Para los científicos, la mortífera ola de calor que batió récords hace unos días en algunas zonas del oeste de Estados Unidos y Canadá habría sido prácticamente imposible sin la influencia del cambio climático que ha hecho que las temperaturas extremas sean al menos 150 veces más probables.
Según la agencia estadounidense NOAA Climate.gov, siempre es difícil cuantificar de inmediato el impacto del cambio climático en un los eventos climático extremos, pero hay muchas pruebas que demuestran que las altas temperaturas y las olas de calor han empeorado debido al cambio climático.
De hecho, las olas de calor en los Estados Unidos se han producido con más frecuencia y han durado más tiempo desde la década de 1960, lo que es coherente con un calentamiento del clima debido al cambio climático. Y según el Índice de Extremos Climáticos de la NOAA, el suroeste de ese país ha experimentado un agrandamiento de la zona que sufre temperaturas altas extremas en verano durante los últimos veinte años, con muy poco alivio en los últimos seis años.
Y no sólo han aumentado las temperaturas en el pasado, sino que se prevé que sigan aumentandodebido a la liberación de gases de efecto invernadero. Concretamente, como se señala en el Informe Especial sobre la Ciencia del Clima, se espera que las temperaturas extremas aumenten aún más que las temperaturas medias en los Estados Unidos continentales. Eventos como esta ola de calor pueden ser raros todavía, pero serán más comunes a finales de siglo.
El movimiento globalizador ocurrido en las últimas décadas no ha funcionado en beneficio de todos, haciendo que algunos actores económicos hayan acumulado un gran poder y generando una desigual distribución de la riqueza que se ha visto, además, agravada por la pandemia de la Covid-19.
Algunas de las acciones de inversión llevadas a cabo por esos actores financieros se han venido relacionando con el abuso de los derechos humanos, haciéndose muy patente la necesidad de que estos actores cumplan con su responsabilidad internacional en ese ámbito.
La anterior es una de las conclusiones a la que llega la International Federation for Human Rights (FIDH) en su informe “From Policies to Impacts:Analysing Modern Slavery Risks in Portfolio Companies”, y en el que también ofrece a los inversores herramientas para identificar y abordar los riesgos de los derechos humanos, incluidos los riesgos de la esclavitud moderna en sus carteras de inversión.
Tras la progresiva legalización de las normas internacionales de “soft law” sobre empresas y derechos humanos, para la FIDH la “S” de “ESG” (siglas en inglés de Medio ambiente, Social y Gobernanza) ya no es un criterio opcional que los inversores pueden incluir en su proceso de toma de decisiones, sino que se está convirtiendo en parte de su deber normativo de respetar esos derechos.
La Comisión Europea dio a conocer el pasado 21 de abril una primera tanda de normas de aplicación de la Taxonomía financiera sostenible de la UE, en la que se detallan los criterios técnicos que deben cumplir las empresas para obtener una etiqueta de inversión verde en Europa.
El objetivo de la Taxonomía es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles, o en otras palabras, ofrecer un sistema de criba para que las empresas y los inversores determinen si una actividad económica es “verde” o no.
Mediante su implementación se espera crear seguridad para los inversores, proteger a los inversores privados del greenwashing, ayudar a las empresas a planificar la transición hacia una economía baja en carbono, mitigar la fragmentación del mercado y, finalmente, ayudar a desplazar las inversiones hacia donde más se necesitan. En resumen, la Taxonomía es una pieza clave para para aumentar las inversiones sostenibles y aplicar el Pacto Verde Europeo.
Tras varios años en desarrollo, la Taxonomía es bastante extensa y compleja, y todavía no está finalizada en su totalidad. Aún así, ya se han establecido claramente sus bases y funcionamiento, y las empresas y organizaciones están mostrando interés y atención de cara a su próxima entrada en vigor.
¿Quiénes y cuándo deben informar en base a la Taxonomía?
El Reglamento de la Taxonomía establece tres grupos de usuarios de la misma:
Los participantes en el mercado financiero que ofrecen productos financieros en la UE, incluidos los proveedores de pensiones de jubilación.
Las grandes empresas que ya están obligadas a presentar una declaración no financiera en virtud de la Directiva sobre información no financiera.
La UE y los Estados miembros, al establecer medidas, normas o etiquetas públicas para los productos financieros verdes o los bonos (corporativos) verdes.
En el caso de los participantes en los mercados financieros, estos tendrán que completar sus primeros informes con respecto a la Taxonomía, cubriendo las actividades que contribuyen sustancialmente dos de sus objetivos medioambientales, como son la mitigación y/o adaptación al cambio climático, antes del 31 de diciembre de 2021.
Por su parte, las empresas deberán informar en el primer trimestre de 2022 sobre sus actividades relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, y a finales de ese año se exigirá un conjunto ampliado de información que cubra las actividades que contribuyen sustancialmente a los seis objetivos medioambientales.
Los criterios técnicos de selección para las actividades que contribuyen sustancialmente al agua, la economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección de los ecosistemas se publicarán a finales de 2021, y se sumarán a los criterios relativos a mitigación y/o adaptación al cambio climático ya mencionados.
Objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento sobre Taxonomía.
Para ser incluida en la Taxonomía, una actividad económica debe contribuir sustancialmente al menos a uno de los seis objetivos ambientales y no causar daños significativos a los otros cinco, además de cumplir con unas garantías sociales mínimas (p.ej. las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos).
Criterios para incluir una actividad económica en la Taxonomía.
Por lo que respecta a la evaluación de la adecuación a la Taxonomía, esta deberá realizarse por actividad económica y no por sector o industria. Las recomendaciones del Grupo de Expertos Técnicos en Financiación Sostenible (TEG) se estructuran en torno al sistema de clasificación industrial de la NACE (Nomenclatura de Actividades Económicas en la Comunidad Europea) de la UE, y el TEG ha establecido criterios técnicos de selección para las actividades económicas dentro de macro sectores prioritarios.
Este sistema de clasificación fue seleccionado por su compatibilidad con los marcos estadísticos internacionales y de los Estados miembros de la UE, así como por su amplia cobertura de la economía.
¿Qué es lo que hay que reportar?
Los requisitos en cuanto a información que se debe proporcionar difieren entre las empresas financieras y las no financieras.
Algunas empresas financieras estarán sujetas al requisito de divulgación de los participantes en el mercado financiero. Todas las empresas sujetas a este requisito deberán incluir una descripción de cómo, y en qué medida, sus actividades están asociadas a las actividades alineadas con la Taxonomía.
Para las empresas no financieras, la divulgación a proporcionar deberá incluir:
La proporción del volumen de negocio alineado con la Taxonomía y que permite a los inversores informar del porcentaje de su fondo invertido en actividades alineadas con la Taxonomía.
Las inversiones y, en su caso, los gastos generales alineados con la Taxonomía que dan a los inversores una idea muy clara de la dirección de la empresa, siendo una variable clave para evaluar la credibilidad de su estrategia y ayuda a los inversores a decidir si están de acuerdo con ese enfoque estratégico.
Esta divulgación deberá hacerse como parte de la declaración no financiera, que puede estar ubicada en el informe anual o en un informe de sostenibilidad específico.
El Reglamento sobre la Taxonomía exige a las empresas que faciliten información a nivel de empresa, aunque se pueden hacer otras divulgaciones voluntarias, incluyendo las divulgaciones a nivel de proyecto.
La implementación de la Taxonomía ha de servir como facilitadora del reporting, es decir, debe ayudar a medir el grado de adecuación ambiental futuro de un producto de inversión y a comunicarlo claramente, permitiendo conocer el porcentaje de actividades de una empresas que están alineadas con los objetivos medioambientales de la UE.
Además, también se convierte en una herramienta para la transición hacía una economía baja en carbono al ayudar a los inversores y empresas a planificar e informar sobre su modelo energético y productivo, estableciendo objetivos y hojas de ruta para diferentes actividades económicas.
Una metodología sólida y en evolución
La Taxonomía está basada en un marco conceptual y una metodología sólidos, aunque ha recibido algunas críticas.
Concretamente, aunque la Comisión Europea, con el apoyo del TEG y de la Plataforma de Finanzas Sostenibles, logró un enfoque científico y basado en pruebas para algunos criterios económicos, la propuesta final realizada va en contra, según voces críticas, de las recomendaciones basadas en la ciencia del TEG para las actividades relacionadas con la bioenergía y la silvicultura.
Ante esas críticas, en la presentación en público de la Taxonomía, la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuiness, defendió el enfoque científico de la Comisión sobre la taxonomía, y también insistió en la necesidad de llegar a algunos compromisos al respecto, admitiendo que el diálogo con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y las partes interesadas del sector había sido intenso en relación a esas cuestiones.
Para McGuiness, la taxonomía “es un documento vivo” que “evolucionará con la ciencia y la tecnología”, y señaló que se llevarán a cabo actualizaciones en el reglamento cuando se hagan cambios en las leyes de la UE sobre el clima, la energía y la agricultura.
La Comisión está preparando actualmente una herramienta informática que facilitará el uso de la taxonomía permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla por ella.
El día 16 de abril se conmemora el Día Internacional contra la esclavitud infantil, un hecho que afortunadamente nos queda bastante lejos en el mundo occidental. Pero, no por ser algo lejano, deja de ser sumamente importante la eliminación de todo tipo de trabajo infantil y, por tanto, las empresas, los gobiernos y la sociedad debemos esforzarnos para que dicha erradicación suceda.
Tres son los convenios que rigen el tema del trabajo infantil: el Convenio nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo y la Recomendación nº 146 (1973), el Convenio nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación y la Recomendación nº 190 (1999), y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Según la OIT, se entiende por trabajo infantil aquel que priva a los niños (cualquier persona menor de 18 años) de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y/o mental.
Ese trabajo, además de ser en ocasiones peligroso e inadecuado, interfiere con su escolarización privándoles de la oportunidad de asistir a la escuela, obligándoles a abandonarla antes de tiempo o a intentar combinar la asistencia a la escuela con un trabajo excesivamente largo y pesado.
En sus formas más extremas, el trabajo infantil implica que los niños sean esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en las calles de las grandes ciudades, muchas veces a una edad muy temprana.
En la actualidad, se calcula que más de 3.000 millones de personas en ciudades, pueblos y aldeas de todas las regiones del mundo carecen de acceso al agua potable y que la cantidad de agua dulce disponible por persona se ha reducido en una quinta parte en dos décadas.
Cada año, cerca de 300.000 niños menores de cinco años mueren por causas relacionadas con el agua sucia y el saneamiento deficiente.
Como resultado del incumplimiento del derecho humano básico de acceso al agua, se generan importantes consecuencias para la salud pública que además impiden el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza.
También, el cambio climático juega un papel muy importante en la escasez de agua y las proyecciones indican que, si no mantenemos el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados, habrá graves consecuencias en la disponibilidad de agua suficiente y limpia para las necesidades humanas básicas y para la producción de alimentos y energía.
Por su parte, los ecosistemas acuáticos también se resienten, habiéndose producido desde 1970 un descenso del 84% en el tamaño de las poblaciones de especies de agua dulce, en comparación con un descenso del 68% en todas las especies. Estamos perdiendo humedales tres veces más rápido que bosques naturales, nada menos que el 87% de los humedales del mundo desde 1700.
La gestión de riesgos es quizá una de las facetas de la responsabilidad social corporativa menos desarrolladas, convirtiéndose en un tema a solucionar con premura en de organizaciones de todos los sectores.
Como cada comienzo de año, el Foro Económico Mundial ha publicado su informe anual sobre riesgos a los que nos enfrentamos como sociedad. Sólo la irrupción en 2020 de la Covid-19, en el puesto nº 4, ha provocado que los riesgos relacionados con el medioambiente no copen el top 5 de riesgos por probabilidad de ocurrencia.
Concretamente, los cinco primeros riesgos a los que se otorga más probabilidad de que ocurran en 2021 son: clima extremo, fracaso de la acción climática, daño ambiental causado por los humanos, enfermedades infecciosas y pérdida de la biodiversidad.
En cuanto a riesgos por severidad de impacto, en el segundo lugar nos encontramos con el fracaso de la acción climática, en el cuarto la pérdida de biodiversidad, y en el quinto las crisis de recursos naturales.
La pandemia de la Covid-19 provocó y sigue provocando todavía una importante interrupción de las cadenas de suministro en todo el mundo. Las cuarentenas y cierres nacionales, establecidos para proteger la salud humana, contribuyeron al colapso de la demanda de ciertos bienes de consumo, lo cual, a su vez, dio un golpe devastador a las cadenas de suministro.
Las implicaciones financieras, sanitarias y sociales de esos cierres de producción y las pérdidas de empleo que provocan sólo pueden entenderse plenamente si se escuchan directamente de los afectados, razón por la cual la consultora BSR entrevistó a más de 1.000 trabajadores, en fábricas de ropa y granjas de flores de Bangladesh, China, Egipto, India, Kenia y Vietnam, para evaluar el verdadero coste de la pandemia para ese colectivo.
A estas alturas, cuando ya se ha comenzado la tan esperada vacunación, y tras meses desde que se empezó a hablar de ellas y a desarrollarlas, está más que claro que el papel esencial que tenían que desempeñar las aplicaciones de rastreo anti Covid para móvil se ha quedado en agua de borrajas.
Aparentemente, este tipo de aplicaciones iban a ser de gran ayuda para detener el avance de los casos de contagio del coronavirus, pero creo que no me quedo corto si digo que han sido un completo fracaso tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, pasando a engrosar la lista de errores, despropósitos y decisiones mal tomadas a nivel mundial.
Más allá de gobiernos y colores políticos, todos los países han cometido grandes errores en esta pandemia, y este tipo de apps apenas han servido de nada en ninguna parte.
Diferentes razones han motivado la tardanza en disponer de las aplicaciones, su poca utilización entre la ciudadanía y su escasa utilidad real entre ese reducido número de población usuaria.
Las circunstancias sin precedentes de la pandemia mundial de coronavirus, el mayor evento de riesgo global de la memoria reciente, han configurado sin duda alguna las perspectivas generales para 2021.
Sin embargo, desde el punto de vista de los riesgos a los que se enfrentan las empresas, el coronavirus en sí mismo no es considerado un riesgo principal. En lugar de plantear nuevas amenazas, la pandemia ha acentuado los riesgos existentes, poniéndolos bajo un nuevo enfoque y obligando a las organizaciones a pensar en ellos desde diferentes ángulos o a asignarles nuevos niveles de prioridad.
Con el objetivo de identificar los principales riesgos que deberán abordar las grandes compañías el próximo año y asegurarse de que estarán bien gestionados, varios Institutos de Auditores Internos de Europa, incluido el de España, han elaborado el informe Risk in Focus 2021.
Este documento ha sido fruto de una encuesta a 579 Directores de Auditoria Interna de diferentes sectores y países europeos y de entrevistas a miembros de Comisión de Auditoria y expertos en su campo para ahondar en los rasgos cualitativos.
El primer accidente de circulación con resultado de muerte causado por un coche autónomo ha llegado a juicio en los Estados Unidos en este mes de septiembre, y plantea serias dudas sobre quién debe ser considerado responsable de dicha muerte.
Concretamente, los hechos que van están siendo juzgados ocurrieron en la noche del 27 de agosto de 2018, cuando una mujer cruzaba a pie con una bicicleta una calle de la localidad de Tempe, Arizona, y fue atropellada por un vehículo autónomo de Uber que estaba en pruebas.
Los sistemas del coche, cuyo conductora de respaldo en ese momento estaba distraída mirando un programa de televisión en su móvil, detectaron a la peatón 5,6 segundos antes del choque pero no detuvieron el vehículo ya que no pudieron determinar si era un ciclista, un peatón o un objeto desconocido, o si se dirigía hacia el camino del vehículo.
Esta figura del conductor de respaldo obedece a la necesidad de que una persona supervise en todo momento las reacciones del vehículo en pruebas y tome decisiones si por la razón que sea el coche no actúa como debiera.
