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Poder reparar aquello que en su día compramos para poder alargar su vida útil y de paso no incurrir en nuevos gastos y provocar nuevos impactos en el medio ambiente, es un derecho por el que no debemos dejar de luchar.

En esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, estamos más que acostumbrados a la cultura del usar y tirar, de la obsolescencia programada y a cambiar cosas que han dejado de funcionar (e incluso aquellas que aún funcionan perfectamente) por otras nuevas con quizá algunas mejoras sobre las que ya poseemos, aunque estas sean quizá tan simples como un cambio de diseño o alguna función que ni si quiera necesitamos realmente.

La espiral consumista nos lleva muchas veces a ni plantearnos reparar lo que se ha estropeado, generalmente electrodomésticos y aparatos electrónicos varios, cegados por el marketing y la idea de renovar nuestros “trastos antiguos y obsoletos” (nótense las comillas).

En el caso de que decidamos que queremos reparar esos aparatos, nos podemos encontrar con que nos falten los conocimientos, las herramientas o el acceso a profesionales que saben cómo repararlos, pero en muchas otras ocasiones no lo podemos hacer sencillamente porque el aparato fue diseñado desde un inicio por su fabricante para dificultar su apertura y su reparación incluso para manos expertas.

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