En 2024 la aviación vivió su momento más intenso desde antes de la pandemia: el número de pasajeros no solo recuperó, sino que superó en un 5% los niveles de 2019, impulsando un beneficio neto combinado de 30.500 millones de dólares y situando los ingresos globales en camino de rebasar por primera vez el billón de dólares en 2025.

Sin embargo, esta recuperación choca con un obstáculo de primer orden que ya había advertido el informe Global Aviation Sustainability Outlook 2025 del Foro Económico Mundial (WEF): la disponibilidad y el coste del combustible de aviación sostenible (SAF). 

El SAF es un combustible alternativo al queroseno habitual, elaborado a partir de materias primas renovables como aceites usados, residuos agrícolas o CO₂ capturado, que se convierte en un líquido apto para los motores actuales mediante diversos procesos. Gracias a su origen limpio y a la eficiencia de estos procesos, las emisiones de CO₂ a lo largo de su ciclo de vida son sustancialmente menores que las del combustible fósil convencional.

Aunque en septiembre de 2023 el SAF costaba el doble que el queroseno convencional en Europa, en noviembre de 2024 esa diferencia se redujo hasta quedar apenas un 20% por encima, pero la recuperación del tráfico ha mantenido la demanda global por encima de la oferta.

En ese mismo informe, los directivos del sector sitúan además en sexta posición a la disponibilidad y el coste de la electricidad verde, el hidrógeno e infraestructura asociada como riesgo crítico para la descarbonización, recordando que las tecnologías de propulsión eléctrica e hidrógeno aún se encuentran en fase temprana y necesitan un respaldo logístico y regulatorio sólido.

Por si fuera poco, el calendario aprieta: antes de la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en septiembre de 2025, los Estados deben presentar sus planes nacionales de acción para la aviación sostenible, unas hojas de ruta que marcarán los mandatos de SAF, las inversiones en electrólisis y el despliegue de infraestructuras de carga o repostaje de hidrógeno.

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La degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad están emergiendo como riesgos significativos para la estabilidad financiera mundial. Estas amenazas, antes consideradas preocupaciones ambientales exclusivas, ahora son reconocidas por los reguladores financieros como factores capaces de alterar la economía y el sistema financiero global.

En este contexto, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), organismo internacional que supervisa y formula recomendaciones sobre el sistema financiero mundial, ha comenzado a tomar medidas para coordinar los esfuerzos internacionales con el fin de identificar y evaluar los riesgos financieros relacionados con la naturaleza. 

Este enfoque se enmarca dentro de las iniciativas más amplias impulsadas por el G20 para desarrollar políticas regulatorias y supervisar las amenazas ambientales que impactan en la estabilidad financiera.

El cambio climático ha sido históricamente la preocupación dominante en cuanto a riesgos financieros relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas han comenzado a destacar como áreas críticas de atención para las autoridades financieras, ya que la dependencia de las economías modernas de los servicios ecosistémicos esenciales es significativa. 

Estos servicios, que incluyen la provisión de agua, la polinización, la protección contra inundaciones y la regulación del clima, juegan un papel fundamental en el funcionamiento de los sistemas productivos y en la sostenibilidad de las cadenas de suministro.

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