Las iniciativas tanto para mejorar el reciclaje de los desperdicios que generamos como para lograr una movilidad más sostenible son del todo necesarias, pero no a cualquier precio ni tampoco haciéndolo como si un elefante entrara en una cacharrería.
En la ciudad de Barcelona, la ciudadanía estamos sufriendo los efectos de experimentos del Ayuntamiento que nos acaban transportando a épocas medievales o que directamente en lugar de ofrecer una seguridad extra acaban suponiendo justamente lo contrario.
Me refiero, en primer lugar, a la implantación de un sistema que, sobre el papel, debería promocionar la recogida selectiva de residuos tanto de negocios como de particulares y basado en la realización de una selección de dichos residuos en base a si son (a grandes rasgos) orgánicos, de vidrio, de papel o cartón, plástico o de otro tipo.
¿A priori suena bien, no? ¿Quién, mínimamente concienciado por la sostenibilidad, no querría una mejora del reciclaje de sus desperdicios?
Probablemente todos diríamos que adelante con la idea ya que muchos de nosotros ya hacíamos esa selección de los residuos con anterioridad, y un buen sistema haría que otros se animaran. Pero lo que están empezando a hacer en el barrio de Sant Andreu, tras haberlo implementado anteriormente en el de Sarrià Vell, en lugar de promocionar el reciclaje está consiguiendo no solo el enfado de los vecinos sino también un sentimiento anti reciclaje entre muchos de ellos.
A pesar de la reducción temporal de las emisiones en 2020 relacionada con las medidas adoptadas en respuesta a la COVID-19, las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero, CO2, CH4 y N2O, han seguido aumentando.
Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el informe “State of the Global Climate 2020” recientemente publicado por la Organización Meteorológica Mundial (WMO).
Han pasado 28 años desde que esta organización publicó su primer informe sobre el estado del clima en 1993 a raíz de la preocupación que suscitó en aquel momento el cambio climático previsto. Aunque la comprensión del sistema climático y la potencia de cálculo han aumentado desde entonces, el mensaje básico sigue siendo el mismo, y ahora tenemos muchos más años de datos que muestran aumentos significativos de la temperatura en la tierra y el mar, así como otros cambios, como el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo marino y los glaciares y los cambios en los patrones de precipitación.
Todos los indicadores climáticos clave y la información sobre el impacto proporcionada en el informe muestran un cambio climático implacable y continuo, una creciente ocurrencia e intensificación de eventos de alto impacto y graves pérdidas y daños.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es “verde” o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía “es un documento vivo” que “evolucionará con la ciencia y la tecnología”, y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
En el campo de la sostenibilidad vivimos en un continuo cambio, se proponen nuevas iniciativas y en poco tiempo se van cambiando y transformando para que se adapten mejor a la realidad en la que vivimos.
Un ejemplo de ello es la propuesta de Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad de las empresas (CSRD), que modificaría los actuales requisitos de información en virtud de la Directiva sobre información no financiera (NFRD) y trataría de garantizar que las empresas proporcionen información coherente y comparable sobre sostenibilidad.
Otros ejemplos muy recientes de cambios e iniciativas han sido el Acto Delegado de la UE sobre la taxonomía del clima, cuyo objetivo es identificar las actividades económicas que mejor contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, y los seis actos delegados sobre deberes fiduciarios, inversiones y asesoramiento en materia de seguros, que persiguen garantizar que las empresas financieras incluyan la sostenibilidad en sus procedimientos y en el asesoramiento sobre inversiones a sus clientes
La taxonomía climática tiene por objeto apoyar las inversiones sostenibles mediante la definición de criterios técnicos de selección para la información exigida por el Reglamento sobre la taxonomía de la UE y, a día de hoy, todavía supone una gran confusión para muchas empresas, pero en este artículo no vamos a entrar en ella y nos vamos a centrar en la Directiva sobre informes de sostenibilidad.
Estamos acostumbrados a utilizar la palabra contaminación en contextos ambientales casi únicamente en el sentido de la introducción de materiales nocivos en el medio ambiente, dejando otros tipos de contaminación en segundo plano.
El día 28 de abril se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que pretende poner de relieve la importancia de la reducción de la contaminación acústica, entendiéndose por ella la exposición regular a niveles sonoros elevados que pueden provocar efectos adversos en los seres humanos u otros organismos vivos.
Según la Organización Mundial de la Salud, los niveles sonoros inferiores a 70 dB no son perjudiciales para los organismos vivos, independientemente de la duración o la constancia de la exposición. Sin embargo, la exposición durante más de 8 horas a un ruido constante de más de 85 dB sí puede ser peligrosa.
La exposición a ruidos de elevada intensidad se ha relacionado siempre con la pérdida de audición, pero los efectos potenciales de la contaminación acústica sobre la salud son numerosos, generalizados, persistentes y médica y socialmente significativos. El ruido produce efectos adversos directos y acumulativos que perjudican la salud y degradan los entornos residenciales, sociales, laborales y de aprendizaje, con las correspondientes pérdidas reales (económicas) e intangibles (de bienestar).
Entre esos efectos están el estrés, los problemas cardiovasculares, la depresión, las perturbaciones del sueño, los daños al sistema nervioso, o el bajo rendimiento laboral, por citar algunos.
El día 16 de abril se conmemora el Día Internacional contra la esclavitud infantil, un hecho que afortunadamente nos queda bastante lejos en el mundo occidental. Pero, no por ser algo lejano, deja de ser sumamente importante la eliminación de todo tipo de trabajo infantil y, por tanto, las empresas, los gobiernos y la sociedad debemos esforzarnos para que dicha erradicación suceda.
Tres son los convenios que rigen el tema del trabajo infantil: el Convenio nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo y la Recomendación nº 146 (1973), el Convenio nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación y la Recomendación nº 190 (1999), y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Según la OIT, se entiende por trabajo infantil aquel que priva a los niños (cualquier persona menor de 18 años) de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y/o mental.
Ese trabajo, además de ser en ocasiones peligroso e inadecuado, interfiere con su escolarización privándoles de la oportunidad de asistir a la escuela, obligándoles a abandonarla antes de tiempo o a intentar combinar la asistencia a la escuela con un trabajo excesivamente largo y pesado.
En sus formas más extremas, el trabajo infantil implica que los niños sean esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en las calles de las grandes ciudades, muchas veces a una edad muy temprana.
La contratación pública se ha convertido en la actualidad en una herramienta estratégica para alcanzar objetivos políticos más amplios, como el apoyo a la innovación, el tratamiento de los retos medioambientales, la mitigación de las desigualdades y el fomento del desarrollo sostenible.
Este tipo de contratación representa una media del 12% del producto interior bruto en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y puede actuar como un medio para promover una conducta empresarial responsable (CER) y abordar los riesgos de la cadena de suministro global para las personas y el planeta.
El reciente informe “Integrating Responsible Business Conduct in Public Procurement” publicado por la OCDE destaca cómo los países miembros de esta organización y los adheridos a sus instrumentos incorporan los objetivos de la CER y la diligencia debida basada en el riesgo en sus sistemas de contratación pública, ayudando a los compradores públicos a garantizar la rentabilidad en su sentido más amplio, al abarcar la sostenibilidad de las decisiones de compra.
El crecimiento estimado de la población mundial a medio plazo, junto con la necesidad de una gran cantidad de recursos para sostenerla y el cambio climático derivado del calentamiento global, plantean una situación de compleja solución en la cual la economía circular puede jugar un importante papel.
Con su implantación generalizada, la economía circular ayudaría a reducir la necesidad de recursos naturales, minimizar el uso de energía y las emisiones y eliminar el desperdicio, debido a que utiliza fuentes de energía renovables en lugar de combustibles fósiles, y materiales reutilizados o reciclados en lugar de materiales desechables.
Además de esos beneficios, con el cambio de modelo económico que se pretende impulsar con el paso de la concepción lineal a la circular también se generarían grandes ahorros en los insumos utilizados y una reducción de los riesgos asociados al suministro de recursos y a la volatilidad de sus precios.
A la vez, también se incentivaría la innovación, la inversión en tecnología y la generación de puestos de trabajo relacionados, con lo cual los beneficios no serían solo ambientales sino también económicos y sociales.
Aunque existen diversas estrategias para promocionar la transición a una economía circular, en nuestro país todavía existe un desconocimiento palpable de qué es y para qué sirve este modelo económico y también acerca de cuál es el desempeño de las empresas españolas en el ámbito de la gestión de recursos y el reciclaje.
Con el objetivo de estudiar y dar a conocer ese desempeño desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas, la Cámara de Comercio de España y Mapfre han presentado el “Informe sobre economía circular y pymes en España”. Este estudio pionero analiza la situación en nuestro país y en la Unión Europea en materia de economía circular mediante el estudio de distintos indicadores y también profundiza en la posición de las pymes a través de una encuesta realizada a cuatrocientas pymes de todos los sectores.
Situación comparativa de la economía circular en España vs Unión Europea.
Diferentes compromisos políticos y actos jurídicos han sido promovidos por la Unión Europea en los últimos años con la intención de desarrollar la economía circular en el continente, comenzando por la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos del año 2011.
En diciembre de 2015, la Comisión Europea presentó un Plan de Acción sobre la Economía Circular que se actualizó, en marzo de 2020, en el Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular por una Europa más limpia y más competitiva con el objetivo de acelerar el cambio transformador que requiere el Pacto Verde Europeo, prevaliéndose al mismo tiempo de las aplicadas desde 2015.
Entre la gran variedad de indicadores de la base de datos de EUROSTAT, la Comisión Europea ha seleccionado una batería específica que sirva como primera aproximación para la evaluación de la economía circular en la UE y que está enmarcada en las áreas de producción y consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y competitividad e innovación.
Con el fin de encuadrar el análisis de la implementación de la economía circular en las pymes españolas, en el informe se ha realizado una evaluación comparativa de las cifras de EUROSTAT correspondientes al año 2020 en los cuatro bloques mencionados.
Comparado con otros países europeos, la evaluación conjunta del desempeño de España en los cuatro bloques refleja una posición intermedia, ya que obtiene un decimocuarto puesto en el ranking entre los veinticuatro países evaluables.
España muestra un buen comportamiento en competitividad e innovación, situándose en la mejor posición entre los países de la UE-1, junto a Alemania, lo cual pone de relieve el esfuerzo realizado en innovación en materia de residuos y relacionado directamente con la I+D+i tanto pública como empresarial.
Por lo que respecta a la generación de residuos urbanos per cápita, la posición de España refleja un comportamiento excelente, ya que entre los países de la UE-15 solo ofrecen tasas mejores que nuestro país Bélgica, Suecia y el Reino Unido.
En cuanto a gestión de residuos, según los indicadores seleccionados por la Comisión Europea para evaluar el desempeño de los países en recuperación y reciclaje de residuos, España suspende con la posición duodécima de la UE-15.
El empleo que traerá la economía circular a Europa.
El informe señala que España ocupa la 7ª mejor posición en el ranking de la UE28 en cuanto a porcentaje de empleo relacionado con la economía circular sobre el empleo total con un 2%, por detrás de Letonia (2,86%), Lituania, Croacia, Polonia, Eslovenia e Italia (2,05%). Su porcentaje es superior a la media de la UE-28 (1,71%) y este ha ido mejorando desde el 1,59% de 2008 al 2% en 2015.
Diversas variables intervienen a la hora de calcular cómo afectará la economía circular al empleo por lo que a la hora de hacer una previsión al respecto es necesario establecer diferentes escenarios de crecimiento.
La organización Waste and Resources Action Programme (WRAP) publicó en 2015 el estudio “Economic growth potential of more circular economies” que ofrece una estimación razonada del crecimiento del empleo en el sector de la economía circular para toda la Unión Europea en 2030, a través de tres escenarios evolutivos en materia normativa y de inversión.
En el primer escenario se asume que no se emprenden nuevas iniciativas de importancia estructural pero que hay algunos avances adicionales que se encuentran principalmente en el sector del reciclaje, lo cual sugiere un aumento para 2030 en el empleo de alrededor de 250.000 puestos de trabajo en Europa y una reducción del desempleo de alrededor de 64.000 personas.
En el caso del segundo escenario, se prevé una continuación de las tendencias actuales en el
desarrollo de la economía circular con el reciclaje en cabeza y un progreso moderado en remanufactura, reparación y reutilización, y servitización. Las estimaciones en este escenario indican una potencial creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo para 2030 junto con una reducción del desempleo de aproximadamente 250.000 personas.
Por último, el tercer escenario es el más positivo y asume que hay un desarrollo de la actividad de la economía circular mucho más amplio, con el reciclaje aumentando a niveles altos y con un avance sustancial en remanufactura y actividades de servitización. Según este escenario para 2030 podría haber alrededor de 3 millones de puestos de trabajo y una reducción del desempleo en Europa de alrededor de 520.000 personas.
Para el caso de España, en el escenario más beneficioso, se crearían unos 160.000 puestos de trabajo, ocupando la 5ª posición en el ranking de ese escenario.
¿Cómo es la pyme española tipo en relación con la economía circular?
Los resultados del estudio realizado por la Cámara de Comercio de España y Mapfre permiten perfilar una imagen de cómo es la pequeña y mediana empresa española por lo que respecta a la economía circular.
De manera general, se puede decir que la pyme española es una empresa, donde al menos sus cuadros directivos o los propietarios es probable que conozcan el concepto de economía circular, aunque en las más pequeñas es también muy probable que no sea así, sobre todo si no son del sector industrial.
En cualquier caso, muestra preferencia por el uso de materias primas secundarias, sobre todo en empresas industriales de tamaño medio grande, especialmente en el caso de papel y cartón independientemente del tamaño o sector o el conocimiento teórico del modelo circular. El consumo de otro tipo de materias secundarias es mucho menos frecuente.
Tiende con frecuencia a ceder o vender sus propios residuos, especialmente cuando se trata de empresas de tamaño medio-grande, sobre todo en lo referido a papel y cartón, plásticos, residuos metálicos, componentes electrónicos, y aceites si es una empresa de hostelería. En general esta decisión depende bastante de la preexistencia de sistemas de recogida selectiva accesibles o de la posibilidad de la valoración económica de los residuos.
En la toma de decisiones durante el proceso de diseño de productos y servicios, la reciclabilidad no es considerada con demasiada frecuencia, en sentido positivo o negativo salvo levemente en el sector industrial. La selección de suministros con sistemas de certificación no parece condicionar demasiado las decisiones, aunque cuando es así se prefieren claramente los sistemas que certifican la sostenibilidad ecológica en su conjunto.
Es una empresa muy interesada en reducir los consumos, especialmente de energía por el ahorro económico que supone a corto plazo, y por ello invierte en sistemas de eficiencia energética, pero no se plantea todavía en exceso la posibilidad de instalar sistemas de generación eléctrica autónoma. El estímulo más relevante aún es el ahorro de costes.
Los principales residuos que genera son asimilables a residuos sólidos urbanos o municipales, papel y cartón y envases plásticos. En principio, es una empresa que toma medidas para facilitar el reciclaje de los residuos, pero se limitan a buscar la mejor estrategia para dar salida separativa a los residuos que produce. Su preferencia de gestión depende fundamentalmente de la disponibilidad de sistemas de recogida selectiva en la vía pública (contenedores amarillos, azules y verdes), y cuando estos sistemas, por localización o por tipo de residuos, no están disponibles opta por buscar gestores privados.
El agua no es considerada un problema que merezca tomar especiales medidas en la actividad diaria, salvo en el caso de empresas industriales que produzcan efluentes con elevada capacidad contaminante, que precisen de operaciones de depuración o tratamiento de los efluentes in situ.
Por último, la formación de los empleados en materia de residuos, y en general respecto a la economía circular, depende mucho del tamaño de la empresa, al igual que la decisión de utilizar los sistemas de gestión ambiental y su certificación como herramienta para implantar el modelo de la economía circular.
En cuanto a sectores, las empresas de hostelería se destacan muy positivamente entre las demás por diversas razones. La primera de ellas es que toman más iniciativas para prevenir la producción de residuos y promover el reciclaje, así como el más activo en formar e implicar a sus empleados en esta materia y en exigir a sus proveedores certificados ambientales.
Casi la mitad de las empresas de ese sector realizan acciones específicas para separar la materia orgánica del resto de residuos, una acción que no solo permite que se puedan transformar este tipo de desechos en recursos útiles (energía y fertilizantes naturales, entre otros), sino que evita, además, que se descompongan en el entorno y contaminen.
También es el sector que demuestra mayor compromiso a la hora de eliminar la utilización de plásticos de un solo uso (33%), que más apuesta por utilizar sistemas de devolución y retorno (20%), que más iniciativas ha tomado en los últimos años para mejorar la eficiencia energética, que se ha mostrado más proclive a modernizar su maquinaria (40%) y que apuesta más que la media a realizar cortes automáticos de luz y agua (20%).
Mapfre y su compromiso con el impulso de la economía circular.
Mapfre es una compañía comprometida con la sostenibilidad y aspira a ser un referente en economía circular.
Con esa intención y como una iniciativa más dentro de las acciones incluidas dentro del concepto #LaParteQueNosToca, Mapfre se ha adherido recientemente al Pacto por una Economía Circular, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que pretende implicar a los principales agentes económicos y sociales de España en la transición hacia un nuevo modelo económico, que huye del actual sistema de usar y tirar, y que, apuesta por la reutilización, la reparación, la reducción y el reciclaje.
La empresa aseguradora ha sido la primera de su sector y del Ibex 35 en formar parte de este proyecto en España, y tiene un firme compromiso con impulsar dicha transición para lo cual ha creado una línea y un grupo de trabajo específicos sobre economía circular, desarrollados en el Plan de Sostenibilidad 2019–2021, y se han establecido un total de 10 compromisos del Pacto por la Economía Circular, que implican, entre otras acciones: reducir el uso de recursos naturales no renovables, incorporar criterios de eco-diseño y promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de sus procesos productivos.
Desde la empresa también se está trabajando la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular y de fomentar la transparencia de los procesos, a la vez que se promueve la concienciación y la sensibilización de los ciudadanos, y la medición del el impacto social y ambiental derivado del funcionamiento de la organización.
En clave de gestión interna, las prioridades se están centrando en el uso de materiales sostenibles, el fomento del consumo responsable y la gestión adecuada de los residuos.
Un ejemplo de esto es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mapfre (CESVIMAP), un centro tecnológico de referencia global para el diseño, aseguramiento, uso, mantenimiento, reparación y reciclado de vehículos y de otras soluciones de movilidad de bienes y personas. El Centro, a través de Cesvi Recambios, ha ahorrado hasta el momento más de 47.500 toneladas de CO2 y ha generado un ahorro anual de 825 toneladas de cristal y 1.200 toneladas de plástico en los talleres de Mapfre en España.
De cara a este 2021, Mapfre se ha fijado como objetivo certificar la sede social de la compañía en Majadahonda bajo la norma Residuo Cero de AENOR, que incluye acciones para combatir el desperdicio alimentario, a pesar de no ser un aspecto material.
Entre los esfuerzos ya realizados en economía circular merece ser destacado el proyecto Mapfre Sin Plásticos, en el que en 2019 participó el 80% de los empleados en España y Portugal, y que logró evitar el consumo de un millón y medio de botellas de plástico y de dos millones de vasos de un solo uso.
Pero el compromiso de Mapfre va más allá de la mera gestión interna y externa de la economía circular. Una muestra de esto es el acuerdo que Mapfre ha firmado con la Cámara de Comercio de España para ayudar a las pymes a calcular su huella de carbono a través de una herramienta específica, que además les permitirá evaluar su eficiencia energética, desarrollo sostenible y grado de implantación de la economía circular en su organización.
En este proceso las pymes serán asesoradas por los técnicos de las Cámaras de Comercio Territoriales, que recibirán formación sobre cómo establecer estos planes de la huella de carbono e implantar la economía circular, medidas claves para que puedan obtener el sello oficial del Ministerio de Transición Ecológica que ofrece una serie de ventajas para las empresas que lo consigan, como reducciones fiscales, aumento de ventas, mejora del posicionamiento de la marca y la posibilidad de destacar en concursos de contratación pública.
El acuerdo contribuye, además, a conseguir un futuro más sostenible para toda la sociedad, en el que se asegure una mayor calidad de vida, mayor rentabilidad en el uso de recursos y herramientas para mejorar su competitividad y eficiencia. “Para Mapfre será un proyecto estratégico para actuar como entidad tractora que impulse a las pymes en materia de sostenibilidad y economía circular, con la finalidad de promover sus planes para compensar el CO2 emitido, reducir su huella de carbono y optimizar el consumo energético”, ha destacado José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre y CEO de Iberia.
En la actualidad, se calcula que más de 3.000 millones de personas en ciudades, pueblos y aldeas de todas las regiones del mundo carecen de acceso al agua potable y que la cantidad de agua dulce disponible por persona se ha reducido en una quinta parte en dos décadas.
Cada año, cerca de 300.000 niños menores de cinco años mueren por causas relacionadas con el agua sucia y el saneamiento deficiente.
Como resultado del incumplimiento del derecho humano básico de acceso al agua, se generan importantes consecuencias para la salud pública que además impiden el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza.
También, el cambio climático juega un papel muy importante en la escasez de agua y las proyecciones indican que, si no mantenemos el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados, habrá graves consecuencias en la disponibilidad de agua suficiente y limpia para las necesidades humanas básicas y para la producción de alimentos y energía.
Por su parte, los ecosistemas acuáticos también se resienten, habiéndose producido desde 1970 un descenso del 84% en el tamaño de las poblaciones de especies de agua dulce, en comparación con un descenso del 68% en todas las especies. Estamos perdiendo humedales tres veces más rápido que bosques naturales, nada menos que el 87% de los humedales del mundo desde 1700.
El blockchain, ese palabro relativamente reciente y mayormente desconocido para la mayoría de todos nosotros, empieza a ser en la actualidad y lo será más en un futuro, protagonista de debate en cuanto a los pros y los contras que tiene respecto a la sostenibilidad.
Detrás de esa denominación, que traducida al español sería cadena de bloques, se encuentra una tecnología sobre todo conocida por ser la que está detrás del funcionamiento de las llamadas criptomonedas, entre las cuales la más famosa es el Bitcoin.
Pero dicha tecnología va más allá de las criptomonedas y puede hacerse servir en diferentes campos, muchos de los cuales relacionados con la mejora de la sostenibilidad, tal y como ya comentamos en esta revista en el artículo “‘Blockchain’: un mundo de utilidades para la sostenibilidad”.
Entre los beneficios de la cadena de bloques estaba, por ejemplo, la transparencia e inmutabilidad de los datos, la desintermediación en los procesos llevados a cabo, o los costes más bajos y transacciones más rápidas.
Esos beneficios se traducirían en utilidades como el tener un reporting de sostenibilidad y cadena de suministros más controlados, mayor transparencia en las donaciones a ONG’s, su aplicación a los créditos de carbono para crear una «moneda de carbono», u otras grandes posibilidades de la tecnología en la creación de nuevas iniciativas en materia de sostenibilidad.
