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De Dubái a Belém: qué queda realmente para el clima tras tres COP claves

Foto de The Climate Reality Project en Unsplash

En solo tres años, las cumbres del clima han pasado de aprobar en Dubái el primer llamamiento a “transitar lejos de todos los combustibles fósiles” en los sistemas energéticos a acordar en la COP30 en Belém un paquete centrado en reforzar la adaptación y el apoyo a los más vulnerables, pero sin incluir una hoja de ruta global para abandonar el petróleo, el gas y el carbón. 

La celebración de la COP30 no ha sido un simple cambio de sede en el calendario de las cumbres climáticas. Brasil eligió situar la conferencia en una ciudad amazónica de más de un millón de habitantes, en la desembocadura del río Pará, para colocar el foco mundial sobre la mayor selva tropical del planeta y sobre las tensiones entre desarrollo urbano, desigualdad y conservación del bosque. 

Todo ello en un momento en que los informes científicos dibujan un margen cada vez más estrecho. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido de que limitar el calentamiento en torno a 1,5ºC exige que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo antes de 2025 y se reduzcan alrededor de un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019. 

Los análisis más recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señalan, además, que para mantener esa trayectoria las emisiones tendrían que caer aproximadamente un 55% de aquí a 2035, mientras que los planes nacionales actuales nos encaminan a un calentamiento de entre 2,3 y 2,5ºC a finales de siglo. 

En ese contexto climático se encadenan tres cumbres clave. En Dubái, la COP28 cerró el primer balance global del Acuerdo de París con un documento que situó explícitamente los combustibles fósiles en el centro del debate sobre mitigación.

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Paridad 40-60: la carrera de las empresas hacia los consejos y la alta dirección inclusiva

Foto de Christina @ wocintechchat.com en Unsplash

Solo 27% de los asientos de la alta dirección del IBEX‑35 están ocupados por mujeres, frente al 41% en los consejos. En dos años, las sociedades cotizadas españolas deberán demostrar que al menos el 40 % de los puestos de decisión están ocupados por mujeres. La Ley Orgánica 2/2024 y los últimos datos de la CNMV aceleran el cronómetro, mientras el Instituto de las Mujeres disecciona las barreras que siguen frenando la igualdad efectiva.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha identificado a las compañías rezagadas, calcula que bastaría con nombrar cuarenta y una consejeras adicionales en las treinta y una empresas que aún no cumplen y anuncia que publicará anualmente los incumplimientos. El plazo para alcanzar la nueva cuota vence el 30 de junio de 2026 para las sociedades de mayor capitalización y un año después para el resto de cotizadas. 

El reto llega tras quince años de avance irregular: en 2009 las consejeras apenas superaban el 11% y no fue hasta 2015 cuando rebasaron el 20%. Los informes de la CNMV evidencian que el ritmo se aceleró con la recomendación del 40%, pero la curva se aplanó en los comités ejecutivos, donde las promociones dependen de procesos internos menos visibles. La nueva ley, que convierte la recomendación en obligación, aspira a romper esa inercia.

La norma define la presencia equilibrada con una regla meridiana: ningún sexo puede superar el 60% ni bajar del 40% en los órganos colegiados. Su alcance rebasa a las cotizadas e incluye sociedades estatales, partidos políticos, colegios profesionales y jurados financiados con fondos públicos. El incumplimiento se considera infracción grave, acarrea multas, puede anular nombramientos e incluso inhabilitar a la entidad para obtener contratos o ayudas públicas. 

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La factura de la inacción climática se mide ya en miles de millones

Foto de Chris LeBoutillier en Unsplash

Un informe elaborado por EcoVadis y Boston Consulting Group advierte de que, para 2030, las compañías podrían enfrentarse a más de medio billón de dólares anuales en riesgos financieros si no abordan las emisiones de su cadena de suministro. El estudio convierte al Alcance 3 de la huella de carbono en una cuestión estratégica para la supervivencia empresarial y sus beneficios económicos.

El calentamiento global ya no es una amenaza abstracta, sino una realidad que está remodelando el terreno de juego de las empresas. En 2024, las temperaturas globales superaron por primera vez durante un año completo el umbral de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, un hito que marca un punto de no retorno en la trayectoria climática. Desde el año 2000, los desastres relacionados con el clima han provocado pérdidas directas superiores a 3,6 billones de dólares, y la frecuencia de estos episodios sigue aumentando.

A esa presión física se añaden los llamados riesgos de transición, como son las nuevas normativas sobre emisiones, cambios en las preferencias de los consumidores y tecnologías que aceleran el desplazamiento hacia modelos de negocio bajos en carbono. Este cóctel convierte al clima en un factor capaz de erosionar márgenes, elevar costes operativos e inflar primas de seguros, afectando de manera directa a la rentabilidad.

El Carbon Action Report 2025, publicado por EcoVadis y Boston Consulting Group, lanza una advertencia clara: los próximos cinco años son clave para frenar esta deriva. La gran incógnita es cómo gestionar el Alcance 3, es decir, las emisiones de la cadena de suministro, que se han convertido en el auténtico agujero negro de la estrategia corporativa.

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Inclusión financiera global: entre victorias y asignaturas pendientes

Foto de Mathieu Stern en Unsplash

Disponer de un teléfono en el bolsillo y acceso a datos en casi cualquier rincón del planeta no basta para que las personas aprovechen de verdad los servicios financieros formales. Esa es la evidencia incómoda que atraviesa el Global Findex 2025, el examen cuatrienal con el que el Banco Mundial toma el pulso a la inclusión económica mundial.

Cuando el Banco Mundial presentó el Global Findex 2025 el pasado mes de julio, la cifra que acaparó los titulares fue el79 % de adultos que hoy poseen una cuenta en un banco, una fintech o un servicio de dinero móvil. El dato suena rotundo: hace apenas una década esa proporción era poco más de la mitad. Sin embargo, tras la euforia se esconde un número igual de elocuente: millones de personas siguen fuera del sistema, a pesar de que la gran penetración de los teléfonos inteligentes y la existencia de una cobertura digital que, sobre el papel, debería bastar para abrir y gestionar una cuenta.

El Findex nació en 2011 como un censo cuatrienal sobre acceso a servicios financieros. En su edición 2025 ha ampliado la muestra a más de 140.000 encuestados de 141 países y puesto el foco en la economía digitalPor primera vez incorpora un “Digital Connectivity Tracker” que superpone posesión de móvil, uso de internet y calidad de la conectividad con los clásicos indicadores de cuentas, pagos, ahorro y crédito. 

La fotografía resultante es, a partes iguales, alentadora e incómoda: allí donde la banda ancha se masifica crece el dinero móvil y se disparan los pagos digitales, pero en esos mismos territorios afloran nuevos miedos (fraude, suplantación, robo de identidad) que a menudo bastan para mantener inactiva una cuenta recién abierta.

A la luz de esos hallazgos el debate ya no gira solo en torno al acceso, sino a la calidad del uso. En algunos mercados, una de cada cuatro cuentas permanece inactiva, lo que subraya que el acceso no siempre se traduce en uso efectivo. Esos titulares mueven dinero con tanta poca frecuencia que, en la práctica, siguen fuera del circuito formal. También se identifica una brecha de género que persiste (cinco puntos porcentuales en los países de renta media-baja) y apunta a la desconfianza como freno transversal. 

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Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías

Foto de Kumpan Electric en Unsplash

En 2024, Volvo dio un paso clave hacia la transparencia en la movilidad eléctrica con el lanzamiento del primer pasaporte de baterías plenamente operativo e integrado en un modelo de producción en serie. Este documento digital, integrado en su SUV EX90 y accesible mediante un código QR, permite conocer diversos datos sobre la batería del vehículo. En la actualidad, la apuesta de Volvo no solo sigue vigente, sino que anticipa la trazabilidad obligatoria que exigirá la normativa europea a partir de 2027, marcando un antes y un después en la industria del automóvil.

A partir del 18 de febrero de 2027, cualquier comprador de un vehículo eléctrico (EV) en la UE podrá escanear el QR (impreso o grabado de forma visible en la batería, su embalaje o la documentación que la acompaña) y consultar datos como dónde se extrajo el cobalto y el litio de la batería, cuánta huella de carbono arrastra y cuántos ciclos de carga le quedan. 

La obligación nace en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2023/1542, que convierte esa ficha técnica digital (el battery Passport) en requisito para todas las baterías de EV, micromovilidad y usos industriales de más de 2 kWh, con el QR como llave de acceso público y gratuito a la información.  

El primer pasaporte de baterías operativo fue desarrollado por Volvo junto a la startup británica Circulor. El sistema rastrea materias primas “de la mina al volante”, actualiza el estado de salud de la batería durante 15 años y cuesta unos 10 dólares por vehículo, desde casi tres años antes de que entre en vigor la norma europea. 

Para Bruselas, esta iniciativa será el campo de pruebas del futuro Digital Product Passport (DPP), la identidad digital que el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) extenderá a la mayoría de bienes de consumo antes de 2030.    

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Greenwashing: los reclamos publicitarios bajo la lupa de la OCDE

Foto de Saffu en Unsplash

Más del 40% de los comercios electrónicos estudiados por la OCDE emplean tácticas posiblemente engañosas al describir las credenciales ambientales de sus productos. Esa estadística, que afecta casi a la mitad del escaparate digital mundial, sirve de indicador de un problema más profundo: el greenwashing deja al consumidor sin referencias fiables, distorsiona los incentivos de inversión y retrasa la adopción de innovaciones verdaderamente limpias.

Ese problema se agrava porque el interés por lo “verde” es claro: 48% de los consumidores europeos afirma preferir artículos con alguna etiqueta ambiental y 45% de los australianos declara que la sostenibilidad influye a menudo en su compra.

Según el informe Digital Economy Paper n.º 375, “Protecting and Empowering Consumers in the Green Transition: Misleading Green Claims”, publicado en mayo por la OCDE, al falsear la información ambiental de los productos, los comercios inducen decisiones de compra subóptimas y desplazan inversión lejos de compañías que sí innovan en ecodiseño o descarbonización. 

Mientras que estas prácticas erosionan el poder adquisitivo de los consumidores, el deterioro reputacional para las empresas tampoco se queda atrás: en un mercado gobernado por las redes sociales, una sola publicación que desenmascare un reclamo publicitario exagerado puede desencadenar una crisis que desplome en días el valor bursátil o la demanda de una marca.

A este escenario se suma el greenhushing, tendencia por la que muchas firmas optan por silenciar sus avances ambientales para evitar el escrutinio público o posibles sanciones. Esa autocensura bloquea la difusión de mejores prácticas y, paradójicamente, priva al consumidor de señales claras sobre soluciones más sostenibles. 

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Arquitectura hostil: ciudades que no acogen

Cada vez más ciudades adoptan estrategias de diseño que desalientan el descanso, la permanencia y la interacción. Bancos divididos, aspersores nocturnos o barreras invisibles son parte de una arquitectura hostil que no solo incomoda, sino que define quién merece estar y quién debe desaparecer del espacio público.

La arquitectura hostil, también conocida como diseño defensivo, exclusionary design o anti-homeless, es una estrategia de diseño urbano que altera el mobiliario y las superficies públicas para desalentar conductas como sentarse, tumbarse, patinar o improvisar refugios, y con ello aleja de la escena a colectivos concretos, sobre todo personas sin hogar, jóvenes y usuarios con movilidad reducida. 

Sus formas van desde pinchos en repisas y bancos segmentados hasta riego nocturno automático disuasorio. Aunque sus precedentes se remontan al higienismo del siglo XIX, en la última década estas tácticas han ganado visibilidad y controversia porque transforman el espacio público en una herramienta de control más que de convivencia

Este tipo de arquitectura ha pasado de meras anécdotas aisladas a un patrón visible en las ciudades españolas. En marzo, la Puerta del Sol de Madrid se quedó sin asientos: el Ayuntamiento retiró los bancos durante las obras que preparan la instalación de toldos y anunció que, cuando vuelvan, serán piezas de granito que harán de anclaje para las velas de sombra. En Zaragoza, unos triángulos metálicos fijados al alféizar exterior de un McDonald’s del Coso obligaron a los repartidores a llevar sus propias sillas y reavivaron el debate sobre la proliferación de arquitectura hostil en la ciudad.

Mientras tanto, la Fundació Arrels ha cartografiado casi 950 elementos de mobiliario excluyente en el área metropolitana de Barcelona e invita a la ciudadanía a seguir documentándolos. 

Estos datos bastan para encuadrar el tema: el diseño urbano se está utilizando como herramienta de control sobre quién puede permanecer, descansar o simplemente ocupar el espacio público, abriendo un debate inevitable sobre la responsabilidad social de la arquitectura y el derecho a la ciudad.

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¿Está tu empresa preparada para la revolución de la inteligencia artificial sostenible?

La inteligencia artificial (IA) generativa ya no es un simple ejercicio de laboratorio y se ha convertido en un motor de transformación empresarial de primer orden. El Generative AI Outlook Report – Exploring the Intersection of Technology, Society, and Policy, publicado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, nos ofrece una radiografía detallada de este fenómeno: desde los fundamentos tecnológicos y económicos hasta los desafíos sociales y regulatorios que plantea este artículo.

La adopción de modelos generativos (capaces de crear texto, imágenes, audio o código a partir de grandes volúmenes de datos) redefine no solo la productividad, sino también la forma en que las organizaciones gestionan su capital humano, su reputación y su huella medioambiental. Mientras algunas empresas aceleran su incorporación para ganar ventaja competitiva, otras advierten del riesgo de brechas de habilidad, de la propagación de desinformación y del creciente consumo energético de los centros de datos.

Para el directivo empresarial comprometido con la sostenibilidad, entender estas tensiones es fundamental. No basta con aprovechar el potencial creativo de la IA: es imprescindible diseñar estrategias que garanticen el desarrollo de talento, la integridad de la información, la gobernanza responsable de datos y el alineamiento con las metas de neutralidad de carbono. 

El informe hace también hincapié en la dimensión regulatoria: con la inminente entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act) y la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, las empresas europeas deberán cumplir nuevos requisitos de transparencia, evaluación de impacto y privacidad para sus sistemas de IA generativa. 

Este marco legal no solo refuerza la protección de datos y los estándares medioambientales, sino que también impulsa la creación de áreas de gobernanza interna donde converjan equipos de TIC, sostenibilidad y cumplimiento normativo. 

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Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

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Fracasa en Ginebra el acuerdo de la ONU para un tratado mundial de plásticos

Once días de conversaciones auspiciadas por la ONU acabaron sin pacto: la prometida hoja de ruta para frenar la contaminación por plásticos sigue en el aire y las negociaciones se aplazan, justo cuando crece la presión mundial para limitar la producción de plástico virgen. 

Desde marzo de 2022, cuando la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente aprobó la Resolución 5/14 y encargó un pacto mundial jurídicamente vinculante para “poner fin a la contaminación por plásticos” antes de 2024, la promesa de un gran acuerdo ha sido un punto de referencia para gobiernos, empresas y sociedad civil. El calendario, sin embargo, se ha ido estirando mientras el volumen de residuos crece.  

Con ese mandato sobre la mesa, la segunda parte de la quinta ronda negociadora (celebrada en Ginebra del 5 al 15 de agosto de 2025) debía ser el cierre definitivo. Delegaciones de casi todos los países revisaron borradores, celebraron reuniones maratonianas y buscaron fórmulas de compromiso, pero las viejas fracturas reaparecieron desde la primera mañana.  

El clima de urgencia también se sintió fuera del Palacio de las Naciones. La víspera de la apertura, activistas y artistas cubrieron el lugar con montañas de residuos para recordar que cada día el equivalente a 2.000 camiones de basura plástica termina en ríos y mares.  

Dentro de la sala, el gran escollo fue la propuesta de más de un centenar de países (encabezados por la Unión Europea y varios Estados insulares) de establecer un límite a la producción de plástico nuevo. Estados Unidos y los mayores exportadores de petróleo se negaron a debatir esa idea y prefirieron centrarse en la gestión de residuos, creando un bloqueo que ninguna fórmula intermedia logró desatascar.  

El 15 de agosto, el presidente de la negociación, Luis Vayas, presentó un texto revisado que incluía referencias por primera vez a un fondo financiero y a la posible reducción de ciertos productos plásticos, pero la propuesta no convenció a ninguna de las partes. La sesión se levantó sin acuerdo y se anunció una nueva ronda para 2026, todavía sin fecha ni documento base, mientras el reloj político y ambiental sigue corriendo.

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