Un estudio realizado por el World Benchmarking Alliance (WBA), el más exhaustivo sobre el rendimiento de la industria del petróleo y el gas con respecto a los objetivos climáticos de París, muestra que, sin una acción inmediata y decisiva, ese sector impediría al planeta cumplir el escenario de calentamiento global de 1,5 °C del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) para 2050.
El Índice de referencia de clima y energía del WBA es un mecanismo de rendición de cuentas que evalúa, en colaboración con el Carbon Disclosure Project (CDP) y la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (AEDEME), el progreso de las 100 empresas de petróleo y gas más influyentes del mundo con respecto al Acuerdo de París y si éstas están contribuyendo a una transición justa hacia un futuro de cero emisiones.
En esta nueva era para la producción de energía, las empresas de petróleo y gas se encuentran en la encrucijada de transformarse o volverse redundantes, y ya no pueden alegar ignorancia sobre la urgencia del cambio. Para sobrevivir, el sector debe reconocer la necesidad urgente de una transformación total y trabajar en la dirección correcta para poder afrontar este reto.
Vivimos en una vorágine de reglamentaciones en el ámbito de la sostenibilidad a la que se suman continuamente nuevas aportaciones, todas con el objetivo de lograr cambios significativos en cómo se reporta la información no financiera y en hacer que las empresas alineen su gestión y actividades con dicha sostenibilidad.
Dada la limitada inclusión actual de los aspectos de sostenibilidad social en la Taxonomía financiera, la Comisión Europea encargó a la Plataforma para las Finanzas Sostenibles trabajar también en su ampliación a los objetivos sociales y creó un subgrupo dedicado a esta tarea, que ha resumido sus principales observaciones y recomendaciones en ese borrador.
Para los científicos, la mortífera ola de calor que batió récords hace unos días en algunas zonas del oeste de Estados Unidos y Canadá habría sido prácticamente imposible sin la influencia del cambio climático que ha hecho que las temperaturas extremas sean al menos 150 veces más probables.
Según la agencia estadounidense NOAA Climate.gov, siempre es difícil cuantificar de inmediato el impacto del cambio climático en un los eventos climático extremos, pero hay muchas pruebas que demuestran que las altas temperaturas y las olas de calor han empeorado debido al cambio climático.
De hecho, las olas de calor en los Estados Unidos se han producido con más frecuencia y han durado más tiempo desde la década de 1960, lo que es coherente con un calentamiento del clima debido al cambio climático. Y según el Índice de Extremos Climáticos de la NOAA, el suroeste de ese país ha experimentado un agrandamiento de la zona que sufre temperaturas altas extremas en verano durante los últimos veinte años, con muy poco alivio en los últimos seis años.
Y no sólo han aumentado las temperaturas en el pasado, sino que se prevé que sigan aumentandodebido a la liberación de gases de efecto invernadero. Concretamente, como se señala en el Informe Especial sobre la Ciencia del Clima, se espera que las temperaturas extremas aumenten aún más que las temperaturas medias en los Estados Unidos continentales. Eventos como esta ola de calor pueden ser raros todavía, pero serán más comunes a finales de siglo.
El movimiento globalizador ocurrido en las últimas décadas no ha funcionado en beneficio de todos, haciendo que algunos actores económicos hayan acumulado un gran poder y generando una desigual distribución de la riqueza que se ha visto, además, agravada por la pandemia de la Covid-19.
Algunas de las acciones de inversión llevadas a cabo por esos actores financieros se han venido relacionando con el abuso de los derechos humanos, haciéndose muy patente la necesidad de que estos actores cumplan con su responsabilidad internacional en ese ámbito.
La anterior es una de las conclusiones a la que llega la International Federation for Human Rights (FIDH) en su informe “From Policies to Impacts:Analysing Modern Slavery Risks in Portfolio Companies”, y en el que también ofrece a los inversores herramientas para identificar y abordar los riesgos de los derechos humanos, incluidos los riesgos de la esclavitud moderna en sus carteras de inversión.
Tras la progresiva legalización de las normas internacionales de “soft law” sobre empresas y derechos humanos, para la FIDH la “S” de “ESG” (siglas en inglés de Medio ambiente, Social y Gobernanza) ya no es un criterio opcional que los inversores pueden incluir en su proceso de toma de decisiones, sino que se está convirtiendo en parte de su deber normativo de respetar esos derechos.
Los países que invierten en educación, sanidad, infraestructuras y gobernanza, es decir, aquellos en que su sociedad tiene un mayor bienestar, son más resistentes ante las consecuencias socioeconómicas de crisis como las de la Covid-19.
El análisis “Economic Resilience Is Built on Societal Well-Being” recientemente publicado por el Boston Consulting Group (BCG) muestra que los países con mejores capacidades para convertir la riqueza en bienestar, así como aquellos con un elevado bienestar general, tendieron a mitigar las caídas de los resultados económicos y a limitar el crecimiento de las tasas de desempleo durante el primer año de la pandemia.
Por el contrario, los países con niveles más bajos se han quedado más rezagados, sobre todo en el crecimiento del PIB y el empleo. De manera similar, una investigación anterior del BCG llegó a la conclusión de que los países con mejor capacidad para convertir la riqueza en bienestar también fueron capaces de recuperarse más rápidamente de la crisis financiera de 2008-2009.
El BCG lleva clasificando a los países desde 2012 según una herramienta de desarrollo económico propia llamada Evaluación del Desarrollo Económico Sostenible (SEDA), que examina una serie de datos económicos y sociales de 141 países para comprobar en qué medida los gobiernos convierten la riqueza en bienestar.
Una de las conclusiones constantes de sus investigaciones es que las métricas más tradicionales de desarrollo económico, que se centran en el PIB y otros indicadores macroeconómicos, no son suficientes para medir el verdadero estado de desarrollo de cualquier sociedad.
La primera edición de BforPlanet, el salón organizado por Fira de Barcelona para promover la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, se ha celebrado los días 7 y 8 de julio en el Palau de Congressos del recinto de Montjuïc, reuniendo a 83 expertos internacionales y 40 empresas, y registrando unos 1.000 asistentes presenciales, y otros 4.000 digitales, procedentes de 38 países, que siguieron las conferencias a través de la plataforma online.
El evento pretende crear una plataforma para el avance de las alianzas de los ODS en el espíritu del Objetivo 17: “fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación mundial para el desarrollo sostenible”.
Debido a la pandemia de la COVID-19, esta primera edición del BforPlanet ha sido concebida como un evento híbrido físico-virtual, y ha reunido a un amplio plantel de participantes entre expertos, altos cargos políticos, directivos de empresas y representantes de instituciones y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, la ONU, la UE, el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña o el World Wildlife Fund, y empresas como Amazon, Agbar, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Renfe o BBVA, entre otras.
Las iniciativas tanto para mejorar el reciclaje de los desperdicios que generamos como para lograr una movilidad más sostenible son del todo necesarias, pero no a cualquier precio ni tampoco haciéndolo como si un elefante entrara en una cacharrería.
En la ciudad de Barcelona, la ciudadanía estamos sufriendo los efectos de experimentos del Ayuntamiento que nos acaban transportando a épocas medievales o que directamente en lugar de ofrecer una seguridad extra acaban suponiendo justamente lo contrario.
Me refiero, en primer lugar, a la implantación de un sistema que, sobre el papel, debería promocionar la recogida selectiva de residuos tanto de negocios como de particulares y basado en la realización de una selección de dichos residuos en base a si son (a grandes rasgos) orgánicos, de vidrio, de papel o cartón, plástico o de otro tipo.
¿A priori suena bien, no? ¿Quién, mínimamente concienciado por la sostenibilidad, no querría una mejora del reciclaje de sus desperdicios?
Probablemente todos diríamos que adelante con la idea ya que muchos de nosotros ya hacíamos esa selección de los residuos con anterioridad, y un buen sistema haría que otros se animaran. Pero lo que están empezando a hacer en el barrio de Sant Andreu, tras haberlo implementado anteriormente en el de Sarrià Vell, en lugar de promocionar el reciclaje está consiguiendo no solo el enfado de los vecinos sino también un sentimiento anti reciclaje entre muchos de ellos.
A pesar de la reducción temporal de las emisiones en 2020 relacionada con las medidas adoptadas en respuesta a la COVID-19, las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero, CO2, CH4 y N2O, han seguido aumentando.
Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el informe “State of the Global Climate 2020” recientemente publicado por la Organización Meteorológica Mundial (WMO).
Han pasado 28 años desde que esta organización publicó su primer informe sobre el estado del clima en 1993 a raíz de la preocupación que suscitó en aquel momento el cambio climático previsto. Aunque la comprensión del sistema climático y la potencia de cálculo han aumentado desde entonces, el mensaje básico sigue siendo el mismo, y ahora tenemos muchos más años de datos que muestran aumentos significativos de la temperatura en la tierra y el mar, así como otros cambios, como el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo marino y los glaciares y los cambios en los patrones de precipitación.
Todos los indicadores climáticos clave y la información sobre el impacto proporcionada en el informe muestran un cambio climático implacable y continuo, una creciente ocurrencia e intensificación de eventos de alto impacto y graves pérdidas y daños.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es “verde” o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía “es un documento vivo” que “evolucionará con la ciencia y la tecnología”, y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
En el campo de la sostenibilidad vivimos en un continuo cambio, se proponen nuevas iniciativas y en poco tiempo se van cambiando y transformando para que se adapten mejor a la realidad en la que vivimos.
Un ejemplo de ello es la propuesta de Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD), que modificaría los actuales requisitos de información en virtud de la Directiva sobre información no financiera (NFRD) y trataría de garantizar que las empresas proporcionen información coherente y comparable sobre sostenibilidad.
Otros ejemplos muy recientes de cambios e iniciativas han sido el Acto Delegado de la UE sobre la taxonomía del clima, cuyo objetivo es identificar las actividades económicas que mejor contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, y los seis actos delegados sobre deberes fiduciarios, inversiones y asesoramiento en materia de seguros, que persiguen garantizar que las empresas financieras incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y en el asesoramiento sobre inversiones a sus clientes
La taxonomía climática tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles mediante la definición de criterios técnicos de selección para la información exigida por el Reglamento sobre la taxonomía de la UE y, a día de hoy, todavía supone una gran confusión para muchas empresas, pero en este artículo no vamos a entrar en ella y nos vamos a centrar en la Directiva sobre informes de sostenibilidad.
