Esta semana hemos asistido al descubrimiento de otro nuevo fraude a los consumidores en forma de pacto de precios entre empresas.
La Comunidad Europea ha sancionado con unos 3.000 millones de euros a los constructores de camiones MAN (propiedad de Volkswagen), Volvo (propiedad de Renault), Daimler, Iveco y DAF, por prácticas como haber pactado los precios de venta de sus vehículos y el calendario para retrasar la introducción de la tecnología necesaria en sus vehículos para cumplir las normas comunitarias en materia de emisiones contaminantes, o haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes.
Además, también se está investigando a una sexta compañía, Scania, propiedad del Grupo Volkswagen al igual que MAN.
El delito ha sido castigado después de que las empresas reconociesen los cargos, dentro de “un procedimiento «amistoso» dirigido a reducir sus multas. Como resultado, el Ejecutivo ha aceptado bajar en un 10% las sanciones, llegando a perdonar por completo la impuesta a MAN, por ser la marca que destapó la existencia del cártel”.
La multa ha sido las más grande hasta la fecha por unas prácticas de cártel, que en este caso se han extendido nada más y nada menos que desde 1997 hasta 2011.
La comisaria de Competencia europea, Margrethe Vestager, “ha insistido en que «no es aceptable» que un grupo de empresas que, en conjunto, fabrican nueve de cada diez camiones de peso medio y pesado en Europa, se una para acordar los precios de venta «en lugar de hacerse la competencia»”.