El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto que refuerza la política climática española. La nueva normativa establece la obligatoriedad, para determinadas organizaciones, de registrar su huella de carbono, consolidando así un enfoque más riguroso y sistemático en la medición, gestión y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La regulación introduce un marco legal robusto que fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y responde al objetivo prioritario de avanzar hacia una economía baja en carbono. A partir de su entrada en vigor, numerosas empresas y entidades públicas estarán obligadas a calcular anualmente sus emisiones utilizando metodologías internacionalmente reconocidas, y a publicar de forma clara tanto los resultados obtenidos como los planes de reducción establecidos. 

Uno de los pilares centrales del decreto es la obligación de elaborar y comunicar planes específicos de reducción de emisiones, con metas concretas a corto y medio plazo. Esta exigencia impulsa una transformación estructural de los procesos productivos y organizativos, promoviendo modelos de gestión más eficientes, resilientes e innovadores. 

Las organizaciones que se adapten de forma proactiva podrán reducir sus costes operativos, anticiparse a posibles escenarios regulatorios más exigentes, acceder a financiación verde y mejorar su posicionamiento competitivo en un mercado cada vez más sensible a los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). 

Asimismo, fortalecerán su legitimidad ante consumidores, inversores y otros grupos de interés, en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en una expectativa social generalizada. 

Seguir leyendo —>