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Crisis climática, cuando las cifras del pasado obligan a replantear el futuro

Foto de Giorgio Parravicini en Unsplash

La organización alemana Germanwatch ha publicado el Índice de Riesgo Climático 2026 (Climate Risk Index, CRI), un análisis que mira casi tres décadas de eventos meteorológicos extremos y los convierte en un mapa del impacto real de la crisis climática. Entre 1995 y 2024 se han registrado más de 9.700 episodios de este tipo, con más de 832.000 personas fallecidas, casi 5.700 millones de personas afectadas y pérdidas económicas directas que rozan los 4,5 billones de dólares estadounidenses, una vez ajustadas por inflación. 

El CRI es una herramienta que clasifica a los países según los efectos que han sufrido por fenómenos meteorológicos extremos. Utiliza datos de la base internacional EM-DAT, mantenida por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, y combina para cada país seis indicadores: número de fallecidos, fallecidos por cada cien mil habitantes, personas afectadas, personas afectadas por cada cien mil habitantes, pérdidas económicas absolutas y pérdidas económicas relativas al producto interior bruto. 

El resultado es una puntuación que permite comparar la gravedad de los impactos entre países en dos escalas temporales: el periodo largo de 1995 a 2024 y el año concreto de 2024.

Germanwatch recuerda que no se trata de un indicador de futuro, sino de una forma de ordenar episodios que ya se han producido. Aun así, ese pasado reciente está directamente vinculado a la dinámica de la crisis climática. El propio documento abre la sección de resultados con una idea clara: las consecuencias del cambio climático son visibles en todo el mundo, con una intensidad creciente de muchos fenómenos extremos. 

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¿Quién vigila a los ratings ASG? Así va a cambiar su gobernanza en Europa

Foto de Brett Jordan en Unsplash

Las calificaciones de sostenibilidad han ido ganando poder en silencio en los últimos años. Influyen en qué empresas entran en índices, en cómo se percibe el riesgo de un bono o en qué productos se venden como sostenibles a clientes minoristas. Sin embargo, quienes ponen la nota han operado en un terreno poco regulado, con metodologías opacas y reglas dispares según el proveedor. 

Con el Reglamento (UE) 2024/3005 sobre la transparencia e integridad de las actividades de calificación ASG (por ambiental, social y de gobernanza), la Unión Europea ha dejado claro que ya no vale seguir funcionando sin reglas comunes: define qué es una calificación ASG, establece requisitos comunes y traslada a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) la supervisión directa de los proveedores.

En el actual mercado apenas había supervisión nacional, con importantes divergencias entre Estados miembros, falta de transparencia metodológica, conflictos de interés y dificultades para comparar calificaciones. Todo ello, según el texto de del Reglamento, creaba obstáculos al funcionamiento del mercado interior y podía distorsionar decisiones de inversión.

Esta nueva norma entró en vigor el 1 de enero de 2025, pero su aplicación efectiva se retrasa hasta el 2 de julio de 2026, fecha a partir de la cual los proveedores que operen en la Unión deberán estar autorizados o reconocidos por ESMA o, como mínimo, haber notificado su intención de seguir operando y estar en proceso de autorización.

Además, el Reglamento impone a ESMA la elaboración de varias normas técnicas de desarrollo, conocidas como normas técnicas de regulación, que concretan cómo deben solicitar la autorización los proveedores, qué información deben divulgar, de qué manera deben separar actividades potencialmente conflictivas y cómo deben organizar su gobernanza interna. 

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Gobernar en terreno inestable: cómo navegar el nuevo mapa de riesgos de 2026

Foto de GR Stocks en Unsplash

La gobernanza corporativa, la “G” de ASG (ambiental, social y gobernanza, también conocido como ESG), se asocia con frecuencia a buen gobierno interno (cumplimiento, anticorrupción, transparencia y controles), pero en 2026 ese marco puede quedarse corto si se mira el contexto de riesgos. 

El Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) sitúa la confrontación geoeconómica como el riesgo principal para 2026 y coloca la desinformación y la polarización social dentro de los cinco riesgos principales para ese año.

El informe no solo enumera riesgos, también ayuda a entender cómo se conectan. Entre los cinco principales riesgos de 2026 aparecen, junto a la confrontación geoeconómica, el conflicto armado entre estados y los fenómenos meteorológicos extremos, lo que es coherente con un entorno donde se mezclan tensiones entre países, impactos físicos y fractura social. Y cuando el WEF mira a dos años, sitúa la desinformación en segunda posición por severidad, una señal de que el riesgo no es puntual y puede agravarse.

Con esa lectura, el Foro describe una “era de la competencia” marcada por fragmentación, en la que el comercio, la tecnología y las finanzas se usan cada vez más como instrumentos en la rivalidad entre bloques, en un contexto que dificulta la cooperación multilateral. En ese escenario, decisiones que antes parecían relativamente estables (dónde producir, a qué mercados vender, qué proveedores son críticos y por qué rutas se mueve el valor) pueden verse afectadas por tensiones geopolíticas, restricciones y cambios regulatorios.

Eso obliga a que la gobernanza se traduzca en decisiones operativas, no solo en políticas. Definir límites de exposición, acordar qué señales activan planes alternativos y, al mismo tiempo, poner orden en lo que la empresa comunica, de forma que cualquier mensaje relevante pueda sostenerse con datos, método y un rastro interno claro para defenderlo si se cuestiona.

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Los mercados privados prueban que la sostenibilidad crea valor real

Foto de Tech Daily en Unsplash

Los fondos de capital privado están demostrando que la sostenibilidad puede medirse en beneficios económicos, no solo en intenciones. El seguimiento de miles de empresas participadas muestra mejoras tangibles en eficiencia, clima y gestión de personas. Todo esto tiene un resultado claro: negocios más rentables y preparados para competir a largo plazo.

Durante años se ha hablado de sostenibilidad en los mercados financieros como un compromiso moral o una cuestión reputacional, pero, hoy en día, los datos dicen otra cosa. En los mercados privados (donde los fondos de inversión adquieren compañías, las gestionan durante varios años y luego las venden o sacan a bolsa) la sostenibilidad se está convirtiendo en una fuente medible de creación de valor.

El estudio Sustainability in Private Markets elaborado por Boston Consulting Group y la ESG Data Convergence Initiative (EDCI) en octubre de 2025 es una de las bases más sólidas que existen para afirmarlo. Reúne información real de más de 9.000 empresas de cartera gestionadas por 320 fondos de capital privado en todo el mundo. Su objetivo es comprobar qué impacto tienen las medidas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los resultados empresariales.

Los datos son concluyentes: las gestoras que integran la sostenibilidad en sus planes de negocio obtienen un aumento medio del 4 % al 7 % en el EBITDA durante el tiempo que mantienen las empresas en su cartera. El EBITDA es un indicador que refleja la rentabilidad operativa de un negocio, es decir, cuánto gana antes de descontar impuestos, intereses y amortizaciones. En otras palabras, muestra si las mejoras en eficiencia o productividad se traducen en resultados reales.

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La guerra en Irán pone a prueba la resiliencia corporativa

Foto de Jeff Kingma en Unsplash

El repunte del precio del petróleo y la brusca caída de tránsitos por el estrecho de Ormuz han devuelto la geopolítica a la agenda inmediata de consejos de administración y comités de riesgos. Más allá del foco mediático sobre el conflicto, muchas empresas se encuentran con un impacto muy concreto en tres frentes costes energéticos, fricción logística y encarecimiento de seguros para rutas críticas.

En los últimos días, el conflicto en Oriente Medio ha escalado con ataques que afectan a infraestructuras de diversos países de la zona y al tráfico marítimo, alterando las expectativas del mercado energético. En el momento de escribir estas líneas, agencias internacionales han recogido subidas cercanas al 7% en el petróleo Brent en una sola sesión, impulsadas por el temor a interrupciones en una zona que canaliza más de una quinta parte de los flujos marítimos globales de petróleo y gas natural licuado.

Mientras algunos buques dan media vuelta o buscan rutas alternativas, aseguradoras especializadas han empezado a cancelar coberturas de guerra en el Golfo Pérsico antes de la reapertura de los mercados, lo que anticipa subidas de primas y renegociaciones aceleradas.

Este episodio llega, además, en un contexto en el que la tensión entre bloques y la competencia económica se han convertido en un factor de inestabilidad permanente. A ese ruido de fondo se suman factores como la reaparición de conflictos entre Estados, un cóctel que ya figura entre las preocupaciones más inmediatas en los análisis internacionales de riesgo.

Ese análisis refuerza la lectura de un entorno donde se cruzan tensiones geopolíticas, impactos físicos y fractura social, con efectos directos sobre las cadenas de valor y los mercados. En ese contexto, la gobernanza empresarial se entiende cada vez más como la capacidad de convertir un entorno volátil en decisiones informadas sobre exposición, umbrales de riesgo aceptable y planes de contingencia.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Directiva Whistleblowing: seis años de avances… y asignaturas pendientes

Foto de Iqro Rinaldi en Unsplash

Cinco años después de que la Unión Europea aprobara la Directiva sobre protección de denunciantes, todos los Estados miembros han incorporado la norma a su legislación, pero muy pocos la aplican con pleno alcance. Mientras la justicia europea sanciona a los gobiernos que siguen sin cumplir, las empresas descubren que proteger a quienes se atreven a hablar no es solo un imperativo legal, sino una estrategia clave para su futuro.

En diciembre de 2019, la UE dio un paso decisivo en su apuesta por la transparencia y la integridad. Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas quiso garantizar que cualquier persona (empleado, proveedor, cliente o colaborador) pudiera informar sobre infracciones del Derecho europeo sin miedo a sufrir represalias.

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

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De principio a obligación: la sostenibilidad pasa a ser eje de la gobernanza bancaria

Foto de Etienne Martin en Unsplash

El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó a consulta pública una versión profundamente revisada de sus Guidelines on Internal Governance. El texto obliga a los bancos a demostrar que la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) está tan integrada en la cultura corporativa como el seguimiento de la solvencia o la liquidez. 

La consulta de la EBA se cierra el 7 de noviembre, pero su efecto ya se deja sentir en los bancos: departamentos de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna trabajan contrarreloj para reescribir estructuras, métricas y procesos que hasta ahora trataban la sostenibilidad como un apéndice voluntario. 

La reforma propuesta no es un mero retoque semántico. Se trata de la primera vez que un supervisor prudencial de ámbito europeo exige que la identificación, medición y seguimiento de los riesgos ASG figure explícitamente en la declaración de apetito de riesgo y, por extensión, en las obligaciones fiduciarias de los consejos de administración. 

El borrador EBA/CP/2025/20, parte de una constatación contundente: los riesgos ASG pueden activar, amplificar o desencadenar los riesgos tradicionales, desde el crédito hasta el operativo, por tanto, deben formar parte indisoluble de la estrategia de negocio y del control interno. 

Todo esto anticipa un nuevo paradigma. Si en 2021 las directrices de la EBA introducían la sostenibilidad como principio orientador, la versión de 2025 la convierte en requisito operativo y prueba de fuego de la cultura de riesgos. 

A partir de ahora, hablar de solidez bancaria en Europa significará también demostrar que la institución está preparada para los choques reputacionales, regulatorios y financieros que se derivan de ignorar (o subestimar) los factores ASG.

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De Dubái a Belém: qué queda realmente para el clima tras tres COP claves

Foto de The Climate Reality Project en Unsplash

En solo tres años, las cumbres del clima han pasado de aprobar en Dubái el primer llamamiento a “transitar lejos de todos los combustibles fósiles” en los sistemas energéticos a acordar en la COP30 en Belém un paquete centrado en reforzar la adaptación y el apoyo a los más vulnerables, pero sin incluir una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. 

La celebración de la COP30 no ha sido un simple cambio de sede en el calendario de las cumbres climáticas. Brasil eligió situar la conferencia en una ciudad amazónica de más de un millón de habitantes, en la desembocadura del río Pará, para colocar el foco mundial sobre la mayor selva tropical del planeta y sobre las tensiones entre desarrollo urbano, desigualdad y conservación del bosque. 

Todo ello en un momento en que los informes científicos dibujan un margen cada vez más estrecho. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido de que limitar el calentamiento en torno a 1,5ºC exige que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo antes de 2025 y se reduzcan alrededor de un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. 

Los análisis más recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan, además, que para mantener esa trayectoria las emisiones tendrían que caer aproximadamente un 55% de aquí a 2035, mientras que los planes nacionales actuales nos encaminan a un calentamiento de entre 2,3 y 2,5ºC a finales de siglo. 

En ese contexto climático se encadenan tres cumbres clave. En Dubái, la COP28 cerró el primer balance global del Acuerdo de París con un documento que situó explícitamente los combustibles fósiles en el centro del debate sobre mitigación.

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Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

Foto de Christina @ wocintechchat.com en Unsplash

Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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