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El reciente escándalo relacionado con el título de máster “otorgado” por la Universidad Rey Juan Carlos a la ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto en el punto de mira no sólo a las personas involucradas sino a las mismas universidades como estamentos educativos.

Más allá del caso de la Sra. Cifuentes han surgido dudas con los estudios realizados (o no) por otros personajes políticos y por cómo los han plasmado en sus correspondientes currículums puestos a disposición del público en general a través de diversos portales, y también ha habido polémica por algunos currículums que han sido modificados por no ajustarse del todo o en parte a la realidad.

Es un tanto absurdo (y sobre todo fuera de la temática de este medio) realizar una crítica centrada en dichas personas ya que, más allá de la significancia política de algunos o dentro de la universidad para otros, serán los jueces los que determinen sus responsabilidades y posibles consecuencias penales.

Pero sí nos podemos centrar en el funcionamiento de los estamentos desde el punto de vista de su responsabilidad social, en este caso concreto, universitaria.

Son las universidades, como cualquier otro tipo de organización o empresa, las que deben impedir que ocurran este tipo de hechos que no sólo repercuten negativamente en su propia reputación sino que lo hacen también sobre los alumnos cuya formación se realiza correctamente, bajo unos estándares fijos de cumplimiento para todos y sin ningún tipo de trucos o beneficios.

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