y estar en proceso de autorización.

Además, el Reglamento impone a ESMA la elaboración de varias normas técnicas de desarrollo, conocidas como normas técnicas de regulación, que concretan cómo deben solicitar la autorización los proveedores, qué información deben divulgar, de qué manera deben separar actividades potencialmente conflictivas y cómo deben organizar su gobernanza interna. 

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Gobernar en terreno inestable: cómo navegar el nuevo mapa de riesgos de 2026

Foto de GR Stocks en Unsplash

La gobernanza corporativa, la “G” de ASG (ambiental, social y gobernanza, también conocido como ESG), se asocia con frecuencia a buen gobierno interno (cumplimiento, anticorrupción, transparencia y controles), pero en 2026 ese marco puede quedarse corto si se mira el contexto de riesgos. 

El Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) sitúa la confrontación geoeconómica como el riesgo principal para 2026 y coloca la desinformación y la polarización social dentro de los cinco riesgos principales para ese año.

El informe no solo enumera riesgos, también ayuda a entender cómo se conectan. Entre los cinco principales riesgos de 2026 aparecen, junto a la confrontación geoeconómica, el conflicto armado entre estados y los fenómenos meteorológicos extremos, lo que es coherente con un entorno donde se mezclan tensiones entre países, impactos físicos y fractura social. Y cuando el WEF mira a dos años, sitúa la desinformación en segunda posición por severidad, una señal de que el riesgo no es puntual y puede agravarse.

Con esa lectura, el Foro describe una “era de la competencia” marcada por fragmentación, en la que el comercio, la tecnología y las finanzas se usan cada vez más como instrumentos en la rivalidad entre bloques, en un contexto que dificulta la cooperación multilateral. En ese escenario, decisiones que antes parecían relativamente estables (dónde producir, a qué mercados vender, qué proveedores son críticos y por qué rutas se mueve el valor) pueden verse afectadas por tensiones geopolíticas, restricciones y cambios regulatorios.

Eso obliga a que la gobernanza se traduzca en decisiones operativas, no solo en políticas. Definir límites de exposición, acordar qué señales activan planes alternativos y, al mismo tiempo, poner orden en lo que la empresa comunica, de forma que cualquier mensaje relevante pueda sostenerse con datos, método y un rastro interno claro para defenderlo si se cuestiona.

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Los mercados privados prueban que la sostenibilidad crea valor real

Foto de Tech Daily en Unsplash

Los fondos de capital privado están demostrando que la sostenibilidad puede medirse en beneficios económicos, no solo en intenciones. El seguimiento de miles de empresas participadas muestra mejoras tangibles en eficiencia, clima y gestión de personas. Todo esto tiene un resultado claro: negocios más rentables y preparados para competir a largo plazo.

Durante años se ha hablado de sostenibilidad en los mercados financieros como un compromiso moral o una cuestión reputacional, pero, hoy en día, los datos dicen otra cosa. En los mercados privados (donde los fondos de inversión adquieren compañías, las gestionan durante varios años y luego las venden o sacan a bolsa) la sostenibilidad se está convirtiendo en una fuente medible de creación de valor.

El estudio Sustainability in Private Markets elaborado por Boston Consulting Group y la ESG Data Convergence Initiative (EDCI) en octubre de 2025 es una de las bases más sólidas que existen para afirmarlo. Reúne información real de más de 9.000 empresas de cartera gestionadas por 320 fondos de capital privado en todo el mundo. Su objetivo es comprobar qué impacto tienen las medidas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los resultados empresariales.

Los datos son concluyentes: las gestoras que integran la sostenibilidad en sus planes de negocio obtienen un aumento medio del 4 % al 7 % en el EBITDA durante el tiempo que mantienen las empresas en su cartera. El EBITDA es un indicador que refleja la rentabilidad operativa de un negocio, es decir, cuánto gana antes de descontar impuestos, intereses y amortizaciones. En otras palabras, muestra si las mejoras en eficiencia o productividad se traducen en resultados reales.

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Suelo sano, cuentas claras: la nueva directiva europea que obligará a medir, restaurar y valorar la tierra

Foto de Roman Synkevych en Unsplash

El 26 de noviembre de 2025 el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2025/2360 sobre Monitorización y Resiliencia del Suelo, primer marco supranacional que coloca la salud de la tierra al nivel del agua o del aire. El texto ordena a los Estados crear una red de muestreo homogéneo, elaborar en un plazo máximo de diez años un registro público de suelos potencialmente contaminados y, a partir de ese diagnóstico, fijar metas nacionales de restauración que sigan la recomendación europea de recuperar en torno al 30% de las superficies degradadas para 2035.

Aunque el suelo produce alimentos, regula el ciclo hídrico y es el segundo gran sumidero de carbono, la UE nunca ha dispuesto de mediciones comparables entre países. Esa carencia se cierra con la entrada en vigor el 16 de diciembre de 2025 de una norma que parte de una idea sencilla: sin datos equivalentes no hay política eficaz ni inversión fiable.

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo calcula que el 62% del territorio comunitario padece erosión, compactación o pérdida severa de carbono orgánico, lo que reduce cada año entre 50.000 y 95.000 millones de euros en productividad agrícola, daños por inundaciones y emisiones evitables de CO₂, un importe que supera el presupuesto de Horizon Europe, el gran programa europeo de I+D.

Añadir un punto porcentual de materia orgánica puede aumentar la reserva de agua del suelo en torno a unos 150.000 litros por hectárea y capturar entre una y tres toneladas de CO₂ por hectárea y año. Sin embargo, la urbanización y el laboreo intensivo han reducido esa “esponja” natural en el peor momento de la variabilidad climática. 

Desde 2026, los informes de sostenibilidad sometidos a la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) deberán reflejar riesgos materiales de suelo, y la taxonomía verde ultima un capítulo específico sobre este recurso. 

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