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Gobernar en terreno inestable: cómo navegar el nuevo mapa de riesgos de 2026

Foto de GR Stocks en Unsplash

La gobernanza corporativa, la “G” de ASG (ambiental, social y gobernanza, también conocido como ESG), se asocia con frecuencia a buen gobierno interno (cumplimiento, anticorrupción, transparencia y controles), pero en 2026 ese marco puede quedarse corto si se mira el contexto de riesgos. 

El Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) sitúa la confrontación geoeconómica como el riesgo principal para 2026 y coloca la desinformación y la polarización social dentro de los cinco riesgos principales para ese año.

El informe no solo enumera riesgos, también ayuda a entender cómo se conectan. Entre los cinco principales riesgos de 2026 aparecen, junto a la confrontación geoeconómica, el conflicto armado entre estados y los fenómenos meteorológicos extremos, lo que es coherente con un entorno donde se mezclan tensiones entre países, impactos físicos y fractura social. Y cuando el WEF mira a dos años, sitúa la desinformación en segunda posición por severidad, una señal de que el riesgo no es puntual y puede agravarse.

Con esa lectura, el Foro describe una “era de la competencia” marcada por fragmentación, en la que el comercio, la tecnología y las finanzas se usan cada vez más como instrumentos en la rivalidad entre bloques, en un contexto que dificulta la cooperación multilateral. En ese escenario, decisiones que antes parecían relativamente estables (dónde producir, a qué mercados vender, qué proveedores son críticos y por qué rutas se mueve el valor) pueden verse afectadas por tensiones geopolíticas, restricciones y cambios regulatorios.

Eso obliga a que la gobernanza se traduzca en decisiones operativas, no solo en políticas. Definir límites de exposición, acordar qué señales activan planes alternativos y, al mismo tiempo, poner orden en lo que la empresa comunica, de forma que cualquier mensaje relevante pueda sostenerse con datos, método y un rastro interno claro para defenderlo si se cuestiona.

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Los mercados privados prueban que la sostenibilidad crea valor real

Foto de Tech Daily en Unsplash

Los fondos de capital privado están demostrando que la sostenibilidad puede medirse en beneficios económicos, no solo en intenciones. El seguimiento de miles de empresas participadas muestra mejoras tangibles en eficiencia, clima y gestión de personas. Todo esto tiene un resultado claro: negocios más rentables y preparados para competir a largo plazo.

Durante años se ha hablado de sostenibilidad en los mercados financieros como un compromiso moral o una cuestión reputacional, pero, hoy en día, los datos dicen otra cosa. En los mercados privados (donde los fondos de inversión adquieren compañías, las gestionan durante varios años y luego las venden o sacan a bolsa) la sostenibilidad se está convirtiendo en una fuente medible de creación de valor.

El estudio Sustainability in Private Markets elaborado por Boston Consulting Group y la ESG Data Convergence Initiative (EDCI) en octubre de 2025 es una de las bases más sólidas que existen para afirmarlo. Reúne información real de más de 9.000 empresas de cartera gestionadas por 320 fondos de capital privado en todo el mundo. Su objetivo es comprobar qué impacto tienen las medidas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los resultados empresariales.

Los datos son concluyentes: las gestoras que integran la sostenibilidad en sus planes de negocio obtienen un aumento medio del 4 % al 7 % en el EBITDA durante el tiempo que mantienen las empresas en su cartera. El EBITDA es un indicador que refleja la rentabilidad operativa de un negocio, es decir, cuánto gana antes de descontar impuestos, intereses y amortizaciones. En otras palabras, muestra si las mejoras en eficiencia o productividad se traducen en resultados reales.

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La guerra en Irán pone a prueba la resiliencia corporativa

Foto de Jeff Kingma en Unsplash

El repunte del precio del petróleo y la brusca caída de tránsitos por el estrecho de Ormuz han devuelto la geopolítica a la agenda inmediata de consejos de administración y comités de riesgos. Más allá del foco mediático sobre el conflicto, muchas empresas se encuentran con un impacto muy concreto en tres frentes costes energéticos, fricción logística y encarecimiento de seguros para rutas críticas.

En los últimos días, el conflicto en Oriente Medio ha escalado con ataques que afectan a infraestructuras de diversos países de la zona y al tráfico marítimo, alterando las expectativas del mercado energético. En el momento de escribir estas líneas, agencias internacionales han recogido subidas cercanas al 7% en el petróleo Brent en una sola sesión, impulsadas por el temor a interrupciones en una zona que canaliza más de una quinta parte de los flujos marítimos globales de petróleo y gas natural licuado.

Mientras algunos buques dan media vuelta o buscan rutas alternativas, aseguradoras especializadas han empezado a cancelar coberturas de guerra en el Golfo Pérsico antes de la reapertura de los mercados, lo que anticipa subidas de primas y renegociaciones aceleradas.

Este episodio llega, además, en un contexto en el que la tensión entre bloques y la competencia económica se han convertido en un factor de inestabilidad permanente. A ese ruido de fondo se suman factores como la reaparición de conflictos entre Estados, un cóctel que ya figura entre las preocupaciones más inmediatas en los análisis internacionales de riesgo.

Ese análisis refuerza la lectura de un entorno donde se cruzan tensiones geopolíticas, impactos físicos y fractura social, con efectos directos sobre las cadenas de valor y los mercados. En ese contexto, la gobernanza empresarial se entiende cada vez más como la capacidad de convertir un entorno volátil en decisiones informadas sobre exposición, umbrales de riesgo aceptable y planes de contingencia.

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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Directiva Whistleblowing: seis años de avances… y asignaturas pendientes

Foto de Iqro Rinaldi en Unsplash

Cinco años después de que la Unión Europea aprobara la Directiva sobre protección de denunciantes, todos los Estados miembros han incorporado la norma a su legislación, pero muy pocos la aplican con pleno alcance. Mientras la justicia europea sanciona a los gobiernos que siguen sin cumplir, las empresas descubren que proteger a quienes se atreven a hablar no es solo un imperativo legal, sino una estrategia clave para su futuro.

En diciembre de 2019, la UE dio un paso decisivo en su apuesta por la transparencia y la integridad. Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas quiso garantizar que cualquier persona (empleado, proveedor, cliente o colaborador) pudiera informar sobre infracciones del Derecho europeo sin miedo a sufrir represalias.

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

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De principio a obligación: la sostenibilidad pasa a ser eje de la gobernanza bancaria

Foto de Etienne Martin en Unsplash

El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó a consulta pública una versión profundamente revisada de sus Guidelines on Internal Governance. El texto obliga a los bancos a demostrar que la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) está tan integrada en la cultura corporativa como el seguimiento de la solvencia o la liquidez. 

La consulta de la EBA se cierra el 7 de noviembre, pero su efecto ya se deja sentir en los bancos: departamentos de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna trabajan contrarreloj para reescribir estructuras, métricas y procesos que hasta ahora trataban la sostenibilidad como un apéndice voluntario. 

La reforma propuesta no es un mero retoque semántico. Se trata de la primera vez que un supervisor prudencial de ámbito europeo exige que la identificación, medición y seguimiento de los riesgos ASG figure explícitamente en la declaración de apetito de riesgo y, por extensión, en las obligaciones fiduciarias de los consejos de administración. 

El borrador EBA/CP/2025/20, parte de una constatación contundente: los riesgos ASG pueden activar, amplificar o desencadenar los riesgos tradicionales, desde el crédito hasta el operativo, por tanto, deben formar parte indisoluble de la estrategia de negocio y del control interno. 

Todo esto anticipa un nuevo paradigma. Si en 2021 las directrices de la EBA introducían la sostenibilidad como principio orientador, la versión de 2025 la convierte en requisito operativo y prueba de fuego de la cultura de riesgos. 

A partir de ahora, hablar de solidez bancaria en Europa significará también demostrar que la institución está preparada para los choques reputacionales, regulatorios y financieros que se derivan de ignorar (o subestimar) los factores ASG.

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De Dubái a Belém: qué queda realmente para el clima tras tres COP claves

Foto de The Climate Reality Project en Unsplash

En solo tres años, las cumbres del clima han pasado de aprobar en Dubái el primer llamamiento a “transitar lejos de todos los combustibles fósiles” en los sistemas energéticos a acordar en la COP30 en Belém un paquete centrado en reforzar la adaptación y el apoyo a los más vulnerables, pero sin incluir una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. 

La celebración de la COP30 no ha sido un simple cambio de sede en el calendario de las cumbres climáticas. Brasil eligió situar la conferencia en una ciudad amazónica de más de un millón de habitantes, en la desembocadura del río Pará, para colocar el foco mundial sobre la mayor selva tropical del planeta y sobre las tensiones entre desarrollo urbano, desigualdad y conservación del bosque. 

Todo ello en un momento en que los informes científicos dibujan un margen cada vez más estrecho. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido de que limitar el calentamiento en torno a 1,5ºC exige que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo antes de 2025 y se reduzcan alrededor de un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. 

Los análisis más recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan, además, que para mantener esa trayectoria las emisiones tendrían que caer aproximadamente un 55% de aquí a 2035, mientras que los planes nacionales actuales nos encaminan a un calentamiento de entre 2,3 y 2,5ºC a finales de siglo. 

En ese contexto climático se encadenan tres cumbres clave. En Dubái, la COP28 cerró el primer balance global del Acuerdo de París con un documento que situó explícitamente los combustibles fósiles en el centro del debate sobre mitigación.

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Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

Foto de Christina @ wocintechchat.com en Unsplash

Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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La factura de la inacción climática se mide ya en miles de millones

Foto de Chris LeBoutillier en Unsplash

Un informe elaborado por EcoVadis y Boston Consulting Group advierte de que, para 2030, las compañías podrían enfrentarse a más de medio billón de dólares anuales en riesgos financieros si no abordan las emisiones de su cadena de suministro. El estudio convierte al Alcance 3 de la huella de carbono en una cuestión estratégica para la supervivencia empresarial y sus beneficios económicos.

El calentamiento global ya no es una amenaza abstracta, sino una realidad que está remodelando el terreno de juego de las empresas. En 2024, las temperaturas globales superaron por primera vez durante un año completo el umbral de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, un hito que marca un punto de no retorno en la trayectoria climática. Desde el año 2000, los desastres relacionados con el clima han provocado pérdidas directas superiores a 3,6 billones de dólares, y la frecuencia de estos episodios sigue aumentando.

A esa presión física se añaden los llamados riesgos de transición, como son las nuevas normativas sobre emisiones, cambios en las preferencias de los consumidores y tecnologías que aceleran el desplazamiento hacia modelos de negocio bajos en carbono. Este cóctel convierte al clima en un factor capaz de erosionar márgenes, elevar costes operativos e inflar primas de seguros, afectando de manera directa a la rentabilidad.

El Carbon Action Report 2025, publicado por EcoVadis y Boston Consulting Group, lanza una advertencia clara: los próximos cinco años son clave para frenar esta deriva. La gran incógnita es cómo gestionar el Alcance 3, es decir, las emisiones de la cadena de suministro, que se han convertido en el auténtico agujero negro de la estrategia corporativa.

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Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías

Foto de Kumpan Electric en Unsplash

En 2024, Volvo dio un paso clave hacia la transparencia en la movilidad eléctrica con el lanzamiento del primer pasaporte de baterías plenamente operativo e integrado en un modelo de producción en serie. Este documento digital, integrado en su SUV EX90 y accesible mediante un código QR, permite conocer diversos datos sobre la batería del vehículo. En la actualidad, la apuesta de Volvo no solo sigue vigente, sino que anticipa la trazabilidad obligatoria que exigirá la normativa europea a partir de 2027, marcando un antes y un después en la industria del automóvil.

A partir del 18 de febrero de 2027, cualquier comprador de un vehículo eléctrico (EV) en la UE podrá escanear el QR (impreso o grabado de forma visible en la batería, su embalaje o la documentación que la acompaña) y consultar datos como dónde se extrajo el cobalto y el litio de la batería, cuánta huella de carbono arrastra y cuántos ciclos de carga le quedan. 

La obligación nace en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2023/1542, que convierte esa ficha técnica digital (el battery Passport) en requisito para todas las baterías de EV, micromovilidad y usos industriales de más de 2 kWh, con el QR como llave de acceso público y gratuito a la información.  

El primer pasaporte de baterías operativo fue desarrollado por Volvo junto a la startup británica Circulor. El sistema rastrea materias primas “de la mina al volante”, actualiza el estado de salud de la batería durante 15 años y cuesta unos 10 dólares por vehículo, desde casi tres años antes de que entre en vigor la norma europea. 

Para Bruselas, esta iniciativa será el campo de pruebas del futuro Digital Product Passport (DPP), la identidad digital que el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) extenderá a la mayoría de bienes de consumo antes de 2030.    

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