Esta semana hemos asistido al descubrimiento de otro nuevo fraude a los consumidores en forma de pacto de precios entre empresas.

La Comunidad Europea ha sancionado con unos 3.000 millones de euros a los constructores de camiones MAN (propiedad de Volkswagen), Volvo (propiedad de Renault), Daimler, Iveco y DAF, por prácticas como haber pactado los precios de venta de sus vehículos y el calendario para retrasar la introducción de la tecnología necesaria en sus vehículos para cumplir las normas comunitarias en materia de emisiones contaminantes, o haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes.

Además, también se está investigando a una sexta compañía, Scania, propiedad del Grupo Volkswagen al igual que MAN.

El delito ha sido castigado después de que las empresas reconociesen los cargos, dentro de “un procedimiento «amistoso» dirigido a reducir sus multas. Como resultado, el Ejecutivo ha aceptado bajar en un 10% las sanciones, llegando a perdonar por completo la impuesta a MAN, por ser la marca que destapó la existencia del cártel”.

La multa ha sido las más grande hasta la fecha por unas prácticas de cártel, que en este caso se han extendido nada más y nada menos que desde 1997 hasta 2011.

La comisaria de Competencia europea, Margrethe Vestager, “ha insistido en que «no es aceptable» que un grupo de empresas que, en conjunto, fabrican nueve de cada diez camiones de peso medio y pesado en Europa, se una para acordar los precios de venta «en lugar de hacerse la competencia»”.

Otros casos.

Ciertamente de vez en cuando se escucha algún caso, menos llamativo que este de los camiones, de prácticas de pacto de precios y similares, pero hasta hoy no me he puesto a hacer una mínima búsqueda al respecto.

Pues bien, una búsqueda en Google y a nivel español del último año y medio más o menos (fecha de “destape” del caso) me ha arrojado los siguientes casos en firme o siendo investigados:

• Competencia multa con 5,6 millones a un cartel de suministros ferroviarios. Las empresas se repartían los contratos de muchos tramos de la construcción de las líneas de la Alta Velocidad (AVE) entre julio de 1999 y hasta, al menos, octubre de 2014.

• Competencia investiga a grandes empresas de publicidad españolas por pactar precios. Está abierta una investigación para comprobar si cinco grandes firmas dedicadas a la venta de publicidad han pactado precios en la venta de anuncios institucionales.

• Competencia multa con 128 millones a siete empresas de pañales por inflar precios. Les acusa de pactar desde 1996 sobrecostes en los pañales que financia la Seguridad Social para pacientes no hospitalizados.

• Un cártel de rent a cars pactaba los precios en varios aeropuertos españoles. El cártel el que inicialmente estaban implicadas veinte empresas de alquiler pactó los precios del alquiler de coches y las condiciones comerciales en los aeropuertos de Baleares, Cataluña, Andalucía y Valencia.

• Competencia multa con 88,2 millones al cartel lácteo por pactar precios y repartirse el mercado. Se han impuesto multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por haber pactar precios y repartirse el mercado.

• Competencia multa con 57,7 millones a empresas de papel y cartón. Se han impuesto multas a 18 empresas de los sectores de fabricación de papel, cartón ondulado y productos de embalaje de cartón, así como a la patronal, por pactar precios y repartir clientes.

• Competencia multa con 41,1 millones de euros a 95 concesionarios de automóviles Audi, Volkswagen y Seat, dos empresas consultoras y dos asociaciones del sector. Los sancionados adoptaron e implementaron acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales que mantenían secretos.

Podría seguir buscando pero creo que como ejemplos ya nos sirven para conocer un poco cómo está la situación.

Para hacernos una idea de lo blandas que son las multas, de cómo la liberalización de algunos sectores en lugar de propiciar bajadas de precios han provocado lo contrario, así como para conocer cuáles son los oligopolios que se han consolidado en España en los últimos treinta años recomiendo la lectura del artículo “Cárteles y oligopolios, el imperio de la empresa”.

 

¿Quién se encarga en España de vigilar estas actividades ilegales?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es el organismo que “garantiza la libre competencia y regula todos los mercados y sectores productivos de la economía española para proteger a los consumidores”, y tiene encomendada la función de garantizar la efectiva aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

Entre las conductas que prohíbe la Ley 15/2007 están:

• El artículo 1 de la Ley 15/2007 prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela que produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en los mercados.

• El artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición dominante.

• El artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia capacita a la CNMC para sancionar los actos de competencia desleal, de denigración de competidores, por ejemplo, que, por falsear de manera sensible la libre competencia, afecten al interés público.

 

El programa de clemencia.

Tal y como parece que ha sucedido en el caso de los camiones para el caso de MAN y su exención del pago de la multa por haber sido quien soltó la liebre, en el caso concreto español también existe esa posibilidad de librarse de pagar a través del llamado programa de clemencia.

Como señala la web de la CNMC, “una de las novedades de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia fue la introducción en nuestro sistema de los programas de clemencia, ya puestos en práctica con éxito en Estados Unidos y en la Unión Europea.

El programa de clemencia es un poderoso instrumento en manos de las autoridades de defensa de la competencia para la detección de los cárteles, en cuanto atentados más dañinos contra la competencia. 

La clemencia puede beneficiar a aquellas empresas que aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC la detección del cártel, siempre que no hayan sido las instigadoras del mismo y pongan fin a su participación en la conducta prohibida.

El programa de clemencia supone, para las empresas que forman parte de un cártel una suerte de vía de salida, ya que, si cumplen determinados requisitos, podrán beneficiarse de la exención o reducción en el pago de la multa que les habría correspondido por su participación en el acuerdo prohibido.

Es muy importante para las empresas, en el programa de clemencia, la diligencia a la hora de presentar sus solicitudes de clemencia, puesto que la exención en el pago de la multa se concede sólo a la primera empresa. A las que se acojan en segundo lugar y sucesivos disfrutarán de reducciones cada vez menores de la multa”.

 

¿Casualidad o causalidad?

Como hemos comentado, en el caso de las empresas fabricantes de camiones quien ha destapado el fraude ha sido MAN, propiedad del Grupo Volkswagen.

Anteriormente en el blog hemos hablado en dos ocasiones (“El escándalo Volkswagen y sus repercusiones” y “El Dieselgate de Volkswagen, medio año después”) sobre el fraude en los resultados de los análisis de emisiones de algunos motores de Volkswagen. Un tema que todavía está de actualidad y al que todavía le queda bastante recorrido.

¿Ha sido este fraude de los camiones y el Dieselgate una casualidad? ¿O les une la causalidad?

El sentido común y la sabiduría popular nos diría aquello de que “cuando el río suena, agua lleva” y que de casualidad el hecho tiene poco.

Pero por la misma regla de tres quizá deberíamos desconfiar del resto de empresas implicadas en la posibilidad de que por algún otro lado están cometiendo otros fraudes.

O quizá para estas últimas somos mal pensados y por un solo resbalón en su trayectoria las estamos crucificando.

Queda en manos del lector el generar su opinión sobre estas posibilidades.

 

El que tira de la manta… ¿héroe, villano o….?

Sea como fuere, a la luz del pequeño resumen de fraudes de tipo cártel enumerados anteriormente en el ámbito español y en un plazo corto de tiempo, quizá no podemos llegarnos a imaginar el grave perjuicio que todas estas actividades ilegales (y las que estén por descubrir o no se descubran jamás) causan en los consumidores.

Cuando se leen este tipo de noticias y se ve hasta qué punto empresas de todo tipo y tamaño se confabulan en contra del consumidor, de la sociedad y del medio ambiente, se llega a perder, aunque sea por momentos, la fe (o la determinación y convencimiento) de que es posible conseguir que las empresas sean socialmente responsables.

En el blog hemos puesto de manifiesto todas las bondades y beneficios que el comportamiento socialmente responsable tiene para las empresas. Pero si además, para aquellos casos en que esas razones no son suficientes (o en aquellos en que se implantan RSC’s de cara a la galería), no se legisla de una manera más dura y con mayores sanciones que hagan que no salga a cuenta defraudar, seguiremos viendo más y más hechos como estos en el futuro.

También me gustaría poner el foco de atención en la figura genérica de la empresa perteneciente al cártel que se decide a destapar el fraude… ¿cree el lector que es una héroe? ¿es menos villana y sale menos sucia del embrollo? ¿es simplemente igual de villana que los demás? ¿o lo es incluso más porque además de beneficiarse de todo el tinglado después sale sin rasguños financieros en forma de multa mientras perjudica al resto?

Ahí queda como reflexión final del post.