ética, derechos humanos, tendencias, urbanismo

Arquitectura hostil: ciudades que no acogen

Cada vez más ciudades adoptan estrategias de diseño que desalientan el descanso, la permanencia y la interacción. Bancos divididos, aspersores nocturnos o barreras invisibles son parte de una arquitectura hostil que no solo incomoda, sino que define quién merece estar y quién debe desaparecer del espacio público.

La arquitectura hostil, también conocida como diseño defensivo, exclusionary design o anti-homeless, es una estrategia de diseño urbano que altera el mobiliario y las superficies públicas para desalentar conductas como sentarse, tumbarse, patinar o improvisar refugios, y con ello aleja de la escena a colectivos concretos, sobre todo personas sin hogar, jóvenes y usuarios con movilidad reducida. 

Sus formas van desde pinchos en repisas y bancos segmentados hasta riego nocturno automático disuasorio. Aunque sus precedentes se remontan al higienismo del siglo XIX, en la última década estas tácticas han ganado visibilidad y controversia porque transforman el espacio público en una herramienta de control más que de convivencia

Este tipo de arquitectura ha pasado de meras anécdotas aisladas a un patrón visible en las ciudades españolas. En marzo, la Puerta del Sol de Madrid se quedó sin asientos: el Ayuntamiento retiró los bancos durante las obras que preparan la instalación de toldos y anunció que, cuando vuelvan, serán piezas de granito que harán de anclaje para las velas de sombra. En Zaragoza, unos triángulos metálicos fijados al alféizar exterior de un McDonald’s del Coso obligaron a los repartidores a llevar sus propias sillas y reavivaron el debate sobre la proliferación de arquitectura hostil en la ciudad.

Mientras tanto, la Fundació Arrels ha cartografiado casi 950 elementos de mobiliario excluyente en el área metropolitana de Barcelona e invita a la ciudadanía a seguir documentándolos. 

Estos datos bastan para encuadrar el tema: el diseño urbano se está utilizando como herramienta de control sobre quién puede permanecer, descansar o simplemente ocupar el espacio público, abriendo un debate inevitable sobre la responsabilidad social de la arquitectura y el derecho a la ciudad.

Seguir leyendo —>

Estándar
inteligencia artificial, riesgos, sostenibilidad, tendencias

¿Está tu empresa preparada para la revolución de la inteligencia artificial sostenible?

La inteligencia artificial (IA) generativa ya no es un simple ejercicio de laboratorio y se ha convertido en un motor de transformación empresarial de primer orden. El Generative AI Outlook Report – Exploring the Intersection of Technology, Society, and Policy, publicado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, nos ofrece una radiografía detallada de este fenómeno: desde los fundamentos tecnológicos y económicos hasta los desafíos sociales y regulatorios que plantea este artículo.

La adopción de modelos generativos (capaces de crear texto, imágenes, audio o código a partir de grandes volúmenes de datos) redefine no solo la productividad, sino también la forma en que las organizaciones gestionan su capital humano, su reputación y su huella medioambiental. Mientras algunas empresas aceleran su incorporación para ganar ventaja competitiva, otras advierten del riesgo de brechas de habilidad, de la propagación de desinformación y del creciente consumo energético de los centros de datos.

Para el directivo empresarial comprometido con la sostenibilidad, entender estas tensiones es fundamental. No basta con aprovechar el potencial creativo de la IA: es imprescindible diseñar estrategias que garanticen el desarrollo de talento, la integridad de la información, la gobernanza responsable de datos y el alineamiento con las metas de neutralidad de carbono. 

El informe hace también hincapié en la dimensión regulatoria: con la inminente entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act) y la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, las empresas europeas deberán cumplir nuevos requisitos de transparencia, evaluación de impacto y privacidad para sus sistemas de IA generativa. 

Este marco legal no solo refuerza la protección de datos y los estándares medioambientales, sino que también impulsa la creación de áreas de gobernanza interna donde converjan equipos de TIC, sostenibilidad y cumplimiento normativo. 

Seguir leyendo —->

Estándar
cambio climático, reputación, riesgos, rsc, sostenibilidad, tendencias, transparencia

Cuando la política frena al clima: por qué se disuelve la Alianza Bancaria Net-Zero

La disolución de la Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA) marca el fin de una etapa en la sostenibilidad financiera. Mientras los compromisos voluntarios pierden tracción a nivel global, Europa avanza hacia un modelo más regulado, donde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se integran en la gobernanza y la gestión prudencial del sistema bancario.

La Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), una coalición global de bancos respaldada por la ONU comprometida con la neutralidad de carbono, ha anunciado el cese inmediato de sus operaciones. Este sorpresivo desenlace pone fin a las actividades de la alianza, que desde 2021 buscaba alinear las carteras de préstamos e inversiones bancarias con los objetivos de emisiones netas cero para 2050.

La decisión se produce tras una serie de salidas de alto perfil por parte de sus miembros y una votación interna que redefine la naturaleza de la alianza: de un compromiso colectivo estructurado a un esquema abierto de orientación voluntaria para la banca en transición. En otras palabras, la NZBA dejará de funcionar como una alianza formal y sus recursos pasarán a servir como guía de referencia disponible para cualquier institución financiera interesada en la transición climática.

Sigue leyendo
Estándar
sostenibilidad, tendencias

Fracasa en Ginebra el acuerdo de la ONU para un tratado mundial de plásticos

Once días de conversaciones auspiciadas por la ONU acabaron sin pacto: la prometida hoja de ruta para frenar la contaminación por plásticos sigue en el aire y las negociaciones se aplazan, justo cuando crece la presión mundial para limitar la producción de plástico virgen. 

Desde marzo de 2022, cuando la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente aprobó la Resolución 5/14 y encargó un pacto mundial jurídicamente vinculante para “poner fin a la contaminación por plásticos” antes de 2024, la promesa de un gran acuerdo ha sido un punto de referencia para gobiernos, empresas y sociedad civil. El calendario, sin embargo, se ha ido estirando mientras el volumen de residuos crece.  

Con ese mandato sobre la mesa, la segunda parte de la quinta ronda negociadora (celebrada en Ginebra del 5 al 15 de agosto de 2025) debía ser el cierre definitivo. Delegaciones de casi todos los países revisaron borradores, celebraron reuniones maratonianas y buscaron fórmulas de compromiso, pero las viejas fracturas reaparecieron desde la primera mañana.  

El clima de urgencia también se sintió fuera del Palacio de las Naciones. La víspera de la apertura, activistas y artistas cubrieron el lugar con montañas de residuos para recordar que cada día el equivalente a 2.000 camiones de basura plástica termina en ríos y mares.  

Dentro de la sala, el gran escollo fue la propuesta de más de un centenar de países (encabezados por la Unión Europea y varios Estados insulares) de establecer un límite a la producción de plástico nuevo. Estados Unidos y los mayores exportadores de petróleo se negaron a debatir esa idea y prefirieron centrarse en la gestión de residuos, creando un bloqueo que ninguna fórmula intermedia logró desatascar.  

El 15 de agosto, el presidente de la negociación, Luis Vayas, presentó un texto revisado que incluía referencias por primera vez a un fondo financiero y a la posible reducción de ciertos productos plásticos, pero la propuesta no convenció a ninguna de las partes. La sesión se levantó sin acuerdo y se anunció una nueva ronda para 2026, todavía sin fecha ni documento base, mientras el reloj político y ambiental sigue corriendo.

Seguir leyendo —>

Estándar
ética, cambio climático, derechos humanos, sostenibilidad, tendencias, transparencia

La Corte Internacional de Justicia prepara el terreno para sancionar la inacción climática

El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas) emitió una opinión consultiva que sostiene que la inacción frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional. 

El tribunal afirmó que los Estados están obligados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger un ambiente limpio, saludable y sostenible, y que el incumplimiento puede acarrear responsabilidad y reparaciones económicas o ecológicas.

El texto, adoptado por unanimidad, se extiende más allá del Acuerdo de París y ancla esas obligaciones en tratados ambientales existentes, en normas consuetudinarias (basadas en la costumbre) y en el marco de los derechos humanos. La CIJ subraya un deber de diligencia para prevenir daños significativos al sistema climático e incluye la necesidad de regular y supervisar a los actores privados sometidos a la jurisdicción estatal.

La opinión responde a una solicitud aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2023, impulsada por Vanuatu y otros pequeños Estados insulares que buscaban claridad jurídica para exigir responsabilidades a los grandes emisores. 

Además de reafirmar y aplicar el estándar de “daño significativo” (entendido como la combinación de probabilidad y magnitud del perjuicio, sin un umbral numérico cerrado), la CIJ insiste en que las obligaciones deben ejecutarse con base en la mejor ciencia disponible y mediante cooperación internacional efectiva. Esta lectura aporta un marco común para políticas climáticas más estrictas y reduce el margen de ambigüedad normativa.

Seguir leyendo —>

Estándar
cambio climático, riesgos, sostenibilidad, urbanismo

De Valencia a Budapest: por qué Europa necesita un escudo frente al agua

Foto de Chris Gallagher en Unsplash

Europa vivió en 2024 el episodio de inundaciones más extenso desde 2013, en un año marcado por la intensificación de fenómenos hidrológicos extremos. Las lluvias torrenciales asociadas a tormentas persistentes desbordaron miles de kilómetros de cauces fluviales, con un balance humano y económico profundamente alarmante. 

Al menos 335 personas murieron en episodios relacionados con tormentas e inundaciones, y se estima que los daños materiales alcanzaron los 18.200 millones de euros, según recoge el informe European State of the Climate 2024 (ESOTC 2024), elaborado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las cifras hidrológicas registradas durante el año evidencian el alcance de esta crisis. Un 30 % de la red fluvial europea superó el umbral de caudal considerado “alto”, y un 12 % alcanzó niveles clasificados como “severos” (es decir, con una recurrencia estadística de 20 años o más). Se trata del mayor porcentaje de cauces en situación de desbordamiento desde 2013 y el quinto más elevado de toda la serie histórica desde 1992. 

Estos datos confirman una tendencia inquietante. El informe destaca que las lluvias intensas se están haciendo más frecuentes en buena parte del continente, en especial en su mitad occidental. La combinación de temperaturas más altas, mayor capacidad atmosférica de retención de humedad y patrones de circulación que favorecen episodios de lluvias persistentes está contribuyendo a un cambio en la naturaleza del riesgo hídrico en Europa. Las inundaciones, lejos de ser eventos aislados, se consolidan como una amenaza estructural para la seguridad de las personas, las infraestructuras y la economía.

El año 2024 no solo se caracterizó por la magnitud acumulada del fenómeno, sino también por su repetición y distribución geográfica. Desde los primeros episodios en enero hasta los más devastadores en otoño, el continente vivió una sucesión casi ininterrumpida de eventos extremos que, en un contexto de calentamiento acelerado, ya no pueden considerarse excepcionales.

Seguir leyendo —>

Estándar
cambio climático, innovación, sostenibilidad, tendencias

Rumbo al cielo limpio: el papel del hidrógeno y la electricidad en la aviación

Foto de John McArthur en Unsplash

En 2024 la aviación vivió su momento más intenso desde antes de la pandemia: el número de pasajeros no solo recuperó, sino que superó en un 5% los niveles de 2019, impulsando un beneficio neto combinado de 30.500 millones de dólares y situando los ingresos globales en camino de rebasar por primera vez el billón de dólares en 2025.

Sin embargo, esta recuperación choca con un obstáculo de primer orden que ya había advertido el informe Global Aviation Sustainability Outlook 2025 del Foro Económico Mundial (WEF): la disponibilidad y el coste del combustible de aviación sostenible (SAF). 

El SAF es un combustible alternativo al queroseno habitual, elaborado a partir de materias primas renovables como aceites usados, residuos agrícolas o CO₂ capturado, que se convierte en un líquido apto para los motores actuales mediante diversos procesos. Gracias a su origen limpio y a la eficiencia de estos procesos, las emisiones de CO₂ a lo largo de su ciclo de vida son sustancialmente menores que las del combustible fósil convencional.

Aunque en septiembre de 2023 el SAF costaba el doble que el queroseno convencional en Europa, en noviembre de 2024 esa diferencia se redujo hasta quedar apenas un 20% por encima, pero la recuperación del tráfico ha mantenido la demanda global por encima de la oferta.

En ese mismo informe, los directivos del sector sitúan además en sexta posición a la disponibilidad y el coste de la electricidad verde, el hidrógeno e infraestructura asociada como riesgo crítico para la descarbonización, recordando que las tecnologías de propulsión eléctrica e hidrógeno aún se encuentran en fase temprana y necesitan un respaldo logístico y regulatorio sólido.

Por si fuera poco, el calendario aprieta: antes de la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en septiembre de 2025, los Estados deben presentar sus planes nacionales de acción para la aviación sostenible, unas hojas de ruta que marcarán los mandatos de SAF, las inversiones en electrólisis y el despliegue de infraestructuras de carga o repostaje de hidrógeno.

Seguir leyendo —>

Estándar
ética, cambio climático, confianza, derechos humanos, discapacidad, economía circular, innovación, rsc, sostenibilidad, tendencias, transparencia

El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

Seguir leyendo —>

Estándar
sostenibilidad, tendencias

Los cuatro retos de los sistemas de salud del futuro

Foto de Hush Naidoo Jade Photography en Unsplash

Este pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1950 para poner en el centro del debate público los grandes retos sanitarios que enfrenta la humanidad. A pesar de que cada año se elige un lema diferente (en esta ocasión, “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”), la realidad muestra que las condiciones para lograr ese objetivo distan mucho de estar garantizadas en buena parte del planeta.

Más allá del carácter simbólico de la jornada, lo cierto es que 2025 llega con una sensación compartida de agotamiento e incertidumbre en materia sanitaria. Aunque la pandemia ha quedado atrás en términos de emergencia global, sus consecuencias siguen afectando a los sistemas de salud, especialmente a los públicos.

Algunos indicadores clave muestran signos preocupantes. Según el último informe de la OMS sobre financiación sanitaria, publicado en diciembre de 2024, el gasto público medio en salud por persona se redujo en 2022 en todos los grupos de países, independientemente de su nivel de ingresos. Este retroceso no solo rompe con la tendencia de refuerzo del gasto vivida durante los peores años de la COVID-19, sino que pone en evidencia una pérdida de prioridad políticapara un derecho tan básico como la salud.

Mientras tanto, alrededor de 4.500 millones de personas siguen sin acceso pleno a servicios esenciales, mientras otras corren el riesgo de empobrecerse por gastos médicos que no pueden asumir.

En paralelo, se agravan otros frentes. El deterioro de la salud mental (especialmente en el ámbito laboral), el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, los efectos del cambio climático sobre el bienestar físico y mental de las poblaciones, y la contaminación del aire como factor determinante en millones de muertes prematuras, dibujan un panorama sanitario mucho más complejo que el de hace apenas una década.

Seguir leyendo —>

Estándar
reporting, reputación, rsc, sostenibilidad, tendencias

La CSRD se estrena con informes desiguales y vacíos técnicos

Foto de Lukas Blazek en Unsplash

A lo largo de los primeros meses de 2025 las empresas europeas han ido publicando sus primeros informes de sostenibilidad bajo la Directiva CSRD. Un estudio de PwC analiza sus prácticas y revela tendencias clave en gobernanza, materialidad, arquitectura de datos y aseguramiento externo. 

La entrada en vigor de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en enero de 2024 ha redefinido las coordenadas de la gestión empresarial en Europa. La norma establece por primera vez un marco común, obligatorio y auditable para la publicación de información sobre sostenibilidad, obligando a las grandes compañías a rendir cuentas sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza con el mismo nivel de rigor que en la información financiera.

Durante el primer trimestre de 2025, 250 empresas europeas publicaron ya sus primeros informes de sostenibilidad alineados con la CSRD y los estándares ESRS. El análisis elaborado por PwC a partir de esta muestra temprana ofrece una visión clara de las dinámicas que están emergiendo en el terreno: una heterogeneidad notable en metodologías, una madurez todavía incipiente en ciertos temas críticos y una preocupación transversal por la arquitectura de datos y la trazabilidad de la información reportada.

En paralelo, la Comisión Europea ha planteado un cambio parcial en el calendario de aplicación a través del llamado paquete Omnibus, que propone aplazar la entrada en vigor de la Directiva para determinadas empresas. Esta iniciativa pretende responder a la presión ejercida por determinados sectores industriales y Estados miembro, sin renunciar a los elementos esenciales de la directiva: doble materialidad, aseguramiento independiente, cadena de valor completa y foco estratégico.

Este cruce entre avance práctico y ajuste político determina un momento decisivo. Las empresas que ya han reportado ofrecen una fuente rica de aprendizajes y advertencias. Y las que disponen aún de uno o dos años por delante no deben entender la prórroga como una pausa, sino como una oportunidad para prepararse con mayor solidez, evitando errores que puedan derivar en salvedades, sobrecostes o perjuicios reputacionales.

Seguir leyendo —->

Estándar