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El reciente escándalo relacionado con el título de máster “otorgado” por la Universidad Rey Juan Carlos a la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en el punto de mira no sólo a las personas involucradas sino a las mismas universidades como estamentos educativos.

Más allá del caso de la Sra. Cifuentes han surgido dudas con los estudios realizados (o no) por otros personajes políticos y por cómo los han plasmado en sus correspondientes currículums puestos a disposición del público en general a través de diversos portales, y también ha habido polémica por algunos currículums que han sido modificados por no ajustarse del todo o en parte a la realidad.

Es un tanto absurdo (y sobre todo fuera de la temática de este medio) realizar una crítica centrada en dichas personas ya que, más allá de la significancia política de algunos o dentro de la universidad para otros, serán los jueces los que determinen sus responsabilidades y posibles consecuencias penales.

Pero sí nos podemos centrar en el funcionamiento de los estamentos desde el punto de vista de su responsabilidad social, en este caso concreto, universitaria.

Son las universidades, como cualquier otro tipo de organización o empresa, las que deben impedir que ocurran este tipo de hechos que no sólo repercuten negativamente en su propia reputación sino que lo hacen también sobre los alumnos cuya formación se realiza correctamente, bajo unos estándares fijos de cumplimiento para todos y sin ningún tipo de trucos o beneficios.

Unos alumnos (o potenciales alumnos) que ante lo ocurrido se han quejado con razón, y que en algunos casos causarán baja en dicha universidad y/o buscarán otras alternativas para cursar la formación que desean.

Todo ello con la intención de que su futura titulación no se vea devaluada al ser relacionada con una universidad con una clara falta de control de sus procesos y con mala praxis en función de quién sea el alumno.

 

 

La Universidad Rey Juan Carlos y su responsabilidad social.

Aunque su existencia tampoco es un seguro de que la gestión sea realmente responsable, una rápida ojeada por la webde la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en búsqueda de vestigios de responsabilidad social universitaria (RSU) nos lleva a un apartado llamado Compromiso Social en el que se habla de sostenibilidad, universidad saludable, cooperación y voluntariado, derechos humanos, e igualdad de género.

Pero ni rastro de, por ejemplo, cómo se gestiona la sostenibilidad a nivel de gobernanza de la universidad.

Existe también un enlace al llamado Portal de Transparencia, en línea desde 2014, y con un contenido, por lo que se refiere a los temas que podemos relacionar con la RSU, muy similar en conceptos y desarrollo que el apartado de la web de la universidad ya comentado. No parece haber nada más al respecto.

En el portal se dice que el principal compromiso de esa universidad  es “la defensa de la universidad pública como garantía de equidad y de igualdad de oportunidades”.  Y se declara como una universidad pública “gestionada con rigor y transparencia”.

Desde luego toda una declaración de intenciones que no se ha cumplido para nada en el caso que nos ocupa, ya que no sólo (en el mejor de los casos) no habría un trato en igualdad de oportunidades de los alumnos sino que se habría falseado completamente un expediente académico por parte de personas de la organización.

En resumen, no parece que se tomen el tema muy en serio (quizá sólo de manera parcial en aquellos temas que dicen tocar) ni tampoco se ve publicada una memoria anual de responsabilidad social.

 

Nota: Artículo inicialmente publicado en Compromiso Empresarial. Para seguir leyendo clique aquí.