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La implementación de los ODS en Europa: un proceso complejo y fragmentado

Foto de Markus Spiske en Unsplash

Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, Europa ha sido un referente mundial en el desarrollo de estrategias para alcanzar estos compromisos. Sin embargo, con 2030 cada vez más cerca, los avances siguen sin ser homogéneos y aún persisten grandes desafíos. 

El Europe Sustainable Development Report 2025 pone en evidencia que Europa sigue ocupando las primeras posiciones en el ranking mundial de los ODS, con 19 de los 20 países mejor clasificados perteneciendo a la región. Según el informe, los tres países con mejor desempeño en el cumplimiento de los ODS son Finlandia, Dinamarca y Suecia, que destacan por sus avances en energías renovables, bienestar social y políticas climáticas ambiciosas. En el otro extremo del ranking, los tres países con peor desempeño son Turquía, Macedonia y Chipre.

Pero más allá de las cifras, el estudio alerta sobre un estancamiento en algunos objetivos clave para 2030, especialmente en lo referente a desigualdades económicas, impactos ambientales y transición energética. La pandemia, las tensiones geopolíticas y la inflación han hecho más difícil el cumplimiento de estos objetivos, afectando especialmente a los países con mayores dificultades económicas y sociales.

El compromiso de la Unión Europea sigue siendo firme en la implementación de los ODS. A lo largo de los últimos años, las políticas comunitarias han impulsado planes ambiciosos con la intención de reforzar el papel del continente como líder en sostenibilidad. Sin embargo, la realidad es que la implementación de estas políticas varía entre los diferentes estados miembros, lo que ha generado una brecha de resultados dentro del propio continente. 

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El apagón como ensayo de un futuro evento Miyake

Foto de NASA en Unsplash

Los eventos Miyake reflejan episodios extremos de actividad solar que, según evidencias científicas, han impactado a la Tierra en el pasado. Su magnitud podría comprometer gravemente infraestructuras eléctricas, comunicaciones y sistemas críticos. Ante su posible repetición, la preparación se convierte en un factor estratégico esencial.

Este 28 de abril, España y Portugal han vivido uno de los mayores apagones eléctricos de su historia reciente. A partir de las 12:30 horas, una serie de fallos en la red dejó a millones de personas sin suministro eléctrico durante casi medio día. Aunque las autoridades han descartado, en principio, causas como ciberataques o sabotajes, el incidente aún está siendo investigado para determinar su origen exacto y establecer medidas correctoras que reduzcan la posibilidad de nuevos episodios.

El impacto social y económico ha sido inmediato y, por el momento, difícil de cuantificar en toda su magnitud. Durante horas, personas quedaron atrapadas en ascensores, trenes detenidos o sin acceso a servicios sanitarios básicos, mientras que gran parte de los sistemas de transporte público y de comunicación se vieron interrumpidos o gravemente limitados. 

La actividad comercial, administrativa e industrial también se resintió, en muchos casos de forma crítica, dejando patente la elevada exposición de las sociedades modernas a cualquier disrupción en el suministro eléctrico.

Más allá de la causa concreta de este apagón, el incidente pone de relieve la fragilidad de las infraestructuras críticas ante eventos imprevistos. En un mundo altamente interconectado y dependiente de la energía para sostener no solo la vida cotidiana, sino también la operativa empresarial, fenómenos de esta naturaleza pueden tener efectos multiplicadores que impacten en toda la estructura económica y social.

Esta situación plantea la necesidad de considerar escenarios aún más disruptivos, como los denominados eventos Miyake: fenómenos de origen solar extremo que podrían provocar daños de gran escala en redes eléctricas, satélites y sistemas de comunicación, afectando de manera profunda el funcionamiento de las economías y alterando la vida en el planeta durante años.

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cambio climático, sostenibilidad, tendencias

España refuerza su compromiso climático con un nuevo Real Decreto sobre huella de carbono

Foto de Francisco Orantes en Unsplash

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto que refuerza la política climática española. La nueva normativa establece la obligatoriedad, para determinadas organizaciones, de registrar su huella de carbono, consolidando así un enfoque más riguroso y sistemático en la medición, gestión y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La regulación introduce un marco legal robusto que fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y responde al objetivo prioritario de avanzar hacia una economía baja en carbono. A partir de su entrada en vigor, numerosas empresas y entidades públicas estarán obligadas a calcular anualmente sus emisiones utilizando metodologías internacionalmente reconocidas, y a publicar de forma clara tanto los resultados obtenidos como los planes de reducción establecidos. 

Uno de los pilares centrales del decreto es la obligación de elaborar y comunicar planes específicos de reducción de emisiones, con metas concretas a corto y medio plazo. Esta exigencia impulsa una transformación estructural de los procesos productivos y organizativos, promoviendo modelos de gestión más eficientes, resilientes e innovadores. 

Las organizaciones que se adapten de forma proactiva podrán reducir sus costes operativos, anticiparse a posibles escenarios regulatorios más exigentes, acceder a financiación verde y mejorar su posicionamiento competitivo en un mercado cada vez más sensible a los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). 

Asimismo, fortalecerán su legitimidad ante consumidores, inversores y otros grupos de interés, en un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en una expectativa social generalizada. 

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