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El nuevo pacto industrial europeo: transformación y competitividad en la era limpia

Foto de Lenny Kuhne en Unsplash

Coincidiendo con la publicación del paquete Ómnibus el 26 de febrero, la Comisión Europea presentó el Clean Industrial Deal (CID), una iniciativa que busca reformar el modelo productivo de la UE bajo criterios de sostenibilidad y competitividad para garantizar que la industria europea mantenga su liderazgo global en innovación sin comprometer los límites ambientales del planeta.

Más que una estrategia climática aislada, el CID introduce un marco regulador que impulsa la producción sostenible, promueve inversiones en tecnologías limpias y refuerza la resiliencia económica frente a la crisis climática y la volatilidad de los mercados globales. 

La industria europea enfrenta retos sin precedentes en un contexto de transformación económica en el que no puede seguir dependiendo de combustibles fósiles y materias primas no renovables sin comprometer su viabilidad a largo plazo. Esto se debe no solo a razones ambientales, sino también económicas: el encarecimiento de la energía, la competencia con mercados menos regulados y la necesidad de asegurar el acceso a materias primas estratégicas han obligado a la UE a acelerar su transición industrial.

El CID se publicó dentro de los primeros 100 días del nuevo mandato de la Comisión Europea, un período estratégico que marca el inicio de una nueva agenda política y económica. La necesidad de implementar sus medidas con rapidez responde a un contexto de alta presión: Europa debe reducir su dependencia energética, fortalecer su autonomía industrial y consolidar un modelo productivo basado en la circularidad y la eficiencia. 

Si bien existen regulaciones previas en materia ambiental e industrial, el CID busca integrar estos esfuerzos en una estrategia unificada que permita a la industria europea adaptarse a las exigencias del mercado sin perder competitividad.

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El mercado de financiación sostenible se estabiliza en España

Foto de Christian Dubovan en Unsplash

La financiación sostenible se ha consolidado como una herramienta indispensable para afrontar los retos globales del cambio climático y acelerar la transición hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, las cifras actuales muestran que los recursos movilizados todavía están lejos de ser suficientes para abordar el problema a escala global.

En España, el mercado de la financiación sostenible ha mostrado avances significativos en términos de volumen y diversificación de instrumentos. Aun así, el ritmo de crecimiento se enfrenta a limitaciones, como el aumento de los tipos de interés y una regulación más estricta que, aunque promueve la transparencia, puede ralentizar la adopción de nuevos mecanismos. 

A pesar de estos desafíos, el país tiene la oportunidad de consolidarse como un referente en Europa gracias a sus sectores estratégicos, como las energías renovables y la movilidad sostenible.

Además, la financiación sostenible no solo es un motor de cambio económico, sino también un catalizador social. En este sentido, fomenta la creación de empleos verdes y facilita la integración de pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles participar activamente en la transición ecológica.

El recientemente publicado Informe Anual OFISO sobre la financiación sostenible en España revela las principales claves de cómo se ha desarrollado ese mercado en el pasado año 2023 y proporciona indicios sobre el futuro de este tipo de financiación.

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Los servicios climáticos avanzados, esenciales para un futuro más seguro

Foto de Guy Bowden en Unsplash

A medida que las temperaturas globales alcanzan niveles récord y los fenómenos extremos afectan cada vez a más personas, los servicios climáticos se transforman en algo más que herramientas científicas para convertirse en pilares fundamentales para proteger vidas, fortalecer economías y construir un futuro resiliente.

El cambio climático amenaza a todos los aspectos de la sociedad, desde la seguridad alimentaria hasta la infraestructura crítica y la salud pública. Fenómenos como las recientes y trágicas inundaciones vividas en España, o las olas de calor y las sequías se han intensificado en frecuencia y gravedad, mientras que los impactos económicos y sociales de estos eventos continúan creciendo. 

Frente a esta situación, los servicios climáticos han surgido como una herramienta esencial para comprender, prever y mitigar estos riesgos. Estos servicios son sistemas integrales que recopilan, procesan y distribuyen datos climáticos e información basada en investigaciones científicas. Su objetivo principal es apoyar a los responsables de la toma de decisiones en sectores clave, como la agricultura, la energía, la salud, el transporte y la planificación urbana. 

Los servicios climáticos permiten prever fenómenos climáticos extremos y tendencias a largo plazo, facilitando la preparación y adaptación de las comunidades frente a los impactos climáticos. Por ejemplo, con información climática precisa, una región puede diseñar infraestructuras resilientes a fenómenos extremos y planificar mejor sus cultivos agrícolas o prepararse para inundaciones estacionales.

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TISFD: hacia una mayor transparencia social en el ámbito corporativo

Foto de Bud Helisson en Unsplash

El 10% más rico de la población global acumula más de la mitad de los ingresos mundiales y tres cuartas partes de la riqueza total. Mientras esa pequeña fracción dispone de la mayoría de los ingresos mundiales, millones de personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas, una situación agravada por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 

La desigualdad, si no se aborda adecuadamente, genera riesgos significativos tanto para la estabilidad económica como para el bienestar social. Los niveles extremos de desigualdad erosionan la cohesión social, inhiben la formación de capital humano y amenazan la estabilidad financiera. 

Estos problemas no solo afectan a las personas y comunidades, sino también a las empresas, que se ven afectadas por un entorno más inestable y complejo para operar. Estas tienen la responsabilidad de contribuir a una sociedad más justa y sostenible, abordando la desigualdad y fortaleciendo sus relaciones con las comunidades, fomentando la innovación y asegurando un futuro sostenible.

Con la idea de contribuir a esa responsabilidad corporativa nace la nueva iniciativa del Grupo de trabajo sobre desigualdad e información financiera de carácter social (Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures (TISFD)).

Este grupo de trabajo es una coalición formada por líderes de empresas globales, instituciones financieras, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, apoyada por el Foro Económico Mundial y otras entidades comprometidas con un sistema financiero más justo e inclusivo. 

La visión de TISFD no es solo cumplir con regulaciones, sino inspirar un cambio profundo en el papel de las empresas en la sociedad. Se trata de transformar la manera en que operan para que se conviertan en líderes en la lucha contra la desigualdad, no solo alineando sus estrategias con las expectativas de inversores y consumidores, sino también actuando como agentes de cambio positivo.

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La UE prohíbe los productos hechos con trabajo forzoso

Foto de British Library en Unsplash

La Unión Europea ha reforzado su compromiso con los derechos humanos y laborales mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2024/3015 recientemente publicado. Esta normativa establece un marco jurídico innovador que prohíbe la comercialización de productos fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso en el mercado europeo. 

El propósito principal de esta regulación es alinear al mercado europeo con los principios éticos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente la meta 8.7, que aboga por la eliminación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas

Teniendo en cuenta que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 27,6 millones de personas son víctimas de estas prácticas en el mundo, este reglamento marca un hito en los esfuerzos globales por erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro.

Aunque el reglamento entró en vigor el 13 de diciembre de 2024, su aplicación efectiva comenzará el 14 de diciembre de 2027, dando un período transitorio de tres años para que empresas y autoridades adapten sus procesos a las nuevas exigencias. Ese período de transición permitirá que las partes involucradas implementen procesos de diligencia debida y adopten herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento normativo.

La prohibición explícita de productos asociados al trabajo forzoso es el núcleo de esta regulación. Abarca tanto bienes producidos dentro del territorio de la Unión Europea como aquellos importados de terceros países. Este enfoque universal no discrimina por origen y asegura que los estándares éticos europeos se apliquen a todos los productos presentes en el mercado, sin excepciones. 

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Europa da un paso atrás y aplaza la ley contra la deforestación

Foto de roya ann miller en Unsplash

La Unión Europea ha dado un paso atrás justo antes de la fecha en las que las primeras empresas debían aplicar la nueva normativa sobre productos libres de deforestación. Un reglamento que no solo busca proteger los bosques, sino también asegurar que los consumidores europeos no contribuyan, de forma inadvertida, a la degradación de uno de los recursos más valiosos para la humanidad. 

La aplicación del Reglamento de la UE 2023/1115 sobre productos libres de deforestación acaba de ser aplazada un año, hasta finales de 2025, tras un acuerdo político provisional entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta decisión, aprobada con amplia mayoría, responde a las preocupaciones planteadas por Estados miembros, países exportadores y operadores, que señalaron la necesidad de contar con más tiempo para cumplir adecuadamente con las obligaciones establecidas. 

El propósito principal de este reglamento es garantizar que los bienes comercializados en Europa no estén asociados con la destrucción de ecosistemas forestales, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad y aumento de emisiones de carbono a nivel global.

La normativa define la deforestación como la conversión de bosques en tierras agrícolas, sin excluir cambios causados por desastres naturales si posteriormente se utiliza esa tierra para cultivo. Para determinar si un producto incumple esta regulación, se utiliza como referencia el estado de la tierra el 31 de diciembre de 2020. Si desde esa fecha se han producido cambios que llevaron a la eliminación de bosques, los productos de esas áreas no podrán ser comercializados en el mercado europeo.

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Desinformación, clima y guerras, los grandes riesgos que enfrenta el mundo

Foto de Edge2Edge Media en Unsplash

El mundo atraviesa un momento de profunda incertidumbre y complejidad, según el Informe Anual de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En su vigésima edición, este informe se consolida como una brújula crítica para entender las amenazas más apremiantes que enfrenta la humanidad en el corto y largo plazo, y para ayudar a líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil a prepararse ante un panorama de riesgos interconectados.

El informe, basado en las percepciones de más de 900 expertos y líderes globales, dibuja un cuadro alarmante: desde conflictos geopolíticos que amenazan la estabilidad mundial hasta los impactos inmediatos y devastadores del cambio climático. Los eventos climáticos extremos, la desinformación masiva y el conflicto armado basado en Estados son solo algunos de los riesgos que destacan como los más probables y severos en los próximos años.

Sin embargo, este diagnóstico no solo advierte sobre los peligros, sino que también llama a la acción. En un mundo fragmentado por tensiones geopolíticas, desigualdad creciente y un ritmo tecnológico vertiginoso, el informe subraya la importancia de una gobernanza más resiliente, una colaboración multilateral renovada y un liderazgo visionario. Para el sector empresarial, estas amenazas no son abstractas y representan desafíos concretos que demandan estrategias innovadoras y un compromiso renovado con la sostenibilidad y la adaptación.

La capacidad de anticipación y adaptación se convertirá en esencial para mitigar los desafíos y asegurar una gestión más eficaz en un entorno de riesgos en constante evolución.

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Las 4 tendencias ASG que definirán 2025

Foto de William Daigneault en Unsplash

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la transición hacia modelos empresariales más sostenibles. Las empresas enfrentan una confluencia de factores que están redefiniendo las reglas del juego, desde regulaciones más estrictas hasta la intensificación de eventos climáticos extremos y el cambio en las expectativas sociales y de mercado. Sin embargo, esta transformación se desarrolla en un clima de inseguridad evidente, donde los retos y las oportunidades se entrelazan de manera compleja.

La sostenibilidad empresarial lleva tiempo experimentando un cambio de paradigma. Ya no se trata únicamente de cumplir con normativas, sino de integrar estrategias que generen valor a largo plazo. Los nuevos marcos regulatorios más estrictos buscan garantizar la transparencia y fomentar una mayor responsabilidad corporativa, pero también ponen a prueba la capacidad de las organizaciones para adaptarse a estándares más altos en un corto período de tiempo.

El 2024 ha dejado un panorama climático alarmante, con eventos extremos como olas de calor récord, incendios forestales y desastres naturales que afectaron infraestructuras, economías y comunidades. Estas experiencias han subrayado la urgencia de actuar frente al cambio climático. En este contexto, el 2025 será el año en que las empresas deberán reforzar sus estrategias de mitigación y adaptación, no solo como una respuesta a los riesgos, sino como una ventaja competitiva en un mercado cada vez más consciente y exigente.

Por otro lado, las expectativas sociales y de los inversores están transformando las dinámicas del mercado. Los consumidores exigen productos más sostenibles, mientras que los inversores priorizan empresas que demuestran un compromiso real con la sostenibilidad. Esta situación obliga a las organizaciones a ser más transparentes, a comprometerse con sus grupos de interés y a liderar con el ejemplo

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El reto de construir ciudades más sostenibles

Foto de Denys Nevozhai en Unsplash

La celebración global del Día Mundial de las Ciudades 2024 se llevará a cabo bajo el tema “Jóvenes agentes de cambio climático: catalizando la acción local para la sostenibilidad urbana”. Este evento destacará el papel crucial de los gobiernos locales y de la juventud en la defensa y toma de medidas audaces para abordar la crisis climática en las ciudades. 

Las ciudades, que representan el núcleo de la actividad económica, social y cultural, se enfrentan a un desafío creciente en términos de sostenibilidad. A medida que la población urbana continúa en expansión, se prevé que más del 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas para el año 2050

Este crecimiento exponencial no solo incrementa la demanda de servicios e infraestructuras, sino que también ejerce una presión significativa sobre los recursos naturales y el medio ambiente.

Además, las ciudades se han convertido en los principales generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, con casi un 70% de las emisiones globales provenientes de áreas urbanas. El consumo de energía y recursos naturales, así como la generación de residuos, se concentran en estas áreas, lo que plantea un desafío crucial para la sostenibilidad global.

En este contexto, la sostenibilidad urbana busca transformar las ciudades en espacios que no solo sean habitables, sino que también minimicen su huella ecológica y fomenten la resiliencia frente al cambio climático. Este concepto se basa en tres pilares fundamentales: el desarrollo económico, la equidad socialy la protección ambiental, integrando políticas que promuevan una transición hacia una economía verde y circular.

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Debida diligencia en Derechos Humanos para una inversión más sostenible

Foto de Markus Spiske en Unsplash

La integración de los Derechos Humanos (DD.HH.) y la debida diligencia en el ámbito de las finanzas se ha convertido en un componente esencial para la gestión responsable de las empresas y la inversión, tal y como señala el reciente estudio temático de Spainsif “Debida diligencia y Derechos Humanos en las finanzas sostenibles”.

La presión ejercida por la sociedad civil, inversores y consumidores para lograr una mayor transparencia y responsabilidad en las actividades empresariales ha llevado a que el sector financiero tome un papel proactivo en la incorporación de los DD.HH. dentro de sus procesos y políticas. 

El incremento de los desafíos sociales, cada vez más evidentes tras las recientes crisis internacionales (crisis financiera de 2008, pandemia de COVID-19, crisis energética y de cadenas de suministro), así como los conflictos que aún deben gestionarse en los próximos años —entre ellos, los vinculados a una transición energética justa y a la transformación hacia una economía más sostenible e inclusiva—, han generado una mayor urgencia de actuación.

No obstante, esa urgencia no solo responde a la creciente demanda de prácticas sostenibles, sino que también se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, cuyo lema «No dejar a nadie atrás» establece la necesidad de proteger los derechos fundamentales en todas las áreas de desarrollo económico.

Este enfoque ha cobrado mayor relevancia con la reciente Directiva sobre Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea, la cual marca un hito en la regulación vinculante para la protección de los DD.HH. en el ámbito empresarial y financiero.

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