cambio climático, eventos, riesgos, sostenibilidad, tendencias

De Dubái a Belém: qué queda realmente para el clima tras tres COP claves

Foto de The Climate Reality Project en Unsplash

En solo tres años, las cumbres del clima han pasado de aprobar en Dubái el primer llamamiento a “transitar lejos de todos los combustibles fósiles” en los sistemas energéticos a acordar en la COP30 en Belém un paquete centrado en reforzar la adaptación y el apoyo a los más vulnerables, pero sin incluir una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. 

La celebración de la COP30 no ha sido un simple cambio de sede en el calendario de las cumbres climáticas. Brasil eligió situar la conferencia en una ciudad amazónica de más de un millón de habitantes, en la desembocadura del río Pará, para colocar el foco mundial sobre la mayor selva tropical del planeta y sobre las tensiones entre desarrollo urbano, desigualdad y conservación del bosque. 

Todo ello en un momento en que los informes científicos dibujan un margen cada vez más estrecho. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido de que limitar el calentamiento en torno a 1,5ºC exige que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo antes de 2025 y se reduzcan alrededor de un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. 

Los análisis más recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan, además, que para mantener esa trayectoria las emisiones tendrían que caer aproximadamente un 55% de aquí a 2035, mientras que los planes nacionales actuales nos encaminan a un calentamiento de entre 2,3 y 2,5ºC a finales de siglo. 

En ese contexto climático se encadenan tres cumbres clave. En Dubái, la COP28 cerró el primer balance global del Acuerdo de París con un documento que situó explícitamente los combustibles fósiles en el centro del debate sobre mitigación.

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riesgos, sostenibilidad, tendencias, transparencia

Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

Foto de Christina @ wocintechchat.com en Unsplash

Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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cambio climático, riesgos, sostenibilidad, tendencias

La factura de la inacción climática se mide ya en miles de millones

Foto de Chris LeBoutillier en Unsplash

Un informe elaborado por EcoVadis y Boston Consulting Group advierte de que, para 2030, las compañías podrían enfrentarse a más de medio billón de dólares anuales en riesgos financieros si no abordan las emisiones de su cadena de suministro. El estudio convierte al Alcance 3 de la huella de carbono en una cuestión estratégica para la supervivencia empresarial y sus beneficios económicos.

El calentamiento global ya no es una amenaza abstracta, sino una realidad que está remodelando el terreno de juego de las empresas. En 2024, las temperaturas globales superaron por primera vez durante un año completo el umbral de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, un hito que marca un punto de no retorno en la trayectoria climática. Desde el año 2000, los desastres relacionados con el clima han provocado pérdidas directas superiores a 3,6 billones de dólares, y la frecuencia de estos episodios sigue aumentando.

A esa presión física se añaden los llamados riesgos de transición, como son las nuevas normativas sobre emisiones, cambios en las preferencias de los consumidores y tecnologías que aceleran el desplazamiento hacia modelos de negocio bajos en carbono. Este cóctel convierte al clima en un factor capaz de erosionar márgenes, elevar costes operativos e inflar primas de seguros, afectando de manera directa a la rentabilidad.

El Carbon Action Report 2025, publicado por EcoVadis y Boston Consulting Group, lanza una advertencia clara: los próximos cinco años son clave para frenar esta deriva. La gran incógnita es cómo gestionar el Alcance 3, es decir, las emisiones de la cadena de suministro, que se han convertido en el auténtico agujero negro de la estrategia corporativa.

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economía circular, riesgos, sostenibilidad, tendencias, transparencia

Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías

Foto de Kumpan Electric en Unsplash

En 2024, Volvo dio un paso clave hacia la transparencia en la movilidad eléctrica con el lanzamiento del primer pasaporte de baterías plenamente operativo e integrado en un modelo de producción en serie. Este documento digital, integrado en su SUV EX90 y accesible mediante un código QR, permite conocer diversos datos sobre la batería del vehículo. En la actualidad, la apuesta de Volvo no solo sigue vigente, sino que anticipa la trazabilidad obligatoria que exigirá la normativa europea a partir de 2027, marcando un antes y un después en la industria del automóvil.

A partir del 18 de febrero de 2027, cualquier comprador de un vehículo eléctrico (EV) en la UE podrá escanear el QR (impreso o grabado de forma visible en la batería, su embalaje o la documentación que la acompaña) y consultar datos como dónde se extrajo el cobalto y el litio de la batería, cuánta huella de carbono arrastra y cuántos ciclos de carga le quedan. 

La obligación nace en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2023/1542, que convierte esa ficha técnica digital (el battery Passport) en requisito para todas las baterías de EV, micromovilidad y usos industriales de más de 2 kWh, con el QR como llave de acceso público y gratuito a la información.  

El primer pasaporte de baterías operativo fue desarrollado por Volvo junto a la startup británica Circulor. El sistema rastrea materias primas “de la mina al volante”, actualiza el estado de salud de la batería durante 15 años y cuesta unos 10 dólares por vehículo, desde casi tres años antes de que entre en vigor la norma europea. 

Para Bruselas, esta iniciativa será el campo de pruebas del futuro Digital Product Passport (DPP), la identidad digital que el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) extenderá a la mayoría de bienes de consumo antes de 2030.    

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inteligencia artificial, riesgos, sostenibilidad, tendencias

¿Está tu empresa preparada para la revolución de la inteligencia artificial sostenible?

La inteligencia artificial (IA) generativa ya no es un simple ejercicio de laboratorio y se ha convertido en un motor de transformación empresarial de primer orden. El Generative AI Outlook Report – Exploring the Intersection of Technology, Society, and Policy, publicado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, nos ofrece una radiografía detallada de este fenómeno: desde los fundamentos tecnológicos y económicos hasta los desafíos sociales y regulatorios que plantea este artículo.

La adopción de modelos generativos (capaces de crear texto, imágenes, audio o código a partir de grandes volúmenes de datos) redefine no solo la productividad, sino también la forma en que las organizaciones gestionan su capital humano, su reputación y su huella medioambiental. Mientras algunas empresas aceleran su incorporación para ganar ventaja competitiva, otras advierten del riesgo de brechas de habilidad, de la propagación de desinformación y del creciente consumo energético de los centros de datos.

Para el directivo empresarial comprometido con la sostenibilidad, entender estas tensiones es fundamental. No basta con aprovechar el potencial creativo de la IA: es imprescindible diseñar estrategias que garanticen el desarrollo de talento, la integridad de la información, la gobernanza responsable de datos y el alineamiento con las metas de neutralidad de carbono. 

El informe hace también hincapié en la dimensión regulatoria: con la inminente entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act) y la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, las empresas europeas deberán cumplir nuevos requisitos de transparencia, evaluación de impacto y privacidad para sus sistemas de IA generativa. 

Este marco legal no solo refuerza la protección de datos y los estándares medioambientales, sino que también impulsa la creación de áreas de gobernanza interna donde converjan equipos de TIC, sostenibilidad y cumplimiento normativo. 

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cambio climático, reputación, riesgos, rsc, sostenibilidad, tendencias, transparencia

Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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cambio climático, riesgos, sostenibilidad, urbanismo

De Valencia a Budapest: por qué Europa necesita un escudo frente al agua

Foto de Chris Gallagher en Unsplash

Europa vivió en 2024 el episodio de inundaciones más extenso desde 2013, en un año marcado por la intensificación de fenómenos hidrológicos extremos. Las lluvias torrenciales asociadas a tormentas persistentes desbordaron miles de kilómetros de cauces fluviales, con un balance humano y económico profundamente alarmante. 

Al menos 335 personas murieron en episodios relacionados con tormentas e inundaciones, y se estima que los daños materiales alcanzaron los 18.200 millones de euros, según recoge el informe European State of the Climate 2024 (ESOTC 2024), elaborado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las cifras hidrológicas registradas durante el año evidencian el alcance de esta crisis. Un 30 % de la red fluvial europea superó el umbral de caudal considerado “alto”, y un 12 % alcanzó niveles clasificados como “severos” (es decir, con una recurrencia estadística de 20 años o más). Se trata del mayor porcentaje de cauces en situación de desbordamiento desde 2013 y el quinto más elevado de toda la serie histórica desde 1992. 

Estos datos confirman una tendencia inquietante. El informe destaca que las lluvias intensas se están haciendo más frecuentes en buena parte del continente, en especial en su mitad occidental. La combinación de temperaturas más altas, mayor capacidad atmosférica de retención de humedad y patrones de circulación que favorecen episodios de lluvias persistentes está contribuyendo a un cambio en la naturaleza del riesgo hídrico en Europa. Las inundaciones, lejos de ser eventos aislados, se consolidan como una amenaza estructural para la seguridad de las personas, las infraestructuras y la economía.

El año 2024 no solo se caracterizó por la magnitud acumulada del fenómeno, sino también por su repetición y distribución geográfica. Desde los primeros episodios en enero hasta los más devastadores en otoño, el continente vivió una sucesión casi ininterrumpida de eventos extremos que, en un contexto de calentamiento acelerado, ya no pueden considerarse excepcionales.

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El apagón como ensayo de un futuro evento Miyake

Foto de NASA en Unsplash

Los eventos Miyake reflejan episodios extremos de actividad solar que, según evidencias científicas, han impactado a la Tierra en el pasado. Su magnitud podría comprometer gravemente infraestructuras eléctricas, comunicaciones y sistemas críticos. Ante su posible repetición, la preparación se convierte en un factor estratégico esencial.

Este 28 de abril, España y Portugal han vivido uno de los mayores apagones eléctricos de su historia reciente. A partir de las 12:30 horas, una serie de fallos en la red dejó a millones de personas sin suministro eléctrico durante casi medio día. Aunque las autoridades han descartado, en principio, causas como ciberataques o sabotajes, el incidente aún está siendo investigado para determinar su origen exacto y establecer medidas correctoras que reduzcan la posibilidad de nuevos episodios.

El impacto social y económico ha sido inmediato y, por el momento, difícil de cuantificar en toda su magnitud. Durante horas, personas quedaron atrapadas en ascensores, trenes detenidos o sin acceso a servicios sanitarios básicos, mientras que gran parte de los sistemas de transporte público y de comunicación se vieron interrumpidos o gravemente limitados. 

La actividad comercial, administrativa e industrial también se resintió, en muchos casos de forma crítica, dejando patente la elevada exposición de las sociedades modernas a cualquier disrupción en el suministro eléctrico.

Más allá de la causa concreta de este apagón, el incidente pone de relieve la fragilidad de las infraestructuras críticas ante eventos imprevistos. En un mundo altamente interconectado y dependiente de la energía para sostener no solo la vida cotidiana, sino también la operativa empresarial, fenómenos de esta naturaleza pueden tener efectos multiplicadores que impacten en toda la estructura económica y social.

Esta situación plantea la necesidad de considerar escenarios aún más disruptivos, como los denominados eventos Miyake: fenómenos de origen solar extremo que podrían provocar daños de gran escala en redes eléctricas, satélites y sistemas de comunicación, afectando de manera profunda el funcionamiento de las economías y alterando la vida en el planeta durante años.

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Los servicios climáticos avanzados, esenciales para un futuro más seguro

Foto de Guy Bowden en Unsplash

A medida que las temperaturas globales alcanzan niveles récord y los fenómenos extremos afectan cada vez a más personas, los servicios climáticos se transforman en algo más que herramientas científicas para convertirse en pilares fundamentales para proteger vidas, fortalecer economías y construir un futuro resiliente.

El cambio climático amenaza a todos los aspectos de la sociedad, desde la seguridad alimentaria hasta la infraestructura crítica y la salud pública. Fenómenos como las recientes y trágicas inundaciones vividas en España, o las olas de calor y las sequías se han intensificado en frecuencia y gravedad, mientras que los impactos económicos y sociales de estos eventos continúan creciendo. 

Frente a esta situación, los servicios climáticos han surgido como una herramienta esencial para comprender, prever y mitigar estos riesgos. Estos servicios son sistemas integrales que recopilan, procesan y distribuyen datos climáticos e información basada en investigaciones científicas. Su objetivo principal es apoyar a los responsables de la toma de decisiones en sectores clave, como la agricultura, la energía, la salud, el transporte y la planificación urbana. 

Los servicios climáticos permiten prever fenómenos climáticos extremos y tendencias a largo plazo, facilitando la preparación y adaptación de las comunidades frente a los impactos climáticos. Por ejemplo, con información climática precisa, una región puede diseñar infraestructuras resilientes a fenómenos extremos y planificar mejor sus cultivos agrícolas o prepararse para inundaciones estacionales.

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La UE prohíbe los productos hechos con trabajo forzoso

Foto de British Library en Unsplash

La Unión Europea ha reforzado su compromiso con los derechos humanos y laborales mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2024/3015 recientemente publicado. Esta normativa establece un marco jurídico innovador que prohíbe la comercialización de productos fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso en el mercado europeo. 

El propósito principal de esta regulación es alinear al mercado europeo con los principios éticos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente la meta 8.7, que aboga por la eliminación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas

Teniendo en cuenta que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 27,6 millones de personas son víctimas de estas prácticas en el mundo, este reglamento marca un hito en los esfuerzos globales por erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro.

Aunque el reglamento entró en vigor el 13 de diciembre de 2024, su aplicación efectiva comenzará el 14 de diciembre de 2027, dando un período transitorio de tres años para que empresas y autoridades adapten sus procesos a las nuevas exigencias. Ese período de transición permitirá que las partes involucradas implementen procesos de diligencia debida y adopten herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento normativo.

La prohibición explícita de productos asociados al trabajo forzoso es el núcleo de esta regulación. Abarca tanto bienes producidos dentro del territorio de la Unión Europea como aquellos importados de terceros países. Este enfoque universal no discrimina por origen y asegura que los estándares éticos europeos se apliquen a todos los productos presentes en el mercado, sin excepciones. 

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