riesgos, sostenibilidad, tendencias, transparencia

Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

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Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías

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En 2024, Volvo dio un paso clave hacia la transparencia en la movilidad eléctrica con el lanzamiento del primer pasaporte de baterías plenamente operativo e integrado en un modelo de producción en serie. Este documento digital, integrado en su SUV EX90 y accesible mediante un código QR, permite conocer diversos datos sobre la batería del vehículo. En la actualidad, la apuesta de Volvo no solo sigue vigente, sino que anticipa la trazabilidad obligatoria que exigirá la normativa europea a partir de 2027, marcando un antes y un después en la industria del automóvil.

A partir del 18 de febrero de 2027, cualquier comprador de un vehículo eléctrico (EV) en la UE podrá escanear el QR (impreso o grabado de forma visible en la batería, su embalaje o la documentación que la acompaña) y consultar datos como dónde se extrajo el cobalto y el litio de la batería, cuánta huella de carbono arrastra y cuántos ciclos de carga le quedan. 

La obligación nace en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2023/1542, que convierte esa ficha técnica digital (el battery Passport) en requisito para todas las baterías de EV, micromovilidad y usos industriales de más de 2 kWh, con el QR como llave de acceso público y gratuito a la información.  

El primer pasaporte de baterías operativo fue desarrollado por Volvo junto a la startup británica Circulor. El sistema rastrea materias primas “de la mina al volante”, actualiza el estado de salud de la batería durante 15 años y cuesta unos 10 dólares por vehículo, desde casi tres años antes de que entre en vigor la norma europea. 

Para Bruselas, esta iniciativa será el campo de pruebas del futuro Digital Product Passport (DPP), la identidad digital que el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) extenderá a la mayoría de bienes de consumo antes de 2030.    

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Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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La Corte Internacional de Justicia prepara el terreno para sancionar la inacción climática

El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas) emitió una opinión consultiva que sostiene que la inacción frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional. 

El tribunal afirmó que los Estados están obligados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger un ambiente limpio, saludable y sostenible, y que el incumplimiento puede acarrear responsabilidad y reparaciones económicas o ecológicas.

El texto, adoptado por unanimidad, se extiende más allá del Acuerdo de París y ancla esas obligaciones en tratados ambientales existentes, en normas consuetudinarias (basadas en la costumbre) y en el marco de los derechos humanos. La CIJ subraya un deber de diligencia para prevenir daños significativos al sistema climático e incluye la necesidad de regular y supervisar a los actores privados sometidos a la jurisdicción estatal.

La opinión responde a una solicitud aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2023, impulsada por Vanuatu y otros pequeños Estados insulares que buscaban claridad jurídica para exigir responsabilidades a los grandes emisores. 

Además de reafirmar y aplicar el estándar de “daño significativo” (entendido como la combinación de probabilidad y magnitud del perjuicio, sin un umbral numérico cerrado), la CIJ insiste en que las obligaciones deben ejecutarse con base en la mejor ciencia disponible y mediante cooperación internacional efectiva. Esta lectura aporta un marco común para políticas climáticas más estrictas y reduce el margen de ambigüedad normativa.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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La OCDE evalúa los ‘ratings’ ASG: ¿es oro todo lo que reluce en sostenibilidad?

En su informe Behind ESG Ratings, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa una reflexión crítica sobre el funcionamiento y la eficacia real de las métricas ASG, herramientas clave en la toma de decisiones estratégicas de empresas e inversores de todo el mundo. 

Las métricas ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) forman la base de los llamados ratings ASG, habitualmente presentados en forma de puntuaciones o rankings y se han convertido en instrumentos esenciales para dirigir grandes flujos de capital hacia actividades más sostenibles y socialmente responsables. Sin embargo, tal como revela el informe de la OCDE, la transparencia, la coherencia y la solidez de estas valoraciones no son siempre tan altas como se podría esperar.

Aunque su influencia en el mercado es indudable, el análisis advierte sobre la existencia de ciertas áreas críticas que aún no reciben suficiente atención o que se evalúan de forma desigual. Asimismo, cuestiona si las métricas actuales están realmente diseñadas para reflejar con precisión los resultados concretos en sostenibilidad.

En este contexto, es importante preguntarse cómo funcionan realmente estas herramientas, cuál es su grado de efectividad y hasta qué punto están alineadas con estándares internacionales de conducta empresarial responsable. Sólo desde una comprensión más profunda es posible evaluar correctamente qué hay detrás de los ratings ASG y cómo mejorar su utilidad real para empresas e inversores.

Cabe destacar que el informe analiza ocho productos destacados de ratings ASG, seleccionados por su representatividad y diversidad metodológica, pero no identifica explícitamente a los proveedores analizados.

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TISFD: hacia una mayor transparencia social en el ámbito corporativo

Foto de Bud Helisson en Unsplash

El 10% más rico de la población global acumula más de la mitad de los ingresos mundiales y tres cuartas partes de la riqueza total. Mientras esa pequeña fracción dispone de la mayoría de los ingresos mundiales, millones de personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas, una situación agravada por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

La desigualdad, si no se aborda adecuadamente, genera riesgos significativos tanto para la estabilidad económica como para el bienestar social. Los niveles extremos de desigualdad erosionan la cohesión social, inhiben la formación de capital humano y amenazan la estabilidad financiera. 

Estos problemas no solo afectan a las personas y comunidades, sino también a las empresas, que se ven afectadas por un entorno más inestable y complejo para operar. Estas tienen la responsabilidad de contribuir a una sociedad más justa y sostenible, abordando la desigualdad y fortaleciendo sus relaciones con las comunidades, fomentando la innovación y asegurando un futuro sostenible.

Con la idea de contribuir a esa responsabilidad corporativa nace la nueva iniciativa del Grupo de trabajo sobre desigualdad e información financiera de carácter social (Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures (TISFD)).

Este grupo de trabajo es una coalición formada por líderes de empresas globales, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, apoyada por el Foro Económico Mundial y otras entidades comprometidas con un sistema financiero más justo e inclusivo. 

La visión de TISFD no es solo cumplir con regulaciones, sino inspirar un cambio profundo en el papel de las empresas en la sociedad. Se trata de transformar la manera en que operan para que se conviertan en líderes en la lucha contra la desigualdad, no solo alineando sus estrategias con las expectativas de inversores y consumidores, sino también actuando como agentes de cambio positivo.

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Desinformación, clima y guerras, los grandes riesgos que enfrenta el mundo

Foto de Edge2Edge Media en Unsplash

El mundo atraviesa un momento de profunda incertidumbre y complejidad, según el Informe Anual de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En su vigésima edición, este informe se consolida como una brújula crítica para entender las amenazas más apremiantes que enfrenta la humanidad en el corto y largo plazo, y para ayudar a líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil a prepararse ante un panorama de riesgos interconectados.

El informe, basado en las percepciones de más de 900 expertos y líderes globales, dibuja un cuadro alarmante: desde conflictos geopolíticos que amenazan la estabilidad mundial hasta los impactos inmediatos y devastadores del cambio climático. Los eventos climáticos extremos, la desinformación masiva y el conflicto armado basado en Estados son solo algunos de los riesgos que destacan como los más probables y severos en los próximos años.

Sin embargo, este diagnóstico no solo advierte sobre los peligros, sino que también llama a la acción. En un mundo fragmentado por tensiones geopolíticas, desigualdad creciente y un ritmo tecnológico vertiginoso, el informe subraya la importancia de una gobernanza más resiliente, una colaboración multilateral renovada y un liderazgo visionario. Para el sector empresarial, estas amenazas no son abstractas y representan desafíos concretos que demandan estrategias innovadoras y un compromiso renovado con la sostenibilidad y la adaptación.

La capacidad de anticipación y adaptación se convertirá en esencial para mitigar los desafíos y asegurar una gestión más eficaz en un entorno de riesgos en constante evolución.

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Las 4 tendencias ASG que definirán 2025

Foto de William Daigneault en Unsplash

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la transición hacia modelos empresariales más sostenibles. Las empresas enfrentan una confluencia de factores que están redefiniendo las reglas del juego, desde regulaciones más estrictas hasta la intensificación de eventos climáticos extremos y el cambio en las expectativas sociales y de mercado. Sin embargo, esta transformación se desarrolla en un clima de inseguridad evidente, donde los retos y las oportunidades se entrelazan de manera compleja.

La sostenibilidad empresarial lleva tiempo experimentando un cambio de paradigma. Ya no se trata únicamente de cumplir con normativas, sino de integrar estrategias que generen valor a largo plazo. Los nuevos marcos regulatorios más estrictos buscan garantizar la transparencia y fomentar una mayor responsabilidad corporativa, pero también ponen a prueba la capacidad de las organizaciones para adaptarse a estándares más altos en un corto período de tiempo.

El 2024 ha dejado un panorama climático alarmante, con eventos extremos como olas de calor récord, incendios forestales y desastres naturales que afectaron infraestructuras, economías y comunidades. Estas experiencias han subrayado la urgencia de actuar frente al cambio climático. En este contexto, el 2025 será el año en que las empresas deberán reforzar sus estrategias de mitigación y adaptación, no solo como una respuesta a los riesgos, sino como una ventaja competitiva en un mercado cada vez más consciente y exigente.

Por otro lado, las expectativas sociales y de los inversores están transformando las dinámicas del mercado. Los consumidores exigen productos más sostenibles, mientras que los inversores priorizan empresas que demuestran un compromiso real con la sostenibilidad. Esta situación obliga a las organizaciones a ser más transparentes, a comprometerse con sus grupos de interés y a liderar con el ejemplo

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Debida diligencia en Derechos Humanos para una inversión más sostenible

Foto de Markus Spiske en Unsplash

La integración de los Derechos Humanos (DD.HH.) y la debida diligencia en el ámbito de las finanzas se ha convertido en un componente esencial para la gestión responsable de las empresas y la inversión, tal y como señala el reciente estudio temático de Spainsif “Debida diligencia y Derechos Humanos en las finanzas sostenibles”.

La presión ejercida por la sociedad civil, inversores y consumidores para lograr una mayor transparencia y responsabilidad en las actividades empresariales ha llevado a que el sector financiero tome un papel proactivo en la incorporación de los DD.HH. dentro de sus procesos y políticas. 

El incremento de los desafíos sociales, cada vez más evidentes tras las recientes crisis internacionales (crisis financiera de 2008, pandemia de COVID-19, crisis energética y de cadenas de suministro), así como los conflictos que aún deben gestionarse en los próximos años —entre ellos, los vinculados a una transición energética justa y a la transformación hacia una economía más sostenible e inclusiva—, han generado una mayor urgencia de actuación.

No obstante, esa urgencia no solo responde a la creciente demanda de prácticas sostenibles, sino que también se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, cuyo lema «No dejar a nadie atrás» establece la necesidad de proteger los derechos fundamentales en todas las áreas de desarrollo económico.

Este enfoque ha cobrado mayor relevancia con la reciente Directiva sobre Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea, la cual marca un hito en la regulación vinculante para la protección de los DD.HH. en el ámbito empresarial y financiero.

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