
Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que la voluntariedad en la implementación de prácticas sostenibles en las empresas ha demostrado ser, en el mejor de los casos, un ejercicio de buena fe que ha necesitado de rectificaciones legislativas en la búsqueda de un impacto real que aún dista de lo que podría llegar a ser.
Hace ya unos años, el debate acerca de si la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) debía ser algo meramente voluntario y sin ningún tipo de incentivo por parte de terceros para las empresas o si, por el contrario, tenía que ser algo obligatorio, se convirtió en uno de los más citados por parte de un espectro de público relacionado, de una forma u otra, con ese ámbito de la gestión empresarial.
Parecía idílico que las propias empresas, convencidas por sus potenciales efectos positivos, tomaran por sí solas decisiones como implantar estrategias de RSC. Sin embargo, en un mundo guiado en muchos casos por el idealismo, sería bastante ingenuo pensar que un gran número de empresas gastaría dinero en algo que, a priori, no les reportaría un beneficio económico directo.
Sigue leyendo







