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Empresas europeas y ODS: ¿ambición sin acción?

Foto de Jean-Louis Paulin en Unsplash

El informe titulado “Evaluación del sector privado europeo sobre los ODS 2024”, elaborado por las Redes europeas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, presenta una visión mixta sobre el progreso de las empresas europeas en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A partir de las respuestas de más de 1.400 empresas de diversos tamaños y sectores en diez países europeos, el estudio examina cómo las compañías están abordando la sostenibilidad, qué áreas están priorizando y cuáles son las principales barreras que enfrentan para cumplir con la Agenda 2030. 

Este informe es especialmente relevante dado que solo el 17% de los ODS a nivel mundial están en camino de alcanzarse, lo que subraya la urgencia de intensificar los esfuerzos por parte de todos los actores, especialmente el sector privado, que desempeña un papel fundamental en la implementación de estos objetivos.

En este contexto, el informe revela un progreso desigual. Por un lado, hay un creciente reconocimiento de la importancia de los ODS: un 69% de las empresas afirman tener un conocimiento profundo de los mismos y casi el 60% ya cuentan con una estrategia de sostenibilidad que los integra. 

Sin embargo, esta conciencia no se traduce de manera uniforme en acciones concretas y resultados medibles. Menos de un tercio de las empresas han definido metas concretas y mesurables vinculadas a los ODS, y muchas todavía carecen de indicadores adecuados para evaluar su impacto real en cuestiones como igualdad de género, cambio climático y condiciones de trabajo decente.

La adopción de marcos normativos ha comenzado a marcar una diferencia significativa en la manera en que las empresas abordan la sostenibilidad y los ODS. Esto sugiere que la presión regulatoria está actuando como un acicate importante para lograr un cambio más estructural y estratégico en las empresas.

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COP29 de Bakú: Avances climáticos entre promesas y críticas

Foto de The Climate Reality Project en Unsplash

La COP29 se ha celebrado en Bakú, Azerbaiyán, reuniendo a líderes de casi 200 países para abordar los desafíos globales del cambio climático. El evento ha dejado un balance mixto entre avances concretos y desafíos persistentes en la lucha contra el cambio climático.

La nueva edición de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha tenido como eje central la financiación climática y el fortalecimiento de los compromisos internacionales para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, tal como se establece en el Acuerdo de París.

Esta COP ha llegado en un momento crucial, marcado por eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y olas de calor, que han puesto de manifiesto la urgencia de implementar medidas más ambiciosas. 

Durante la cumbre, se han discutido temas críticos como la financiación climática para países en desarrollo, la implementación de mecanismos globales de mercados de carbono y el impacto de la transición energética en las economías globales.

En el transcurso de las negociaciones, los países han acordado un plan para triplicar la financiacióndestinada a los países en desarrollo, pero este compromiso ha generado reacciones mixtas, con algunos sectores aplaudiendo el avance y otros señalando que la cifra aún queda lejos de las necesidades reales. 

A lo largo del evento, la influencia de actores como la industria de combustibles fósiles también despertó críticas y cuestionamientos sobre el alcance real de las decisiones tomadas en Bakú.

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El retorno de Trump: ¿un freno para para la sostenibilidad?

Foto de Darren Halstead en Unsplash

La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos supone un punto de inflexión para los esfuerzos globales en sostenibilidad. Conocido por su escepticismo frente al cambio climático y su enfoque en priorizar intereses económicos tradicionales, su retorno al poder reabre debates cruciales sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática.

 Durante su primer mandato, Trump tomó decisiones que marcaron un antes y un después en la política ambiental del país, debilitando normativas clave y redefiniendo el rol de liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional.

El impacto de este liderazgo no se limita a sus fronteras. Como una de las economías más grandes del mundo y un importante emisor de gases de efecto invernadero, las políticas estadounidenses tienen una influencia directa en la dirección que toman los esfuerzos globales para enfrentar la crisis climática. 

La postura de Trump puede fortalecer o erosionar el impulso hacia la sostenibilidad, afectando tanto los compromisos internacionales como las dinámicas económicas en sectores clave, como las energías renovables y las tecnologías limpias.

En un momento crítico para la acción climática, el regreso de Trump plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo afectará su visión a los avances logrados hasta ahora? ¿Qué implicará su liderazgo para las comunidades, empresas y gobiernos que buscan acelerar la transición hacia un futuro más sostenible? 

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Los tres pilares del ‘compliance’ en la universidad española

Foto de Michael Marsh en Unsplash

La transparencia y el compliance están emergiendo como aspectos fundamentales en las universidades, fomentando no solo la confianza sino también promoviendo prácticas de gestión equitativas y efectivas, lo que resulta en un impacto positivo y en el mejoramiento de la educación superior.

El pasado 20 de marzo, Fundación Haz, en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales y la Asociación Española de Compliance (ASCOM), organizó el webinar “Informe de transparencia de universidades. El área de compliance”, en el que se debatió sobre las nuevas responsabilidades de compliance que asumen los consejos sociales de las universidades desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y se presentaron los nuevos indicadores sobre cumplimiento que serán incluidos en el informe de la Fundación Haz sobre transparencia y buen gobierno.

El debate fue moderado por Javier Martín Cavanna, director de Fundación Haz, y contó como ponentes con Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, y José Zamarriego, presidente de ASCOM.

Este artículo resume las conclusiones clave del webinar.

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Una coalición mundial para una sociedad más justa

Foto de Tingey Injury Law Firm en Unsplash

La próxima celebración del Día Mundial de la Justicia Social es un llamado a la reflexión sobre cómo nuestras sociedades y sistemas económicos pueden abordar desafíos cruciales como la pobreza, la exclusión, el desempleo, la desigualdad de género y las injusticias sociales.

En un mundo donde las disparidades económicas y sociales crecen a un ritmo alarmante, este día sirve como un recordatorio de que la justicia social es fundamental para alcanzar la paz y la seguridad globales.

El Día Mundial de la Justicia Social se celebra el 20 de febrero de cada año, fecha que fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, con el objetivo de promover la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa, donde la igualdad de oportunidades y la equidad sean una realidad para todos

Su celebración representa un momento para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes, reforzando la determinación de trabajar unidos en pro de una sociedad donde la justicia social sea una realidad vivida por todos.

Uno de los temas más destacados de la jornada de este año será la Iniciativa Global por la Justicia Social, recientemente creada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es actuar como aglutinador de los esfuerzos de diversas partes interesadas para reducir las desigualdades globales y mejorar el estado actual de la justicia social. 

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Los ‘proxy advisors’: luces y sombras de una figura clave en las juntas de accionistas

Foto de LinkedIn Sales Solutions en Unsplash

Coincidiendo con el inicio de la temporada de juntas de accionistas, la Fundación Haz ha publicado el informe “Origen, funciones, influencia y futuro de los asesores de voto (proxy advisors)” con el objetivo de esclarecer al origen de los proxy, el papel que desempeñan y las cuestiones que abordan, así como analizar la temporada 2022 de juntas de accionistas en España.

Los proxy advisors o asesores de voto por poderes son entidades que proporcionan servicios de investigación, asesoramiento y recomendaciones a inversores institucionales (como fondos de pensiones, fondos de inversión y aseguradoras), sobre cómo votar en las juntas de accionistas de las empresas en las que tienen participaciones.

Dos de los asuntos más cuestionados sobre estos asesores son el impacto o influencia real que tienen en el resultado de las votaciones y la existencia de un claro duopolio marcado por conflictos de intereses.

En cuanto al primero, no existe un consenso respecto al nivel de dicha influencia, ya que la posición previa de un inversor puede coincidir con la votación de su asesor de voto, y también sucede que, al agruparse los votos entre todos los inversores, no se revelan realmente los votos específicos de los inversores asesorados por un proxy en particular.

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Movimiento anti-ASG: quién, por qué y cómo contrarrestarlo

Foto de Joakim Honkasalo en Unsplash

El reciente movimiento de resistencia al ASG (prácticas y principios de Inversión Ambiental, Social y de Gobernanza) capta cada vez más la atención del mundo empresarial. Aunque este rechazo parece ser una tendencia norteamericana, su potencial impacto global no puede ser ignorado ya que sus repercusiones pueden acabar afectando a empresas e inversores en todo el mundo. 

El rechazo y las críticas hacia las prácticas y principios ASG pueden tener profundas repercusiones en el mundo empresarial. En un entorno donde la reputación y la percepción pública son esenciales, las acusaciones de greenwashing o de no adherirse genuinamente a los principios ASG pueden erosionar rápidamente la confianza de consumidores, inversores y otros grupos de interés clave. 

Esta pérdida de confianza no es meramente superficial y puede traducirse en una disminución tangible en la lealtad de marca, en decisiones de inversión adversas y en un impacto negativo en el valor de las acciones.

Además, en un mercado financiero cada vez más consciente de los riesgos asociados con prácticas no sostenibles, las empresas que no se alinean con los estándares ASG pueden enfrentar dificultades para obtener financiación o atraer inversores. artículo.

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El paso del ecuador de los ODS plantea serias dudas sobre su cumplimiento 

Foto de Kevin Keith en Unsplash

A medida que nos acercamos a la mitad del plazo establecido para la Agenda 2030, el Informe de Avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) revela una preocupante realidad: más de la mitad del mundo está quedando rezagada. Se registra un progreso escaso e insuficiente en más del 50% de los objetivos de los ODS y, en un 30%, incluso se observa un retroceso. 

Desde el punto de vista de los ODS y  de la realidad diaria de los ciudadanos del planeta, eventos como la pandemia de COVID-19, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, así como la invasión de Ucrania han generado un impacto duradero y destructivo

Los países en desarrollo son los que más sufren ante esta situación, debido a la inversión insuficiente en los ODS, lo que se refleja en enormes déficits de financiación y una deuda creciente. Y es que, a diferencia de los países desarrollados, que pudieron implementar políticas fiscales y monetarias expansivas durante la pandemia, los países en desarrollo se encontraron incapaces de hacer lo mismo, principalmente por el peligro de un colapso de sus monedas. 

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Movimiento anti-ASG: ¿Una amenaza para el futuro sostenible?

Foto de Feri & Tasos en Unsplash

La tan deseada gestión responsable de las empresas se encuentra actualmente enfrentando dos fuerzas contrarias: los esfuerzos de aquellas empresas que se esfuerzan por incorporar los principios de medio ambiente, sociedad y gobernanza (ASG) en su funcionamiento diario, y el movimiento creciente, hasta ahora presente sobre todo en Estados Unidos, que se opone a esta integración de dichos principios.

Las acciones anti-ASG están ganando bastante tracción recientemente y sus implicaciones para el futuro de la gestión empresarial podrían ser significativas y, quizá, extenderse a otros lugares del mundo.

Un ejemplo reciente de este tipo de acciones ha sido la tomada por el estado de Alabama, en el cual se está llevando a cabo un proyecto de ley que prohibiría a su gobierno realizar contratos con empresas que se nieguen a trabajar con empresas de combustibles fósiles y fabricantes de armas.

También, en 2022, presiones políticas republicanas condujeron a la retirada de Vanguard del grupo Net Zero Asset Managers (NZAM), una iniciativa de inversores que apoyan la emisión neta cero de gases de efecto invernadero. Otras empresas, como BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo, fueron excluidas de obtener negocios estatales en West Virginia debido a su postura sobre el cambio climático.

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Litigios ASG: ¿El nuevo frente legal para las empresas?

Foto de Tingey Injury Law Firm en Unsplash

La creciente preocupación por la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial ha llevado a un aumento en los litigios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Estas denuncias, aunque pueden parecer un obstáculo para las empresas, representan también una oportunidad para mejorar su desempeño y reputación.

En los últimos años, hemos visto de manera tangible como la responsabilidad social y la sostenibilidad se han convertido en una prioridad cada vez mayor para todo tipo de empresas. Las organizaciones han comprendido la necesidad de integrar prácticas ASG en sus estrategias empresariales para crear valor a largo plazo para sus accionistas y para la sociedad en general.

Sin embargo, a la vez que crece la atención y la demanda de transparencia en torno a estas prácticas de las empresas, también lo hacen los riesgos legales asociados y los pleitos derivados de éstos.

Así, según el informe “Global trends in climate change litigation: 2021 snapshot?”, que sólo tiene en cuenta los litigios relativos al cambio climático,  el número acumulado de denuncias se ha más que duplicadodesde 2015. Entre 1986 y 2014 se presentaron poco más de 800 casos, mientras que en los últimos seis años se han interpuesto más de 1.000.

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