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De Valencia a Budapest: por qué Europa necesita un escudo frente al agua

Foto de Chris Gallagher en Unsplash

Europa vivió en 2024 el episodio de inundaciones más extenso desde 2013, en un año marcado por la intensificación de fenómenos hidrológicos extremos. Las lluvias torrenciales asociadas a tormentas persistentes desbordaron miles de kilómetros de cauces fluviales, con un balance humano y económico profundamente alarmante. 

Al menos 335 personas murieron en episodios relacionados con tormentas e inundaciones, y se estima que los daños materiales alcanzaron los 18.200 millones de euros, según recoge el informe European State of the Climate 2024 (ESOTC 2024), elaborado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las cifras hidrológicas registradas durante el año evidencian el alcance de esta crisis. Un 30 % de la red fluvial europea superó el umbral de caudal considerado “alto”, y un 12 % alcanzó niveles clasificados como “severos” (es decir, con una recurrencia estadística de 20 años o más). Se trata del mayor porcentaje de cauces en situación de desbordamiento desde 2013 y el quinto más elevado de toda la serie histórica desde 1992. 

Estos datos confirman una tendencia inquietante. El informe destaca que las lluvias intensas se están haciendo más frecuentes en buena parte del continente, en especial en su mitad occidental. La combinación de temperaturas más altas, mayor capacidad atmosférica de retención de humedad y patrones de circulación que favorecen episodios de lluvias persistentes está contribuyendo a un cambio en la naturaleza del riesgo hídrico en Europa. Las inundaciones, lejos de ser eventos aislados, se consolidan como una amenaza estructural para la seguridad de las personas, las infraestructuras y la economía.

El año 2024 no solo se caracterizó por la magnitud acumulada del fenómeno, sino también por su repetición y distribución geográfica. Desde los primeros episodios en enero hasta los más devastadores en otoño, el continente vivió una sucesión casi ininterrumpida de eventos extremos que, en un contexto de calentamiento acelerado, ya no pueden considerarse excepcionales.

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cambio climático, innovación, sostenibilidad, tendencias

Rumbo al cielo limpio: el papel del hidrógeno y la electricidad en la aviación

Foto de John McArthur en Unsplash

En 2024 la aviación vivió su momento más intenso desde antes de la pandemia: el número de pasajeros no solo recuperó, sino que superó en un 5% los niveles de 2019, impulsando un beneficio neto combinado de 30.500 millones de dólares y situando los ingresos globales en camino de rebasar por primera vez el billón de dólares en 2025.

Sin embargo, esta recuperación choca con un obstáculo de primer orden que ya había advertido el informe Global Aviation Sustainability Outlook 2025 del Foro Económico Mundial (WEF): la disponibilidad y el coste del combustible de aviación sostenible (SAF). 

El SAF es un combustible alternativo al queroseno habitual, elaborado a partir de materias primas renovables como aceites usados, residuos agrícolas o CO₂ capturado, que se convierte en un líquido apto para los motores actuales mediante diversos procesos. Gracias a su origen limpio y a la eficiencia de estos procesos, las emisiones de CO₂ a lo largo de su ciclo de vida son sustancialmente menores que las del combustible fósil convencional.

Aunque en septiembre de 2023 el SAF costaba el doble que el queroseno convencional en Europa, en noviembre de 2024 esa diferencia se redujo hasta quedar apenas un 20% por encima, pero la recuperación del tráfico ha mantenido la demanda global por encima de la oferta.

En ese mismo informe, los directivos del sector sitúan además en sexta posición a la disponibilidad y el coste de la electricidad verde, el hidrógeno e infraestructura asociada como riesgo crítico para la descarbonización, recordando que las tecnologías de propulsión eléctrica e hidrógeno aún se encuentran en fase temprana y necesitan un respaldo logístico y regulatorio sólido.

Por si fuera poco, el calendario aprieta: antes de la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en septiembre de 2025, los Estados deben presentar sus planes nacionales de acción para la aviación sostenible, unas hojas de ruta que marcarán los mandatos de SAF, las inversiones en electrólisis y el despliegue de infraestructuras de carga o repostaje de hidrógeno.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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sostenibilidad, tendencias

Los cuatro retos de los sistemas de salud del futuro

Foto de Hush Naidoo Jade Photography en Unsplash

Este pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1950 para poner en el centro del debate público los grandes retos sanitarios que enfrenta la humanidad. A pesar de que cada año se elige un lema diferente (en esta ocasión, “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”), la realidad muestra que las condiciones para lograr ese objetivo distan mucho de estar garantizadas en buena parte del planeta.

Más allá del carácter simbólico de la jornada, lo cierto es que 2025 llega con una sensación compartida de agotamiento e incertidumbre en materia sanitaria. Aunque la pandemia ha quedado atrás en términos de emergencia global, sus consecuencias siguen afectando a los sistemas de salud, especialmente a los públicos.

Algunos indicadores clave muestran signos preocupantes. Según el último informe de la OMS sobre financiación sanitaria, publicado en diciembre de 2024, el gasto público medio en salud por persona se redujo en 2022 en todos los grupos de países, independientemente de su nivel de ingresos. Este retroceso no solo rompe con la tendencia de refuerzo del gasto vivida durante los peores años de la COVID-19, sino que pone en evidencia una pérdida de prioridad políticapara un derecho tan básico como la salud.

Mientras tanto, alrededor de 4.500 millones de personas siguen sin acceso pleno a servicios esenciales, mientras otras corren el riesgo de empobrecerse por gastos médicos que no pueden asumir.

En paralelo, se agravan otros frentes. El deterioro de la salud mental (especialmente en el ámbito laboral), el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, los efectos del cambio climático sobre el bienestar físico y mental de las poblaciones, y la contaminación del aire como factor determinante en millones de muertes prematuras, dibujan un panorama sanitario mucho más complejo que el de hace apenas una década.

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La CSRD se estrena con informes desiguales y vacíos técnicos

Foto de Lukas Blazek en Unsplash

A lo largo de los primeros meses de 2025 las empresas europeas han ido publicando sus primeros informes de sostenibilidad bajo la Directiva CSRD. Un estudio de PwC analiza sus prácticas y revela tendencias clave en gobernanza, materialidad, arquitectura de datos y aseguramiento externo. 

La entrada en vigor de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en enero de 2024 ha redefinido las coordenadas de la gestión empresarial en Europa. La norma establece por primera vez un marco común, obligatorio y auditable para la publicación de información sobre sostenibilidad, obligando a las grandes compañías a rendir cuentas sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza con el mismo nivel de rigor que en la información financiera.

Durante el primer trimestre de 2025, 250 empresas europeas publicaron ya sus primeros informes de sostenibilidad alineados con la CSRD y los estándares ESRS. El análisis elaborado por PwC a partir de esta muestra temprana ofrece una visión clara de las dinámicas que están emergiendo en el terreno: una heterogeneidad notable en metodologías, una madurez todavía incipiente en ciertos temas críticos y una preocupación transversal por la arquitectura de datos y la trazabilidad de la información reportada.

En paralelo, la Comisión Europea ha planteado un cambio parcial en el calendario de aplicación a través del llamado paquete Omnibus, que propone aplazar la entrada en vigor de la Directiva para determinadas empresas. Esta iniciativa pretende responder a la presión ejercida por determinados sectores industriales y Estados miembro, sin renunciar a los elementos esenciales de la directiva: doble materialidad, aseguramiento independiente, cadena de valor completa y foco estratégico.

Este cruce entre avance práctico y ajuste político determina un momento decisivo. Las empresas que ya han reportado ofrecen una fuente rica de aprendizajes y advertencias. Y las que disponen aún de uno o dos años por delante no deben entender la prórroga como una pausa, sino como una oportunidad para prepararse con mayor solidez, evitando errores que puedan derivar en salvedades, sobrecostes o perjuicios reputacionales.

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cambio climático, innovación, sostenibilidad, tendencias, urbanismo

“El Plan europeo de Automoción puede facilitar el despliegue masivo de vehículos eléctricos”

Foto de CHUTTERSNAP en Unsplash

La Comisión Europea presentó recientemente el Plan de Acción Industrial para la Automoción, una iniciativa que surge en un momento clave para el futuro del sector automovilístico europeo, en pleno proceso de transición hacia una movilidad más sostenible. 

Este plan busca dar respuesta a importantes retos como la necesidad urgente de reducir emisiones, fomentar la independencia energética a través de fuentes renovables, y asegurar la competitividad de la industria europea frente a mercados internacionales cada vez más fuertes. 

Entre sus principales propuestas se encuentran la armonización europea de las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos, el fortalecimiento de la cadena de suministro mediante la fabricación local de baterías y componentes esenciales, así como un decidido impulso al desarrollo y ampliación de infraestructuras de recarga en todos los países miembros.

Para comprender mejor la dimensión real de este plan y cómo puede afectar al panorama de la movilidad sostenible, hemos entrevistado a May López, directora de desarrollo de la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, experta con amplia experiencia en movilidad, sostenibilidad y gestión empresarial. 

A lo largo de esta entrevista nos ofrece su visión crítica y constructiva sobre cómo las medidas propuestas pueden traducirse en resultados concretos a diferentes niveles.

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La OCDE evalúa los ‘ratings’ ASG: ¿es oro todo lo que reluce en sostenibilidad?

En su informe Behind ESG Ratings, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa una reflexión crítica sobre el funcionamiento y la eficacia real de las métricas ASG, herramientas clave en la toma de decisiones estratégicas de empresas e inversores de todo el mundo. 

Las métricas ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) forman la base de los llamados ratings ASG, habitualmente presentados en forma de puntuaciones o rankings y se han convertido en instrumentos esenciales para dirigir grandes flujos de capital hacia actividades más sostenibles y socialmente responsables. Sin embargo, tal como revela el informe de la OCDE, la transparencia, la coherencia y la solidez de estas valoraciones no son siempre tan altas como se podría esperar.

Aunque su influencia en el mercado es indudable, el análisis advierte sobre la existencia de ciertas áreas críticas que aún no reciben suficiente atención o que se evalúan de forma desigual. Asimismo, cuestiona si las métricas actuales están realmente diseñadas para reflejar con precisión los resultados concretos en sostenibilidad.

En este contexto, es importante preguntarse cómo funcionan realmente estas herramientas, cuál es su grado de efectividad y hasta qué punto están alineadas con estándares internacionales de conducta empresarial responsable. Sólo desde una comprensión más profunda es posible evaluar correctamente qué hay detrás de los ratings ASG y cómo mejorar su utilidad real para empresas e inversores.

Cabe destacar que el informe analiza ocho productos destacados de ratings ASG, seleccionados por su representatividad y diversidad metodológica, pero no identifica explícitamente a los proveedores analizados.

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inteligencia artificial, sostenibilidad, tendencias

Inteligencia artificial y logística se dan la mano para lograr un transporte sostenible

Foto de CHUTTERSNAP en Unsplash

El sector del transporte y la logística es un pilar fundamental de la economía mundial. Cada año, miles de millones de toneladas de mercancías recorren carreteras, atraviesan océanos y surcan los cielos para abastecer a industrias y consumidores. No obstante, esta actividad conlleva un impacto ambiental significativo, ya que se estima que el transporte en su conjunto genera entre el 16% y el 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), con el transporte de carga representando un 7-8% del total.

La presión regulatoria y las expectativas del mercado han llevado a las empresas del sector a explorar soluciones innovadoras para reducir su huella de carbono. Alternativas como la electrificación de flotas y el desarrollo de combustibles sostenibles ofrecen posibilidades prometedoras, pero requieren inversiones y plazos prolongados para su implementación a gran escala. 

En contraste, la digitalización y la inteligencia artificial (IA) han emergido como herramientas de aplicación inmediata para mejorar la eficiencia operativa y reducir emisiones.

La IA ya está demostrando su capacidad para optimizar rutas, mejorar la gestión de carga y facilitar el uso de modos de transporte más sostenibles. Según el informe Intelligent Transport, Greener Future: AI as a Catalyst to Decarbonize Global Logistics, publicado por el Foro Económico Mundial en colaboración con McKinsey & Company, estas tecnologías pueden lograr reducciones significativas en las emisiones sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura. 

Algunas estimaciones apuntan a que su aplicación a gran escala en la logística podría reducir entre un 10% y un 15% las emisiones totales del sector.

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rsc, sostenibilidad, tendencias

La implementación de los ODS en Europa: un proceso complejo y fragmentado

Foto de Markus Spiske en Unsplash

Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, Europa ha sido un referente mundial en el desarrollo de estrategias para alcanzar estos compromisos. Sin embargo, con 2030 cada vez más cerca, los avances siguen sin ser homogéneos y aún persisten grandes desafíos. 

El Europe Sustainable Development Report 2025 pone en evidencia que Europa sigue ocupando las primeras posiciones en el ranking mundial de los ODS, con 19 de los 20 países mejor clasificados perteneciendo a la región. Según el informe, los tres países con mejor desempeño en el cumplimiento de los ODS son Finlandia, Dinamarca y Suecia, que destacan por sus avances en energías renovables, bienestar social y políticas climáticas ambiciosas. En el otro extremo del ranking, los tres países con peor desempeño son Turquía, Macedonia y Chipre.

Pero más allá de las cifras, el estudio alerta sobre un estancamiento en algunos objetivos clave para 2030, especialmente en lo referente a desigualdades económicas, impactos ambientales y transición energética. La pandemia, las tensiones geopolíticas y la inflación han hecho más difícil el cumplimiento de estos objetivos, afectando especialmente a los países con mayores dificultades económicas y sociales.

El compromiso de la Unión Europea sigue siendo firme en la implementación de los ODS. A lo largo de los últimos años, las políticas comunitarias han impulsado planes ambiciosos con la intención de reforzar el papel del continente como líder en sostenibilidad. Sin embargo, la realidad es que la implementación de estas políticas varía entre los diferentes estados miembros, lo que ha generado una brecha de resultados dentro del propio continente. 

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España refuerza su compromiso climático con un nuevo Real Decreto sobre huella de carbono

Foto de Francisco Orantes en Unsplash

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto que refuerza la política climática española. La nueva normativa establece la obligatoriedad, para determinadas organizaciones, de registrar su huella de carbono, consolidando así un enfoque más riguroso y sistemático en la medición, gestión y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La regulación introduce un marco legal robusto que fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y responde al objetivo prioritario de avanzar hacia una economía baja en carbono. A partir de su entrada en vigor, numerosas empresas y entidades públicas estarán obligadas a calcular anualmente sus emisiones utilizando metodologías internacionalmente reconocidas, y a publicar de forma clara tanto los resultados obtenidos como los planes de reducción establecidos. 

Uno de los pilares centrales del decreto es la obligación de elaborar y comunicar planes específicos de reducción de emisiones, con metas concretas a corto y medio plazo. Esta exigencia impulsa una transformación estructural de los procesos productivos y organizativos, promoviendo modelos de gestión más eficientes, resilientes e innovadores. 

Las organizaciones que se adapten de forma proactiva podrán reducir sus costes operativos, anticiparse a posibles escenarios regulatorios más exigentes, acceder a financiación verde y mejorar su posicionamiento competitivo en un mercado cada vez más sensible a los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). 

Asimismo, fortalecerán su legitimidad ante consumidores, inversores y otros grupos de interés, en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en una expectativa social generalizada. 

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