cambio climático, riesgos, sostenibilidad, tendencias

La factura de la inacción climática se mide ya en miles de millones

Foto de Chris LeBoutillier en Unsplash

Un informe elaborado por EcoVadis y Boston Consulting Group advierte de que, para 2030, las compañías podrían enfrentarse a más de medio billón de dólares anuales en riesgos financieros si no abordan las emisiones de su cadena de suministro. El estudio convierte al Alcance 3 de la huella de carbono en una cuestión estratégica para la supervivencia empresarial y sus beneficios económicos.

El calentamiento global ya no es una amenaza abstracta, sino una realidad que está remodelando el terreno de juego de las empresas. En 2024, las temperaturas globales superaron por primera vez durante un año completo el umbral de 1,5 °C respecto a la era preindustrial, un hito que marca un punto de no retorno en la trayectoria climática. Desde el año 2000, los desastres relacionados con el clima han provocado pérdidas directas superiores a 3,6 billones de dólares, y la frecuencia de estos episodios sigue aumentando.

A esa presión física se añaden los llamados riesgos de transición, como son las nuevas normativas sobre emisiones, cambios en las preferencias de los consumidores y tecnologías que aceleran el desplazamiento hacia modelos de negocio bajos en carbono. Este cóctel convierte al clima en un factor capaz de erosionar márgenes, elevar costes operativos e inflar primas de seguros, afectando de manera directa a la rentabilidad.

El Carbon Action Report 2025, publicado por EcoVadis y Boston Consulting Group, lanza una advertencia clara: los próximos cinco años son clave para frenar esta deriva. La gran incógnita es cómo gestionar el Alcance 3, es decir, las emisiones de la cadena de suministro, que se han convertido en el auténtico agujero negro de la estrategia corporativa.

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Inclusión financiera global: entre victorias y asignaturas pendientes

Foto de Mathieu Stern en Unsplash

Disponer de un teléfono en el bolsillo y acceso a datos en casi cualquier rincón del planeta no basta para que las personas aprovechen de verdad los servicios financieros formales. Esa es la evidencia incómoda que atraviesa el Global Findex 2025, el examen cuatrienal con el que el Banco Mundial toma el pulso a la inclusión económica mundial.

Cuando el Banco Mundial presentó el Global Findex 2025 el pasado mes de julio, la cifra que acaparó los titulares fue el79 % de adultos que hoy poseen una cuenta en un banco, una fintech o un servicio de dinero móvil. El dato suena rotundo: hace apenas una década esa proporción era poco más de la mitad. Sin embargo, tras la euforia se esconde un número igual de elocuente: millones de personas siguen fuera del sistema, a pesar de que la gran penetración de los teléfonos inteligentes y la existencia de una cobertura digital que, sobre el papel, debería bastar para abrir y gestionar una cuenta.

El Findex nació en 2011 como un censo cuatrienal sobre acceso a servicios financieros. En su edición 2025 ha ampliado la muestra a más de 140.000 encuestados de 141 países y puesto el foco en la economía digitalPor primera vez incorpora un “Digital Connectivity Tracker” que superpone posesión de móvil, uso de internet y calidad de la conectividad con los clásicos indicadores de cuentas, pagos, ahorro y crédito. 

La fotografía resultante es, a partes iguales, alentadora e incómoda: allí donde la banda ancha se masifica crece el dinero móvil y se disparan los pagos digitales, pero en esos mismos territorios afloran nuevos miedos (fraude, suplantación, robo de identidad) que a menudo bastan para mantener inactiva una cuenta recién abierta.

A la luz de esos hallazgos el debate ya no gira solo en torno al acceso, sino a la calidad del uso. En algunos mercados, una de cada cuatro cuentas permanece inactiva, lo que subraya que el acceso no siempre se traduce en uso efectivo. Esos titulares mueven dinero con tanta poca frecuencia que, en la práctica, siguen fuera del circuito formal. También se identifica una brecha de género que persiste (cinco puntos porcentuales en los países de renta media-baja) y apunta a la desconfianza como freno transversal. 

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Transparencia en la movilidad eléctrica: cuenta atrás para el pasaporte de baterías

Foto de Kumpan Electric en Unsplash

En 2024, Volvo dio un paso clave hacia la transparencia en la movilidad eléctrica con el lanzamiento del primer pasaporte de baterías plenamente operativo e integrado en un modelo de producción en serie. Este documento digital, integrado en su SUV EX90 y accesible mediante un código QR, permite conocer diversos datos sobre la batería del vehículo. En la actualidad, la apuesta de Volvo no solo sigue vigente, sino que anticipa la trazabilidad obligatoria que exigirá la normativa europea a partir de 2027, marcando un antes y un después en la industria del automóvil.

A partir del 18 de febrero de 2027, cualquier comprador de un vehículo eléctrico (EV) en la UE podrá escanear el QR (impreso o grabado de forma visible en la batería, su embalaje o la documentación que la acompaña) y consultar datos como dónde se extrajo el cobalto y el litio de la batería, cuánta huella de carbono arrastra y cuántos ciclos de carga le quedan. 

La obligación nace en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2023/1542, que convierte esa ficha técnica digital (el battery Passport) en requisito para todas las baterías de EV, micromovilidad y usos industriales de más de 2 kWh, con el QR como llave de acceso público y gratuito a la información.  

El primer pasaporte de baterías operativo fue desarrollado por Volvo junto a la startup británica Circulor. El sistema rastrea materias primas “de la mina al volante”, actualiza el estado de salud de la batería durante 15 años y cuesta unos 10 dólares por vehículo, desde casi tres años antes de que entre en vigor la norma europea. 

Para Bruselas, esta iniciativa será el campo de pruebas del futuro Digital Product Passport (DPP), la identidad digital que el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) extenderá a la mayoría de bienes de consumo antes de 2030.    

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