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IA y consejos de administración, de la ética en el papel a la gobernanza real

Foto de Bennie Bates en Unsplash

La inteligencia artificial (IA) ya está dentro de las empresas, pero no siempre dentro del consejo de administración. Mientras los discursos sobre ética y responsabilidad se multiplican, los datos muestran una brecha incómoda: los órganos de gobierno hablan más de valores que de capacidades concretas para supervisar algoritmos, riesgos y decisiones automatizadas.

Varios informes publicados en los últimos meses dibujan el mismo mensaje: la gobernanza de la IA se ha convertido en uno de los grandes exámenes de la “G” de ASG (gobierno corporativo).

En muy poco tiempo, la IA ha pasado de ser una promesa lejana a un recurso cotidiano en muchas compañías: ayuda a redactar informes, resume documentación, analiza datos masivos o asiste en tareas rutinarias. Cuando se habla de IA se incluye no solo a los algoritmos tradicionales, sino también a la llamada IA generativa: sistemas capaces de crear texto, código o imágenes a partir de instrucciones sencillas, como los asistentes conversacionales que empiezan a colarse en procesos internos.

Este salto tecnológico tiene una consecuencia directa en la gobernanza. Si los algoritmos participan en decisiones que afectan a clientes, personas trabajadoras, proveedores o inversores, dejar la IA en manos exclusivas del área de tecnología ya no es suficiente.

Un informe global de Deloitte realizado en 56 países muestra una imagen clara de esta transición. Un 31% de los encuestados reconoce que la IA ni siquiera está en la agenda del consejo, aunque esa cifra ha mejorado frente al año anterior. Solo un 17% afirma que se discute en todas las reuniones, y un 19% la aborda una vez al año. 

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Directiva Whistleblowing: seis años de avances… y asignaturas pendientes

Foto de Iqro Rinaldi en Unsplash

Cinco años después de que la Unión Europea aprobara la Directiva sobre protección de denunciantes, todos los Estados miembros han incorporado la norma a su legislación, pero muy pocos la aplican con pleno alcance. Mientras la justicia europea sanciona a los gobiernos que siguen sin cumplir, las empresas descubren que proteger a quienes se atreven a hablar no es solo un imperativo legal, sino una estrategia clave para su futuro.

En diciembre de 2019, la UE dio un paso decisivo en su apuesta por la transparencia y la integridad. Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas quiso garantizar que cualquier persona (empleado, proveedor, cliente o colaborador) pudiera informar sobre infracciones del Derecho europeo sin miedo a sufrir represalias.

La medida suponía un giro profundo: pasar de un mosaico de protecciones dispares o inexistentes a un marco común capaz de reforzar la confianza en las instituciones y en el mercado.

La fecha límite para transponer la Directiva y establecer canales internos y externos de denuncia fue el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes reformas, la práctica ha sido más lenta y compleja que la teoría. Algunos países cumplieron a tiempo, otros llegaron con retraso y varios siguen hoy ajustando detalles esenciales.

Según el último Informe sobre el Estado de Derecho (2025) de la Comisión Europea, aunque todos los Estados cuentan con leyes nacionales, el grado de cumplimiento sigue siendo muy desigual.

Para el tejido empresarial, este proceso ha supuesto un hito decisivo. Lo que comenzó como una exigencia normativa ha pasado a ser un componente central de la gobernanza. Ya no basta con esquivar sanciones: la prioridad es proteger la reputación, demostrar diligencia debida y generar confianza en un entorno en el que la transparencia se valora como un recurso estratégico.

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De principio a obligación: la sostenibilidad pasa a ser eje de la gobernanza bancaria

Foto de Etienne Martin en Unsplash

El pasado mes de agosto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) lanzó a consulta pública una versión profundamente revisada de sus Guidelines on Internal Governance. El texto obliga a los bancos a demostrar que la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) está tan integrada en la cultura corporativa como el seguimiento de la solvencia o la liquidez. 

La consulta de la EBA se cierra el 7 de noviembre, pero su efecto ya se deja sentir en los bancos: departamentos de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna trabajan contrarreloj para reescribir estructuras, métricas y procesos que hasta ahora trataban la sostenibilidad como un apéndice voluntario. 

La reforma propuesta no es un mero retoque semántico. Se trata de la primera vez que un supervisor prudencial de ámbito europeo exige que la identificación, medición y seguimiento de los riesgos ASG figure explícitamente en la declaración de apetito de riesgo y, por extensión, en las obligaciones fiduciarias de los consejos de administración. 

El borrador EBA/CP/2025/20, parte de una constatación contundente: los riesgos ASG pueden activar, amplificar o desencadenar los riesgos tradicionales, desde el crédito hasta el operativo, por tanto, deben formar parte indisoluble de la estrategia de negocio y del control interno. 

Todo esto anticipa un nuevo paradigma. Si en 2021 las directrices de la EBA introducían la sostenibilidad como principio orientador, la versión de 2025 la convierte en requisito operativo y prueba de fuego de la cultura de riesgos. 

A partir de ahora, hablar de solidez bancaria en Europa significará también demostrar que la institución está preparada para los choques reputacionales, regulatorios y financieros que se derivan de ignorar (o subestimar) los factores ASG.

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Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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La CSRD se estrena con informes desiguales y vacíos técnicos

Foto de Lukas Blazek en Unsplash

A lo largo de los primeros meses de 2025 las empresas europeas han ido publicando sus primeros informes de sostenibilidad bajo la Directiva CSRD. Un estudio de PwC analiza sus prácticas y revela tendencias clave en gobernanza, materialidad, arquitectura de datos y aseguramiento externo. 

La entrada en vigor de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en enero de 2024 ha redefinido las coordenadas de la gestión empresarial en Europa. La norma establece por primera vez un marco común, obligatorio y auditable para la publicación de información sobre sostenibilidad, obligando a las grandes compañías a rendir cuentas sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza con el mismo nivel de rigor que en la información financiera.

Durante el primer trimestre de 2025, 250 empresas europeas publicaron ya sus primeros informes de sostenibilidad alineados con la CSRD y los estándares ESRS. El análisis elaborado por PwC a partir de esta muestra temprana ofrece una visión clara de las dinámicas que están emergiendo en el terreno: una heterogeneidad notable en metodologías, una madurez todavía incipiente en ciertos temas críticos y una preocupación transversal por la arquitectura de datos y la trazabilidad de la información reportada.

En paralelo, la Comisión Europea ha planteado un cambio parcial en el calendario de aplicación a través del llamado paquete Omnibus, que propone aplazar la entrada en vigor de la Directiva para determinadas empresas. Esta iniciativa pretende responder a la presión ejercida por determinados sectores industriales y Estados miembro, sin renunciar a los elementos esenciales de la directiva: doble materialidad, aseguramiento independiente, cadena de valor completa y foco estratégico.

Este cruce entre avance práctico y ajuste político determina un momento decisivo. Las empresas que ya han reportado ofrecen una fuente rica de aprendizajes y advertencias. Y las que disponen aún de uno o dos años por delante no deben entender la prórroga como una pausa, sino como una oportunidad para prepararse con mayor solidez, evitando errores que puedan derivar en salvedades, sobrecostes o perjuicios reputacionales.

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Combatiendo el ‘greenwashing’: del riesgo reputacional a su regulación

Foto de Brian Yurasits en Unsplash

La denuncia de Iberdrola contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa ha desatado un debate significativo sobre las prácticas de lavado verde o greenwashing. Este conflicto ha resaltado la necesidad de analizar las repercusiones legales y éticas de tales acusaciones en el ámbito empresarial.

Para abordar estas cuestiones, la Fundación Haz ha organizado el webinar titulado «La batalla del greenwashing: claves e implicaciones» donde diversos expertos discutieron diversos aspectos cruciales del greenwashing y las estrategias ASG (ambientales, sociales, y de gobernanza). 

Los expertos que intervinieron en el webinar moderado por Javier Martín Cavanna, director de Fundación Haz, fueron Ana Barrera, fundadora y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Tomás Conde, director de ASG y Finanzas Sostenibles en NWorld, Sandra Pina, directora general de Quiero & Sustainable Brands, y Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto.

A continuación, se resumen las ideas y opiniones más destacadas que surgieron del debate.

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Los ‘proxy advisors’: luces y sombras de una figura clave en las juntas de accionistas

Foto de LinkedIn Sales Solutions en Unsplash

Coincidiendo con el inicio de la temporada de juntas de accionistas, la Fundación Haz ha publicado el informe “Origen, funciones, influencia y futuro de los asesores de voto (proxy advisors)” con el objetivo de esclarecer al origen de los proxy, el papel que desempeñan y las cuestiones que abordan, así como analizar la temporada 2022 de juntas de accionistas en España.

Los proxy advisors o asesores de voto por poderes son entidades que proporcionan servicios de investigación, asesoramiento y recomendaciones a inversores institucionales (como fondos de pensiones, fondos de inversión y aseguradoras), sobre cómo votar en las juntas de accionistas de las empresas en las que tienen participaciones.

Dos de los asuntos más cuestionados sobre estos asesores son el impacto o influencia real que tienen en el resultado de las votaciones y la existencia de un claro duopolio marcado por conflictos de intereses.

En cuanto al primero, no existe un consenso respecto al nivel de dicha influencia, ya que la posición previa de un inversor puede coincidir con la votación de su asesor de voto, y también sucede que, al agruparse los votos entre todos los inversores, no se revelan realmente los votos específicos de los inversores asesorados por un proxy en particular.

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Movimiento anti-ASG: quién, por qué y cómo contrarrestarlo

Foto de Joakim Honkasalo en Unsplash

El reciente movimiento de resistencia al ASG (prácticas y principios de Inversión Ambiental, Social y de Gobernanza) capta cada vez más la atención del mundo empresarial. Aunque este rechazo parece ser una tendencia norteamericana, su potencial impacto global no puede ser ignorado ya que sus repercusiones pueden acabar afectando a empresas e inversores en todo el mundo. 

El rechazo y las críticas hacia las prácticas y principios ASG pueden tener profundas repercusiones en el mundo empresarial. En un entorno donde la reputación y la percepción pública son esenciales, las acusaciones de greenwashing o de no adherirse genuinamente a los principios ASG pueden erosionar rápidamente la confianza de consumidores, inversores y otros grupos de interés clave. 

Esta pérdida de confianza no es meramente superficial y puede traducirse en una disminución tangible en la lealtad de marca, en decisiones de inversión adversas y en un impacto negativo en el valor de las acciones.

Además, en un mercado financiero cada vez más consciente de los riesgos asociados con prácticas no sostenibles, las empresas que no se alinean con los estándares ASG pueden enfrentar dificultades para obtener financiación o atraer inversores. artículo.

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La sostenibilidad se ralentiza ante otras prioridades para los CEO

Foto de JESHOOTS.COM en Unsplash

La última edición de la serie CEO Imperative publicada por la consultora EY con el objetivo de ofrecer respuestas y acciones críticas que ayuden a los CEO a replantear el futuro de sus organizaciones, revela que las empresas miran hacia adelante y se posicionan para el crecimiento, incluso cuando las nuevas tecnologías y las presiones geopolíticas hacen que ese futuro sea cada vez más opaco.

Según el informe de EY, aunque la sostenibilidad sigue siendo importante para los CEO, existen otras prioridades que compiten por su atención y recursos debido a las presiones de los inversores y las condiciones económicas actuales. Por lo tanto, los CEO están buscando formas de integrar la sostenibilidad en sus estrategias empresariales y equilibrar esa demanda con otras prioridades empresariales.

Entre estas otras prioridades se destacan la inteligencia artificial (IA), las fusiones y adquisiciones, y las estrategias de asignación de capital.

La IA actúa ya en el presente como una tecnología disruptiva que potencia la innovación y la competitividad al permitir la automatización, el análisis avanzado de datos y la toma de decisiones basada en algoritmos. Por su parte, las fusiones y adquisiciones fomentan el crecimiento y la expansión al posibilitar la entrada en nuevos mercados, adquirir capacidades adicionales y consolidar la posición en la industria.

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Empresas multinacionales: entre el riesgo y la oportunidad del cambio climático

Foto de FilterGrade en Unsplash

El cambio climático es una amenaza urgente que requiere atención y acción tanto del sector público como del privado. En este escenario, las empresas multinacionales (EMs) juegan un papel crucial, ya que su influencia en la economía global tiene un impacto significativo en las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Un grupo de esas grandes corporaciones y sus cadenas de suministro es el responsable de la mayor parte de las emisiones industriales globales. El papel desproporcionado que desempeñan estas empresas actúa tanto como un riesgo como una oportunidad para mitigar los peores impactos del cambio climático, y sus ambiciones pueden determinar el rendimiento medioambiental de muchos países.

Según un estudio de la iniciativa Climate Action 100+, en el que se analizaron las emisiones de GEI directas e indirectas combinadas de empresas, se descubrió que 157 EMs son responsables de más del 60% de las emisiones industriales de dióxido de carbono

Como actores principales en este contexto de grandes emisores de CO2, las EMs proactivas podrían imponer normas de sostenibilidad o fomentar las transferencias de tecnología verde dentro de sus cadenas de suministro que, en algunos casos, afectarían a millones de productores y acelerarían la transición climática. 

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