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Greenwashing: los reclamos publicitarios bajo la lupa de la OCDE

Foto de Saffu en Unsplash

Más del 40% de los comercios electrónicos estudiados por la OCDE emplean tácticas posiblemente engañosas al describir las credenciales ambientales de sus productos. Esa estadística, que afecta casi a la mitad del escaparate digital mundial, sirve de indicador de un problema más profundo: el greenwashing deja al consumidor sin referencias fiables, distorsiona los incentivos de inversión y retrasa la adopción de innovaciones verdaderamente limpias.

Ese problema se agrava porque el interés por lo “verde” es claro: 48% de los consumidores europeos afirma preferir artículos con alguna etiqueta ambiental y 45% de los australianos declara que la sostenibilidad influye a menudo en su compra.

Según el informe Digital Economy Paper n.º 375, “Protecting and Empowering Consumers in the Green Transition: Misleading Green Claims”, publicado en mayo por la OCDE, al falsear la información ambiental de los productos, los comercios inducen decisiones de compra subóptimas y desplazan inversión lejos de compañías que sí innovan en ecodiseño o descarbonización. 

Mientras que estas prácticas erosionan el poder adquisitivo de los consumidores, el deterioro reputacional para las empresas tampoco se queda atrás: en un mercado gobernado por las redes sociales, una sola publicación que desenmascare un reclamo publicitario exagerado puede desencadenar una crisis que desplome en días el valor bursátil o la demanda de una marca.

A este escenario se suma el greenhushing, tendencia por la que muchas firmas optan por silenciar sus avances ambientales para evitar el escrutinio público o posibles sanciones. Esa autocensura bloquea la difusión de mejores prácticas y, paradójicamente, priva al consumidor de señales claras sobre soluciones más sostenibles. 

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Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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La CSRD se estrena con informes desiguales y vacíos técnicos

Foto de Lukas Blazek en Unsplash

A lo largo de los primeros meses de 2025 las empresas europeas han ido publicando sus primeros informes de sostenibilidad bajo la Directiva CSRD. Un estudio de PwC analiza sus prácticas y revela tendencias clave en gobernanza, materialidad, arquitectura de datos y aseguramiento externo. 

La entrada en vigor de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en enero de 2024 ha redefinido las coordenadas de la gestión empresarial en Europa. La norma establece por primera vez un marco común, obligatorio y auditable para la publicación de información sobre sostenibilidad, obligando a las grandes compañías a rendir cuentas sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza con el mismo nivel de rigor que en la información financiera.

Durante el primer trimestre de 2025, 250 empresas europeas publicaron ya sus primeros informes de sostenibilidad alineados con la CSRD y los estándares ESRS. El análisis elaborado por PwC a partir de esta muestra temprana ofrece una visión clara de las dinámicas que están emergiendo en el terreno: una heterogeneidad notable en metodologías, una madurez todavía incipiente en ciertos temas críticos y una preocupación transversal por la arquitectura de datos y la trazabilidad de la información reportada.

En paralelo, la Comisión Europea ha planteado un cambio parcial en el calendario de aplicación a través del llamado paquete Omnibus, que propone aplazar la entrada en vigor de la Directiva para determinadas empresas. Esta iniciativa pretende responder a la presión ejercida por determinados sectores industriales y Estados miembro, sin renunciar a los elementos esenciales de la directiva: doble materialidad, aseguramiento independiente, cadena de valor completa y foco estratégico.

Este cruce entre avance práctico y ajuste político determina un momento decisivo. Las empresas que ya han reportado ofrecen una fuente rica de aprendizajes y advertencias. Y las que disponen aún de uno o dos años por delante no deben entender la prórroga como una pausa, sino como una oportunidad para prepararse con mayor solidez, evitando errores que puedan derivar en salvedades, sobrecostes o perjuicios reputacionales.

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La OCDE evalúa los ‘ratings’ ASG: ¿es oro todo lo que reluce en sostenibilidad?

En su informe Behind ESG Ratings, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa una reflexión crítica sobre el funcionamiento y la eficacia real de las métricas ASG, herramientas clave en la toma de decisiones estratégicas de empresas e inversores de todo el mundo. 

Las métricas ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) forman la base de los llamados ratings ASG, habitualmente presentados en forma de puntuaciones o rankings y se han convertido en instrumentos esenciales para dirigir grandes flujos de capital hacia actividades más sostenibles y socialmente responsables. Sin embargo, tal como revela el informe de la OCDE, la transparencia, la coherencia y la solidez de estas valoraciones no son siempre tan altas como se podría esperar.

Aunque su influencia en el mercado es indudable, el análisis advierte sobre la existencia de ciertas áreas críticas que aún no reciben suficiente atención o que se evalúan de forma desigual. Asimismo, cuestiona si las métricas actuales están realmente diseñadas para reflejar con precisión los resultados concretos en sostenibilidad.

En este contexto, es importante preguntarse cómo funcionan realmente estas herramientas, cuál es su grado de efectividad y hasta qué punto están alineadas con estándares internacionales de conducta empresarial responsable. Sólo desde una comprensión más profunda es posible evaluar correctamente qué hay detrás de los ratings ASG y cómo mejorar su utilidad real para empresas e inversores.

Cabe destacar que el informe analiza ocho productos destacados de ratings ASG, seleccionados por su representatividad y diversidad metodológica, pero no identifica explícitamente a los proveedores analizados.

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La implementación de los ODS en Europa: un proceso complejo y fragmentado

Foto de Markus Spiske en Unsplash

Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, Europa ha sido un referente mundial en el desarrollo de estrategias para alcanzar estos compromisos. Sin embargo, con 2030 cada vez más cerca, los avances siguen sin ser homogéneos y aún persisten grandes desafíos. 

El Europe Sustainable Development Report 2025 pone en evidencia que Europa sigue ocupando las primeras posiciones en el ranking mundial de los ODS, con 19 de los 20 países mejor clasificados perteneciendo a la región. Según el informe, los tres países con mejor desempeño en el cumplimiento de los ODS son Finlandia, Dinamarca y Suecia, que destacan por sus avances en energías renovables, bienestar social y políticas climáticas ambiciosas. En el otro extremo del ranking, los tres países con peor desempeño son Turquía, Macedonia y Chipre.

Pero más allá de las cifras, el estudio alerta sobre un estancamiento en algunos objetivos clave para 2030, especialmente en lo referente a desigualdades económicas, impactos ambientales y transición energética. La pandemia, las tensiones geopolíticas y la inflación han hecho más difícil el cumplimiento de estos objetivos, afectando especialmente a los países con mayores dificultades económicas y sociales.

El compromiso de la Unión Europea sigue siendo firme en la implementación de los ODS. A lo largo de los últimos años, las políticas comunitarias han impulsado planes ambiciosos con la intención de reforzar el papel del continente como líder en sostenibilidad. Sin embargo, la realidad es que la implementación de estas políticas varía entre los diferentes estados miembros, lo que ha generado una brecha de resultados dentro del propio continente. 

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La UE prohíbe los productos hechos con trabajo forzoso

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La Unión Europea ha reforzado su compromiso con los derechos humanos y laborales mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2024/3015 recientemente publicado. Esta normativa establece un marco jurídico innovador que prohíbe la comercialización de productos fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso en el mercado europeo. 

El propósito principal de esta regulación es alinear al mercado europeo con los principios éticos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente la meta 8.7, que aboga por la eliminación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas

Teniendo en cuenta que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 27,6 millones de personas son víctimas de estas prácticas en el mundo, este reglamento marca un hito en los esfuerzos globales por erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro.

Aunque el reglamento entró en vigor el 13 de diciembre de 2024, su aplicación efectiva comenzará el 14 de diciembre de 2027, dando un período transitorio de tres años para que empresas y autoridades adapten sus procesos a las nuevas exigencias. Ese período de transición permitirá que las partes involucradas implementen procesos de diligencia debida y adopten herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento normativo.

La prohibición explícita de productos asociados al trabajo forzoso es el núcleo de esta regulación. Abarca tanto bienes producidos dentro del territorio de la Unión Europea como aquellos importados de terceros países. Este enfoque universal no discrimina por origen y asegura que los estándares éticos europeos se apliquen a todos los productos presentes en el mercado, sin excepciones. 

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Las 4 tendencias ASG que definirán 2025

Foto de William Daigneault en Unsplash

El año 2025 marcará un punto de inflexión en la transición hacia modelos empresariales más sostenibles. Las empresas enfrentan una confluencia de factores que están redefiniendo las reglas del juego, desde regulaciones más estrictas hasta la intensificación de eventos climáticos extremos y el cambio en las expectativas sociales y de mercado. Sin embargo, esta transformación se desarrolla en un clima de inseguridad evidente, donde los retos y las oportunidades se entrelazan de manera compleja.

La sostenibilidad empresarial lleva tiempo experimentando un cambio de paradigma. Ya no se trata únicamente de cumplir con normativas, sino de integrar estrategias que generen valor a largo plazo. Los nuevos marcos regulatorios más estrictos buscan garantizar la transparencia y fomentar una mayor responsabilidad corporativa, pero también ponen a prueba la capacidad de las organizaciones para adaptarse a estándares más altos en un corto período de tiempo.

El 2024 ha dejado un panorama climático alarmante, con eventos extremos como olas de calor récord, incendios forestales y desastres naturales que afectaron infraestructuras, economías y comunidades. Estas experiencias han subrayado la urgencia de actuar frente al cambio climático. En este contexto, el 2025 será el año en que las empresas deberán reforzar sus estrategias de mitigación y adaptación, no solo como una respuesta a los riesgos, sino como una ventaja competitiva en un mercado cada vez más consciente y exigente.

Por otro lado, las expectativas sociales y de los inversores están transformando las dinámicas del mercado. Los consumidores exigen productos más sostenibles, mientras que los inversores priorizan empresas que demuestran un compromiso real con la sostenibilidad. Esta situación obliga a las organizaciones a ser más transparentes, a comprometerse con sus grupos de interés y a liderar con el ejemplo

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Empresas europeas y ODS: ¿ambición sin acción?

Foto de Jean-Louis Paulin en Unsplash

El informe titulado “Evaluación del sector privado europeo sobre los ODS 2024”, elaborado por las Redes europeas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, presenta una visión mixta sobre el progreso de las empresas europeas en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A partir de las respuestas de más de 1.400 empresas de diversos tamaños y sectores en diez países europeos, el estudio examina cómo las compañías están abordando la sostenibilidad, qué áreas están priorizando y cuáles son las principales barreras que enfrentan para cumplir con la Agenda 2030. 

Este informe es especialmente relevante dado que solo el 17% de los ODS a nivel mundial están en camino de alcanzarse, lo que subraya la urgencia de intensificar los esfuerzos por parte de todos los actores, especialmente el sector privado, que desempeña un papel fundamental en la implementación de estos objetivos.

En este contexto, el informe revela un progreso desigual. Por un lado, hay un creciente reconocimiento de la importancia de los ODS: un 69% de las empresas afirman tener un conocimiento profundo de los mismos y casi el 60% ya cuentan con una estrategia de sostenibilidad que los integra. 

Sin embargo, esta conciencia no se traduce de manera uniforme en acciones concretas y resultados medibles. Menos de un tercio de las empresas han definido metas concretas y mesurables vinculadas a los ODS, y muchas todavía carecen de indicadores adecuados para evaluar su impacto real en cuestiones como igualdad de género, cambio climático y condiciones de trabajo decente.

La adopción de marcos normativos ha comenzado a marcar una diferencia significativa en la manera en que las empresas abordan la sostenibilidad y los ODS. Esto sugiere que la presión regulatoria está actuando como un acicate importante para lograr un cambio más estructural y estratégico en las empresas.

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Los ocho cambios críticos que están moldeando el futuro del planeta y la salud humana

Foto de Ross Findon en Unsplash

El informe “Navigating New Horizons: A global foresight report on planetary health and human wellbeing” se ha convertido en una referencia esencial para entender y prever los posibles cambios y disrupciones futuras que podrían afectar la salud del planeta y el bienestar humano.

Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en colaboración con el Consejo Internacional de Ciencia (ISC), el informe tiene como misión empoderar a la comunidad global, incluidos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los individuos, para identificar y responder a cuestiones críticas con anticipación

No se trata de predecir el futuro de manera estática, sino de imaginar diversos escenarios futuros y explorar cómo podemos influir positivamente en ellos. Este enfoque fomenta la flexibilidad y la capacidad de adaptación, esenciales para enfrentar los desafíos emergentes de manera eficaz.

En el contexto global actual, nos enfrentamos a lo que se denomina “policrisis”: múltiples crisis interconectadas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que se amplifican mutuamente. Esta realidad resalta la necesidad de respuestas coordinadas y multifacéticas que aborden las causas profundas de estos problemas. La urgencia de actuar proactivamente es clara, no solo para evitar la exacerbación de estas crisis, sino también para aprovechar las oportunidades que puedan surgir en medio de estos desafíos.

Este enfoque holístico no solo abarca problemas ambientales tradicionales, sino que también considera factores sociales, demográficos, tecnológicos, geopolíticos y de gobernanza que podrían influir en la trayectoria futura de la salud planetaria y el bienestar humano. La colaboración interdisciplinaria y entre diferentes sectores es esencial para desarrollar soluciones integradas que aborden las múltiples dimensiones de estos problemas. 

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