El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto que refuerza la política climática española. La nueva normativa establece la obligatoriedad, para determinadas organizaciones, de registrar su huella de carbono, consolidando así un enfoque más riguroso y sistemático en la medición, gestión y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La regulación introduce un marco legal robusto que fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y responde al objetivo prioritario de avanzar hacia una economía baja en carbono. A partir de su entrada en vigor, numerosas empresas y entidades públicas estarán obligadas a calcular anualmente sus emisiones utilizando metodologías internacionalmente reconocidas, y a publicar de forma clara tanto los resultados obtenidos como los planes de reducción establecidos. 

Uno de los pilares centrales del decreto es la obligación de elaborar y comunicar planes específicos de reducción de emisiones, con metas concretas a corto y medio plazo. Esta exigencia impulsa una transformación estructural de los procesos productivos y organizativos, promoviendo modelos de gestión más eficientes, resilientes e innovadores. 

Las organizaciones que se adapten de forma proactiva podrán reducir sus costes operativos, anticiparse a posibles escenarios regulatorios más exigentes, acceder a financiación verde y mejorar su posicionamiento competitivo en un mercado cada vez más sensible a los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). 

Asimismo, fortalecerán su legitimidad ante consumidores, inversores y otros grupos de interés, en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en una expectativa social generalizada. 

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La Unión Europea ha dado un paso atrás justo antes de la fecha en las que las primeras empresas debían aplicar la nueva normativa sobre productos libres de deforestación. Un reglamento que no solo busca proteger los bosques, sino también asegurar que los consumidores europeos no contribuyan, de forma inadvertida, a la degradación de uno de los recursos más valiosos para la humanidad. 

La aplicación del Reglamento de la UE 2023/1115 sobre productos libres de deforestación acaba de ser aplazada un año, hasta finales de 2025, tras un acuerdo político provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta decisión, aprobada con amplia mayoría, responde a las preocupaciones planteadas por Estados miembros, países exportadores y operadores, que señalaron la necesidad de contar con más tiempo para cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas. 

El propósito principal de este reglamento es garantizar que los bienes comercializados en Europa no estén asociados con la destrucción de ecosistemas forestales, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y aumento de emisiones de carbono a nivel global.

La normativa define la deforestación como la conversión de bosques en tierras agrícolas, sin excluir cambios causados por desastres naturales si posteriormente se utiliza esa tierra para cultivo. Para determinar si un producto incumple esta regulación, se utiliza como referencia el estado de la tierra el 31 de diciembre de 2020. Si desde esa fecha se han producido cambios que llevaron a la eliminación de bosques, los productos de esas áreas no podrán ser comercializados en el mercado europeo.

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