El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas) emitió una opinión consultiva que sostiene que la inacción frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional. 

El tribunal afirmó que los Estados están obligados a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y a proteger un ambiente limpio, saludable y sostenible, y que el incumplimiento puede acarrear responsabilidad y reparaciones económicas o ecológicas.

El texto, adoptado por unanimidad, se extiende más allá del Acuerdo de París y ancla esas obligaciones en tratados ambientales existentes, en normas consuetudinarias (basadas en la costumbre) y en el marco de los derechos humanos. La CIJ subraya un deber de diligencia para prevenir daños significativos al sistema climático e incluye la necesidad de regular y supervisar a los actores privados sometidos a la jurisdicción estatal.

La opinión responde a una solicitud aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2023, impulsada por Vanuatu y otros pequeños Estados insulares que buscaban claridad jurídica para exigir responsabilidades a los grandes emisores. 

Además de reafirmar y aplicar el estándar de “daño significativo” (entendido como la combinación de probabilidad y magnitud del perjuicio, sin un umbral numérico cerrado), la CIJ insiste en que las obligaciones deben ejecutarse con base en la mejor ciencia disponible y mediante cooperación internacional efectiva. Esta lectura aporta un marco común para políticas climáticas más estrictas y reduce el margen de ambigüedad normativa.

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