El 26 de noviembre de 2025 el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2025/2360 sobre Monitorización y Resiliencia del Suelo, primer marco supranacional que coloca la salud de la tierra al nivel del agua o del aire. El texto ordena a los Estados crear una red de muestreo homogéneo, elaborar en un plazo máximo de diez años un registro público de suelos potencialmente contaminados y, a partir de ese diagnóstico, fijar metas nacionales de restauración que sigan la recomendación europea de recuperar en torno al 30% de las superficies degradadas para 2035.

Aunque el suelo produce alimentos, regula el ciclo hídrico y es el segundo gran sumidero de carbono, la UE nunca ha dispuesto de mediciones comparables entre países. Esa carencia se cierra con la entrada en vigor el 16 de diciembre de 2025 de una norma que parte de una idea sencilla: sin datos equivalentes no hay política eficaz ni inversión fiable.

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo calcula que el 62% del territorio comunitario padece erosión, compactación o pérdida severa de carbono orgánico, lo que reduce cada año entre 50.000 y 95.000 millones de euros en productividad agrícola, daños por inundaciones y emisiones evitables de CO₂, un importe que supera el presupuesto de Horizon Europe, el gran programa europeo de I+D.

Añadir un punto porcentual de materia orgánica puede aumentar la reserva de agua del suelo en torno a unos 150.000 litros por hectárea y capturar entre una y tres toneladas de CO₂ por hectárea y año. Sin embargo, la urbanización y el laboreo intensivo han reducido esa “esponja” natural en el peor momento de la variabilidad climática. 

Desde 2026, los informes de sostenibilidad sometidos a la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) deberán reflejar riesgos materiales de suelo, y la taxonomía verde ultima un capítulo específico sobre este recurso. 

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