ética, compras, derechos humanos, riesgos, rsc, sostenibilidad, tendencias

La UE prohíbe los productos hechos con trabajo forzoso

Foto de British Library en Unsplash

La Unión Europea ha reforzado su compromiso con los derechos humanos y laborales mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2024/3015 recientemente publicado. Esta normativa establece un marco jurídico innovador que prohíbe la comercialización de productos fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso en el mercado europeo. 

El propósito principal de esta regulación es alinear al mercado europeo con los principios éticos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente la meta 8.7, que aboga por la eliminación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas

Teniendo en cuenta que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 27,6 millones de personas son víctimas de estas prácticas en el mundo, este reglamento marca un hito en los esfuerzos globales por erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro.

Aunque el reglamento entró en vigor el 13 de diciembre de 2024, su aplicación efectiva comenzará el 14 de diciembre de 2027, dando un período transitorio de tres años para que empresas y autoridades adapten sus procesos a las nuevas exigencias. Ese período de transición permitirá que las partes involucradas implementen procesos de diligencia debida y adopten herramientas tecnológicas que aseguren el cumplimiento normativo.

La prohibición explícita de productos asociados al trabajo forzoso es el núcleo de esta regulación. Abarca tanto bienes producidos dentro del territorio de la Unión Europea como aquellos importados de terceros países. Este enfoque universal no discrimina por origen y asegura que los estándares éticos europeos se apliquen a todos los productos presentes en el mercado, sin excepciones. 

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ética, derechos humanos, sostenibilidad, tendencias, transparencia

Debida diligencia en Derechos Humanos para una inversión más sostenible

Foto de Markus Spiske en Unsplash

La integración de los Derechos Humanos (DD.HH.) y la debida diligencia en el ámbito de las finanzas se ha convertido en un componente esencial para la gestión responsable de las empresas y la inversión, tal y como señala el reciente estudio temático de Spainsif “Debida diligencia y Derechos Humanos en las finanzas sostenibles”.

La presión ejercida por la sociedad civil, inversores y consumidores para lograr una mayor transparencia y responsabilidad en las actividades empresariales ha llevado a que el sector financiero tome un papel proactivo en la incorporación de los DD.HH. dentro de sus procesos y políticas. 

El incremento de los desafíos sociales, cada vez más evidentes tras las recientes crisis internacionales (crisis financiera de 2008, pandemia de COVID-19, crisis energética y de cadenas de suministro), así como los conflictos que aún deben gestionarse en los próximos años —entre ellos, los vinculados a una transición energética justa y a la transformación hacia una economía más sostenible e inclusiva—, han generado una mayor urgencia de actuación.

No obstante, esa urgencia no solo responde a la creciente demanda de prácticas sostenibles, sino que también se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, cuyo lema «No dejar a nadie atrás» establece la necesidad de proteger los derechos fundamentales en todas las áreas de desarrollo económico.

Este enfoque ha cobrado mayor relevancia con la reciente Directiva sobre Debida Diligencia en Materia de Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea, la cual marca un hito en la regulación vinculante para la protección de los DD.HH. en el ámbito empresarial y financiero.

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El retorno de Trump: ¿un freno para para la sostenibilidad?

Foto de Darren Halstead en Unsplash

La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos supone un punto de inflexión para los esfuerzos globales en sostenibilidad. Conocido por su escepticismo frente al cambio climático y su enfoque en priorizar intereses económicos tradicionales, su retorno al poder reabre debates cruciales sobre el papel de Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática.

 Durante su primer mandato, Trump tomó decisiones que marcaron un antes y un después en la política ambiental del país, debilitando normativas clave y redefiniendo el rol de liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional.

El impacto de este liderazgo no se limita a sus fronteras. Como una de las economías más grandes del mundo y un importante emisor de gases de efecto invernadero, las políticas estadounidenses tienen una influencia directa en la dirección que toman los esfuerzos globales para enfrentar la crisis climática. 

La postura de Trump puede fortalecer o erosionar el impulso hacia la sostenibilidad, afectando tanto los compromisos internacionales como las dinámicas económicas en sectores clave, como las energías renovables y las tecnologías limpias.

En un momento crítico para la acción climática, el regreso de Trump plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo afectará su visión a los avances logrados hasta ahora? ¿Qué implicará su liderazgo para las comunidades, empresas y gobiernos que buscan acelerar la transición hacia un futuro más sostenible? 

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¿Es la renta básica universal una solución en la era de la IA?

La renta básica universal (RBU) representa una de las ideas más radicales y debatidas en la política económica moderna. A medida que la inteligencia artificial (IA) y la automatización vayan transformando el mercado laboral, la RBU podría ser una posible solución para los desafíos económicos y sociales que estos cambios conllevan.

Un aspecto preocupante de la automatización es su potencial para exacerbar la desigualdad económica. Los trabajadores de baja calificación y aquellos en empleos rutinarios serán los más vulnerables al desplazamiento, mientras que los trabajadores con habilidades avanzadas en tecnología se beneficiarán desproporcionadamente de las nuevas oportunidades, incrementando la brecha entre las personas con ingresos altos y bajos.

Dado el rápido ritmo de avance de estas tecnologías y los retos inherentes al proceso político y administrativo, es probable que estas tecnologías sigan progresando más rápidamente que la implementación de medidas políticas diseñadas para mitigar sus impactos, lo cual puede conducirnos a un futuro a medio plazo en el que se redefina el concepto de trabajo y que traiga consigo grandes tensiones sociales.

A día de hoy, la conversación sobre la RBU en los círculos de poder económico y político es aún muy limitada debido a una combinación de desafíos financieros, incertidumbre económica, resistencia ideológica, influencias políticas, prioridades competitivas, falta de conciencia y escasez de resultados de experimentos piloto. 

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La financiación de armamento bajo la lupa: una llamada a la ética financiera

Foto de Oo Jiflip en Unsplash

La reciente escalada de gastos militares sitúa al mundo en una delicada encrucijada. Este aumento, impulsado por tensiones geopolíticas y conflictos, pone en evidencia la profunda implicación del sector financiero en la industria armamentística y, con ello, en el fomento de la guerra.

El mundo se enfrenta en la actualidad a múltiples crisis convergentes que se ven agravadas por el incremento conflictos armados en diversas regiones. Como resultado, el año 2023 marcó un punto de inflexión preocupante: el gasto en defensa a nivel mundial aumentó un 9%, alcanzando la cifra récord de 2,2 billones de dólares según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). 

Bancos y otras instituciones financieras obtienen lucrativas ganancias del financiamiento a la producción y comercio de armas utilizadas en conflictos a gran escala en todo el mundo.

El informe «Finance for War. Finance for Peace», publicado por la Fundación Finanzas Éticas y la Global Alliance for Banking on Values (GABV), examina minuciosamente la exposición de la industria financiera a la producción y comercio de armas, destacando un panorama cambiante en el que, por un lado, cada vez más practicantes rechazan el financiamiento para armas, mientras que, por otro, muchas grandes instituciones financieras se benefician de los conflictos globales. 

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Los tres pilares del ‘compliance’ en la universidad española

Foto de Michael Marsh en Unsplash

La transparencia y el compliance están emergiendo como aspectos fundamentales en las universidades, fomentando no solo la confianza sino también promoviendo prácticas de gestión equitativas y efectivas, lo que resulta en un impacto positivo y en el mejoramiento de la educación superior.

El pasado 20 de marzo, Fundación Haz, en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales y la Asociación Española de Compliance (ASCOM), organizó el webinar “Informe de transparencia de universidades. El área de compliance”, en el que se debatió sobre las nuevas responsabilidades de compliance que asumen los consejos sociales de las universidades desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y se presentaron los nuevos indicadores sobre cumplimiento que serán incluidos en el informe de la Fundación Haz sobre transparencia y buen gobierno.

El debate fue moderado por Javier Martín Cavanna, director de Fundación Haz, y contó como ponentes con Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, y José Zamarriego, presidente de ASCOM.

Este artículo resume las conclusiones clave del webinar.

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Una coalición mundial para una sociedad más justa

Foto de Tingey Injury Law Firm en Unsplash

La próxima celebración del Día Mundial de la Justicia Social es un llamado a la reflexión sobre cómo nuestras sociedades y sistemas económicos pueden abordar desafíos cruciales como la pobreza, la exclusión, el desempleo, la desigualdad de género y las injusticias sociales.

En un mundo donde las disparidades económicas y sociales crecen a un ritmo alarmante, este día sirve como un recordatorio de que la justicia social es fundamental para alcanzar la paz y la seguridad globales.

El Día Mundial de la Justicia Social se celebra el 20 de febrero de cada año, fecha que fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, con el objetivo de promover la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa, donde la igualdad de oportunidades y la equidad sean una realidad para todos

Su celebración representa un momento para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes, reforzando la determinación de trabajar unidos en pro de una sociedad donde la justicia social sea una realidad vivida por todos.

Uno de los temas más destacados de la jornada de este año será la Iniciativa Global por la Justicia Social, recientemente creada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objetivo es actuar como aglutinador de los esfuerzos de diversas partes interesadas para reducir las desigualdades globales y mejorar el estado actual de la justicia social. 

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Movimiento anti-ASG: quién, por qué y cómo contrarrestarlo

Foto de Joakim Honkasalo en Unsplash

El reciente movimiento de resistencia al ASG (prácticas y principios de Inversión Ambiental, Social y de Gobernanza) capta cada vez más la atención del mundo empresarial. Aunque este rechazo parece ser una tendencia norteamericana, su potencial impacto global no puede ser ignorado ya que sus repercusiones pueden acabar afectando a empresas e inversores en todo el mundo. 

El rechazo y las críticas hacia las prácticas y principios ASG pueden tener profundas repercusiones en el mundo empresarial. En un entorno donde la reputación y la percepción pública son esenciales, las acusaciones de greenwashing o de no adherirse genuinamente a los principios ASG pueden erosionar rápidamente la confianza de consumidores, inversores y otros grupos de interés clave. 

Esta pérdida de confianza no es meramente superficial y puede traducirse en una disminución tangible en la lealtad de marca, en decisiones de inversión adversas y en un impacto negativo en el valor de las acciones.

Además, en un mercado financiero cada vez más consciente de los riesgos asociados con prácticas no sostenibles, las empresas que no se alinean con los estándares ASG pueden enfrentar dificultades para obtener financiación o atraer inversores. artículo.

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La sostenibilidad se ralentiza ante otras prioridades para los CEO

Foto de JESHOOTS.COM en Unsplash

La última edición de la serie CEO Imperative publicada por la consultora EY con el objetivo de ofrecer respuestas y acciones críticas que ayuden a los CEO a replantear el futuro de sus organizaciones, revela que las empresas miran hacia adelante y se posicionan para el crecimiento, incluso cuando las nuevas tecnologías y las presiones geopolíticas hacen que ese futuro sea cada vez más opaco.

Según el informe de EY, aunque la sostenibilidad sigue siendo importante para los CEO, existen otras prioridades que compiten por su atención y recursos debido a las presiones de los inversores y las condiciones económicas actuales. Por lo tanto, los CEO están buscando formas de integrar la sostenibilidad en sus estrategias empresariales y equilibrar esa demanda con otras prioridades empresariales.

Entre estas otras prioridades se destacan la inteligencia artificial (IA), las fusiones y adquisiciones, y las estrategias de asignación de capital.

La IA actúa ya en el presente como una tecnología disruptiva que potencia la innovación y la competitividad al permitir la automatización, el análisis avanzado de datos y la toma de decisiones basada en algoritmos. Por su parte, las fusiones y adquisiciones fomentan el crecimiento y la expansión al posibilitar la entrada en nuevos mercados, adquirir capacidades adicionales y consolidar la posición en la industria.

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Movimiento anti-ASG: ¿Una amenaza para el futuro sostenible?

Foto de Feri & Tasos en Unsplash

La tan deseada gestión responsable de las empresas se encuentra actualmente enfrentando dos fuerzas contrarias: los esfuerzos de aquellas empresas que se esfuerzan por incorporar los principios de medio ambiente, sociedad y gobernanza (ASG) en su funcionamiento diario, y el movimiento creciente, hasta ahora presente sobre todo en Estados Unidos, que se opone a esta integración de dichos principios.

Las acciones anti-ASG están ganando bastante tracción recientemente y sus implicaciones para el futuro de la gestión empresarial podrían ser significativas y, quizá, extenderse a otros lugares del mundo.

Un ejemplo reciente de este tipo de acciones ha sido la tomada por el estado de Alabama, en el cual se está llevando a cabo un proyecto de ley que prohibiría a su gobierno realizar contratos con empresas que se nieguen a trabajar con empresas de combustibles fósiles y fabricantes de armas.

También, en 2022, presiones políticas republicanas condujeron a la retirada de Vanguard del grupo Net Zero Asset Managers (NZAM), una iniciativa de inversores que apoyan la emisión neta cero de gases de efecto invernadero. Otras empresas, como BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo, fueron excluidas de obtener negocios estatales en West Virginia debido a su postura sobre el cambio climático.

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