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Rumbo al cielo limpio: el papel del hidrógeno y la electricidad en la aviación

Foto de John McArthur en Unsplash

En 2024 la aviación vivió su momento más intenso desde antes de la pandemia: el número de pasajeros no solo recuperó, sino que superó en un 5% los niveles de 2019, impulsando un beneficio neto combinado de 30.500 millones de dólares y situando los ingresos globales en camino de rebasar por primera vez el billón de dólares en 2025.

Sin embargo, esta recuperación choca con un obstáculo de primer orden que ya había advertido el informe Global Aviation Sustainability Outlook 2025 del Foro Económico Mundial (WEF): la disponibilidad y el coste del combustible de aviación sostenible (SAF). 

El SAF es un combustible alternativo al queroseno habitual, elaborado a partir de materias primas renovables como aceites usados, residuos agrícolas o CO₂ capturado, que se convierte en un líquido apto para los motores actuales mediante diversos procesos. Gracias a su origen limpio y a la eficiencia de estos procesos, las emisiones de CO₂ a lo largo de su ciclo de vida son sustancialmente menores que las del combustible fósil convencional.

Aunque en septiembre de 2023 el SAF costaba el doble que el queroseno convencional en Europa, en noviembre de 2024 esa diferencia se redujo hasta quedar apenas un 20% por encima, pero la recuperación del tráfico ha mantenido la demanda global por encima de la oferta.

En ese mismo informe, los directivos del sector sitúan además en sexta posición a la disponibilidad y el coste de la electricidad verde, el hidrógeno e infraestructura asociada como riesgo crítico para la descarbonización, recordando que las tecnologías de propulsión eléctrica e hidrógeno aún se encuentran en fase temprana y necesitan un respaldo logístico y regulatorio sólido.

Por si fuera poco, el calendario aprieta: antes de la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en septiembre de 2025, los Estados deben presentar sus planes nacionales de acción para la aviación sostenible, unas hojas de ruta que marcarán los mandatos de SAF, las inversiones en electrólisis y el despliegue de infraestructuras de carga o repostaje de hidrógeno.

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El estándar “B” de impacto empresarial se reinventa en 2025

El pasado mes de abril, B Lab presentó la mayor puesta al día de su sello B Corp desde su creación en 2006. La revisión coincide con la consolidación de una comunidad que ya supera las 9.000 empresas en más de un centenar de países, todas empeñadas en demostrar que se puede hacer negocio generando un impacto social y ambiental tangible.

En 2006, tres emprendedores de Filadelfia dejaron el capital riesgo para crear B Lab, la organización sin ánimo de lucro que lanzaría un sello inédito: la Certificación B Corp, concebida para demostrar que una empresa genera valor social y ambiental al mismo tiempo que beneficios. 

Doce meses después se certificaron las primeras 82 compañías; desde entonces la comunidad ha crecido hasta reunir unas 9.000 empresas repartidas en 102 países y 160 sectores, con más de 930.000 trabajadores. Nombres conocidos como Patagonia, Ben & Jerry’s o Danone presumen hoy del logo “B” en sus productos, y miles de pymes lo emplean para diferenciarse ante clientes, inversores y talento.  

Ese éxito, sin embargo, trajo consigo tensiones. El estándar original se basaba en obtener al menos 80 de 200 puntos en la herramienta de evaluación de impacto. El sistema permitía concentrar buenas prácticas en un área (por ejemplo, clima) y, a cambio, mostrar un desempeño modesto en otra, como salarios o diversidad. 

A medida que la certificación atrajo a grandes multinacionales (casos polémicos como Nespresso o Evian), críticos y B Corps más pequeñas alertaron de que la flexibilidad generaba confusión entre consumidores y diluía el significado del sello. Al mismo tiempo, nuevas normas de transparencia (como la CSRD europea) y la presión de inversores que quieren métricas comparables subieron el listón de lo que se considera “buen impacto”.  

Con ese trasfondo, B Lab inició en 2020 un proceso de reforma que incluyó dos consultas públicas y 26 000 aportacionesde empresas, ONG y académicos. El resultado vio la luz el 8 de abril de 2025: un marco completamente rediseñado que deja atrás la lógica de puntos y exige que cada empresa demuestre mínimos verificables en siete grandes ámbitos de impacto. 

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Los cuatro retos de los sistemas de salud del futuro

Foto de Hush Naidoo Jade Photography en Unsplash

Este pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1950 para poner en el centro del debate público los grandes retos sanitarios que enfrenta la humanidad. A pesar de que cada año se elige un lema diferente (en esta ocasión, “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”), la realidad muestra que las condiciones para lograr ese objetivo distan mucho de estar garantizadas en buena parte del planeta.

Más allá del carácter simbólico de la jornada, lo cierto es que 2025 llega con una sensación compartida de agotamiento e incertidumbre en materia sanitaria. Aunque la pandemia ha quedado atrás en términos de emergencia global, sus consecuencias siguen afectando a los sistemas de salud, especialmente a los públicos.

Algunos indicadores clave muestran signos preocupantes. Según el último informe de la OMS sobre financiación sanitaria, publicado en diciembre de 2024, el gasto público medio en salud por persona se redujo en 2022 en todos los grupos de países, independientemente de su nivel de ingresos. Este retroceso no solo rompe con la tendencia de refuerzo del gasto vivida durante los peores años de la COVID-19, sino que pone en evidencia una pérdida de prioridad políticapara un derecho tan básico como la salud.

Mientras tanto, alrededor de 4.500 millones de personas siguen sin acceso pleno a servicios esenciales, mientras otras corren el riesgo de empobrecerse por gastos médicos que no pueden asumir.

En paralelo, se agravan otros frentes. El deterioro de la salud mental (especialmente en el ámbito laboral), el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, los efectos del cambio climático sobre el bienestar físico y mental de las poblaciones, y la contaminación del aire como factor determinante en millones de muertes prematuras, dibujan un panorama sanitario mucho más complejo que el de hace apenas una década.

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La CSRD se estrena con informes desiguales y vacíos técnicos

Foto de Lukas Blazek en Unsplash

A lo largo de los primeros meses de 2025 las empresas europeas han ido publicando sus primeros informes de sostenibilidad bajo la Directiva CSRD. Un estudio de PwC analiza sus prácticas y revela tendencias clave en gobernanza, materialidad, arquitectura de datos y aseguramiento externo. 

La entrada en vigor de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en enero de 2024 ha redefinido las coordenadas de la gestión empresarial en Europa. La norma establece por primera vez un marco común, obligatorio y auditable para la publicación de información sobre sostenibilidad, obligando a las grandes compañías a rendir cuentas sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza con el mismo nivel de rigor que en la información financiera.

Durante el primer trimestre de 2025, 250 empresas europeas publicaron ya sus primeros informes de sostenibilidad alineados con la CSRD y los estándares ESRS. El análisis elaborado por PwC a partir de esta muestra temprana ofrece una visión clara de las dinámicas que están emergiendo en el terreno: una heterogeneidad notable en metodologías, una madurez todavía incipiente en ciertos temas críticos y una preocupación transversal por la arquitectura de datos y la trazabilidad de la información reportada.

En paralelo, la Comisión Europea ha planteado un cambio parcial en el calendario de aplicación a través del llamado paquete Omnibus, que propone aplazar la entrada en vigor de la Directiva para determinadas empresas. Esta iniciativa pretende responder a la presión ejercida por determinados sectores industriales y Estados miembro, sin renunciar a los elementos esenciales de la directiva: doble materialidad, aseguramiento independiente, cadena de valor completa y foco estratégico.

Este cruce entre avance práctico y ajuste político determina un momento decisivo. Las empresas que ya han reportado ofrecen una fuente rica de aprendizajes y advertencias. Y las que disponen aún de uno o dos años por delante no deben entender la prórroga como una pausa, sino como una oportunidad para prepararse con mayor solidez, evitando errores que puedan derivar en salvedades, sobrecostes o perjuicios reputacionales.

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