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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

Foto de Fotos en Unsplash

La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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Directiva Whistleblowing: seis años de avances… y asignaturas pendientes

Foto de Iqro Rinaldi en Unsplash

Cinco años después de que la Unión Europea aprobara la Directiva sobre protección de denunciantes, todos los Estados miembros han incorporado la norma a su legislación, pero muy pocos la aplican con pleno alcance. Mientras la justicia europea sanciona a los gobiernos que siguen sin cumplir, las empresas descubren que proteger a quienes se atreven a hablar no es solo un imperativo legal, sino una estrategia clave para su futuro.

En diciembre de 2019, la UE dio un paso decisivo en su apuesta por la transparencia y la integridad. Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas quiso garantizar que cualquier persona (empleado, proveedor, cliente o colaborador) pudiera informar sobre infracciones del Derecho europeo sin miedo a sufrir represalias.

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

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Cuando la electricidad limpia no encuentra por dónde pasar

Foto de Thomas Despeyroux en Unsplash

La transición energética está batiendo récords de capital, pero la seguridad eléctrica progresa con lentitud. De los 3,3 billones de dólares que se invertirán en energía en 2025, apenas 400.000 millones irán a las redes que transportan la nueva electricidad limpia.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA en inglés), en la edición 2025 de su publicación World Energy Investment, calcula que el flujo de capital hacia el sistema energético será este año el más alto registrado y con dos tercios destinados a tecnologías limpias como renovables, redes, almacenamiento y electrificación de usos finales.


Ese torrente, sin embargo, fluye de forma desigual. El mismo informe muestra que la inversión anual en infraestructuras de red apenas ronda los 400.000 millones de dólares, mientras los nuevos activos de generación absorben cerca de 1 billón de dólares. Para mantener la seguridad eléctrica, la Agencia advierte que el gasto en redes debe escalar “hacia la paridad” con el de generación.

A esa brecha de capital se añaden cuellos de botella en la oferta de equipos. El índice de la IEA sobre materiales para redes indica que el precio de cables y transformadores casi se ha duplicado en cinco años, presionado por la demanda y por cadenas de suministro tensas. La falta de músculo financiero en muchos servicios básicos de economías emergentes amplifica el problema y retrasa proyectos críticos.

Mientras tanto, el acceso universal sigue lejos de alcanzarse. El informe conjunto Tracking SDG 7 – Energy Progress Report 2025 del World Bank Group registra que 666 millones de personas siguen sin electricidad y que el 92% de la población mundial conectada enfrenta cada vez más cortes por fenómenos extremos.

Por su parte, el Asian Development Bank (ADB), en su dossier sobre resiliencia energética frente a clima severo, subraya que estos eventos “ponen a prueba la resistencia física de las redes de transmisión y distribución” y que la adaptación ya no puede tratarse como un simple añadido, sino como un objetivo central de cada proyecto.

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De principio a obligación: la sostenibilidad pasa a ser eje de la gobernanza bancaria

Foto de Etienne Martin en Unsplash

El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó a consulta pública una versión profundamente revisada de sus Guidelines on Internal Governance. El texto obliga a los bancos a demostrar que la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) está tan integrada en la cultura corporativa como el seguimiento de la solvencia o la liquidez. 

La consulta de la EBA se cierra el 7 de noviembre, pero su efecto ya se deja sentir en los bancos: departamentos de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna trabajan contrarreloj para reescribir estructuras, métricas y procesos que hasta ahora trataban la sostenibilidad como un apéndice voluntario. 

La reforma propuesta no es un mero retoque semántico. Se trata de la primera vez que un supervisor prudencial de ámbito europeo exige que la identificación, medición y seguimiento de los riesgos ASG figure explícitamente en la declaración de apetito de riesgo y, por extensión, en las obligaciones fiduciarias de los consejos de administración. 

El borrador EBA/CP/2025/20, parte de una constatación contundente: los riesgos ASG pueden activar, amplificar o desencadenar los riesgos tradicionales, desde el crédito hasta el operativo, por tanto, deben formar parte indisoluble de la estrategia de negocio y del control interno. 

Todo esto anticipa un nuevo paradigma. Si en 2021 las directrices de la EBA introducían la sostenibilidad como principio orientador, la versión de 2025 la convierte en requisito operativo y prueba de fuego de la cultura de riesgos. 

A partir de ahora, hablar de solidez bancaria en Europa significará también demostrar que la institución está preparada para los choques reputacionales, regulatorios y financieros que se derivan de ignorar (o subestimar) los factores ASG.

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La circularidad retrocede en un mundo cada vez más consumista

Foto de Katie Rodriguez en Unsplash

La economía mundial consume ya más de 106.000 millones de toneladas de materiales al año, pero solo el 6,9% vuelve a los ciclos productivos. El Circularity Gap Report 2025 certifica que la brecha de circularidad no deja de ensancharse y que la extracción virgen crece más rápido que cualquier esfuerzo de recuperación.

Hace apenas cinco décadas el mundo utilizaba unos 28.000 millones de toneladas de recursos al año; hoy esa cifra se ha cuadruplicado y la mayor parte sigue un trayecto lineal: se extrae, se fabrica, se descarta. El Circularity Gap Report 2025 de Circle Economy detalla que, de cada cien toneladas movilizadas en 2021, más de 93 eran vírgenes y apenas sieteprocedían de circuitos de recuperación. Esa proporción confirma una tendencia descendente iniciada en 2018 y revela que los esfuerzos de reciclaje no consiguen compensar la voracidad con la que el sistema económico incorpora materiales nuevos.

Detrás del retroceso no hay un colapso de la separación de residuos (la masa recuperada incluso sube de 7,1 a 7,3 Gt entre 2018 y 2021), sino un crecimiento de la demanda que desborda cualquier mejora en circularidad. El informe subraya que 38% de los recursos queda inmovilizado en edificios e infraestructuras de larga vida, lo que aplaza durante décadas su retorno al ciclo productivo y tensiona los mercados de chatarra y áridos reciclados.

Las proyecciones tampoco ofrecen respiro: si el modelo lineal persiste, la extracción anual podría aumentar otro 60% para 2060, superando los 160.000 millones de toneladas y alejando los objetivos climáticos y de biodiversidad. 

En respuesta, el informe insta a pasar de las mejoras puntuales a estrategias sistémicas que combinen reducción, prolongación de vida útil y diseño regenerativo. Sin abordar a la vez el volumen total de materiales y la proporción que realmente se recircula, la transición climática carecerá de la base física necesaria.

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De Dubái a Belém: qué queda realmente para el clima tras tres COP claves

Foto de The Climate Reality Project en Unsplash

En solo tres años, las cumbres del clima han pasado de aprobar en Dubái el primer llamamiento a “transitar lejos de todos los combustibles fósiles” en los sistemas energéticos a acordar en la COP30 en Belém un paquete centrado en reforzar la adaptación y el apoyo a los más vulnerables, pero sin incluir una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. 

La celebración de la COP30 no ha sido un simple cambio de sede en el calendario de las cumbres climáticas. Brasil eligió situar la conferencia en una ciudad amazónica de más de un millón de habitantes, en la desembocadura del río Pará, para colocar el foco mundial sobre la mayor selva tropical del planeta y sobre las tensiones entre desarrollo urbano, desigualdad y conservación del bosque. 

Todo ello en un momento en que los informes científicos dibujan un margen cada vez más estrecho. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido de que limitar el calentamiento en torno a 1,5ºC exige que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo antes de 2025 y se reduzcan alrededor de un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. 

Los análisis más recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan, además, que para mantener esa trayectoria las emisiones tendrían que caer aproximadamente un 55% de aquí a 2035, mientras que los planes nacionales actuales nos encaminan a un calentamiento de entre 2,3 y 2,5ºC a finales de siglo. 

En ese contexto climático se encadenan tres cumbres clave. En Dubái, la COP28 cerró el primer balance global del Acuerdo de París con un documento que situó explícitamente los combustibles fósiles en el centro del debate sobre mitigación.

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Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

Foto de Christina @ wocintechchat.com en Unsplash

Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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La factura de la inacción climática se mide ya en miles de millones

Foto de Chris LeBoutillier en Unsplash

Un informe elaborado por EcoVadis y Boston Consulting Group advierte de que, para 2030, las compañías podrían enfrentarse a más de medio billón de dólares anuales en riesgos financieros si no abordan las emisiones de su cadena de suministro. El estudio convierte al Alcance 3 de la huella de carbono en una cuestión estratégica para la supervivencia empresarial y sus beneficios económicos.

El calentamiento global ya no es una amenaza abstracta, sino una realidad que está remodelando el terreno de juego de las empresas. En 2024, las temperaturas globales superaron por primera vez durante un año completo el umbral de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, un hito que marca un punto de no retorno en la trayectoria climática. Desde el año 2000, los desastres relacionados con el clima han provocado pérdidas directas superiores a 3,6 billones de dólares, y la frecuencia de estos episodios sigue aumentando.

A esa presión física se añaden los llamados riesgos de transición, como son las nuevas normativas sobre emisiones, cambios en las preferencias de los consumidores y tecnologías que aceleran el desplazamiento hacia modelos de negocio bajos en carbono. Este cóctel convierte al clima en un factor capaz de erosionar márgenes, elevar costes operativos e inflar primas de seguros, afectando de manera directa a la rentabilidad.

El Carbon Action Report 2025, publicado por EcoVadis y Boston Consulting Group, lanza una advertencia clara: los próximos cinco años son clave para frenar esta deriva. La gran incógnita es cómo gestionar el Alcance 3, es decir, las emisiones de la cadena de suministro, que se han convertido en el auténtico agujero negro de la estrategia corporativa.

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Inclusión financiera global: entre victorias y asignaturas pendientes

Foto de Mathieu Stern en Unsplash

Disponer de un teléfono en el bolsillo y acceso a datos en casi cualquier rincón del planeta no basta para que las personas aprovechen de verdad los servicios financieros formales. Esa es la evidencia incómoda que atraviesa el Global Findex 2025, el examen cuatrienal con el que el Banco Mundial toma el pulso a la inclusión económica mundial.

Cuando el Banco Mundial presentó el Global Findex 2025 el pasado mes de julio, la cifra que acaparó los titulares fue el79 % de adultos que hoy poseen una cuenta en un banco, una fintech o un servicio de dinero móvil. El dato suena rotundo: hace apenas una década esa proporción era poco más de la mitad. Sin embargo, tras la euforia se esconde un número igual de elocuente: millones de personas siguen fuera del sistema, a pesar de que la gran penetración de los teléfonos inteligentes y la existencia de una cobertura digital que, sobre el papel, debería bastar para abrir y gestionar una cuenta.

El Findex nació en 2011 como un censo cuatrienal sobre acceso a servicios financieros. En su edición 2025 ha ampliado la muestra a más de 140.000 encuestados de 141 países y puesto el foco en la economía digital. Por primera vez incorpora un “Digital Connectivity Tracker” que superpone posesión de móvil, uso de internet y calidad de la conectividad con los clásicos indicadores de cuentas, pagos, ahorro y crédito. 

La fotografía resultante es, a partes iguales, alentadora e incómoda: allí donde la banda ancha se masifica crece el dinero móvil y se disparan los pagos digitales, pero en esos mismos territorios afloran nuevos miedos (fraude, suplantación, robo de identidad) que a menudo bastan para mantener inactiva una cuenta recién abierta.

A la luz de esos hallazgos el debate ya no gira solo en torno al acceso, sino a la calidad del uso. En algunos mercados, una de cada cuatro cuentas permanece inactiva, lo que subraya que el acceso no siempre se traduce en uso efectivo. Esos titulares mueven dinero con tanta poca frecuencia que, en la práctica, siguen fuera del circuito formal. También se identifica una brecha de género que persiste (cinco puntos porcentuales en los países de renta media-baja) y apunta a la desconfianza como freno transversal. 

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