La aprobación de la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, o también CS3D, por sus siglas en inglés) ha sido el resultado de un proceso complejo, marcado por intensas negociaciones que reflejan el panorama dividido entre los miembros de la Unión Europea y los intereses en conflicto. Este proceso ha puesto de manifiesto las diferentes posturas de los Estados miembros, así como la influencia de grupos de presión empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

La CSDDD, es una iniciativa legislativa europea diseñada para fomentar un comportamiento empresarial responsable y sostenible, obligando a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro y operaciones. Esta directiva representa un esfuerzo significativo para integrar consideraciones de sostenibilidad en las prácticas corporativas, promoviendo así la transparencia y la responsabilidad en el ámbito empresarial con respecto a los desafíos globales en materia de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

Aunque el esbozo final de la CSDDD, desvelado a finales de enero, parecía destinado a ser aprobado sin mayores obstáculos, Alemania anunció que no votaría a favor debido a la oposición del Partido Democrático Libre (FDP), que argumentó que la directiva sobrecargaría a las empresas. 

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