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Europa reordena la sostenibilidad en 2026: cuatro frentes que cambian la agenda

Foto de Brett Jordan en Unsplash

El arranque de 2026 obliga a revisar planes que muchas empresas ya habían dado por cerrados. El paquete Ómnibus de simplificación, impulsado por la Comisión Europea, ha reordenado parte del calendario y ha abierto cambios de contenido en el núcleo del reporting y la diligencia debida.  A la vez, el año trae fechas que sí se cumplen y que se notan en operaciones, producto y comunicación, con implicaciones directas en importaciones, envases y mensajes ambientales al mercado.

En muchas compañías, los cambios regulatorios en sostenibilidad ya no se gestionan como un apéndice. Por eso, cuando Bruselas mueve fechas o revisa requisitos, el efecto se nota rápido en proyectos que ya estaban en marcha, sobre todo en sistemas de datos, en circuitos de evidencia y en la coordinación entre áreas.

El paquete Ómnibus ha introducido precisamente ese tipo de ajuste. La Comisión Europea presentó el paquete como un conjunto de medidas para simplificar y, de forma explícita, incluyó una propuesta para aplazar dos años requisitos de reporte que estaban previstos para 2026 o 2027, con el argumento de ganar tiempo para acordar cambios sustantivos.  

El Consejo confirmó la aprobación de esa medida de aplazamiento en abril de 2025, subrayando la búsqueda de seguridad jurídica y competitividad. Ese cambio de ritmo está obligando a muchas organizaciones a revisar su hoja de ruta. Algunas líneas de trabajo se recalibran, otras se consolidan y otras conviene no cerrarlas todavía mientras el marco siga en revisión.

Por otra parte, 2026 no se va a vivir solo en clave corporativa. Hay frentes que entran en fase operativa dentro del propio año y que obligan a actuar, e incluso si parte del reporting se reprograma, generando una agenda más exigente.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

Foto de Fotos en Unsplash

La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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