Archivo de la categoría: derechos humanos

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La UE prohíbe los productos hechos con trabajo forzoso

Foto de British Library en Unsplash

La Unión Europea ha reforzado su compromiso con los derechos humanos y laborales mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2024/3015 recientemente publicado. Esta normativa establece un marco jurídico innovador que prohíbe la comercialización de productos fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso en el mercado europeo. 

El propósito principal de esta regulación es alinear al mercado europeo con los principios éticos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente la meta 8.7, que aboga por la eliminación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas. 

Teniendo en cuenta que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 27,6 millones de personas son víctimas de estas prácticas en el mundo, este reglamento marca un hito en los esfuerzos globales por erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro.

Aunque el reglamento entró en vigor el 13 de diciembre de 2024, su aplicación efectiva comenzará el 14 de diciembre de 2027, dando un período transitorio de tres años para que empresas y autoridades adapten sus procesos a las nuevas exigencias. Ese período de transición permitirá que las partes involucradas implementen procesos de diligencia debida y adopten herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento normativo.

La prohibición explícita de productos asociados al trabajo forzoso es el núcleo de esta regulación. Abarca tanto bienes producidos dentro del territorio de la Unión Europea como aquellos importados de terceros países. Este enfoque universal no discrimina por origen y asegura que los estándares éticos europeos se apliquen a todos los productos presentes en el mercado, sin excepciones. 

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Debida diligencia en Derechos Humanos para una inversión más sostenible

Foto de Markus Spiske en Unsplash

La integración de los Derechos Humanos (DD.HH.) y la debida diligencia en el ámbito de las finanzas se ha convertido en un componente esencial para la gestión responsable de las empresas y la inversión, tal y como señala el reciente estudio temático de Spainsif “Debida diligencia y Derechos Humanos en las finanzas sostenibles”.

La presión ejercida por la sociedad civil, inversores y consumidores para lograr una mayor transparencia y responsabilidad en las actividades empresariales ha llevado a que el sector financiero tome un papel proactivo en la incorporación de los DD.HH. dentro de sus procesos y políticas. 

El incremento de los desafíos sociales, cada vez más evidentes tras las recientes crisis internacionales (crisis financiera de 2008, pandemia de COVID-19, crisis energética y de cadenas de suministro), así como los conflictos que aún deben gestionarse en los próximos años —entre ellos, los vinculados a una transición energética justa y a la transformación hacia una economía más sostenible e inclusiva—, han generado una mayor urgencia de actuación.

No obstante, esa urgencia no solo responde a la creciente demanda de prácticas sostenibles, sino que también se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, cuyo lema «No dejar a nadie atrás» establece la necesidad de proteger los derechos fundamentales en todas las áreas de desarrollo económico.

Este enfoque ha cobrado mayor relevancia con la reciente Directiva sobre Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea, la cual marca un hito en la regulación vinculante para la protección de los DD.HH. en el ámbito empresarial y financiero.

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Las claves de la nueva (y descafeinada) Directiva de diligencia debida

Foto de S O C I A L . C U T en Unsplash

La aprobación de la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, o también CS3D, por sus siglas en inglés) ha sido el resultado de un proceso complejo, marcado por intensas negociaciones que reflejan el panorama dividido entre los miembros de la Unión Europea y los intereses en conflicto. Este proceso ha puesto de manifiesto las diferentes posturas de los Estados miembros, así como la influencia de grupos de presión empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

La CSDDD, es una iniciativa legislativa europea diseñada para fomentar un comportamiento empresarial responsable y sostenible, obligando a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro y operaciones. Esta directiva representa un esfuerzo significativo para integrar consideraciones de sostenibilidad en las prácticas corporativas, promoviendo así la transparencia y la responsabilidad en el ámbito empresarial con respecto a los desafíos globales en materia de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

Aunque el esbozo final de la CSDDD, desvelado a finales de enero, parecía destinado a ser aprobado sin mayores obstáculos, Alemania anunció que no votaría a favor debido a la oposición del Partido Democrático Libre (FDP), que argumentó que la directiva sobrecargaría a las empresas. 

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La debida diligencia en derechos indígenas: un deber ineludible para empresas e inversores

Foto de Andrew James en Unsplash

A lo largo y ancho del planeta, las comunidades indígenas están sufriendo una escalada en las infracciones a sus derechos humanos, especialmente en las áreas de la minería, energía verde y agronegocios. Tanto empresas como accionistas y proveedores de capital juegan un papel crucial en la promoción, facilitación o prevención de impactos en los derechos humanos de estos pueblos. 

Los pueblos indígenas habitan todos los continentes del mundo excepto la Antártida, hablan tres cuartas partes de las aproximadamente 6.000 lenguas del planeta y residen en más de 70 países de todo el mundo.

Estos grupos representan un poco más del cinco por ciento de la población mundial, pero tienen tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que otros grupos humanos. Además, son particularmente afectados por amenazas a sus tierras y recursos, tales como la extracción de recursos naturales y proyectos de infraestructura, y a veces enfrentan riesgos de apatridia (no ser considerados como nacionales por ningún Estado) cuando sus tierras ancestrales se extienden más allá de las fronteras nacionales. 

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¿Cómo lograr la gestión responsable de la cadena de suministro?

Foto de Reproductive Health Supplies Coalition en Unsplash

En un mundo cada vez más consciente de los impactos negativos de la actividad humana en el medio ambiente y en la propia la sociedad, las empresas tienen una responsabilidad creciente de adoptar prácticas sostenibles en todas las áreas de su actividad, incluyendo sus cadenas de suministro que son una área crítica en la que se puede marcar una gran diferencia en términos de sostenibilidad.

Las cadenas de suministro son esenciales para la economía global, ya que son uno de los principales impulsores del comercio y actúan como nexo de conexión entre empresas de diferentes tamaños, sectores y áreas geográficas.

Dentro de ellas se incluyen todas las actividades relacionadas con la producción y distribución de bienes y servicios, desde la obtención de materias primas hasta la entrega al consumidor final. Estas cadenas son a menudo complejas y globales, con múltiples actores y procesos involucrados. 

Gestionar la cadena de suministro de manera responsable tiene múltiples beneficios como la reducción de riesgos para el medio ambiente y la salud humana asociados con la producción y el transporte de bienes y servicios, el aumento de la eficiencia y la reducción de costes al optimizar el uso de los recursos y minimizar los residuos y emisiones de gases de efecto invernadero, o la mejora de la reputación de la marca y la relación con unos clientes que cada vez son más conscientes de la importancia de la sostenibilidad en sus decisiones de compra, por citar sólo algunos ejemplos.

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La reducción de la brecha de género se estanca

Foto de Markus Winkler en Unsplash

A pesar del paso de los años y de la creciente atención internacional sobre el tema, las brechas globales de género se están cerrando muy poco a poco. 

Así lo afirma el World Economic Forum (WEF) en la 16ª edición de su informe “Global Gender Gap Report”, que analiza el progreso de 146 países hacia la paridad en los ámbitos de la participación y las oportunidades económicas, los logros educativos, la salud y la supervivencia, y el empoderamiento político.

El índice mide las puntuaciones en una escala de 0 a 100, que puede interpretarse como la distancia recorrida hacia la paridad o el porcentaje de la brecha de género que se ha cerrado. 

Hasta este año y en todo el mundo, la brecha de género en salud y supervivencia se ha reducido hasta el 95,8%, en logros educativos hasta el 94,4%, en participación y  oportunidades económicas hasta el 60,3%, y en empoderamiento político hasta el 22%. Calculada de manera global, la brecha entre hombres y mujeresestá en un 68,1%.

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Derechos Humanos y empresas: pautas para la próxima década

Foto de Sushil Nash en Unsplash

El camino hacia el desarrollo sostenible, la transición verde justa y la recuperación responsable pasa por el respeto por las personas y el planeta, un desafío colectivo para el cual los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP) de las Naciones Unidas son una herramienta fundamental.

Cuando los Principios Rectores cumplieron 10 años en 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de promover la difusión e implementación de los Principios Rectores en todo el mundo, hizo un balance de la primera década de implementación.

Este balance destacó que los Principios Rectores han llevado a un progreso significativo al proporcionar un marco común para todas las partes interesadas en la gestión de los riesgos e impactos en los derechos humanos relacionados con las empresas. 

Pero todavía quedan desafíos considerables cuando se trata de realizar una implementación coherente con respecto a garantizar una mejor protección y prevención de los impactos adversos en los derechos humanos, con especial atención a los más marginados y vulnerables, y para garantizar el acceso a la reparación por los daños que ocurren.

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