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De Dubái a Belém: qué queda realmente para el clima tras tres COP claves

Foto de The Climate Reality Project en Unsplash

En solo tres años, las cumbres del clima han pasado de aprobar en Dubái el primer llamamiento a “transitar lejos de todos los combustibles fósiles” en los sistemas energéticos a acordar en la COP30 en Belém un paquete centrado en reforzar la adaptación y el apoyo a los más vulnerables, pero sin incluir una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. 

La celebración de la COP30 no ha sido un simple cambio de sede en el calendario de las cumbres climáticas. Brasil eligió situar la conferencia en una ciudad amazónica de más de un millón de habitantes, en la desembocadura del río Pará, para colocar el foco mundial sobre la mayor selva tropical del planeta y sobre las tensiones entre desarrollo urbano, desigualdad y conservación del bosque. 

Todo ello en un momento en que los informes científicos dibujan un margen cada vez más estrecho. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido de que limitar el calentamiento en torno a 1,5ºC exige que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo antes de 2025 y se reduzcan alrededor de un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. 

Los análisis más recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan, además, que para mantener esa trayectoria las emisiones tendrían que caer aproximadamente un 55% de aquí a 2035, mientras que los planes nacionales actuales nos encaminan a un calentamiento de entre 2,3 y 2,5ºC a finales de siglo. 

En ese contexto climático se encadenan tres cumbres clave. En Dubái, la COP28 cerró el primer balance global del Acuerdo de París con un documento que situó explícitamente los combustibles fósiles en el centro del debate sobre mitigación.

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La factura de la inacción climática se mide ya en miles de millones

Foto de Chris LeBoutillier en Unsplash

Un informe elaborado por EcoVadis y Boston Consulting Group advierte de que, para 2030, las compañías podrían enfrentarse a más de medio billón de dólares anuales en riesgos financieros si no abordan las emisiones de su cadena de suministro. El estudio convierte al Alcance 3 de la huella de carbono en una cuestión estratégica para la supervivencia empresarial y sus beneficios económicos.

El calentamiento global ya no es una amenaza abstracta, sino una realidad que está remodelando el terreno de juego de las empresas. En 2024, las temperaturas globales superaron por primera vez durante un año completo el umbral de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, un hito que marca un punto de no retorno en la trayectoria climática. Desde el año 2000, los desastres relacionados con el clima han provocado pérdidas directas superiores a 3,6 billones de dólares, y la frecuencia de estos episodios sigue aumentando.

A esa presión física se añaden los llamados riesgos de transición, como son las nuevas normativas sobre emisiones, cambios en las preferencias de los consumidores y tecnologías que aceleran el desplazamiento hacia modelos de negocio bajos en carbono. Este cóctel convierte al clima en un factor capaz de erosionar márgenes, elevar costes operativos e inflar primas de seguros, afectando de manera directa a la rentabilidad.

El Carbon Action Report 2025, publicado por EcoVadis y Boston Consulting Group, lanza una advertencia clara: los próximos cinco años son clave para frenar esta deriva. La gran incógnita es cómo gestionar el Alcance 3, es decir, las emisiones de la cadena de suministro, que se han convertido en el auténtico agujero negro de la estrategia corporativa.

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Greenwashing: los reclamos publicitarios bajo la lupa de la OCDE

Foto de Saffu en Unsplash

Más del 40% de los comercios electrónicos estudiados por la OCDE emplean tácticas posiblemente engañosas al describir las credenciales ambientales de sus productos. Esa estadística, que afecta casi a la mitad del escaparate digital mundial, sirve de indicador de un problema más profundo: el greenwashing deja al consumidor sin referencias fiables, distorsiona los incentivos de inversión y retrasa la adopción de innovaciones verdaderamente limpias.

Ese problema se agrava porque el interés por lo “verde” es claro: 48% de los consumidores europeos afirma preferir artículos con alguna etiqueta ambiental y 45% de los australianos declara que la sostenibilidad influye a menudo en su compra.

Según el informe Digital Economy Paper n.º 375, “Protecting and Empowering Consumers in the Green Transition: Misleading Green Claims”, publicado en mayo por la OCDE, al falsear la información ambiental de los productos, los comercios inducen decisiones de compra subóptimas y desplazan inversión lejos de compañías que sí innovan en ecodiseño o descarbonización. 

Mientras que estas prácticas erosionan el poder adquisitivo de los consumidores, el deterioro reputacional para las empresas tampoco se queda atrás: en un mercado gobernado por las redes sociales, una sola publicación que desenmascare un reclamo publicitario exagerado puede desencadenar una crisis que desplome en días el valor bursátil o la demanda de una marca.

A este escenario se suma el greenhushing, tendencia por la que muchas firmas optan por silenciar sus avances ambientales para evitar el escrutinio público o posibles sanciones. Esa autocensura bloquea la difusión de mejores prácticas y, paradójicamente, priva al consumidor de señales claras sobre soluciones más sostenibles. 

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Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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La Corte Internacional de Justicia prepara el terreno para sancionar la inacción climática

El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas) emitió una opinión consultiva que sostiene que la inacción frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional. 

El tribunal afirmó que los Estados están obligados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger un ambiente limpio, saludable y sostenible, y que el incumplimiento puede acarrear responsabilidad y reparaciones económicas o ecológicas.

El texto, adoptado por unanimidad, se extiende más allá del Acuerdo de París y ancla esas obligaciones en tratados ambientales existentes, en normas consuetudinarias (basadas en la costumbre) y en el marco de los derechos humanos. La CIJ subraya un deber de diligencia para prevenir daños significativos al sistema climático e incluye la necesidad de regular y supervisar a los actores privados sometidos a la jurisdicción estatal.

La opinión responde a una solicitud aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2023, impulsada por Vanuatu y otros pequeños Estados insulares que buscaban claridad jurídica para exigir responsabilidades a los grandes emisores. 

Además de reafirmar y aplicar el estándar de “daño significativo” (entendido como la combinación de probabilidad y magnitud del perjuicio, sin un umbral numérico cerrado), la CIJ insiste en que las obligaciones deben ejecutarse con base en la mejor ciencia disponible y mediante cooperación internacional efectiva. Esta lectura aporta un marco común para políticas climáticas más estrictas y reduce el margen de ambigüedad normativa.

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De Valencia a Budapest: por qué Europa necesita un escudo frente al agua

Foto de Chris Gallagher en Unsplash

Europa vivió en 2024 el episodio de inundaciones más extenso desde 2013, en un año marcado por la intensificación de fenómenos hidrológicos extremos. Las lluvias torrenciales asociadas a tormentas persistentes desbordaron miles de kilómetros de cauces fluviales, con un balance humano y económico profundamente alarmante. 

Al menos 335 personas murieron en episodios relacionados con tormentas e inundaciones, y se estima que los daños materiales alcanzaron los 18.200 millones de euros, según recoge el informe European State of the Climate 2024 (ESOTC 2024), elaborado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las cifras hidrológicas registradas durante el año evidencian el alcance de esta crisis. Un 30 % de la red fluvial europea superó el umbral de caudal considerado “alto”, y un 12 % alcanzó niveles clasificados como “severos” (es decir, con una recurrencia estadística de 20 años o más). Se trata del mayor porcentaje de cauces en situación de desbordamiento desde 2013 y el quinto más elevado de toda la serie histórica desde 1992. 

Estos datos confirman una tendencia inquietante. El informe destaca que las lluvias intensas se están haciendo más frecuentes en buena parte del continente, en especial en su mitad occidental. La combinación de temperaturas más altas, mayor capacidad atmosférica de retención de humedad y patrones de circulación que favorecen episodios de lluvias persistentes está contribuyendo a un cambio en la naturaleza del riesgo hídrico en Europa. Las inundaciones, lejos de ser eventos aislados, se consolidan como una amenaza estructural para la seguridad de las personas, las infraestructuras y la economía.

El año 2024 no solo se caracterizó por la magnitud acumulada del fenómeno, sino también por su repetición y distribución geográfica. Desde los primeros episodios en enero hasta los más devastadores en otoño, el continente vivió una sucesión casi ininterrumpida de eventos extremos que, en un contexto de calentamiento acelerado, ya no pueden considerarse excepcionales.

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Rumbo al cielo limpio: el papel del hidrógeno y la electricidad en la aviación

Foto de John McArthur en Unsplash

En 2024 la aviación vivió su momento más intenso desde antes de la pandemia: el número de pasajeros no solo recuperó, sino que superó en un 5% los niveles de 2019, impulsando un beneficio neto combinado de 30.500 millones de dólares y situando los ingresos globales en camino de rebasar por primera vez el billón de dólares en 2025.

Sin embargo, esta recuperación choca con un obstáculo de primer orden que ya había advertido el informe Global Aviation Sustainability Outlook 2025 del Foro Económico Mundial (WEF): la disponibilidad y el coste del combustible de aviación sostenible (SAF). 

El SAF es un combustible alternativo al queroseno habitual, elaborado a partir de materias primas renovables como aceites usados, residuos agrícolas o CO₂ capturado, que se convierte en un líquido apto para los motores actuales mediante diversos procesos. Gracias a su origen limpio y a la eficiencia de estos procesos, las emisiones de CO₂ a lo largo de su ciclo de vida son sustancialmente menores que las del combustible fósil convencional.

Aunque en septiembre de 2023 el SAF costaba el doble que el queroseno convencional en Europa, en noviembre de 2024 esa diferencia se redujo hasta quedar apenas un 20% por encima, pero la recuperación del tráfico ha mantenido la demanda global por encima de la oferta.

En ese mismo informe, los directivos del sector sitúan además en sexta posición a la disponibilidad y el coste de la electricidad verde, el hidrógeno e infraestructura asociada como riesgo crítico para la descarbonización, recordando que las tecnologías de propulsión eléctrica e hidrógeno aún se encuentran en fase temprana y necesitan un respaldo logístico y regulatorio sólido.

Por si fuera poco, el calendario aprieta: antes de la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en septiembre de 2025, los Estados deben presentar sus planes nacionales de acción para la aviación sostenible, unas hojas de ruta que marcarán los mandatos de SAF, las inversiones en electrólisis y el despliegue de infraestructuras de carga o repostaje de hidrógeno.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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“El Plan europeo de Automoción puede facilitar el despliegue masivo de vehículos eléctricos”

Foto de CHUTTERSNAP en Unsplash

La Comisión Europea presentó recientemente el Plan de Acción Industrial para la Automoción, una iniciativa que surge en un momento clave para el futuro del sector automovilístico europeo, en pleno proceso de transición hacia una movilidad más sostenible. 

Este plan busca dar respuesta a importantes retos como la necesidad urgente de reducir emisiones, fomentar la independencia energética a través de fuentes renovables, y asegurar la competitividad de la industria europea frente a mercados internacionales cada vez más fuertes. 

Entre sus principales propuestas se encuentran la armonización europea de las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, el fortalecimiento de la cadena de suministro mediante la fabricación local de baterías y componentes esenciales, así como un decidido impulso al desarrollo y ampliación de infraestructuras de recarga en todos los países miembros.

Para comprender mejor la dimensión real de este plan y cómo puede afectar al panorama de la movilidad sostenible, hemos entrevistado a May López, directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, experta con amplia experiencia en movilidad, sostenibilidad y gestión empresarial. 

A lo largo de esta entrevista nos ofrece su visión crítica y constructiva sobre cómo las medidas propuestas pueden traducirse en resultados concretos a diferentes niveles.

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España refuerza su compromiso climático con un nuevo Real Decreto sobre huella de carbono

Foto de Francisco Orantes en Unsplash

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto que refuerza la política climática española. La nueva normativa establece la obligatoriedad, para determinadas organizaciones, de registrar su huella de carbono, consolidando así un enfoque más riguroso y sistemático en la medición, gestión y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La regulación introduce un marco legal robusto que fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y responde al objetivo prioritario de avanzar hacia una economía baja en carbono. A partir de su entrada en vigor, numerosas empresas y entidades públicas estarán obligadas a calcular anualmente sus emisiones utilizando metodologías internacionalmente reconocidas, y a publicar de forma clara tanto los resultados obtenidos como los planes de reducción establecidos. 

Uno de los pilares centrales del decreto es la obligación de elaborar y comunicar planes específicos de reducción de emisiones, con metas concretas a corto y medio plazo. Esta exigencia impulsa una transformación estructural de los procesos productivos y organizativos, promoviendo modelos de gestión más eficientes, resilientes e innovadores. 

Las organizaciones que se adapten de forma proactiva podrán reducir sus costes operativos, anticiparse a posibles escenarios regulatorios más exigentes, acceder a financiación verde y mejorar su posicionamiento competitivo en un mercado cada vez más sensible a los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). 

Asimismo, fortalecerán su legitimidad ante consumidores, inversores y otros grupos de interés, en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en una expectativa social generalizada. 

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