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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Cuando la igualdad se atasca: el trimestre de trabajo que las mujeres no cobran

Foto de Fotos en Unsplash

La última edición del Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, publicada en diciembre, ofrece una imagen clara y a la vez incómoda. El organismo europeo resume la brecha salarial con una metáfora muy gráfica, según la cual las mujeres necesitan trabajar alrededor de quince meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año. España aparece en el grupo de cabeza de la Unión Europea, pero el propio índice recuerda que la igualdad plena sigue todavía a mucha distancia.

El Índice de Igualdad de Género 2025 asigna a la Unión Europea una puntuación de 63,4 puntos sobre cien. Es una mejora de 10,5 puntos respecto a 2010, lo que confirma una trayectoria de avance constante, aunque lento. 

Al mismo tiempo, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advierte de que, con esta velocidad, la igualdad plena se alcanzaría dentro de al menos cincuenta años, de modo que los progresos que hoy se celebran no bastan para cerrar las brechas en una generación.

La brecha en ingresos se ha convertido en el símbolo más visible de ese retraso. En el conjunto de la Unión Europea, las mujeres ganan de media alrededor del 77% del ingreso anual de los hombres, lo que se traduce en esos quince meses y dieciocho días de trabajo necesarios para igualar el salario masculino. 

Los servicios de comunicación del Instituto y varios medios han adoptado la expresión trimestre fantasma para referirse a ese periodo de tres meses y medio que no aparece en la nómina, pero sí en la cuenta corriente y en la futura pensión. Desde alrededor de la segunda mitad de noviembre, cualquier mujer europea que sigue trabajando hasta fin de año lo hace, en términos relativos, como si no cobrara.

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De principio a obligación: la sostenibilidad pasa a ser eje de la gobernanza bancaria

Foto de Etienne Martin en Unsplash

El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó a consulta pública una versión profundamente revisada de sus Guidelines on Internal Governance. El texto obliga a los bancos a demostrar que la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) está tan integrada en la cultura corporativa como el seguimiento de la solvencia o la liquidez. 

La consulta de la EBA se cierra el 7 de noviembre, pero su efecto ya se deja sentir en los bancos: departamentos de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna trabajan contrarreloj para reescribir estructuras, métricas y procesos que hasta ahora trataban la sostenibilidad como un apéndice voluntario. 

La reforma propuesta no es un mero retoque semántico. Se trata de la primera vez que un supervisor prudencial de ámbito europeo exige que la identificación, medición y seguimiento de los riesgos ASG figure explícitamente en la declaración de apetito de riesgo y, por extensión, en las obligaciones fiduciarias de los consejos de administración. 

El borrador EBA/CP/2025/20, parte de una constatación contundente: los riesgos ASG pueden activar, amplificar o desencadenar los riesgos tradicionales, desde el crédito hasta el operativo, por tanto, deben formar parte indisoluble de la estrategia de negocio y del control interno. 

Todo esto anticipa un nuevo paradigma. Si en 2021 las directrices de la EBA introducían la sostenibilidad como principio orientador, la versión de 2025 la convierte en requisito operativo y prueba de fuego de la cultura de riesgos. 

A partir de ahora, hablar de solidez bancaria en Europa significará también demostrar que la institución está preparada para los choques reputacionales, regulatorios y financieros que se derivan de ignorar (o subestimar) los factores ASG.

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La circularidad retrocede en un mundo cada vez más consumista

Foto de Katie Rodriguez en Unsplash

La economía mundial consume ya más de 106.000 millones de toneladas de materiales al año, pero solo el 6,9% vuelve a los ciclos productivos. El Circularity Gap Report 2025 certifica que la brecha de circularidad no deja de ensancharse y que la extracción virgen crece más rápido que cualquier esfuerzo de recuperación.

Hace apenas cinco décadas el mundo utilizaba unos 28.000 millones de toneladas de recursos al año; hoy esa cifra se ha cuadruplicado y la mayor parte sigue un trayecto lineal: se extrae, se fabrica, se descarta. El Circularity Gap Report 2025 de Circle Economy detalla que, de cada cien toneladas movilizadas en 2021, más de 93 eran vírgenes y apenas sieteprocedían de circuitos de recuperación. Esa proporción confirma una tendencia descendente iniciada en 2018 y revela que los esfuerzos de reciclaje no consiguen compensar la voracidad con la que el sistema económico incorpora materiales nuevos.

Detrás del retroceso no hay un colapso de la separación de residuos (la masa recuperada incluso sube de 7,1 a 7,3 Gt entre 2018 y 2021), sino un crecimiento de la demanda que desborda cualquier mejora en circularidad. El informe subraya que 38% de los recursos queda inmovilizado en edificios e infraestructuras de larga vida, lo que aplaza durante décadas su retorno al ciclo productivo y tensiona los mercados de chatarra y áridos reciclados.

Las proyecciones tampoco ofrecen respiro: si el modelo lineal persiste, la extracción anual podría aumentar otro 60% para 2060, superando los 160.000 millones de toneladas y alejando los objetivos climáticos y de biodiversidad. 

En respuesta, el informe insta a pasar de las mejoras puntuales a estrategias sistémicas que combinen reducción, prolongación de vida útil y diseño regenerativo. Sin abordar a la vez el volumen total de materiales y la proporción que realmente se recircula, la transición climática carecerá de la base física necesaria.

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Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

Foto de Christina @ wocintechchat.com en Unsplash

Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías

Foto de Kumpan Electric en Unsplash

En 2024, Volvo dio un paso clave hacia la transparencia en la movilidad eléctrica con el lanzamiento del primer pasaporte de baterías plenamente operativo e integrado en un modelo de producción en serie. Este documento digital, integrado en su SUV EX90 y accesible mediante un código QR, permite conocer diversos datos sobre la batería del vehículo. En la actualidad, la apuesta de Volvo no solo sigue vigente, sino que anticipa la trazabilidad obligatoria que exigirá la normativa europea a partir de 2027, marcando un antes y un después en la industria del automóvil.

A partir del 18 de febrero de 2027, cualquier comprador de un vehículo eléctrico (EV) en la UE podrá escanear el QR (impreso o grabado de forma visible en la batería, su embalaje o la documentación que la acompaña) y consultar datos como dónde se extrajo el cobalto y el litio de la batería, cuánta huella de carbono arrastra y cuántos ciclos de carga le quedan. 

La obligación nace en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2023/1542, que convierte esa ficha técnica digital (el battery Passport) en requisito para todas las baterías de EV, micromovilidad y usos industriales de más de 2 kWh, con el QR como llave de acceso público y gratuito a la información.  

El primer pasaporte de baterías operativo fue desarrollado por Volvo junto a la startup británica Circulor. El sistema rastrea materias primas “de la mina al volante”, actualiza el estado de salud de la batería durante 15 años y cuesta unos 10 dólares por vehículo, desde casi tres años antes de que entre en vigor la norma europea. 

Para Bruselas, esta iniciativa será el campo de pruebas del futuro Digital Product Passport (DPP), la identidad digital que el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) extenderá a la mayoría de bienes de consumo antes de 2030.    

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Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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La Corte Internacional de Justicia prepara el terreno para sancionar la inacción climática

El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas) emitió una opinión consultiva que sostiene que la inacción frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional. 

El tribunal afirmó que los Estados están obligados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger un ambiente limpio, saludable y sostenible, y que el incumplimiento puede acarrear responsabilidad y reparaciones económicas o ecológicas.

El texto, adoptado por unanimidad, se extiende más allá del Acuerdo de París y ancla esas obligaciones en tratados ambientales existentes, en normas consuetudinarias (basadas en la costumbre) y en el marco de los derechos humanos. La CIJ subraya un deber de diligencia para prevenir daños significativos al sistema climático e incluye la necesidad de regular y supervisar a los actores privados sometidos a la jurisdicción estatal.

La opinión responde a una solicitud aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2023, impulsada por Vanuatu y otros pequeños Estados insulares que buscaban claridad jurídica para exigir responsabilidades a los grandes emisores. 

Además de reafirmar y aplicar el estándar de “daño significativo” (entendido como la combinación de probabilidad y magnitud del perjuicio, sin un umbral numérico cerrado), la CIJ insiste en que las obligaciones deben ejecutarse con base en la mejor ciencia disponible y mediante cooperación internacional efectiva. Esta lectura aporta un marco común para políticas climáticas más estrictas y reduce el margen de ambigüedad normativa.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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La OCDE evalúa los ‘ratings’ ASG: ¿es oro todo lo que reluce en sostenibilidad?

En su informe Behind ESG Ratings, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa una reflexión crítica sobre el funcionamiento y la eficacia real de las métricas ASG, herramientas clave en la toma de decisiones estratégicas de empresas e inversores de todo el mundo. 

Las métricas ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) forman la base de los llamados ratings ASG, habitualmente presentados en forma de puntuaciones o rankings y se han convertido en instrumentos esenciales para dirigir grandes flujos de capital hacia actividades más sostenibles y socialmente responsables. Sin embargo, tal como revela el informe de la OCDE, la transparencia, la coherencia y la solidez de estas valoraciones no son siempre tan altas como se podría esperar.

Aunque su influencia en el mercado es indudable, el análisis advierte sobre la existencia de ciertas áreas críticas que aún no reciben suficiente atención o que se evalúan de forma desigual. Asimismo, cuestiona si las métricas actuales están realmente diseñadas para reflejar con precisión los resultados concretos en sostenibilidad.

En este contexto, es importante preguntarse cómo funcionan realmente estas herramientas, cuál es su grado de efectividad y hasta qué punto están alineadas con estándares internacionales de conducta empresarial responsable. Sólo desde una comprensión más profunda es posible evaluar correctamente qué hay detrás de los ratings ASG y cómo mejorar su utilidad real para empresas e inversores.

Cabe destacar que el informe analiza ocho productos destacados de ratings ASG, seleccionados por su representatividad y diversidad metodológica, pero no identifica explícitamente a los proveedores analizados.

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