La transición energética está batiendo récords de capital, pero la seguridad eléctrica progresa con lentitud. De los 3,3 billones de dólares que se invertirán en energía en 2025, apenas 400.000 millones irán a las redes que transportan la nueva electricidad limpia.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA en inglés), en la edición 2025 de su publicación World Energy Investment, calcula que el flujo de capital hacia el sistema energético será este año el más alto registrado y con dos tercios destinados a tecnologías limpias como renovables, redes, almacenamiento y electrificación de usos finales.

Ese torrente, sin embargo, fluye de forma desigual. El mismo informe muestra que la inversión anual en infraestructuras de red apenas ronda los 400.000 millones de dólares, mientras los nuevos activos de generación absorben cerca de 1 billón de dólares. Para mantener la seguridad eléctrica, la Agencia advierte que el gasto en redes debe escalar “hacia la paridad” con el de generación.

A esa brecha de capital se añaden cuellos de botella en la oferta de equipos. El índice de la IEA sobre materiales para redes indica que el precio de cables y transformadores casi se ha duplicado en cinco años, presionado por la demanda y por cadenas de suministro tensas. La falta de músculo financiero en muchos servicios básicos de economías emergentes amplifica el problema y retrasa proyectos críticos.

Mientras tanto, el acceso universal sigue lejos de alcanzarse. El informe conjunto Tracking SDG 7 – Energy Progress Report 2025 del World Bank Group registra que 666 millones de personas siguen sin electricidad y que el 92% de la población mundial conectada enfrenta cada vez más cortes por fenómenos extremos.

Por su parte, el Asian Development Bank (ADB), en su dossier sobre resiliencia energética frente a clima severo, subraya que estos eventos “ponen a prueba la resistencia física de las redes de transmisión y distribución” y que la adaptación ya no puede tratarse como un simple añadido, sino como un objetivo central de cada proyecto.

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Coincidiendo con la publicación del paquete Ómnibus el 26 de febrero, la Comisión Europea presentó el Clean Industrial Deal (CID), una iniciativa que busca reformar el modelo productivo de la UE bajo criterios de sostenibilidad y competitividad para garantizar que la industria europea mantenga su liderazgo global en innovación sin comprometer los límites ambientales del planeta.

Más que una estrategia climática aislada, el CID introduce un marco regulador que impulsa la producción sostenible, promueve inversiones en tecnologías limpias y refuerza la resiliencia económica frente a la crisis climática y la volatilidad de los mercados globales. 

La industria europea enfrenta retos sin precedentes en un contexto de transformación económica en el que no puede seguir dependiendo de combustibles fósiles y materias primas no renovables sin comprometer su viabilidad a largo plazo. Esto se debe no solo a razones ambientales, sino también económicas: el encarecimiento de la energía, la competencia con mercados menos regulados y la necesidad de asegurar el acceso a materias primas estratégicas han obligado a la UE a acelerar su transición industrial.

El CID se publicó dentro de los primeros 100 días del nuevo mandato de la Comisión Europea, un período estratégico que marca el inicio de una nueva agenda política y económica. La necesidad de implementar sus medidas con rapidez responde a un contexto de alta presión: Europa debe reducir su dependencia energética, fortalecer su autonomía industrial y consolidar un modelo productivo basado en la circularidad y la eficiencia. 

Si bien existen regulaciones previas en materia ambiental e industrial, el CID busca integrar estos esfuerzos en una estrategia unificada que permita a la industria europea adaptarse a las exigencias del mercado sin perder competitividad.

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En la búsqueda de nuevas maneras de integrar avances tecnológicos en la vida cotidiana, ha emergido un concepto revolucionario destinado a transformar no solo nuestra interacción con la tecnología, sino también la manera en que esta impulsa cambios sociales y ambientales significativos. Este innovador concepto es conocido como Redes de Infraestructura Física Descentralizadas (o Decentralized Physical Infrastructure Networks,  DePIN por sus siglas en inglés).

Las DePIN no son simplemente una nueva tecnología o una plataforma digital, sino que representan un cambio paradigmático en la forma en que concebimos y construimos las infraestructuras físicas necesarias para nuestras sociedades. 

Al descentralizar la propiedad y la gestión de estas infraestructuras, las DePIN ofrecen una alternativa poderosa a los modelos centralizados que han dominado el desarrollo industrial y urbano durante décadas. 

Estas redes aplican los principios de la descentralización a la gestión de infraestructuras físicas esenciales, como redes de energía, sistemas de transporte y comunicaciones, y facilitan un modelo en el que la propiedad y la operación de estas infraestructuras no residen en una sola entidad, sino que son administradas colectivamente por múltiples participantes distribuidos geográficamente.

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