Hace pocos días se ha publicado el Estudio global de informes de Responsabilidad Corporativa 2015 de KPMG, tanto a nivel internacional como de España. El estudio a nivel internacional se compone de 3 partes en las que se tratan temas como la rendición de cuentas de las empresas en cuanto al carbono, la calidad del reporte de Responsabilidad Social Corporativa (en ambos casos teniendo en cuenta las empresas del llamado “G250” que son las 250 empresas principales del índice Fortune Global 500) y las tendencias en informes de RSC (en este caso usando las 100 principales empresas por facturación –N100- en cada uno de los 45 países donde se ha llevado a cabo el estudio).

El estudio a nivel de España contempla “las conclusiones correspondientes a las empresas españolas de la novena edición de la Encuesta global de reporting de Responsabilidad Corporativa de KPMG”.

Tras ojear ambos informes, dos han sido los asuntos que me han parecido de mayor interés de entre todos los datos ofrecidos.

El primer asunto se refiere a que, según el estudio a nivel internacional, el vector principal para que las empresas publiquen información no financiera es el legislativo. Un 92% de las empresas del G250 (con un pequeño descenso del 3% en los últimos 3 años) y un 73% de las del N100 (en pequeño crecimiento en los últimos 3 años) publican informes de RSC. Desde KPMG indican que esa estabilización sugiere que el aumento del reporting de RSC que pueda haber en el futuro será en menores incrementos de los que ha habido hasta ahora a no ser que la legislación haga obligatorios este tipo de informes, pero de la cual auguran que habrá una proliferación en los próximos años tomando como por ejemplo la Directiva Europea sobre informes no financieros que obligará a reportar sobre RSC a partir de 2017 a aproximadamente 6.000 de las más grandes empresas de Europa.

Últimamente se han introducido leyes estatales sobre reporting en países como Francia, India, Indonesia y Sudáfrica y en otros como Brasil, Malasia y Singapur la obligación ha provenido de los mercados de valores. Los requerimientos del reporting pueden ser muy amplios o centrarse en temas como emisiones de gases de efecto invernadero o minerales “conflictivos”.

Según KPMG difícilmente se conseguirá que las organizaciones reporten en RSC en un porcentaje mayor del 90% sin el “empuje” de una legislación que lo exija. Por tanto, podríamos decir que, sin los cambios anteriormente mencionados en la legislación, quizá habríamos llegado ya al “techo” en cuanto al % de grandes empresas que informan sobre su RSC.

El segundo asunto que me ha llamado la atención y en el que hay mucho (y muy necesario) margen de mejora es en el referente al aseguramiento de los informes de RSC, en este caso tomando los datos a nivel español.

Según el estudio, 84 de las 100 principales empresas españolas publican informe de RSC o sostenibilidad, y el 55% de esas empresas “incluyen un informe de revisión independiente de fiabilidad (declaración redactado por una firma de expertos técnicos, alguna autoridad de certificación, un proveedor especializado de assurance o una firma de auditoría)”.

El 55% podría quizá parecernos una cifra que no está tan mal, ¿verdad?. De hecho si nos ponemos serios y leemos “más de la mitad de las empresas españolas más importantes que publican memorias de sostenibilidad revisan y aseguran el contenido de las mismas” pues suena bastante bien. Pero si ahondamos un poco más en los datos nos damos cuenta que no es para ponernos eufóricos.

De ese 55%, sólo el 24% de los informes (es decir, sólo 11 informes sobre el total de las 84 empresas que hacen reporte) tienen una declaración de fiabilidad sobre todo su contenido, el 54% (unos 25 informes) tienen asegurados sólo algunos indicadores específicos, el 13% (6 informes) sólo aseguran algunos capítulos específicos y el 9% (4 informes) tienen asegurada una selección de capítulos e indicadores.

Además, sólo el 28% de las empresas que realizan un aseguramiento de su formación no financiera lo hacen al menos en algunos de sus indicadores con un nivel de aseguramiento razonable, mientras el resto lo hacen de manera limitada.

Lo interesante sería conocer qué indicadores y capítulos son aquellos que se han incluido en las declaraciones de fiabilidad, o aún sería mejor saber cuáles no se incluyeron, y ver si las grandes empresas del estudio tienen patrones similares a la hora de decidir qué se incluye y qué no y tratar de imaginar por qué. Puestos a elucubrar podemos hacernos a la idea de que aquello que se ha dejado de lado a la hora de realizar la verificación han sido probablemente puntos delicados para la empresa.

Cada día más empresas de todo tipo realizan sus informes de RSC o sostenibilidad, cada vez se divulga más información, pero no se está realizando suficiente esfuerzo en verificar que esa información es exacta y fiable, en certificar que se han satisfecho determinados criterios ni en evaluar la calidad de la información ofrecida.

Es decir, no se está poniendo énfasis en dar confianza a los grupos de interés y en asegurarles, como dice la Norma AA1000AS, que la información divulgada sobre el desempeño en sostenibilidad así como de los sistemas, datos y procesos subyacentes están apoyados en criterios y estándares adecuados. Y las memorias de RSC deberían realizarse por dos razones principales, la primera para ofrecer esa información fiable a los grupos de interés, que les resulte interesante y que les genere esa confianza en la organización, y la segunda porque para la empresa su redacción no ha de convertirse en un fin en sí mismo sino que es una excelente herramienta de mejora continua. Por tanto, si no se realiza un mayor esfuerzo en lo relativo al aseguramiento de los informes de RSC tanto la empresa como los grupos de interés nos estaremos perdiendo mucho.

Veremos en los estudios de los próximos años si las legislaciones sobre información no financiera causan un aumento del número de memorias de RSC (todo apunta a que sí, como se ha comentado antes) y sobre cómo evolucionará el aseguramiento de las memorias tanto en número como en calidad (lo cual creo que también irá a más siempre que los grupos de interés fuercen a las empresas a hacerlo).